La Sogac demanda un protocolo claro, con dos o tres
centros de referencia, para que ninguna mujer tenga que salir fuera.
En 2005, sólo el 3 % de las interrupciones
voluntarias del embarazo (IVE) practicadas en Galicia se efectuaban en centros
públicos. A finales de ese mismo año, el Plan de Atención Integral á Saúde da
Muller ponía sobre la mesa la alta variabilidad territorial en la atención que
encontraban las mujeres en el acceso a esta prestación en Galicia y el hecho de
que no todos los supuestos despenalizados por la ley del 85 estaban siendo
atendidos por la red pública. Once años después, todos los hospitales del
Sergas realizan interrupciones, pero la variabilidad se mantiene sin obedecer a
criterios claros.
En el último año con datos disponibles (2014) los hospitales
públicos sólo realizaron el 7,78 % de las IVE, muchas mujeres siguen siendo
derivadas fuera de la comunidad, y la red pública parece especialmente reacia a
actuar en el caso de abortos acogidos al grave riesgo para salud de la
embarazada (no practicó ninguno de los acogidos a este supuesto, concentrando
su actuación en aquellos motivados por riesgo de graves anomalías fetales).
La atención por parte de la sanidad pública gallega a
esta prestación se ha visto cuestionada seriamente en los últimos meses. Las
denuncias de pacientes del
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) pusieron de
manifiesto en febrero la ausencia de acompañamiento durante la expulsión del
embrión. Más recientemente, un juzgado de Lugo condenó al Sergas por arriesgar
la vida de una paciente de Burela que recorrió en su propio coche el trayecto a
Madrid y acabó perdiendo el útero en el transcurso de una IVE de un feto
inviable postergada hasta la semana 32ª.
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