lunes, 29 de mayo de 2017

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VIVE A TÚA COR. Sexualidades diversas, Identidades libres

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Obradoiros

Comenzan os obradoiros



Se lanza en Madrid el Atlas Europeo de la Anticoncepción

El 31 de mayo se presenta públicamente en el Estado español el atlas de la anticoncepción en Europa, que es el resultado de un estudio liderado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) con el apoyo de un grupo de expertos en salud y derechos sexuales y reproductivos. La FPFE es anfitriona del acto. ¡Os esperamos!

¿Cómo es la información, el acceso y el coste de la anticoncepción en los países europeos?

¿Cuál es la situación de España si la comparamos con otros países europeos?

¿Significa un mayor acceso a la planificación familiar una menor tasa de nacimientos?

¿Tienen todas las mujeres el mismo acceso a los anticonceptivos?

¿Cómo se contempla y financia la planificación familiar en los sistemas de salud?

Estas y otras preguntas se contestan en el Atlas europeo de la Anticoncepción que  el 31 de mayo se presenta públicamente en el Estado español. El Atlas es el resultado de un estudio liderado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) con el apoyo de un grupo de expertos en salud y derechos sexuales y reproductivos.

El Atlas tiene como objetivos mostrar de manera comparativa cómo es el acceso a la anticoncepción en 45 Estados europeos, entre ellos España, y compartir con los decisores políticos y el resto de actores sociales las recomendaciones que contribuyan a mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos modernos y de calidad en Europa.

En la presentación en Madrid las representantes de EPF analizarán los resultados del Atlas y la experta en salud sexual y reproductiva Concha Martín Perpiñán se centrará en la situación en España.



España dificulta el acceso equitativo al aborto y a los anticonceptivos

Algunas comunidades asumen con recursos propios los anticonceptivos que no están financiados, como la píldora del día después, pero otras no.

A Paula (nombre ficticio) la sanidad pública gallega le obligó a viajar 500 kilómetros en su propio coche para someterse a un aborto. El caso de esta mujer, que arriesgó su vida, perdió el útero y la posibilidad de ser madre biológica de nuevo, condujo a la justicia a condenar al Servicio Gallego de Salud por dilatar su embarazo inviable hasta la semana 32 y emitir una dura sentencia en la que concluyó que se había producido "un fracaso estrepitoso del sistema".

Poco después y tras las denuncias que durante años han señalado las deficiencias de la sanidad pública gallega en los abortos terapéuticos –más allá de la semana 14 y justificado por razones médicas–, la Xunta anunció un plan integral.

El Servicio de Salud de Murcia también ha sido denunciado por haber ocultado supuestamente información a una mujer sobre la anomalía que sufría el feto y desembocar en un aborto que le ha ocasionado daños físicos y psicológicos.

Los derechos sexuales y reproductivos están garantizados sobre el papel en España, pero su aplicación práctica dista mucho de ser universal. La Ley del Aborto, aprobada en 2010, diseñó una Estrategia Nacional en 2011 que desarrollaba la norma, pero varios colectivos denuncian que su puesta en práctica es "casi nula", "presenta deficiencias en su implantación" o es muy desigual entre comunidades autónomas.

Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguran que sí está funcionando, aunque se niegan a dar información sobre cuándo y cómo se ha evaluado la Estrategia, a pesar de que la norma establecía que debía hacerse cada dos años. Además, afirman que no tiene límite de vigencia, aunque la Ley del Aborto indica que durará cinco años. Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado no contemplan una partida específica para su desarrollo.

"Existen importantes limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos y serias carencias en los servicios que asesoran" sobre salud sexual y reproductiva, según describe el informe Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España, elaborado por más de diez organizaciones, entre ellas, Médicos del Mundo. Su portavoz de género y derechos humanos, Beatriz Sagrado, apunta a "la falta de voluntad política" para remover las trabas que todavía permanecen en el sistema siete años después de la aprobación de la ley.
Algo que también fue denunciado por la ONU en 2015, que en un informe instó a España a "eliminar los obstáculos que impiden acceder a servicios que les permitan abortar de manera segura y legal en todas las partes del país" y a revisar la reforma promovida por el PP que impide a las menores abortar sin consentimiento.

La falta de integración del aborto en la red pública

Además de esta modificación y la falta de medidas para frenar el acoso que se da en algunas clínicas españolas, los colectivos denuncian, entre otras carencias, la ausencia de regulación de la objeción de conciencia, que a veces hace que "la totalidad de un centro sanitario objete" burlando "el espíritu de la ley".

