miércoles, 25 de febrero de 2015

El PP presenta una reforma del Aborto que obliga a las menores a informar a sus padres

Reforma la Ley de Autonomía del Paciente a través de una proposición de Ley que se debatirá en marzo en el Congreso

El Grupo Popular ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo "respondiendo a los compromisos electorales", una iniciativa cuyo texto se limita, ante la falta de consenso en la materia, a que a partir de ahora sea obligatorio que las menores informen a sus padres o tutores cuando deseen abortar.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz del PP Rafael Hernando ha defendido que la iniciativa se enmarca en la potestad legislativa de las Cámaras sin que haya que "buscar tres pies al gato", y ha estimado que el texto se debatirá en el Pleno de la Cámara el próximo mes de marzo, pues el objetivo de que entre en vigor a [nal de este periodo de sesiones, en torno al mes de junio.

"Nuestra decisión de no ir más lejos ha sido la falta de existencia de consenso. En una materia como ésta, independientemente de cuestiones morales o religiosas de cada uno, hay que pensar en el conjunto del modelo social y hay una parte que tiene que ver con un recurso que tiene que resolver quien tiene que resolverlo", ha señalado.

REDACCIÓN DE LA REFORMA

La iniciativa del PP va en un doble sentido. Por un lado, deroga el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que modificó la Ley de Autonomía del Paciente para sacar el aborto de la lista de excepciones en las que un menor de 16 o 17 años necesita consentimiento paterno para una intervención médica, junto a los ensayos clínicos y la reproducción asistida.

Por otro lado, da una nueva redacción a ese precepto de la Ley de Autonomía del Paciente para añadir que "para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modi[cada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales".

"En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el
Código Civil", precisa la proposición de Ley Orgánica presentada por el PP, que, además, da carácter ordinario a este artículo de la Ley de Autonomía del Paciente, que tras la de Salud Sexual tenía condición de orgánico.

La elección de presentar una proposición de ley a través del Grupo Popular en lugar de un proyecto de Ley del Gobobierno hace que no se requiera que el texto sea sometido al examen de órganos consultivos como el CGPJ y el Consejo de Estado. El tiempo mínimo para la tramitación de una iniciativa de este tipo puede ser de dos semanas. En este caso, con el Debate sobre el Estado de la Nación por medio, se podría demorar hasta la última semana de marzo.

Hernando ha restado importancia al hecho de que se vaya a tramitar la reforma de una Ley Orgánica sin pasar por los órganos consultivos del Estado, ya que, según ha dicho, "lo que está contemplado en esta regulación había sido ya informado por distintos organismos". "Lo único que pretendemos dentro de los plazos que tenemos y que sea efectivo antes de que acabe la Legislatura y optamos por una iniciativa que es del grupo parlamentario y evidentemente, cuenta con el respaldo del Gobierno", ha señalado.

NO HAY "DISCREPANCIAS" EN EL PP

Escoltado por los portavoces adjuntos del Grupo Popular en el Congreso, Leopoldo Barreda y Marta González, Hernando ha reiterado que con esta iniciativa el PP "da cumplimiento a su programa electoral" y "nadie" entre sus [las "debe estar en discrepancia con algo que formaba parte intrínseca" de este compromiso.
"Discrepancias en mi grupo parlamentario no las hay y no las va a haber", ha asegurado, para plantear después si en el resto de los grupos podrán decir lo mismo, ya que está convencido de que "hay diputados de otras formaciones políticas que están muy de acuerdo" con el contenido del esta iniciativa del PP.

En relación al sector de los votantes del PP que pide una derogación íntegra de la normativa de aborto, Hernando ha a[rmado que la proposición de Ley no está pensada para "compensar" la falta de una reforma más profunda, sino para acatar "parte importante" del programa electoral del PP. "Nuestra decisión de no ir más lejos ha sido la falta de existencia de consenso", ha añadido.

