lunes, 29 de mayo de 2017
Se lanza en Madrid el Atlas Europeo de la Anticoncepción
El 31 de mayo se presenta públicamente en el Estado
español el atlas de la anticoncepción en Europa, que es el resultado de un
estudio liderado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo
(EPF) con el apoyo de un grupo de expertos en salud y derechos sexuales y
reproductivos. La FPFE es anfitriona del acto. ¡Os esperamos!
¿Cómo es la información, el acceso y el coste de la
anticoncepción en los países europeos?
¿Cuál es la situación de España si la comparamos con
otros países europeos?
¿Significa un mayor acceso a la planificación
familiar una menor tasa de nacimientos?
¿Tienen todas las mujeres el mismo acceso a los
anticonceptivos?
¿Cómo se contempla y financia la planificación familiar
en los sistemas de salud?
Estas y otras preguntas se contestan en el Atlas
europeo de la Anticoncepción que
el 31 de mayo se presenta públicamente en el Estado español. El Atlas es
el resultado de un estudio liderado por el Foro Parlamentario Europeo sobre
Población y Desarrollo (EPF) con el apoyo de un grupo de expertos en salud y
derechos sexuales y reproductivos.
El Atlas tiene como objetivos mostrar de manera
comparativa cómo es el acceso a la anticoncepción en 45 Estados europeos, entre
ellos España, y compartir con los decisores políticos y el resto de actores
sociales las recomendaciones que contribuyan a mejorar el acceso a los métodos
anticonceptivos modernos y de calidad en Europa.
En la presentación en Madrid las representantes de
EPF analizarán los resultados del Atlas y la experta en salud sexual y
reproductiva Concha Martín Perpiñán se centrará en la situación en España.
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España dificulta el acceso equitativo al aborto y a los anticonceptivos
Algunas comunidades asumen con recursos propios los
anticonceptivos que no están financiados, como la píldora del día después, pero
otras no.
A Paula (nombre ficticio) la sanidad pública gallega
le obligó a viajar 500 kilómetros en su propio coche para someterse a un
aborto. El caso de esta mujer, que arriesgó su vida, perdió el útero y la
posibilidad de ser madre biológica de nuevo, condujo a la justicia a condenar
al Servicio Gallego de Salud por dilatar su embarazo inviable hasta la semana
32 y emitir una dura sentencia en la que concluyó que se había producido
"un fracaso estrepitoso del sistema".
Poco después y tras las denuncias que durante años
han señalado las deficiencias de la sanidad pública gallega en los abortos
terapéuticos –más allá de la semana 14 y justificado por razones médicas–, la
Xunta anunció un plan integral.
El Servicio de Salud de Murcia también ha sido
denunciado por haber ocultado supuestamente información a una mujer sobre la
anomalía que sufría el feto y desembocar en un aborto que le ha ocasionado
daños físicos y psicológicos.
Los derechos sexuales y reproductivos están
garantizados sobre el papel en España, pero su aplicación práctica dista mucho
de ser universal. La Ley del Aborto, aprobada en 2010, diseñó una Estrategia
Nacional en 2011 que desarrollaba la norma, pero varios colectivos denuncian
que su puesta en práctica es "casi nula", "presenta deficiencias
en su implantación" o es muy desigual entre comunidades autónomas.
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad aseguran que sí está funcionando, aunque se niegan a dar información
sobre cuándo y cómo se ha evaluado la Estrategia, a pesar de que la norma
establecía que debía hacerse cada dos años. Además, afirman que no tiene límite
de vigencia, aunque la Ley del Aborto indica que durará cinco años. Por otro
lado, los Presupuestos Generales del Estado no contemplan una partida
específica para su desarrollo.
"Existen importantes limitaciones de acceso a
los métodos anticonceptivos y serias carencias en los servicios que
asesoran" sobre salud sexual y reproductiva, según describe el informe
Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en
España, elaborado por más de diez organizaciones, entre ellas, Médicos del
Mundo. Su portavoz de género y derechos humanos, Beatriz Sagrado, apunta a
"la falta de voluntad política" para remover las trabas que todavía
permanecen en el sistema siete años después de la aprobación de la ley.
Algo que también fue denunciado por la ONU en 2015,
que en un informe instó a España a "eliminar los obstáculos que impiden
acceder a servicios que les permitan abortar de manera segura y legal en todas
las partes del país" y a revisar la reforma promovida por el PP que impide
a las menores abortar sin consentimiento.
La falta de integración del aborto en la red pública
Además de esta modificación y la falta de medidas para
frenar el acoso que se da en algunas clínicas españolas, los colectivos
denuncian, entre otras carencias, la ausencia de regulación de la objeción de
conciencia, que a veces hace que "la totalidad de un centro sanitario
objete" burlando "el espíritu de la ley".
Por otro lado, "el aborto sigue sin estar
integrado en la red sanitaria pública, lo que provoca que no se
normalice", explica Justa Montero, integrante de la Federación Estatal de
Organizaciones Feministas. La ley antepone los centros públicos, pero contempla
que se puedan derivar las intervenciones a los concertados. Esto ha derivado en
que el 88% de los abortos realizados en 2015 se hicieron en centros
privados, según los últimos datos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Algunas comunidades presentan cifras ínfimas de
interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la red sanitaria pública.