Por otro lado, "el aborto sigue sin estar integrado en la red sanitaria pública, lo que provoca que no se normalice", explica Justa Montero, integrante de la Federación Estatal de Organizaciones Feministas. La ley antepone los centros públicos, pero contempla que se puedan derivar las intervenciones a los concertados. Esto ha derivado en que el 88% de los abortos realizados en 2015 se hicieron en centros privados,  según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Algunas comunidades presentan cifras ínfimas de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la red sanitaria pública. Es el caso de Murcia, donde se practicó un aborto en centros públicos y 3.456 en privados; Aragón, que realizó nueve intervenciones frente a 2.201 o Castilla y León, cuyos datos se sitúan en 32 abortos en la red pública y 2.620 en la privada. Además, en muchas ocasiones las mujeres deben viajar por su cuenta a otras ciudades para acceder a este derecho.

"Que muchas mujeres deban desplazarse fuera de sus lugares de residencia, perdiendo la red de apoyo social tan importante en situaciones de gran vulnerabilidad, parece no importar", asegura Guillermo González, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), que hace hincapié, además, en que la mayor parte de abortos se realiza por métodos quirúrgicos –77.000 en 2015, frente a 33.000 por métodos farmacológicos–, a pesar de que esta segunda técnica "se ha mostrado muy eficaz", pero "no se estudian las razones de esta situación".

La situación de los anticonceptivos

También los colectivos identifican una falta de protocolos que homogeneicen la forma de ofrecer información a la mujer, ya que su "calidad, accesibilidad e imparcialidad depende de la comunidad y hasta del servicio o profesional de referencia". Además, denuncian que los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva presentan enormes diferencias de cobertura entre unas comunidades y otras, que "tiende a ser deficiente en todo el Estado", concluye el estudio Derechos Sexuales y Reproductivos para Todas, de la Coordinadora Feminista.

"Hay un modelo asistencial muy variado, con comunidades en la que los centros de atención están integrados en los centros de salud, otras con centros específicos que dependen de la Atención Primaria y otras con servicios que coexisten con ella", explica Montero, que insiste en que estos recursos deberían también incorporar la atención a colectivos como las personas LGTBI, con diversidad funcional, las trabajadoras sexuales o los migrantes, pero "es algo muy residual".

Estos servicios son los que deben garantizar, entre otras cosas, la información y el acceso a la anticoncepción. Sin embargo, existen una serie de barreras porque algunos métodos no están financiados por la sanidad pública. Aunque algunas comunidades sí han decidido asumirlo, ninguna financia el parche o el anillo vaginal, once lo hacen con el DIU de cobre y los preservativos, tanto masculinos como femeninos, solo se reparten gratuitamente en cuatro comunidades y en algunas otras de forma ocasional en campañas específicas.

Para la FPEF, que hace unos meses elaboró el informe 

El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas, resulta problemática esta desigualdad, que se une a los últimos datos de la Sociedad Española de Contracepción (SEC): un 11% de las mujeres no utiliza métodos anticonceptivos y tiene riesgo de quedarse embarazadas sin planificarlo. De ellas, casi la mitad tiene menos de 19 años.

Aunque las comunidades deberían haber desarrollado protocolos específicos sobre anticoncepción para poner en marcha la Estrategia Nacional, y por lo tanto la ley, solo nueve lo han hecho, mientras que siete no disponen de normativa propia, según recoge el informe, que también hace hincapié en que de las nueve que sí tienen, solo Cataluña y Galicia refieren contar con partidas presupuestarias para desarrollarla. Esto, asegura González, provoca que "el acceso a la anticoncepción no solo no haya mejorado, sino que se ha producido un retroceso".

Para los colectivos es especialmente grave que no se financie en todo el territorio la píldora de emergencia, también llamada píldora del día después, cuyo precio ronda los 20 euros. Algunas comunidades como Andalucía, Aragón, Valencia o Navarra sí lo asumen con recursos propios, mientras el Gobierno central se ha justificado asegurando que su acceso "está garantizado" en condiciones de "equidad" porque desde 2009 no es necesaria una receta médica para ello.

Tampoco se han puesto en marcha las medidas contempladas en la Estrategia Nacional sobre la obligación de incorporar la educación sexual en las aulas, que "es casi inexistente", analiza Montero. Algunas comunidades cuentan con programas propios, pero en muchas ocasiones dependen de la voluntariedad de cada centro o el profesorado. La FEPF denuncia, además, que cuando se incorporan, estos contenidos "adolecen de un enfoque heterosexual, limita la sexualidad a la etapa reproductiva y se orienta exclusivamente a la prevención de riesgos".


Mujeres y menores exigen más medios para aplicar la ley de violencia de género

Abogados, asociaciones feministas y a favor de los derechos de los menores y psicólogos solicitan más formación para los profesionales encargados de atender a las víctimas de maltrato infantil.

