miércoles, 9 de noviembre de 2016

Solo nueve comunidades disponen de centros para víctimas de violencia sexual

Trece ONGs se unen para denunciar la desigualdades sanitarias entre hombres y mujeres. Los métodos anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo siguen sin ser accesibles a todas las mujeres. 

Más de una docena de organizaciones denuncian las desigualdades sanitarias entre hombres y mujeres que existen en España. En un informe sobre las "Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España" en el que los recortes sanitarios, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la violencia sexual recuerdan que solo nueve comunidades disponen de centros para víctimas de violencia sexual.

"Los recortes en sanidad son recortes en Derechos Humanos", afirma Beatriz Sagrado Roberto, consultora en Género, Violencia y Salud y colaboradora en Médicos del Mundo. Los recortes pueden afectar a los derechos de las mujeres, en particular, los de aquellas que se puedan encontrar en situación de prostitución o las víctimas de la trata. Es en atención primaria dónde se detectan la mayoría de casos de violencia sexual y la situación actual limita poder poner freno a dicha violencia de la manera más rápida. La desigualdad en términos de salud afecta, en especial, a las mujeres inmigrantes que se encuentran en estado legalmente no reglado.

Guillermo González Antón, médico y sexólogo, destaca la complejidad de los embarazos no deseados, causados por una mala educación sexual, el difícil acceso a métodos anticonceptivos convencionales y de emergencia. Esto se debe al alto precio de dichos métodos, además de la complicación que se suma al caso de los métodos de emergencia, la llamada "píldora del día después", en la que las pacientes pueden encontrarse con problemas cuando un farmacéutico por causas de "conciencia" decide no suministrar dicho producto.  Las clínicas de interrupción del embarazo no se encuentran en todas las provincias y ofrecen un servicio que, como en Castilla y León, en muchas comunidades no se ha ofrecido nunca de forma pública.

De aquí surge la pregunta de por qué en un país en el que el aborto está legalizado, éste no sea un servicio ofrecido por la sanidad pública de forma generalizada. El informe ofrece dos explicaciones, una primera basada en el mito del embarazo no deseado de menores que practican "coitos desprotegidos" y la segunda el estigma que supone para un profesional de la salud practicar dichas intervenciones.

Solo un 3,6% de los abortos son práctidos en menores.

A la primera, los datos demuestran que de todos los abortos solo un 3,6% son practicados en menores y tan solo un 0.046% en menores no tutorizadas. Deshecho el mito del aborto para menores Médicos del Mundo reclama una mayor "formación de los profesionales para acabar con el estigma y el menoscabo en la carrera profesional" de aquellos que deciden realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Panorama oscuro y desolador para las víctimas sexuales

Solo nueve comunidades autónomas disponen de centros para víctimas de violencia sexual
Otra de las denuncias del informe presentado por Médicos del Mundo es el incumplimiento de estándares europeos con relación a la violencia sexual. Tan solo nueve de las 17 comunidades autónomas disponen de centros para víctimas de violencia sexual, unos centros que no son estatales y son gestionados por organizaciones no gubernamentales. Además en toda España no existe un dentro de atención para víctimas y supervivientes abierto las 24 horas del día.

La violencia sexual va más allá del abuso por parte de la pareja o expareja y debemos olvidar el mito del "agresor desconocido" porque, como se dice en el informe, la violencia viene dada, en su mayoría, en un entorno más íntimo, como puede ser el familiar o laboral. El sexólogo González Antón, distingue entre la violencia reconocida y la técnica, aquella en la que la mujer no se siente violentada pero siguiendo los parámetros ha sido agredida sexualmente.

Lo que muestran Médicos del Mundo y las organizaciones que se han unido para redactar este informe, es que falta en España educación sexual, faltan herramientas accesibles para ayudar a la mujer y falta la concienciación de que la violencia sexual es una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto una violación de los Derechos Humanos.


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