Es el caso de Murcia, donde se practicó un aborto en centros públicos y 3.456
en privados; Aragón, que realizó nueve intervenciones frente a 2.201 o Castilla
y León, cuyos datos se sitúan en 32 abortos en la red pública y 2.620 en la
privada. Además, en muchas ocasiones las mujeres deben viajar por su cuenta a
otras ciudades para acceder a este derecho.
"Que muchas mujeres deban desplazarse fuera de
sus lugares de residencia, perdiendo la red de apoyo social tan importante en
situaciones de gran vulnerabilidad, parece no importar", asegura Guillermo
González, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE),
que hace hincapié, además, en que la mayor parte de abortos se realiza por
métodos quirúrgicos –77.000 en 2015, frente a 33.000 por métodos
farmacológicos–, a pesar de que esta segunda técnica "se ha mostrado muy
eficaz", pero "no se estudian las razones de esta situación".
La situación de los anticonceptivos
También los colectivos identifican una falta de
protocolos que homogeneicen la forma de ofrecer información a la mujer, ya que
su "calidad, accesibilidad e imparcialidad depende de la comunidad y hasta
del servicio o profesional de referencia". Además, denuncian que los
servicios de atención a la salud sexual y reproductiva presentan enormes
diferencias de cobertura entre unas comunidades y otras, que "tiende a ser
deficiente en todo el Estado", concluye el estudio Derechos Sexuales y
Reproductivos para Todas, de la Coordinadora Feminista.
"Hay un modelo asistencial muy variado, con
comunidades en la que los centros de atención están integrados en los centros
de salud, otras con centros específicos que dependen de la Atención Primaria y
otras con servicios que coexisten con ella", explica Montero, que insiste
en que estos recursos deberían también incorporar la atención a colectivos como
las personas LGTBI, con diversidad funcional, las trabajadoras sexuales o los
migrantes, pero "es algo muy residual".
Estos servicios son los que deben garantizar, entre
otras cosas, la información y el acceso a la anticoncepción. Sin embargo,
existen una serie de barreras porque algunos métodos no están financiados por
la sanidad pública. Aunque algunas comunidades sí han decidido asumirlo,
ninguna financia el parche o el anillo vaginal, once lo hacen con el DIU de
cobre y los preservativos, tanto masculinos como femeninos, solo se reparten
gratuitamente en cuatro comunidades y en algunas otras de forma ocasional en
campañas específicas.
Para la FPEF, que hace unos meses elaboró el informe
El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas,
resulta problemática esta desigualdad, que se une a los últimos datos de la
Sociedad Española de Contracepción (SEC): un 11% de las mujeres no utiliza
métodos anticonceptivos y tiene riesgo de quedarse embarazadas sin
planificarlo. De ellas, casi la mitad tiene menos de 19 años.
Aunque las comunidades deberían haber desarrollado
protocolos específicos sobre anticoncepción para poner en marcha la Estrategia
Nacional, y por lo tanto la ley, solo nueve lo han hecho, mientras que siete no
disponen de normativa propia, según recoge el informe, que también hace
hincapié en que de las nueve que sí tienen, solo Cataluña y Galicia refieren
contar con partidas presupuestarias para desarrollarla. Esto, asegura González,
provoca que "el acceso a la anticoncepción no solo no haya mejorado, sino
que se ha producido un retroceso".
Para los colectivos es especialmente grave que no se
financie en todo el territorio la píldora de emergencia, también llamada
píldora del día después, cuyo precio ronda los 20 euros. Algunas comunidades
como Andalucía, Aragón, Valencia o Navarra sí lo asumen con recursos propios,
mientras el Gobierno central se ha justificado asegurando que su acceso
"está garantizado" en condiciones de "equidad" porque desde
2009 no es necesaria una receta médica para ello.
Tampoco se han puesto en marcha las medidas
contempladas en la Estrategia Nacional sobre la obligación de incorporar la
educación sexual en las aulas, que "es casi inexistente", analiza
Montero. Algunas comunidades cuentan con programas propios, pero en muchas
ocasiones dependen de la voluntariedad de cada centro o el profesorado. La FEPF
denuncia, además, que cuando se incorporan, estos contenidos "adolecen de
un enfoque heterosexual, limita la sexualidad a la etapa reproductiva y se
orienta exclusivamente a la prevención de riesgos".
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Mujeres y menores exigen más medios para aplicar la ley de violencia de género
Abogados, asociaciones feministas y a favor de los
derechos de los menores y psicólogos solicitan más formación para los
profesionales encargados de atender a las víctimas de maltrato infantil.
Más medios y más formación para los profesionales que
atienden a las víctimas de maltrato machista, sean menores o mujeres quienes lo
sufran. Los piden asociaciones feministas, pero también el Colegio de Abogados
y la Policía Nacional, que denunció los recortes en la Unidad de Familia, que
solo cuenta con personal especializado por las mañanas desde el mes de octubre.