Más medios y más formación para los profesionales que atienden a las víctimas de maltrato machista, sean menores o mujeres quienes lo sufran. Los piden asociaciones feministas, pero también el Colegio de Abogados y la Policía Nacional, que denunció los recortes en la Unidad de Familia, que solo cuenta con personal especializado por las mañanas desde el mes de octubre. El caso del pequeño al que su padre mató la pasada semana, para hacer daño a su madre según concluyó el juez, es analizado por expertos en maltrato infantil y en violencia machista. Consideran que no se trata tanto de cambiar la legislación sino de que las personas que la apliquen tengan la formación suficiente como para desterrar mitos como que un padre nunca hará daño a sus hijos.

¿Están los menores protegidos de los que, en teoría, deberían mantenerlos a salvo a ellos de cualquier peligro? La Fundación Mujeres, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), el Colegio Oficial de Abogados de A Coruña, la Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes (Adafad) -que, a pesar de su nombre hace terapia familiar e imparte formación a menores en A Coruña- y una de las redactoras del Pacto Social por unha Coruña Libre de Violencias Machistas reflexionan sobre esta cuestión. Lo hacen desde su punto de vista y desde su experiencia e, inevitablemente, con el fallecimiento del pequeño de once años al que su padre admitió haber matado la semana pasada durante una de sus jornadas de convivencia regladas en el régimen de visitas en el horizonte.

La madre del niño le había denunciado en 2008 y en 2013. En el primer caso fue condenado por un delito de coacciones y, en el segundo, se le investigó como presunto autor de un delito de amenazas a través de las redes sociales, aunque no fue condenado porque no se pudo probar quién había cometido los hechos. Desde 2010 a 2013, el procesado cumplió una orden de alejamiento de su exesposa. Actualmente, tenía al niño dos fines de semana al mes y lo recogía en el punto de encuentro que gestiona la Fundación Meniños, que declinó participar en este reportaje.

Todas las entidades consultadas están de acuerdo en que la protección de los menores podría ser mejor si las personas que se encargan de decidir sobre su presente y su futuro tuviesen más formación sobre el maltrato y si hubiese más medios para desarrollar toda la legislación vigente en materia de violencia machista y también de protección de menores.
Para el abogado y vocal del área jurídica de Agamme, Víctor Manuel López Casal, es indispensable que se escuche a los niños y a las niñas en estos procesos y que los técnicos que se encargan de atenderlos cuando sufren algún tipo de abuso, ya sea sexual o violencia en el hogar, tengan formación específica en psicología infantil para saber interpretar sus silencios y sus testimonios. Y es que, según apunta López Casal, a diferencia de lo que pasa con las denuncias formuladas por los adultos por casos como un robo, los menores parten de una posición de inferioridad, porque su declaración no se toma, en principio, como verdadera y seria.

La secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía, Sandra Castro, confirma este extremo, ya que, cuando los agentes de la Policía Nacional tienen constancia de que hay un caso de violencia que afecta a un menor, lo primero que hacen es: "corroborar" la historia, investigar que sea cierta y, si lo es, los funcionarios del 091 se llevan a la víctima para evitar que siga expuesta al peligro.

A partir de ahí, son los agentes los que le buscan un nuevo hogar, primero, entre los familiares y, si ninguno de ellos puede hacerse cargo del menor, extienden las pesquisas hasta las familias de acogida disponibles. Si no hay ningún hogar en el que se puedan quedar les envían a un centro de acogida. "Es la última alternativa", sentencia Castro, a partir de ahí, los menores están bajo tutela judicial y ya no policial.

En teoría, son los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional los que atienden a las víctimas de violencia de género y a los menores, aunque en A Coruña, desde el pasado mes de octubre, los funcionarios especializados en estos campos solo recogen denuncias por la mañana, de modo que, si una víctima de violencia doméstica va a denunciar por la tarde, la atenderán agentes que no han recibido formación en esta problemática. El SUP denunció ya esta irregularidad.

La Policía Nacional no tiene muchas más competencias en casos de violencia a menores, por lo que solo va a los puntos de encuentro o a las visitas entre padres y niños cuando alguno de los progenitores está en prisión. "Vamos para custodiar al reo, en una situación normal, en la que los padres están separados pero en libertad, no vamos para garantizar la seguridad del niño o de la niña", indica la portavoz del SUP.
La directora de la Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes (Adafad) y psicóloga, María José Lamas, apunta que, en ocasiones, los niños se convierten en moneda de cambio, que son "cosificados" en manos de determinados padres. Y, de ahí, nace ese sentimiento de dañar al pequeño para atentar contra la integridad de la madre, tal y como se ha establecido que es el caso del parricida coruñés.

"Tenemos un problema y es que, en el ámbito judicial no se le da crédito a la afirmación que llevamos diciendo las organizaciones feministas y de mujeres durante muchísimo tiempo, que es que un maltratador no puede ser un buen padre", dice a este respecto la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que defiende que el clima de violencia en un hogar es "nefasto" para el desarrollo emocional y humano de los niños y las niñas, por lo que el maltrato hacia la madre "no puede ser abordado de manera independiente" al de los hijos. Hace hincapié en que hay que desterrar de los juzgados ideas como que "lo mejor para un menor es estar con su padre y con su madre porque, cuando el padre es un maltratador y amedrentra a su madre, no es una buena influencia".

