lunes, 14 de noviembre de 2016

La sanidad pública practica menos del 8 % de los abortos voluntarios en la comunidad

La Sogac demanda un protocolo claro, con dos o tres centros de referencia, para que ninguna mujer tenga que salir fuera.

En 2005, sólo el 3 % de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) practicadas en Galicia se efectuaban en centros públicos. A finales de ese mismo año, el Plan de Atención Integral á Saúde da Muller ponía sobre la mesa la alta variabilidad territorial en la atención que encontraban las mujeres en el acceso a esta prestación en Galicia y el hecho de que no todos los supuestos despenalizados por la ley del 85 estaban siendo atendidos por la red pública. Once años después, todos los hospitales del Sergas realizan interrupciones, pero la variabilidad se mantiene sin obedecer a criterios claros. 

En el último año con datos disponibles (2014) los hospitales públicos sólo realizaron el 7,78 % de las IVE, muchas mujeres siguen siendo derivadas fuera de la comunidad, y la red pública parece especialmente reacia a actuar en el caso de abortos acogidos al grave riesgo para salud de la embarazada (no practicó ninguno de los acogidos a este supuesto, concentrando su actuación en aquellos motivados por riesgo de graves anomalías fetales).

La atención por parte de la sanidad pública gallega a esta prestación se ha visto cuestionada seriamente en los últimos meses. Las denuncias de pacientes del  Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) pusieron de manifiesto en febrero la ausencia de acompañamiento durante la expulsión del embrión. Más recientemente, un juzgado de Lugo condenó al Sergas por arriesgar la vida de una paciente de Burela que recorrió en su propio coche el trayecto a Madrid y acabó perdiendo el útero en el transcurso de una IVE de un feto inviable postergada hasta la semana 32ª.