El caso del pequeño al que su padre mató la pasada semana, para hacer daño a su
madre según concluyó el juez, es analizado por expertos en maltrato infantil y
en violencia machista. Consideran que no se trata tanto de cambiar la
legislación sino de que las personas que la apliquen tengan la formación
suficiente como para desterrar mitos como que un padre nunca hará daño a sus
hijos.
¿Están los menores protegidos de los que, en teoría,
deberían mantenerlos a salvo a ellos de cualquier peligro? La Fundación
Mujeres, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Galega contra o
Maltrato a Menores (Agamme), el Colegio Oficial de Abogados de A Coruña, la
Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes (Adafad) -que, a pesar de
su nombre hace terapia familiar e imparte formación a menores en A Coruña- y
una de las redactoras del Pacto Social por unha Coruña Libre de Violencias
Machistas reflexionan sobre esta cuestión. Lo hacen desde su punto de vista y
desde su experiencia e, inevitablemente, con el fallecimiento del pequeño de
once años al que su padre admitió haber matado la semana pasada durante una de
sus jornadas de convivencia regladas en el régimen de visitas en el horizonte.
La madre del niño le había denunciado en 2008 y en
2013. En el primer caso fue condenado por un delito de coacciones y, en el
segundo, se le investigó como presunto autor de un delito de amenazas a través
de las redes sociales, aunque no fue condenado porque no se pudo probar quién
había cometido los hechos. Desde 2010 a 2013, el procesado cumplió una orden de
alejamiento de su exesposa. Actualmente, tenía al niño dos fines de semana al
mes y lo recogía en el punto de encuentro que gestiona la Fundación Meniños,
que declinó participar en este reportaje.
Todas las entidades consultadas están de acuerdo en
que la protección de los menores podría ser mejor si las personas que se
encargan de decidir sobre su presente y su futuro tuviesen más formación sobre
el maltrato y si hubiese más medios para desarrollar toda la legislación
vigente en materia de violencia machista y también de protección de menores.
Para el abogado y vocal del área jurídica de Agamme,
Víctor Manuel López Casal, es indispensable que se escuche a los niños y a las
niñas en estos procesos y que los técnicos que se encargan de atenderlos cuando
sufren algún tipo de abuso, ya sea sexual o violencia en el hogar, tengan
formación específica en psicología infantil para saber interpretar sus
silencios y sus testimonios. Y es que, según apunta López Casal, a diferencia
de lo que pasa con las denuncias formuladas por los adultos por casos como un
robo, los menores parten de una posición de inferioridad, porque su declaración
no se toma, en principio, como verdadera y seria.
La secretaria provincial del Sindicato Unificado de
Policía, Sandra Castro, confirma este extremo, ya que, cuando los agentes de la
Policía Nacional tienen constancia de que hay un caso de violencia que afecta a
un menor, lo primero que hacen es: "corroborar" la historia,
investigar que sea cierta y, si lo es, los funcionarios del 091 se llevan a la
víctima para evitar que siga expuesta al peligro.
A partir de ahí, son los agentes los que le buscan un
nuevo hogar, primero, entre los familiares y, si ninguno de ellos puede hacerse
cargo del menor, extienden las pesquisas hasta las familias de acogida
disponibles. Si no hay ningún hogar en el que se puedan quedar les envían a un
centro de acogida. "Es la última alternativa", sentencia Castro, a
partir de ahí, los menores están bajo tutela judicial y ya no policial.
En teoría, son los agentes de la Unidad de Familia y
Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional los que atienden a las
víctimas de violencia de género y a los menores, aunque en A Coruña, desde el
pasado mes de octubre, los funcionarios especializados en estos campos solo
recogen denuncias por la mañana, de modo que, si una víctima de violencia
doméstica va a denunciar por la tarde, la atenderán agentes que no han recibido
formación en esta problemática. El SUP denunció ya esta irregularidad.
La Policía Nacional no tiene muchas más competencias
en casos de violencia a menores, por lo que solo va a los puntos de encuentro o
a las visitas entre padres y niños cuando alguno de los progenitores está en
prisión. "Vamos para custodiar al reo, en una situación normal, en la que
los padres están separados pero en libertad, no vamos para garantizar la
seguridad del niño o de la niña", indica la portavoz del SUP.
La directora de la Asociación de Ayuda a Familias de
Drogodependientes (Adafad) y psicóloga, María José Lamas, apunta que, en
ocasiones, los niños se convierten en moneda de cambio, que son
"cosificados" en manos de determinados padres. Y, de ahí, nace ese
sentimiento de dañar al pequeño para atentar contra la integridad de la madre,
tal y como se ha establecido que es el caso del parricida coruñés.
"Tenemos un problema y es que, en el ámbito
judicial no se le da crédito a la afirmación que llevamos diciendo las
organizaciones feministas y de mujeres durante muchísimo tiempo, que es que un
maltratador no puede ser un buen padre", dice a este respecto la directora
de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que defiende que el clima de violencia
en un hogar es "nefasto" para el desarrollo emocional y humano de los
niños y las niñas, por lo que el maltrato hacia la madre "no puede ser
abordado de manera independiente" al de los hijos. Hace hincapié en que
hay que desterrar de los juzgados ideas como que "lo mejor para un menor
es estar con su padre y con su madre porque, cuando el padre es un maltratador
y amedrentra a su madre, no es una buena influencia".