No obstante, esto no signi[ca que el PP avale el modelo de plazos que recoge la actual legislación, tal y como ha señalado Hernando. En este sentido, ha recordado que sigue vivo el recurso que un grupo de diputados presentaron al Tribunal Constitucional, que, una vez se complete la reforma por vía parlamentaria, podrá sentenciar al respecto, puesto que "dijo que mientras se tramitara una regulación del aborto no se iba pronunciar".

En cuanto a las iniciativas de apoyo a la maternidad que comprometía el Partido Popular en su programa junto a la reforma de este aspecto de la Ley del Aborto, Hernando ha remitido al Gobierno. "No ha acabado la Legislatura, en próximas fechas tendrán noticia sobre maternidad e infancia y familia", ha planteado.

lunes, 23 de febrero de 2015

Concentración del lunes 23 de febrero



Para manifestar nuestro rechazo a que las menores de 16 y 17 años no puedan decidir sobre si quieren o no ser madres.

En A Coruña será a las 20 horas delante de la sede del PP y habrá concentraciones el mismo día y a la misma hora en toda Galicia.



Se puede eliminar la mutilación genital en una generación

El sonido de los tambores, las canciones y las risas llenan el ambiente mientras 100 personas, mujeres, hombres, niños y niñas, se reúnen en su comunidad para celebrar. Es un día importante. Es el día en el que la mutilación genital femenina se convierte en algo del pasado para una comunidad de Mali.

Para muchas de las mujeres que viven aquí, las consecuencias de la mutilación genital femenina son muy reales. Los efectos de esta práctica, que implica la extirpación parcial o total de los genitales externos de niñas y adolescentes, son graves y a veces tan críticos que ponen en riesgo sus vidas.

Trabajo para Plan Internacional y esta es mi primera visita a una comunidad en la que existe un programa para erradicar la mutilación genital femenina. He venido a Mali, un país de África Occidental, donde el 70% de las niñas implicadas en proyectos de la organización desde 2004 han conseguido salvarse de esta práctica. Además, el el 32% (58 de 180) de los pueblos en los que trabaja han eliminado completamente esta práctica, con una declaración oficial de los líderes locales, en la que proclaman tolerancia cero con la ablación, firmadas en ceremonias comunitarias como a la que he sido invitada.

He recibido una calurosa bienvenida y me he unido a las celebraciones, en las que se ve a toda la comunidad descalza, bailando con júbilo los ritmos tradicionales del tantán. Estoy impresionada con lo unidos que están los miembros de esta comunidad en la lucha contra la mutilación genital femenina.

Hombres, mujeres, niños y niñas piden la vez para contar orgullosamente sus historias, pensamientos y compromisos a los visitantes de los pueblos cercanos, los periodistas de los medios locales y el alcalde, que también participa en la fiesta. El mensaje del maestro de ceremonias es alto y claro: aquí nunca más someteremos a las niñas a este dolor.

Enfoques probados y comprobados

El gerente del proyecto contra la mutilación genital femenina de Plan Internacional en Mali, Bocoum Daff, me cuenta que explicar a las niñas sus derechos y la necesidad de igualdad de género ha sido el objetivo principal del trabajo de Plan Internacional en esta y otras 159 aldeas de Mali.

Ir a aldeas remotas a hablar de los riesgos para la salud de la mutilación genital no es suficiente, dice, para que el proyecto sea efectivo.

Con sus colegas y la organización local ERAD, Madina ha organizado grupos de debate sobre los derechos de los niños y la violencia contra las niñas, con películas educativas y sesiones de asesoramiento para gente de comunidades como esta para combatir la mutilación genital. Y funciona.


El Gobierno cambia de forma limitada y urgente la ley del aborto

El Gobierno aborda de forma discreta, rápida y limitada la reforma del aborto, tras una legislatura de polémicas sobre este asunto. Lo hace con una proposición de ley breve de solo dos artículos y tres disposiciones presentada hoy por el PP que solo afectará al permiso de los padres a las mujeres de entre 16 y 18 años.