La técnica de Rexenerando Sociedade Cooperativa Galega, que está elaborando el proceso participativo del pacto social contra las violencias machistas en la ciudad, Olalla López Barro, cree que la existencia de mitos como el de que los padres nunca harán daño a sus hijos proceden de la educación patriarcal recibida.

"Como sociedad nos resulta muy complicado asumir las consecuencias del machismo porque, muchas veces, tenemos muy interiorizadas las conductas machistas, así que, sin quererlo, somos cómplices de lo que está pasando. Queremos creer que es así, que tiene un sentido la violencia pero, en este marco del patriarcado, los niños y las niñas no son considerados seres humanos con derechos propios, sino que son una prolongación de los derechos de las mujeres. Están en una posición subalterna", comenta López.

Su posición es clara: "Teniendo en cuenta que hay personas que demostraron que lo único que quieren hacer es dañar [habiendo sido condenadas por maltrato], las personas más vulnerables que están a su lado corren riesgos. No hay que dar soluciones salomónicas como la custodia compartida por norma, sino que hay que analizar más cuestiones de fondo", dice Olalla López Barro, que aboga por proporcionar resoluciones personalizadas.
"El interés superior del menor hace que, el simple riesgo de que esto [un maltrato o un abuso] pueda pasar, sea razón suficiente para sacar a los niños de esa situación de riesgo", comenta Soleto.

Para eso, sin embargo, hay que luchar antes contra uno de los rasgos de la violencia machista, que es que la víctima no siempre es consciente del riesgo que corre, así que, en ocasiones no denuncia o no lo hace de una manera efectiva, por lo que, desde la Fundación Mujeres, piden "mayor diligencia a las instituciones" a la hora de actuar en casos de maltrato.

José Bretón [condenado por matar y quemar a sus dos hijos], según recuerda Soleto, no fue denunciado por violencia de género hasta que desaparecieron los niños. "Es un riesgo difícil de evaluar que, sin embargo, puede producir un mal muy alto", resume. Para combatir estas carencias, tanto Soleto como Víctor Manuel López Casal piden efectividad a las instituciones, medios y personal especializado en materia de violencia de género.

"En el proceso, los niños están siendo doblemente maltratados, no solo cuando sufren la agresión sino que porque tienen que repetir qué les ha pasado a diferentes profesionales durante mucho tiempo", comenta López Casal, que asegura que, entre las carencias a las que se enfrentan los menores está, por ejemplo, que en el Instituto de Medicina Legal de Galicia no haya especialistas en psicología infantil.

La falta de formación es uno de los problemas pero, desde Agamme, indican también que ninguno de los muchos adultos que se encargan de tomar decisiones sobre el futuro del menor se paran a escuchar cuál es su opinión. "¿Iba con miedo el niño al punto de encuentro?, ¿quería ver al padre?, ¿fue alguna vez amenazado?, ¿algún juez, abogado o fiscal, preguntó la opinión del niño y la tuvo en cuenta?", resume el vocal de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores.

Sobre si es necesario modificar la legislación vigente para evitar que casos como el de la pasada semana se vuelvan a repetir y prohibir que los padres condenados por maltrato tengan derecho a pasar tiempo con sus hijos sin vigilancia, Soleto, apunta a que, actualmente, hay herramientas para proteger a los menores de sus progenitores, pero que no siempre se aplican.

"La propia ley integral contra la violencia de género, que se aprobó en 2004, ya incluía algunas medidas y recomendaciones para el ámbito de la Justicia sobre el tema de la atribución de custodias y las visitas, recomendando la retirada en casos de maltrato, sin embargo, lo que hemos visto, es que en lugar de ser adecuadamente aplicada por los tribunales, es una de las medidas que menos eco ha tenido en el ámbito judicial", explica Marisa Soleto e indica que los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que la retirada de las custodias no llega "ni al 10%" en medidas cautelares.

La tesorera del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña y especialista en Derecho de Familia, María del Pilar Cortizo Mella, apunta a que las modificaciones introducidas en la ley en 2015 abren la puerta a que no sea la mujer la única víctima de la violencia machista, sino que se reconozca también este estatus a los niños y las niñas. Con ellas lo que se intenta "es poner remedio a esta violencia. Todo es mejorable, pero estas modificaciones establecen una serie de previsiones de gran relevancia de cara a la protección del menor. Otra cosa es cómo se implementan en la práctica", comenta Cortizo. Y es que, esta normativa avanza actuaciones de sensibilización, de prevención, de detención y asistencia y protección. Pero dice también que es el juez el encargado de adoptar las medidas en cada caso concreto, por lo que queda en sus manos la protección del menor.