La técnica de Rexenerando Sociedade Cooperativa
Galega, que está elaborando el proceso participativo del pacto social contra
las violencias machistas en la ciudad, Olalla López Barro, cree que la
existencia de mitos como el de que los padres nunca harán daño a sus hijos
proceden de la educación patriarcal recibida.
"Como sociedad nos resulta muy complicado asumir
las consecuencias del machismo porque, muchas veces, tenemos muy interiorizadas
las conductas machistas, así que, sin quererlo, somos cómplices de lo que está
pasando. Queremos creer que es así, que tiene un sentido la violencia pero, en
este marco del patriarcado, los niños y las niñas no son considerados seres
humanos con derechos propios, sino que son una prolongación de los derechos de
las mujeres. Están en una posición subalterna", comenta López.
Su posición es clara: "Teniendo en cuenta que
hay personas que demostraron que lo único que quieren hacer es dañar [habiendo
sido condenadas por maltrato], las personas más vulnerables que están a su lado
corren riesgos. No hay que dar soluciones salomónicas como la custodia
compartida por norma, sino que hay que analizar más cuestiones de fondo",
dice Olalla López Barro, que aboga por proporcionar resoluciones
personalizadas.
"El interés superior del menor hace que, el
simple riesgo de que esto [un maltrato o un abuso] pueda pasar, sea razón
suficiente para sacar a los niños de esa situación de riesgo", comenta
Soleto.
Para eso, sin embargo, hay que luchar antes contra
uno de los rasgos de la violencia machista, que es que la víctima no siempre es
consciente del riesgo que corre, así que, en ocasiones no denuncia o no lo hace
de una manera efectiva, por lo que, desde la Fundación Mujeres, piden
"mayor diligencia a las instituciones" a la hora de actuar en casos
de maltrato.
José Bretón [condenado por matar y quemar a sus dos
hijos], según recuerda Soleto, no fue denunciado por violencia de género hasta
que desaparecieron los niños. "Es un riesgo difícil de evaluar que, sin
embargo, puede producir un mal muy alto", resume. Para combatir estas
carencias, tanto Soleto como Víctor Manuel López Casal piden efectividad a las
instituciones, medios y personal especializado en materia de violencia de
género.
"En el proceso, los niños están siendo
doblemente maltratados, no solo cuando sufren la agresión sino que porque
tienen que repetir qué les ha pasado a diferentes profesionales durante mucho
tiempo", comenta López Casal, que asegura que, entre las carencias a las
que se enfrentan los menores está, por ejemplo, que en el Instituto de Medicina
Legal de Galicia no haya especialistas en psicología infantil.
La falta de formación es uno de los problemas pero,
desde Agamme, indican también que ninguno de los muchos adultos que se encargan
de tomar decisiones sobre el futuro del menor se paran a escuchar cuál es su
opinión. "¿Iba con miedo el niño al punto de encuentro?, ¿quería ver al
padre?, ¿fue alguna vez amenazado?, ¿algún juez, abogado o fiscal, preguntó la
opinión del niño y la tuvo en cuenta?", resume el vocal de la Asociación
Galega contra o Maltrato a Menores.
Sobre si es necesario modificar la legislación
vigente para evitar que casos como el de la pasada semana se vuelvan a repetir
y prohibir que los padres condenados por maltrato tengan derecho a pasar tiempo
con sus hijos sin vigilancia, Soleto, apunta a que, actualmente, hay
herramientas para proteger a los menores de sus progenitores, pero que no
siempre se aplican.
"La propia ley integral contra la violencia de
género, que se aprobó en 2004, ya incluía algunas medidas y recomendaciones
para el ámbito de la Justicia sobre el tema de la atribución de custodias y las
visitas, recomendando la retirada en casos de maltrato, sin embargo, lo que
hemos visto, es que en lugar de ser adecuadamente aplicada por los tribunales,
es una de las medidas que menos eco ha tenido en el ámbito judicial",
explica Marisa Soleto e indica que los datos del Consejo General del Poder
Judicial revelan que la retirada de las custodias no llega "ni al
10%" en medidas cautelares.
La tesorera del Colegio Provincial de Abogados de A
Coruña y especialista en Derecho de Familia, María del Pilar Cortizo Mella,
apunta a que las modificaciones introducidas en la ley en 2015 abren la puerta
a que no sea la mujer la única víctima de la violencia machista, sino que se
reconozca también este estatus a los niños y las niñas. Con ellas lo que se
intenta "es poner remedio a esta violencia. Todo es mejorable, pero estas
modificaciones establecen una serie de previsiones de gran relevancia de cara a
la protección del menor. Otra cosa es cómo se implementan en la práctica",
comenta Cortizo. Y es que, esta normativa avanza actuaciones de
sensibilización, de prevención, de detención y asistencia y protección. Pero
dice también que es el juez el encargado de adoptar las medidas en cada caso
concreto, por lo que queda en sus manos la protección del menor.
