jueves, 14 de diciembre de 2017

VIDEOFORUM con motivo do Día dos Dereitos Humanos (10 de decembro)

O luns 18 de decembro, ás 19:00 h. no Centro Cívico Cidade Vella na Coruña, proxectaráse a película NAZ & MAALIK, que unha vez finalizada, reflexionaráse sobre as diferentes orientacións sexuais na relixión musulmana.

Ambientada nun só día en Brooklyn, céntrase en dous adolescentes musulmáns (Naz e Maalik), que son vixiados por un axente encuberto do FBI que comeza a seguilos debido a súa relixión, mentres os dous protagonistas musulmáns realizan a súa rutina diaria un venres pola tarde. E unha historia onde se mesturan as discriminacións sociais debido á raza, relixión e sexualidade.

Os dereitos humanos (ONU) son dereitos inherentes a todos os seres humanos, sin distinción algunha de raza, sexo, nacionalidade, orixe étnica, lengua, relixión ou calquera outra condición. Entre os dereitos humanos inclúense a garantía de igualdade e non discriminación entre todas as persoas, independentemente da súa orientación sexual e a súa identidade de xénero, isto significa que é ilegal facer calquera distinción en materia de dereitos das persoas polo feito de que sexan lesbianas, gai, bisexual ou transxénero (LGBT).



CHARLA-Obradoiro SEXO SEGURO.

Actividade do programa EDUCA Coruña

O xoves 14 de decembro ás 18:00 h. no Centro Cívico Cidade Vella. Rúa Veeduría, 2, A Coruña.


Con motivo do Día Mundial da loita contra a sida o pasado 1 de decembro, convidámosche a participar nesta actividade onde se informará, formará, e se mudarán comportamentos para a prevención da transmisión desta enfermidade.


Hablando sobre el acceso a la anticoncepción en la Comunidad Valenciana

El acto de presentación del informe de la FPFE sobre el acceso a la anticoncepción en la Comunidad Valenciana, que se suma al exhaustivo estudio realizado recientemente por la Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva, ha servido de marco para que los representantes de ambas entidades compartan sus análisis sobre la situación en esta comunidad autónoma y en el Estado español.

Entre otros aspectos, se han analizado en el evento las normativas y programas autonómicos sobre anticoncepción, la gestión de la anticoncepción en el sistema de salud, la financiación de los métodos anticonceptivos o la formación de las y los profesionales sanitarios.

“Los servicios de anticoncepción deben considerarse como fundamentales en las políticas públicas sanitarias, y deben incluir la financiación de todos los métodos anticonceptivos, particularmente los de larga duración”. Con esta premisa compartida por las y los asistentes al acto, se ha destacado la importancia de contar con un marco normativo y asistencial adecuado, tal y como sucede en la Comunidad Valenciana. Ximo García, de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Contracepción, ha destacado en su intervención que esta comunidad autónoma cuenta con una estrategia de salud sexual y reproductiva con un enfoque integral, y con una red de centros de salud sexual y reproductiva que se constituyen como unidades de apoyo a los centros de atención primaria y actúan con protocolos específicos. Ximo García ha hecho hincapié en la importancia de “desarrollar planes concretos que permitan llevar a la práctica toda la estrategia, garantizando, por ejemplo, la disponibilidad del material suficiente en todos los centros, de profesionales suficientes, de formación profesional y una equidad en la distribución poblacional por centros que permita optimizar la labor de atención”.

Por su parte, el presidente de la FPFE, Guillermo González, ha llamado la atención sobre las desigualdades existentes entre las diversas comunidades autónomas en la financiación de los métodos anticonceptivos, y ha lamentado en este sentido que “sigan existiendo obstáculos para el acceso a la anticoncepción por el hecho de que el Sistema Nacional de Salud no financie todos los métodos modernos, lo que es un problema que sufren particularmente las mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”. Guillermo González ha recordado que en nuestro país hay una baja utilización de métodos de larga duración (LARC) si se comparan los datos con los de otros países del entorno como Francia o Gran Bretaña, “cuando la experiencia en dichos países ha demostrado su alto nivel de eficacia y su papel en la reducción del número de interrupciones voluntarias de los embarazos (IVE)”.