Después de una legislatura de dudas y polémica, que provocó la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardon como ministro de Justicia, el Gobierno ha optado por esta fórmula rápida que disgusta a sectores más conservadores del partido. Abandona la reforma global y acepta de forma implícita la ley de plazos o, al menos, renuncia a modificarla. La ley de plazos de 2010 está en vigor, pero pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por el PP cuando estaba en la oposición.

La norma elimina el apartado 4 del artículo 13 de la ley del aborto (2/2010/ y cambia la ley de autonomía del paciente para que sea obligatorio el permiso de los padres. En caso de conflicto, según el portavoz del PP, Rafael Hernando, se aplicaría el Código Civil.

Hernando ha asegurado reiteradamente en rueda de prensa en el Congreso que no puede haber discrepancia porque se cumple estrictamente el programa del PP. Ese punto del programa es tan ambiguo como que fue invocado durante meses por el Gobierno para sustentar la sustitución de la ley de plazos por una de supuestos restringida.


Plan por ser niña

¿Sabías que...
... cada dos segundos una niña es obligada a casarse?

... el embarazo adolescente y preadolescente es la principal causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en los países en desarrollo?

... 140 millones de niñas y mujeres sufren la mutilación genital femenina?

... 150 millones de niñas han sufrido una violación o alguna otra forma de violencia sexual?

¿La solución? Asegurar que todas las niñas acceden a nueve años de educación primaria y secundaria.

Desde 2007 la campaña global Por Ser Niña busca acabar con la discriminación de género que afecta a millones de niñas en todo el mundo garantizando al menos 9 años de educación gratuita y de calidad para las niñas y rompiendo las principales barreras que impiden a las niñas ir a la escuela: el matrimonio temprano, el trabajo y la violencia en el entorno escolar. Con el reto del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el horizonte, Por ser niña busca la mejora directa en la vida de 4 millones de niñas de todo el mundo a través de los programas de Plan que facilitan acceso a la escuela, formación profesional, participación infantil y protección de la infancia. Impactar sobre 40 millones de niñas y niños a través de programas de transformación y equidad de género. Trabajar con 400 millones de niñas y niños a través de cambios de política, desarrollo e implementación a un nivel comunitario regional, nacional y global. Si no existe una inversión real en niñas, los ODM no podrán cumplirse. Hasta el momento, más de 1.583.848 personas de todo el mundo, han levantado su mano para apoyar la campaña y reivindicar con este gesto, la educación de las niñas.

Por Ser Niña quiere reflejar la vulneración sistemática de derechos de las niñas en los países en vías de desarrollo. Desde 2007, PLAN, publica un informe al año en el marco de la campaña con el objetivo de reconocer los avances en esta lucha, pero también los desafíos que quedan pendientes para lograr que la equidad de género sea una realidad en el mundo. A través de sus páginas conocemos a niñas y mujeres que como Sala, vencieron los obstáculos demostrando que la única forma de romper el ciclo de la pobreza es invertir en ellas, en su educación y su futuro. Invertir en la educación de las niñas es inteligente Los datos de los Informes ‘Por Ser Niña’ evidencian que invertir en niñas y en mujeres jóvenes tiene un efecto radicalmente beneficioso en la disminución de la pobreza de ella, su familia y su entorno: un solo año de secundaria aumenta los ingresos de esas niñas una vez que se convierte en mujer entre un 10 y un 20%.

Las mujeres además, reinserten el 90% de lo que ganan en el hogar, en la escolarización, salud y nutrición de los hijos. Las niñas son las pobres de entre los pobres: La discriminación de las mujeres puede comenzar incluso antes de que nazcan - en el mundo faltan 100 millones de niñas y mujeres por la práctica del aborto selectivo- y se mantiene a lo largo de toda la vida. A un tercio de niñas en el mundo se les niega la educación secundaria.66 millones de niñas no van al colegio. Cada tres segundos una niña es obligadas a casarse. El 14% de niñas de las niñas de países en vías de desarrollo, se casarán antes de cumplir los 15 años, algunas incluso con tan solo 5 años. Las jóvenes entre 15 y 24 años representan el 64% de los casos mundiales de VIH-SIDA.