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El Comité de Bioética pide que se prohíba la gestación subrogada
En un informe elaborado por este Comité a iniciativa
propia, sus miembros afirman que "el deseo de una persona por tener un
hijo no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas" y consideran la práctica de explotación
de a mujer.
El Comité de Bioética de España (CBE), organismo que
asesora al Gobierno en materia relacionadas con la ética y la salud, pide
prohibir la maternidad subrogada al considerar que todo contrato de gestación
entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del
menor.
Entre las conclusiones, recogidas su Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos
de
la maternidad subrogada, elaborado a iniciativa del propio
Comité, destacan que, "si bien el deseo de una persona a tener un hijo
constituye una notable decisión, ello no puede realizarse a costa de los
derechos de otras personas". Aunque las conclusiones no son unánimes, el
CBE resalta que la mayoría de sus miembros entiende que "todo contrato de
gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la
mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede
aceptarse por principio".
Otros miembros del Comité, aunque aceptan en línea de
principio que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la
satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de los
otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual y afirman
que "Las propuestas regulatorias que se manejan y las experiencias de
otros países son claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos
de la gestante y del menor."
El Comité de Bioética de España es un órgano
colegiado, independiente y de carácter consultivo y que desarrolla informes
sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la
Biomedicina y Ciencias de la Salud. Si bien sus recomendaciones no son
vinculantes, sí deben ser tenidas en cuenta como una voz autorizada.
El tema de la Maternidad Subrogada (también conocido
como vientres de alquiler) ha generado en los últimos meses un acalorado debate
público en la sociedad española. La propuesta de Ciudadanos de crear una ley
para legalizar este tipo de gestaciones ha chocado frontalmente con un amplio
grupo de partidos políticos y organizaciones sociales que califican esta
práctica como una explotación del cuerpo de la mujer, cosa que el CBE viene a
ratificar.
En España la gestación subrogada está prohibida y
tampoco se reconocen los contratos realizados por españoles en el extranjero. A
pesar de esta prohibición (recogida expresamente en la Ley de reproducción
asistida), existe una forma legal de inscribir a los menores nacidos por esta
técnica para evitar su desprotección.
Aunque el CBE reconoce que entre sus competencias no
está la de traducir sus recomendaciones a leyes, sí ofrece en su informe
algunos criterios que pretenden orientar una posible legislación sobre la
gestación subrogada. Entre las recomendaciones del Comité destacan el
"dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de
manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo
que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias
que se dedicaran a esta actividad".
También propone que se promueva a nivel internacional
un marco regulatorio común que prohíba la celebración de contratos de
gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño.
Por último, asegurar una transición segura para
evitar la desprotección de los niños resultante de esta práctica "en los
que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello, según los
miembros del CBE, puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice
conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.
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Prohibamos las terapias de conversión
En el año 1973 la APA (Asociación Americana de
Psiquiatría) eliminó la homosexualidad como trastorno mental. Posteriormente,
en 1990, la OMS (Organización Mundial de la Salud) también la excluyó como
enfermedad. Estas decisiones fueron tomadas con una base científica.
Por lo tanto, es surrealista que en el año 2017 no
haya ninguna ley en España que prohíba las terapias de conversión. Estas
prácticas consisten en ofrecer tratamiento psicológico, incluso con medicación,
para cambiar la orientación sexual o el género de una persona. Para algunas
personas la comunidad LGBTI está formada por enfermos y, como cualquier
enfermedad, se puede curar.
En el mes de febrero el Consejo General de la Psicología
de España emitió un comunicado rechazando estos tratamientos. Recordaron que
esta decisión se sustenta en más de 83 estudios acerca del cambio de
orientación sexual. Los resultados son unánimes: no hay ninguna evidencia
científica de que una persona homosexual pueda dejar de serlo. Más bien sucede
todo lo contrario, ya que personas que han sufrido este tipo de falsas terapias
han derivado problemas de ansiedad, depresión e incluso el suicidio.
Nuestro país ha dado grandes pasos legalizando el
matrimonio homosexual y permitiendo adoptar. Pero debemos dar un paso más y
proteger a los miembros del colectivo, asegurando que nadie pueda someterlos a
falsos exámenes psicológicos con la finalidad de cambiar su orientación sexual
o género.
Malta se ha convertido en el primer país de la Unión
Europea en prohibir este tipo de terapias. Sin embargo en España nadie se anima
a dar el paso. Tal vez nuestros políticos no tengan la valentía suficiente para
defender al colectivo LGBTI.
Desde estas líneas hago un llamamiento a nuestros
representantes políticos y a toda la sociedad en general. ¡Basta ya! Prohibamos
las terapias de conversión en nuestro país y juzguemos a los que practican este
tipo de terapias.
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España cae al noveno puesto del ránking europeo sobre derechos gays
27 años desde que la homosexualidad no está considera
una enfermedad mental
114 ComentarEspaña ha caído al noveno puesto en la
última edición del informe anual sobre la situación de los derechos de las
personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) en
Europa, la posición más baja desde 2010 cuando la ILGA Europa elaboró el
ránking por primera vez. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia,
que se celebra este miércoles, ILGA Europa ha publicado la clasificación que
encabeza, un año más, Malta, seguida de Noruega y Reino Unido.