El Comité de Bioética pide que se prohíba la gestación subrogada

En un informe elaborado por este Comité a iniciativa propia, sus miembros afirman que "el deseo de una persona por tener un hijo no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas" y  consideran la práctica de explotación de a mujer.

El Comité de Bioética de España (CBE), organismo que asesora al Gobierno en materia relacionadas con la ética y la salud, pide prohibir la maternidad subrogada al considerar que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor.

Entre las conclusiones, recogidas su Informe  sobre los aspectos éticos y jurídicos de
la maternidad subrogada, elaborado a iniciativa del propio Comité, destacan que, "si bien el deseo de una persona a tener un hijo constituye una notable decisión, ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas". Aunque las conclusiones no son unánimes, el CBE resalta que la mayoría de sus miembros entiende que "todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio".

Otros miembros del Comité, aunque aceptan en línea de principio que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de los otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual y afirman que "Las propuestas regulatorias que se manejan y las experiencias de otros países son claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos de la gestante y del menor."

El Comité de Bioética de España es un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo y que desarrolla informes sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud. Si bien sus recomendaciones no son vinculantes, sí deben ser tenidas en cuenta como una voz autorizada.

El tema de la Maternidad Subrogada (también conocido como vientres de alquiler) ha generado en los últimos meses un acalorado debate público en la sociedad española. La propuesta de Ciudadanos de crear una ley para legalizar este tipo de gestaciones ha chocado frontalmente con un amplio grupo de partidos políticos y organizaciones sociales que califican esta práctica como una explotación del cuerpo de la mujer, cosa que el CBE viene a ratificar.
En España la gestación subrogada está prohibida y tampoco se reconocen los contratos realizados por españoles en el extranjero. A pesar de esta prohibición (recogida expresamente en la Ley de reproducción asistida), existe una forma legal de inscribir a los menores nacidos por esta técnica para evitar su desprotección.

Aunque el CBE reconoce que entre sus competencias no está la de traducir sus recomendaciones a leyes, sí ofrece en su informe algunos criterios que pretenden orientar una posible legislación sobre la gestación subrogada. Entre las recomendaciones del Comité destacan el "dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad".

También propone que se promueva a nivel internacional un marco regulatorio común que prohíba la celebración de contratos de gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño.

Por último, asegurar una transición segura para evitar la desprotección de los niños resultante de esta práctica "en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello, según los miembros del CBE, puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.


Prohibamos las terapias de conversión

En el año 1973 la APA (Asociación Americana de Psiquiatría) eliminó la homosexualidad como trastorno mental. Posteriormente, en 1990, la OMS (Organización Mundial de la Salud) también la excluyó como enfermedad. Estas decisiones fueron tomadas con una base científica.

Por lo tanto, es surrealista que en el año 2017 no haya ninguna ley en España que prohíba las terapias de conversión. Estas prácticas consisten en ofrecer tratamiento psicológico, incluso con medicación, para cambiar la orientación sexual o el género de una persona. Para algunas personas la comunidad LGBTI está formada por enfermos y, como cualquier enfermedad, se puede curar.

En el mes de febrero el Consejo General de la Psicología de España emitió un comunicado rechazando estos tratamientos. Recordaron que esta decisión se sustenta en más de 83 estudios acerca del cambio de orientación sexual. Los resultados son unánimes: no hay ninguna evidencia científica de que una persona homosexual pueda dejar de serlo. Más bien sucede todo lo contrario, ya que personas que han sufrido este tipo de falsas terapias han derivado problemas de ansiedad, depresión e incluso el suicidio.

Nuestro país ha dado grandes pasos legalizando el matrimonio homosexual y permitiendo adoptar. Pero debemos dar un paso más y proteger a los miembros del colectivo, asegurando que nadie pueda someterlos a falsos exámenes psicológicos con la finalidad de cambiar su orientación sexual o género.

Malta se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en prohibir este tipo de terapias. Sin embargo en España nadie se anima a dar el paso. Tal vez nuestros políticos no tengan la valentía suficiente para defender al colectivo LGBTI.

Desde estas líneas hago un llamamiento a nuestros representantes políticos y a toda la sociedad en general. ¡Basta ya! Prohibamos las terapias de conversión en nuestro país y juzguemos a los que practican este tipo de terapias.


España cae al noveno puesto del ránking europeo sobre derechos gays

27 años desde que la homosexualidad no está considera una enfermedad mental

114 ComentarEspaña ha caído al noveno puesto en la última edición del informe anual sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) en Europa, la posición más baja desde 2010 cuando la ILGA Europa elaboró el ránking por primera vez. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, que se celebra este miércoles, ILGA Europa ha publicado la clasificación que encabeza, un año más, Malta, seguida de Noruega y Reino Unido.