Porque invertir en las niñas es inteligente, firma ahora nuestra petición.

La trata para explotación sexual mueve 5 millones de euros al día en España

La Policía Nacional reforzará sus equipos para luchar contra las redes de trata de personas para la explotación sexual y apelará a la concienciación ciudadana para disuadir la demanda y erradicar esta lacra, que somete a miles de mujeres a la esclavitud y en España mueve cada día 5 millones de euros.

Así lo ha anunciado hoy en Barcelona el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha advertido que la lucha contra la trata es un "objetivo de Estado" en el que la Policía Nacional profundizará su programa contra estas redes, iniciado en abril de 2013, con una segunda fase en la que primará la disuasión de la demanda mediante la prevención, la concienciación social y las sanciones.

Arropado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, Fernández Díaz ha calificado la trata para la explotación sexual como una actividad "absolutamente abyecta", que priva de dignidad a las víctimas, que las somete a condiciones de "esclavitud" y las reduce "a la mera condición de mercancía sexual".

Para cumplir con el objetivo que se han fijado para reducir la demanda de la prostitución, Fernández Díaz ha advertido que, además de potenciar la concienciación con campañas divulgativas, también impulsarán la sanción administrativa a los clientes, en los casos en los que prevé la Ley de Seguridad Ciudadana ahora en trámite: a las personas que demanden servicios sexuales en las cercanías de centros escolares o en los viales de arcenes de carreteras.

Para calibrar la magnitud de la lacra social que supone la trata para la explotación sexual, Cosidó ha detallado que, según datos de la ONU, estas redes mueven en el mundo 25.000 millones de dólares anuales, 2.280 millones al año en Europa y 5 millones de euros al día en España (1.825 al año).

Además, un total de 12 millones de personas son víctimas de la trata para fines sexuales en 160 países, según el responsable policial.

Cosidó ha recordado que en abril de 2013 la Policía Nacional situó la lucha contra la trata a la misma altura que el combate al terrorismo, al crimen organizado y a la violencia machista, con la campaña "Contra la trata, no hay trato".

Tras dos años de "lucha sin cuartel", la Policía ha llevado a cabo 462 operaciones contra estas redes, con 1.450 detenidos y 11.751 víctimas potenciales libradas de la explotación sexual, según los datos facilitados por Cosidó, que ha advertido que hay "miles de mujeres que esperan ver la luz, ser liberadas en España".

La mayor parte de las víctimas de esta lacra en España proceden de Rumanía, de España (muchas de ellas nacionalizadas), Colombia, Paraguay y Nigeria.

En la segunda fase del plan, se crearán seis nuevos grupos operativos en la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional y se constituirá un nuevo grupo especializado en investigar el rastro de estos grupos en las redes sociales.

"No hay reto colectivo más ilusionante que abolir esta forma de esclavitud", ha apuntado Cosidó.

Para recoger denuncias ciudadanas se potenciará la divulgación del número de teléfono creado al efecto, el 900 105 090, y del correo trata@policia.es, que también se insertarán en las páginas de anuncios sexuales de la prensa escrita y en buscadores de Internet, en función de las palabras clave que se tecleen.

También se potenciará la colaboración internacional, por ejemplo con una participación activa en el grupo Santa Marta, impulsado por el papa Francisco y constituido en el Vaticano en abril de 2014, con la participación de Europol e Interpol, la Iglesia y varias ONG, hasta el punto que la próxima reunión de este grupo se celebrará en octubre de este año en España.