A la cola se hallan Armenia, Rusia y Azerbaiyán. Por
su parte, España se sitúa en la novena posición de los países más respetuosos
en Europa con los derechos de las personas LGTBI, mientras que en 2016 ocupaba
la quinta plaza, la misma que el 2010. Un año después ascendió hasta la segunda
plaza.
En 2012, España decidió el segundo puesto y bajó a la
tercera posición y en 2013 siguió descendiendo, aunque se quedó en la quinta
plaza. En 2014, volvió a subir a la tercera posición y en 2015 salió por
primera vez de las cinco primeras posiciones, quedando en sexto lugar. Las
razones del descenso".
Esto es, sin duda, debido a la inacción del Gobierno
central. La única razón por la que seguimos manteniéndonos en el top ten es
gracias a que varias comunidades autónomas están aprobando legislaciones
específicas. De no ser por ello, habríamos dejado de ser una referencia",
ha asegurado el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo. Según ha defendido esta
entidad, España "debe afrontar cuanto antes" la tramitación de la
proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o
expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (la
llamada Ley de Igualdad), ya que "volvería a colocar a España entre los
países más avanzados en reconocimiento de los derechos de las personas
LGTBI". "Mientras que el resto de países de nuestro entorno avanzan,
España se ha quedado anclada, ignorando así las graves violaciones de derechos
humanos que todavía sufrimos las personas LGTBI", ha explicado el
responsable de Derechos Humanos de FELGTB, Rubén López.
Hay que "trabajar mucho más" El secretario
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha reconocido que
todavía hay que "trabajar mucho más" para acabar con esta
discriminación, ya que aún "siguen existiendo manifestaciones" de
ella en nuestro país. Se celebran 27 años desde que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) desclasificara la homosexualidad como una enfermedad mental, por
lo que el Gobierno ha celebrado este miércoles un acto para reivindicar la
igualdad y condenar la discriminación que aún siguen sufriendo estas personas
en el mundo.
Garcés ha explicado que, a pesar de lo que se ha
avanzado en este campo en los últimos 40 años en España, todavía queda por
avanzar en la "efectiva aplicación" de la igualdad de derechos.
Para ello, ha indicado que es necesario que las
administraciones pongan en marcha medidas y ha recordado que el Gobierno va a
empezar a elaborar la Estrategia Estatal de los derechos de las personas
lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.
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miércoles, 17 de mayo de 2017
De lo más natural - La sexualidad empieza por el cerebro
¿Sabías que el cerebro es el órgano erógeno por
excelencia? ¿Cómo se enseña la sexualidad en los centros educativos? Nos lo
explica con claridad la psicóloga y sexóloga Raquel Hurtado, de la Federación
de Planificación Familiar Estatal. Por su propia experiencia señala que
"no se presta ninguna atención a este contenido en las aulas".
¿Qué dicen de todo esto los jóvenes? Lo averiguamos
con WE LOVE, el grupo joven de Apoyo Positivo. Programa para jóvenes de 15 a 30
años que enseña salud sexual por "jóvenes diversos". Ellos hablan en
términos de educación sexual y afectiva, y desarrollo personal.
Pero ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir
sexo? Las psicólogas y sexólogas Ciara Molina y Lara Antiquino, realizan en su
libro Sexo sentido, Sexo vivido toda una apología de la sexualidad en tanto en
cuanto se trata de algo mucho más amplio que el mero acto reproductivo.
Sexualidad no es solo sexo es, sobre todo, emociones.
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Los Derechos de las mujeres en Nueva York
Nos preocupan las crecientes formas fundamentalistas
y de autoritarismo, y el odio que se expresa en los intentos de restricciones
de la autonomía corporal y en los ataques a los movimientos pro-derechos y la
sexualidad de las mujeres y a los colectivos LGTBI.
Hace ya unas semanas, tuvimos la oportunidad de
participar en uno de los foros mundiales más importantes para la reivindicación
y garantía de los derechos humanos de las mujeres, la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW61).
Para organizaciones como la mía, Associació de
Planificació Familiar de Catalunya i Balear s (APFCiB), y como Creación
Positiva –con la que compartimos objetivos comunes, entre ellos organizar un
acto, allí mismo, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York– ha sido una
experiencia única el poder visibilizar nuestra agenda local de trabajo por la
defensa de los derechos de las mujeres en un espacio de decisión y
participación multilateral de este nivel. Y hacerlo de la mano de instituciones
como el Fondo de Población Mundial de Naciones Unidas también ha significado un
camino de aprendizajes de gran valor.
"Sin los derechos sexuales y reproductivos, sin
los derechos humanos de las mujeres y sin el feminismo no se podrá cumplir con
la nueva agenda mundial de desarrollo", esta fue la máxima que quisimos
que atravesara todo el discurso de nuestro acto en el que también participaron el
Ayuntamiento de Barcelona y el Womens Major Group.
Además del acto que organizábamos, estuvimos muy
pendientes e interlocutando constantemente con compañeras de organizaciones
feministas de todo el mundo y, con ellas también compartimos, la percepción de
que las conclusiones y resultados de esta CSW61 han sido decepcionantes. Son
mínimos los compromisos de los gobiernos y pocos los avances significativos
para el empoderamiento de las mujeres y la garantía de sus derechos.