A la cola se hallan Armenia, Rusia y Azerbaiyán. Por su parte, España se sitúa en la novena posición de los países más respetuosos en Europa con los derechos de las personas LGTBI, mientras que en 2016 ocupaba la quinta plaza, la misma que el 2010. Un año después ascendió hasta la segunda plaza.

En 2012, España decidió el segundo puesto y bajó a la tercera posición y en 2013 siguió descendiendo, aunque se quedó en la quinta plaza. En 2014, volvió a subir a la tercera posición y en 2015 salió por primera vez de las cinco primeras posiciones, quedando en sexto lugar. Las razones del descenso".

Esto es, sin duda, debido a la inacción del Gobierno central. La única razón por la que seguimos manteniéndonos en el top ten es gracias a que varias comunidades autónomas están aprobando legislaciones específicas. De no ser por ello, habríamos dejado de ser una referencia", ha asegurado el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo. Según ha defendido esta entidad, España "debe afrontar cuanto antes" la tramitación de la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (la llamada Ley de Igualdad), ya que "volvería a colocar a España entre los países más avanzados en reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI". "Mientras que el resto de países de nuestro entorno avanzan, España se ha quedado anclada, ignorando así las graves violaciones de derechos humanos que todavía sufrimos las personas LGTBI", ha explicado el responsable de Derechos Humanos de FELGTB, Rubén López.

Hay que "trabajar mucho más" El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha reconocido que todavía hay que "trabajar mucho más" para acabar con esta discriminación, ya que aún "siguen existiendo manifestaciones" de ella en nuestro país. Se celebran 27 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desclasificara la homosexualidad como una enfermedad mental, por lo que el Gobierno ha celebrado este miércoles un acto para reivindicar la igualdad y condenar la discriminación que aún siguen sufriendo estas personas en el mundo.

Garcés ha explicado que, a pesar de lo que se ha avanzado en este campo en los últimos 40 años en España, todavía queda por avanzar en la "efectiva aplicación" de la igualdad de derechos.

Para ello, ha indicado que es necesario que las administraciones pongan en marcha medidas y ha recordado que el Gobierno va a empezar a elaborar la Estrategia Estatal de los derechos de las personas lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.



miércoles, 17 de mayo de 2017

De lo más natural - La sexualidad empieza por el cerebro

¿Sabías que el cerebro es el órgano erógeno por excelencia? ¿Cómo se enseña la sexualidad en los centros educativos? Nos lo explica con claridad la psicóloga y sexóloga Raquel Hurtado, de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Por su propia experiencia señala que "no se presta ninguna atención a este contenido en las aulas".

¿Qué dicen de todo esto los jóvenes? Lo averiguamos con WE LOVE, el grupo joven de Apoyo Positivo. Programa para jóvenes de 15 a 30 años que enseña salud sexual por "jóvenes diversos". Ellos hablan en términos de educación sexual y afectiva, y desarrollo personal.

Pero ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Las psicólogas y sexólogas Ciara Molina y Lara Antiquino, realizan en su libro Sexo sentido, Sexo vivido toda una apología de la sexualidad en tanto en cuanto se trata de algo mucho más amplio que el mero acto reproductivo. Sexualidad no es solo sexo es, sobre todo, emociones.


Los Derechos de las mujeres en Nueva York

Nos preocupan las crecientes formas fundamentalistas y de autoritarismo, y el odio que se expresa en los intentos de restricciones de la autonomía corporal y en los ataques a los movimientos pro-derechos y la sexualidad de las mujeres y a los colectivos LGTBI.

Hace ya unas semanas, tuvimos la oportunidad de participar en uno de los foros mundiales más importantes para la reivindicación y garantía de los derechos humanos de las mujeres, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW61).

Para organizaciones como la mía, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balear s (APFCiB), y como Creación Positiva –con la que compartimos objetivos comunes, entre ellos organizar un acto, allí mismo, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York– ha sido una experiencia única el poder visibilizar nuestra agenda local de trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres en un espacio de decisión y participación multilateral de este nivel. Y hacerlo de la mano de instituciones como el Fondo de Población Mundial de Naciones Unidas también ha significado un camino de aprendizajes de gran valor.

"Sin los derechos sexuales y reproductivos, sin los derechos humanos de las mujeres y sin el feminismo no se podrá cumplir con la nueva agenda mundial de desarrollo", esta fue la máxima que quisimos que atravesara todo el discurso de nuestro acto en el que también participaron el Ayuntamiento de Barcelona y el Womens Major Group.

Además del acto que organizábamos, estuvimos muy pendientes e interlocutando constantemente con compañeras de organizaciones feministas de todo el mundo y, con ellas también compartimos, la percepción de que las conclusiones y resultados de esta CSW61 han sido decepcionantes. Son mínimos los compromisos de los gobiernos y pocos los avances significativos para el empoderamiento de las mujeres y la garantía de sus derechos.