El ministro Fernández Díaz ha destacado que impulsar y reforzar este plan contra la trata era necesario para lograr que la Policía fuera más operativa y más eficaz para erradicar esta lacra.

No obstante, el titular de Interior ha destacado que, según datos de Eurostat, España es el tercer país con la tercera tasa de criminalidad más baja de la Unión Europea, por lo que es uno de los países "más seguros del mundo".


domingo, 1 de febrero de 2015

¿Debería ser delito la transmisión consciente del VIH?

El Tribunal Supremo de España ratificó la condena de 9 años de prisión para un hombre que ocultó a su pareja que era seropositivo, infectándola con el VIH.

Una sentencia de cárcel en España reaviva el debate sobre si se debería aplicar el derecho penal a las personas que transmitan el virus de la inmunodeficiencia humana.

El Tribunal Supremo de España ratificó la condena de 9 años de prisión para un hombre que ocultó a su pareja que era seropositivo, infectándola con el VIH.

La instancia no admitió el recurso presentado por el acusado.

Éste alegaba vulneración al derecho a la presunción de inocencia y falta de credibilidad de la víctima, con quien mantiene un contencioso sobre la propiedad de una finca.

Según los hechos recogidos en el auto, el ahora condenado fue diagnosticado seropositivo en abril de 2000 y fue en 2007 cuando inició la relación con la mujer.

Estuvieron juntos hasta 2012.

En 2011 la mujer comenzó a sospechar que su pareja pudiera tener el virus y se sometió a un análisis.

De acuerdo al tribunal, durante esos cinco años el acusado ocultó a su pareja que era portador del VIH y mantuvieron relaciones sexuales sin protección.

En 2011 la mujer comenzó a sospechar que su pareja pudiera tener el virus y se sometió a un análisis, lo que confirmó el contagio.

"Transmisión intencionada"

Ante esta relación de hechos, el tribunal determinó que el acusado había ocultado deliberadamente su estado y ese fue el motivo por el que ratificó la sentencia.

En esa misma línea, la transmisión intencionada es el único caso en el que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, Onusida, considera pertinente aplicar la legislación penal a las personas que transmiten la infección por el VIH o exponen a otros al virus.

"Esto es, cuando la persona conoce su estado serológico positivo con respecto al VIH y actúa con intención de transmitirlo o, efectivamente, lo hace", señala en el informe Penalización de la Transmisión del VIH, de 2008 y su revisión de 2013, pero de plena vigencia, según señaló la agencia a BBC Mundo.

Onusida dice que la ley penal debe aplicarse cuando la persona conoce su estado serológico positivo y actúa con intención de transmitirlo.

"Si una persona que sabe que es VIH-positiva actúa con la intención de transmitir el virus y lo transmite (...), el daño causado justifica el castigo", añade.

"En otros casos los legisladores, los fiscales y los jueces deberían rechazar la aplicación del derecho penal".

Otros casos

Según Onusida, no se debería aplicar a aquellos casos en los que no exista "un riesgo significactivo" de la transmisión o en los que la persona no sabía que era VIH-positiva, no comprendía cómo se transmitía el VIH, reveló su situación a la persona en riesgo o no lo hizo por miedo a la violencia.

Y tampoco contra quien tomó "medidas razonables" de protección para reducir el riesgo de transmisión o acordó previamente con la otra persona "un nivel de riesgo mutuamente aceptable".

Es muy probable que las condenas caigan sobre grupos marginados, como los profesionales del sexo, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las personas que se inyectan drogas"

Onusida

Así, la agencia recomienda a los gobiernos evitar legislar específicamente sobre el VIH y aplicar, en cambio, el derecho penal general a los casos de transmisión intencionada.
También "elaborar directrices para limitar la discrecionalidad de la policía y la fiscalía en la aplicación" de la legislación penal.

Y es que Onusida cree que esto último crea "un riesgo real" de aumentar el estigma y la discriminación.