Entre los avances que sí se han logrado está el
reconocimiento de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son
esenciales para los derechos económicos, la independencia y el empoderamiento
de las mujeres. Un resultado que ha llegado después de uno de los procesos de
negociación más duros entre las delegaciones de los países presentes. Otros
resultados positivos son el impulso a un plan para que los gobiernos reduzcan y
redistribuyan el trabajo de cuidado no remunerado mediante servicios públicos y
el llamamiento a los gobiernos a poner fin a la violencia y el acoso contra las
mujeres en el mundo del trabajo mediante el fortalecimiento y aplicación de las
leyes y políticas efectivas.
A pesar de estos discretos avances, las activistas
por los derechos de las mujeres de todo el mundo hemos expresado disgusto y
decepción ante los resultados finales. Y es que los Estados han asumido en sus
intervenciones que disminuyen los recursos para invertir en los servicios
públicos y la protección social necesaria para los derechos económicos de las mujeres,
y hay fuertes resistencias de los Estados miembros de la ONU a incluir aspectos
y derechos interdependientes del derecho al trabajo. Para nosotras es
fundamental establecer con claridad la relación entre los derechos y la
autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas con sus derechos
económicos, su independencia y su empoderamiento, así como que los gobiernos se
comprometan a proteger el derecho a la salud y el acceso universal a servicios
de salud pública de calidad y medicinas, independientemente del estatus
migratorio o de residencia.
Además, nosotras compartimos con el resto de
organizaciones de la sociedad civil presentes en el periodo de sesiones de la
CSW61 la preocupación por las crecientes formas fundamentalistas y de
autoritarismo, y el odio que se expresa en los intentos de restricciones de la
autonomía corporal y en los ataques a los movimientos pro-derechos y la
sexualidad de las mujeres y a los colectivos LGTBI.
"El cuerpo y la integridad de las personas están
siendo atacados y los gobiernos deben ser lo suficientemente valientes como
para señalar estas realidades y luchar por cambiarlas", ha afirmado
Eugenia López-Uribe de Equidad, México. De hecho, la intimidación se ha vivido
en la propia CSW61, la vivimos nosotras en nuestras propias pieles y carnes. En
el acto que organizamos se hizo presente de manera activa un importante grupo
de presión antielección, al igual que ocurrió en muchos otros eventos y
espacios de decisión directa.
El mundo se está posicionando, la fuerza del
fundamentalismo antiderechos crece y se expande a través de sus redes mundiales
de poder y, ante estos organizados ataques mundiales a los derechos de las
mujeres, los grupos feministas consideramos imprescindible la generación de
nuevas alianzas presentes que se reapropien de la CSW y de otros muchos de los
espacios internacionales de decisión y participación multilateral y, para ello,
necesitamos la vinculación de lo global con lo local.
La amenaza a los derechos sólo se neutraliza desde el
grito de la calle.
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Anticonceptivos y adolescentes
Píldora, DIU, preservativo… Hablamos de las opciones
para los jóvenes.
Un 4,7% de las adolescentes españolas de 15-19 años
ha tenido al menos un embarazo no deseado.
El adelanto en la edad de inicio en las relaciones
sexuales en la juventud española ha provocado que las preguntas al respecto se
produzcan también antes. Embarazos no deseados, infecciones de transmisión
sexual, desengaños, insatisfacción… las cuestiones son varias. “Es esencial que
se prepare al menor para que disfrute de forma responsable de la sexualidad”,
explica Mercedes Andeyro, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia.
Hospital General de Villalba.
El embarazo no deseado es el principal riesgo la
trayectoria vital del adolescente, pese a que cada vez tienen más información
la anticoncepción en estas edades no se hace de manera correcta. La mitad de
los adolescentes mantiene relaciones sin utilizar ningún método anticonceptivo
y los que lo hacen suelen hacerlo de manera incorrecta”, señala Andeyro.
En España, la tasa de Interrupciones voluntarias de
Embarazo es alta y sobre todo a costa de las pacientes más jóvenes (15.000 al
año) y se estima que un 4,7% de las adolescentes de 15-19 años ha tenido al
menos un embarazo no deseado. Un 25% de las interrupciones son en mujeres que
es su segundo embarazo no deseado.
En un 52% de las mujeres la causa del embarazo no
deseado fue que no utilizó ninguno método anticonceptivo en la relación y un
43% hizo un uso incorrecto o inconsistente del método anticonceptivo.
Además, es importante saber que pocos adolescentes
consideran el riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual.
La ginecóloga aconsejan recomendar los métodos
anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC) en los adolescentes.
“Estos son el DIU y el implante subdérmico, que no están subvencionados en la
Comunidad de Madrid”, apunta. “Son los métodos anticonceptivos más efectivos
porque su eficacia no depende ni del cumplimiento del paciente ni de su
persistencia de uso. Una vez que se colocan funcionan sin que el adolescente
tenga que preocuparse de realizarlo de manera correcta”.