Entre los avances que sí se han logrado está el reconocimiento de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para los derechos económicos, la independencia y el empoderamiento de las mujeres. Un resultado que ha llegado después de uno de los procesos de negociación más duros entre las delegaciones de los países presentes. Otros resultados positivos son el impulso a un plan para que los gobiernos reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidado no remunerado mediante servicios públicos y el llamamiento a los gobiernos a poner fin a la violencia y el acoso contra las mujeres en el mundo del trabajo mediante el fortalecimiento y aplicación de las leyes y políticas efectivas.

A pesar de estos discretos avances, las activistas por los derechos de las mujeres de todo el mundo hemos expresado disgusto y decepción ante los resultados finales. Y es que los Estados han asumido en sus intervenciones que disminuyen los recursos para invertir en los servicios públicos y la protección social necesaria para los derechos económicos de las mujeres, y hay fuertes resistencias de los Estados miembros de la ONU a incluir aspectos y derechos interdependientes del derecho al trabajo. Para nosotras es fundamental establecer con claridad la relación entre los derechos y la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas con sus derechos económicos, su independencia y su empoderamiento, así como que los gobiernos se comprometan a proteger el derecho a la salud y el acceso universal a servicios de salud pública de calidad y medicinas, independientemente del estatus migratorio o de residencia.

Además, nosotras compartimos con el resto de organizaciones de la sociedad civil presentes en el periodo de sesiones de la CSW61 la preocupación por las crecientes formas fundamentalistas y de autoritarismo, y el odio que se expresa en los intentos de restricciones de la autonomía corporal y en los ataques a los movimientos pro-derechos y la sexualidad de las mujeres y a los colectivos LGTBI.

"El cuerpo y la integridad de las personas están siendo atacados y los gobiernos deben ser lo suficientemente valientes como para señalar estas realidades y luchar por cambiarlas", ha afirmado Eugenia López-Uribe de Equidad, México. De hecho, la intimidación se ha vivido en la propia CSW61, la vivimos nosotras en nuestras propias pieles y carnes. En el acto que organizamos se hizo presente de manera activa un importante grupo de presión antielección, al igual que ocurrió en muchos otros eventos y espacios de decisión directa.

El mundo se está posicionando, la fuerza del fundamentalismo antiderechos crece y se expande a través de sus redes mundiales de poder y, ante estos organizados ataques mundiales a los derechos de las mujeres, los grupos feministas consideramos imprescindible la generación de nuevas alianzas presentes que se reapropien de la CSW y de otros muchos de los espacios internacionales de decisión y participación multilateral y, para ello, necesitamos la vinculación de lo global con lo local.

La amenaza a los derechos sólo se neutraliza desde el grito de la calle.


Anticonceptivos y adolescentes

Píldora, DIU, preservativo… Hablamos de las opciones para los jóvenes.

Un 4,7% de las adolescentes españolas de 15-19 años ha tenido al menos un embarazo no deseado.

El adelanto en la edad de inicio en las relaciones sexuales en la juventud española ha provocado que las preguntas al respecto se produzcan también antes. Embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, desengaños, insatisfacción… las cuestiones son varias. “Es esencial que se prepare al menor para que disfrute de forma responsable de la sexualidad”, explica Mercedes Andeyro, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital General de Villalba.

El embarazo no deseado es el principal riesgo la trayectoria vital del adolescente, pese a que cada vez tienen más información la anticoncepción en estas edades no se hace de manera correcta. La mitad de los adolescentes mantiene relaciones sin utilizar ningún método anticonceptivo y los que lo hacen suelen hacerlo de manera incorrecta”, señala Andeyro.

En España, la tasa de Interrupciones voluntarias de Embarazo es alta y sobre todo a costa de las pacientes más jóvenes (15.000 al año) y se estima que un 4,7% de las adolescentes de 15-19 años ha tenido al menos un embarazo no deseado. Un 25% de las interrupciones son en mujeres que es su segundo embarazo no deseado.

En un 52% de las mujeres la causa del embarazo no deseado fue que no utilizó ninguno método anticonceptivo en la relación y un 43% hizo un uso incorrecto o inconsistente del método anticonceptivo.

Además, es importante saber que pocos adolescentes consideran el riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual.

La ginecóloga aconsejan recomendar los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC) en los adolescentes. “Estos son el DIU y el implante subdérmico, que no están subvencionados en la Comunidad de Madrid”, apunta. “Son los métodos anticonceptivos más efectivos porque su eficacia no depende ni del cumplimiento del paciente ni de su persistencia de uso. Una vez que se colocan funcionan sin que el adolescente tenga que preocuparse de realizarlo de manera correcta”.

Eso sí, en los adolescentes se recomienda el uso del doble método, que sería un LARC (para evitar embarazos no deseados) y el preservativo ( para evitar ETS).