"Es muy probable que los procesamientos y las condenas caigan sobre los miembros de grupos marginados, como los profesionales del sexo, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las personas que se inyectan drogas", señala.

Obligación de revelar

Por esa razón, el organismo también recomienda derogar la obligación legal de revelar el propio estado serológico o el de otros, en el caso de trabajadores sanitarios, vigente en algunos países.

"Todo el mundo tiene derecho a la intimidad sobre su salud y no se debe exigir por ley revelar dicha información, especialmente cuando pueda provocar estigma y discriminación graves o posible violencia".

Asimismo, considera inapropiado promulgar leyes que penalizan la transmisión maternoinfantil del virus.

"Todas las personas tienen derecho a tener hijos, incluidas las mujeres que viven con VIH", apunta Onusida.

El organismo de la ONU recomienda derogar la obligación legal de revelar el propio estado serológico o el de otros, en el caso de trabajadores sanitarios, vigente en algunos países.
Y añade: "Cuando se asesora a las mujeres embarazadas sobre los beneficios de la terapia antrirretrovírica, casi todas acceden a recibir tratamiento".

La postura de Edwin Bernard, coordinador del HIV Justice Network, una red de información sobre la criminalización del VIH a nivel internacional y de asesoría legal, no dista mucho de las recomendaciones del programa de Naciones Unidas.

"Los únicos casos en los que es apropiado aplicar la legislación penal es cuando ha habido mala intención y suelen ser muy poco frecuentes", le dice a BBC Mundo.

Y recalca que "no decir que se es portador del virus y guardarlo en secreto no es lo mismo que querer contagiarlo".

Hay varios motivos para no contarlo, según el activista: el estigma, la violencia, incluso la negación de la propia condición.

Concienciación, no persecución

América Latina tiene un buen historial de entendimiento de que con respecto al VIH la ley debe ser de apoyo no de persecución".

Por ello, cree que las legislaciones sobre VIH de los países deberían estar dirigidas a la concienciación y al apoyo para la erradicación de la enfermedad y no al enjuiciamiento.

América Latina es una región especialmente consciente de esto, asegura.

"Tiene un buen historial de entendimiento de que con respecto al VIH la ley debe ser de apoyo no de persecución", sentencia.

"Ha habido muy pocos casos conocidos de enjuiciamiento por transmisión de VIH en América Latina. La mayoría han tenido lugar en Brasil y bajo la legislación penal general, no específica".

En España, por contra, entre 1996 y 2012 se registraron 90 procesos legales por el contagio del virus.

Ha habido muy pocos casos conocidos de enjuiciamiento por transmisión de VIH en América Latina.

Así lo registra el informe Las tendencias temporales, características y evidencias del avance científico en las denuncias legales por supuesta transmisión sexual del VIH: 1996-2012.

Aunque el país con más procesos debidos a esa causa es Estados Unidos, donde 30 estados tienen legislación específica sobre el VIH.

"Después de ocho años haciendo seguimiento al tema, puedo decir que los sistemas judiciales, los fiscales y los jueces, no entienden cómo ha avanzado la ciencia, cuánto a crecido la esperanza de vida de los portadores del virus. No saben que el riesgo de transmisión es muy bajo", critica Bernard.

Para el activista, en una situación ideal habría uno o dos procesos judiciales al año relacionados con el tema.

"La ley debería ser empleada, por ejemplo, en casos de violación. Pero cuando el sexo es consensuado y los implicados son conscientes de los riesgos, la responsabilidad también debería ser compartida".



XVII Congreso Nacional sobre el Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

El XVII Congreso Nacional sobre el Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que presentamos bajo el lema ”Reduciendo la vulnerabilidad en las poblaciones clave” tiene como objetivo realizar una reflexión sobre la situación actual de la epidemia del VIH y otras ITS, analizar los nuevos desafíos a los que nos estamos enfrentando y diseñar las estrategias a seguir.