Eso sí, en los adolescentes se recomienda el uso del
doble método, que sería un LARC (para evitar embarazos no deseados) y el
preservativo ( para evitar ETS).
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Qué es "stealthing", la peligrosa nueva forma de agresión sexual
"Él hizo eso y tú tienes que sufrir las
consecuencias".
"Vi el artículo y cuanto más leía más pensaba: '¡Dios
mío, eso es lo que me pasó a mí! No sabía que era tan común que ya tenía un
nombre".
Louise (no es el nombre real), de 22 años, hablaba de
cómo se dio cuenta de que algo que le había sucedido con un amigo "con
beneficios" y la había hecho sentir mal era stealthing.
Estaba leyendo un artículo de la BBC en el cual se
explica el stealthing, un término que en inglés significa "en sigilo"
o "secretamente" y que se usa para describir la "moda"
entre algunos hombres de quitarse el condón durante la copulación a pesar de
haber acordado con su pareja usarlo.
* Stealth
· Hacer una acción o movimiento con cautela y
subrepticia
Las organizaciones defensoras de los derechos
sexuales de las mujeres alegan que debe ser tratado como una violación.
Además preocupa que sea un asunto poco reportado.
Un estudio de Alexandra Brodsky publicado en el
Columbia Journal of Gender and Law, la revista de la Universidad de Columbia de
Género y Derecho, señala que "entrevistas con personas que han
experimentado el retiro de preservativo indican que esa práctica no consensual
es común entre personas jóvenes y sexualmente activas".
La experiencia de Louise
Louise recuerda que, tras terminar el acto sexual con
su amigo, notó que se había quitado el preservativo.
"El condón estaba en el piso...".
Sucede sin que la pareja se de cuenta.
Le dije: 'No vi cuando te lo quitaste'
Respondió: 'Lo hice cuando íbamos por la mitad'
Le dije: '¿Qué? ¿Fue un accidente?'
Respondió: 'No, sólo pensé que lo iba a hacer'
Y yo: ''¡Qué violación! Es egoísta. ¿Cómo y por qué
hiciste algo así?'.
"Ni siquiera se molestó en decírmelo o
alertarme. Y luego se quedó muy tranquilo, diciendo que no sabía que iba a ser
tanto problema".
"Me dijo que pensó que nos beneficiaba a los
dos. Recogí mis cosas y me fui".
Un minuto
"Llamé a una amiga y le pedí que me acompañara a
la farmacia para tratar de prevenir el daño que me podría haber hecho".
Es un engaño que a menudo se toma a la ligera.
"El Stealthing sucede y la situación que se da
es que él hizo eso y tú tienes que sufrir las consecuencias".
"Un minuto. Eso es todo el tiempo necesario. Un
cambio de posición y se lo quitan. Uno no se da ni cuenta".
"Piensa en las consecuencias. Ponen su salud
sexual y la de la pareja en peligro; hay riesgo de embarazo... todo por unos
pocos momentos de un placer un ápice más intenso, supongo".
¿Violación?
El estudio de Alexandra Brodsky define stealthing
como "retiro de condón no consensuado durante la relación sexual".
Advierte que "expone a las víctimas a riesgos físicos
de embarazo y enfermedad" y que es "muchas lo experimentan como una
grave violación a su dignidad".
Pero, ¿es violación?
Si el acuerdo se rompe sin que una de las personas lo
sepa, puede ser violación.
La ley no es igual en todo el mundo pero en opinión
de la abogada experta en delitos sexuales Sandra Paul, "la persona está
potencialmente cometiendo una violación".
"Tiene que haber algún acuerdo de que se va a
usar el condón o que se va a retirar", explica.
"Si la persona no sigue las reglas, la ley dice que
no hubo consentimiento".
En lenguaje menos legal, si acuerdas tener relaciones
sexuales usando un preservativo y te lo quitas sin decir nada, ya no tienes
consentimiento.
Y la violación es cuando "penetras a otra
persona y esa otra persona no lo consintió".
Qué hay en un nombre
La experta en casos de asalto sexual señala además
que es bueno que se discuta el tema.
Hay que hablar del problema pero hay quienes opinan
que es un error que tenga nombre propio.
Sin embargo, no todo el mundo está tan seguro de que
sea buena idea llamarlo stealthing.
"Siempre me sorprende cuando le ponen nombres
como este a cosas que efectivamente son sólo otra forma de asalto sexual",
le dice a la BBC Katie Russell, de la ONG Rape Crisis.
"Si alguien da su consentimiento a un acto
sexual específico con el uso de anticonceptivo y tú cambias los términos de ese
acuerdo en medio del acto, eso es una ofensa sexual".
"Darle un nombre como stealthing hace que suene
relativamente trivial", señala.
"Es un término muy aceptable para algo que es
extremadamente inaceptable y que de hecho es un acto de violencia sexual".
¿Qué se debe hacer si te ocurre?
"Hablar con alguien de tu confianza, como un
amigo o familiar, o consultar a un especialista. Necesitarás que te escuchen,
que te apoyen, que te ayuden a pensar cuáles son tus opciones y qué quieres
hacer".
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métodos anticonceptivos,
violencia machista
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