Qué es "stealthing", la peligrosa nueva forma de agresión sexual

"Él hizo eso y tú tienes que sufrir las consecuencias".

"Vi el artículo y cuanto más leía más pensaba: '¡Dios mío, eso es lo que me pasó a mí! No sabía que era tan común que ya tenía un nombre".

Louise (no es el nombre real), de 22 años, hablaba de cómo se dio cuenta de que algo que le había sucedido con un amigo "con beneficios" y la había hecho sentir mal era stealthing.
Estaba leyendo un artículo de la BBC en el cual se explica el stealthing, un término que en inglés significa "en sigilo" o "secretamente" y que se usa para describir la "moda" entre algunos hombres de quitarse el condón durante la copulación a pesar de haber acordado con su pareja usarlo.

* Stealth
· Hacer una acción o movimiento con cautela y subrepticia

Las organizaciones defensoras de los derechos sexuales de las mujeres alegan que debe ser tratado como una violación.

Además preocupa que sea un asunto poco reportado.

Un estudio de Alexandra Brodsky publicado en el Columbia Journal of Gender and Law, la revista de la Universidad de Columbia de Género y Derecho, señala que "entrevistas con personas que han experimentado el retiro de preservativo indican que esa práctica no consensual es común entre personas jóvenes y sexualmente activas".



La experiencia de Louise
Louise recuerda que, tras terminar el acto sexual con su amigo, notó que se había quitado el preservativo.
"El condón estaba en el piso...".
Sucede sin que la pareja se de cuenta.
Le dije: 'No vi cuando te lo quitaste'
Respondió: 'Lo hice cuando íbamos por la mitad'
Le dije: '¿Qué? ¿Fue un accidente?'
Respondió: 'No, sólo pensé que lo iba a hacer'
Y yo: ''¡Qué violación! Es egoísta. ¿Cómo y por qué hiciste algo así?'.
"Ni siquiera se molestó en decírmelo o alertarme. Y luego se quedó muy tranquilo, diciendo que no sabía que iba a ser tanto problema".
"Me dijo que pensó que nos beneficiaba a los dos. Recogí mis cosas y me fui".
Un minuto
"Llamé a una amiga y le pedí que me acompañara a la farmacia para tratar de prevenir el daño que me podría haber hecho".

Es un engaño que a menudo se toma a la ligera.

"El Stealthing sucede y la situación que se da es que él hizo eso y tú tienes que sufrir las consecuencias".
"Un minuto. Eso es todo el tiempo necesario. Un cambio de posición y se lo quitan. Uno no se da ni cuenta".
"Piensa en las consecuencias. Ponen su salud sexual y la de la pareja en peligro; hay riesgo de embarazo... todo por unos pocos momentos de un placer un ápice más intenso, supongo".

¿Violación?
El estudio de Alexandra Brodsky define stealthing como "retiro de condón no consensuado durante la relación sexual".
Advierte que "expone a las víctimas a riesgos físicos de embarazo y enfermedad" y que es "muchas lo experimentan como una grave violación a su dignidad".
Pero, ¿es violación?
Si el acuerdo se rompe sin que una de las personas lo sepa, puede ser violación.
La ley no es igual en todo el mundo pero en opinión de la abogada experta en delitos sexuales Sandra Paul, "la persona está potencialmente cometiendo una violación".
"Tiene que haber algún acuerdo de que se va a usar el condón o que se va a retirar", explica.

"Si la persona no sigue las reglas, la ley dice que no hubo consentimiento".
En lenguaje menos legal, si acuerdas tener relaciones sexuales usando un preservativo y te lo quitas sin decir nada, ya no tienes consentimiento.
Y la violación es cuando "penetras a otra persona y esa otra persona no lo consintió".

Qué hay en un nombre
La experta en casos de asalto sexual señala además que es bueno que se discuta el tema.
Hay que hablar del problema pero hay quienes opinan que es un error que tenga nombre propio.
Sin embargo, no todo el mundo está tan seguro de que sea buena idea llamarlo stealthing.
"Siempre me sorprende cuando le ponen nombres como este a cosas que efectivamente son sólo otra forma de asalto sexual", le dice a la BBC Katie Russell, de la ONG Rape Crisis.

"Si alguien da su consentimiento a un acto sexual específico con el uso de anticonceptivo y tú cambias los términos de ese acuerdo en medio del acto, eso es una ofensa sexual".
"Darle un nombre como stealthing hace que suene relativamente trivial", señala.
"Es un término muy aceptable para algo que es extremadamente inaceptable y que de hecho es un acto de violencia sexual".

¿Qué se debe hacer si te ocurre?
"Hablar con alguien de tu confianza, como un amigo o familiar, o consultar a un especialista. Necesitarás que te escuchen, que te apoyen, que te ayuden a pensar cuáles son tus opciones y qué quieres hacer".