Todo ello lo vamos a realizar desde un enfoque multidisciplinar, aunando los esfuerzos de profesionales sanitarios y de otras disciplinas, miembros de ONGs y personas que viven con el VIH.

La novedad fundamental de este congreso es la incorporación de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En el momento actual, la infección por VIH se ha convertido fundamentalmente en una infección de transmisión sexual más, ya que el 90% de las nuevas infecciones se transmiten a través de las relaciones sexuales. Por tanto, los mecanismos de transmisión, las formas de prevención y otros muchos aspectos son los mismos en las ITS clásicas que en el VIH. 

Hemos incluido, además, temas de gran actualidad como el papel de las nuevas tecnologías, la problemática de los hombres que tienen sexo con hombres, el diagnóstico precoz, los test rápidos, la hepatitis C, la situación de la mujer, y un largo etc.

El anteproyecto permite la custodia a maltratadores!!!!

Asociaciones de mujeres exigen la retirada de la ley de custodia compartida porque pone en peligro a madres e hijos.

Medio centenar de asociaciones de Mujeres han pedido la retirada del anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresposabilidad parental y otras medidas a adoptar en casos de nulidad, separación o divorcio porque consideran que es “innecesaria” y que pondrá en peligro a madres e hijos.

“No responde a ninguna necesidad social, la legislación ya lo establece, va a aumentar la litigiosidad y el interés del menor no queda tutelado”, ha indicado la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

Entre los motivos que ha apuntado para pedir la retirada “inmediata” del anteproyecto, Besteiro ha indicado que se parte de la premisa de que en el ordenamiento no es posible la custodia compartida cuando en realidad “ya está regulada”.

Además, ha rechazado que el texto recoja la posibilidad de que a un “maltratador”, un hombre “denunciado” o “condenado”, se le conceda la custodia compartida. “Un maltratador nunca puede ser un buen padre”, han exclamado las responsables de las asociaciones.

Asimismo, Besteiro ha aclarado que la mediación familiar solo debe producirse cuando acuden las partes voluntariamente y no por “imposición” del juez porque esto es “un auténtico disparate”.

Por su parte, la presidenta de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, ha insistido en que el anteproyecto “vulnera los derechos de los menores” y ha apuntado que la Fiscalía de Menores debería pronunciarse en este sentido.

Para Fernández, lo que se presenta en esta norma es “el síndrome del padre súbito” que no se ha hecho cargo nunca de sus hijos pero ante el divorcio pide la custodia.

También ha alertado de que si la nueva ley ve la luz se generará una “bolsa de pobreza” de mujeres de más de 45 años que no han cotizado, que se han dedicado a su familia y que se quedan en la calle. “¿Qué solución tiene el Gobierno para estas mujeres”, ha preguntado.

Mientras, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha afirmado que esta ley es un calco de lo que están pidiendo “pequeños grupos de hombres violentos”.

INSTRUMENTO DE PRESIÓN O VENGANZA

Pérez del Campo ha precisado que “no es cierto que los hombres hayan tenido problemas con la custodia de los hijos” durante los últimos años y que lo único que ha ocurrido es “que los padres no la han pedido”. Además, ha lamentado que a los niños se les esté “utilizando como instrumentos de presión” o “venganza”.

“¿No es bastante que mueran entre cinco y siete niños al año en el régimen de comunicación y visitas? ¿No es suficiente que a unos niños se les queme y haya que estar tiempo y tiempo buscando sus cadáveres?”, ha planteado.

Por todo ello, las asociaciones de mujeres han presentado al Ministerio de Justicia una serie de propuestas y una nueva redacción del articulado y ahora están a la espera de ver si lo aceptan. Además, Ana María Pérez del Campo ha apuntado que van a pedir una entrevista con el ministro de Sanidad y Besteiro ha agregado que realizarán “todo tipo de movilizaciones”.

Para mandar vuestras adhesiones y firmas lo podéis hacer al correo: info@separadasydivorciadas.org