En el acto de presentación también se ha señalado la alta tasa de IVE de repetición en la Comunidad Valenciana, a pesar de que la tasa de IVE totales está por debajo de la media estatal. En opinión de Ximo García, ese dato muestra la necesidad de aumentar la información y la educación sexual, con base  en la prevención pero también en el empoderamiento de las mujeres y en el placer sexual. Una educación e información sexual que se debe extender al profesorado y a las madres y padres. En este sentido Ximo García ha destacado la importancia del papel que pueden cumplir los medios de comunicación a través del enfoque de las noticias.

El acto ha contado con la organización de la FPFE y la colaboración del Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo, autor del Atlas Europeo de la Anticoncepción, que también se ha presentado en Valencia y que muestra de manera comparativa cómo es el acceso a la anticoncepción en 45 Estados europeos, entre ellos España, y ofrece a los decisores políticos y el resto de actores  sociales implicados una serie de recomendaciones para mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos modernos y de calidad.

Además, hay que agradecer la colaboración de la Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva, de la Associació Pels Drets, l’Educació i la Salut Sexual i Reproductiva del País Valencià (Dessex), de Sexólogos Sin Fronteras y de MSD.


viernes, 1 de diciembre de 2017

Hoxe Dia Mundial da loita contra a sida

Repartiremos materiais divulgativos, de sensibilización e prevención nos Xardíns de Méndez Núñez de 21:00 a 00:00 hrs.

Podes acercarte a informarte.


Día Mundial de la lucha contra el SIDA, 1 de diciembre

Mi salud, mi derecho

Como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas, sean quienes sean y vivan donde vivan, tienen derecho a la salud. Este derecho se apoya en un conjunto más amplio de derechos con los que se relaciona directamente, como el de la vivienda y los saneamientos adecuados, el de unas condiciones de trabajo saludables y los de acceso a alimentos nutritivos y a la justicia.

Solo se podrá poner fin al sida como amenaza para la salud pública si estos derechos se tratan como una prioridad de la salud mundial, de modo que la atención sanitaria de calidad esté disponible y sea accesible para todos, sin excluir a nadie.

Campaña #myrighttohealth

La campaña del Día Mundial del Sida de este año se centrará en el derecho a la salud.

La campaña #myrighttohealth proporcionará información sobre el derecho a la salud y su importancia en la vida de las personas. También tendrá como objetivo aumentar la visibilidad entorno a la necesidad de lograr una realización plena del derecho a la salud para todos y en todos los lugares.

Prácticamente todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible están relacionados de una manera u otra con la salud, y en particular con el Objetivo número 3, así que alcanzarlos y poner fin a la epidemia de sida, dependerá en buena medida de conseguir garantizar el derecho a la salud.

Se están logrando progresos notables en el tratamiento del VIH. En vísperas del Día Mundial del Sida, ONUSIDA ha presentado un nuevo informe que muestra que el acceso al tratamiento ha aumentado significativamente. En 2000, solo 685 000 personas que vivían con el VIH tenían acceso al tratamiento antirretrovírico. En junio de 2017, alrededor de 20,9 millones de personas tenían acceso a esos medicamentos vitales. Ese aumento tan espectacular no habría sido posible sin el coraje y la determinación de las personas que viven con el VIH que exigen y reivindican sus derechos, respaldados por un liderazgo y un compromiso financiero firmes y constantes.

ESTADÍSTICAS MUNDIALES

Alrededor de 19,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica en 2016.
Unos 36,7 millones de personas vivían con el VIH en 2016 en todo el mundo.

Aproximádamente, 1,8 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2016.

Cerda de un 1 millón de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2016.

Unos 76,1 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia.

Alrededor de 35,0 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.

http://www.un.org/es/events/aidsday/

Día mundial del sida: los números de la enfermedad en el mundo

Un millón de personas murió por la enfermedad el año pasado. El objetivo es reducir la cifra a la mitad para 2020

Según la ONU, en 2016 había 36,7 millones de personas con VIH. Ese año se infectó un total de 1,8 millones de personas (300.000 menos que el año anterior). Desde el comienzo de la epidemia 76,1 millones de personas se han infectado por el VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el sida.



La FPFE está emocionada con la enorme solidaridad que estáis mostrando con nuestra organización. Muchas de vosotras, además de manifestarla nos estáis preguntando qué podéis hacer.

Mientras otras instancias de la Fede se ponen en contacto con vosotras, hemos pensado que podemos intensificar el volumen de nuestras voces en las redes, interpelando a algunos poderes y a grupos políticos respecto a las campañas que buscan que este país retroceda en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

La Fede os invita a tuitear con las etiquetas

#DerechosEnRiesgo    y    #somosdeutilidadpública

Para mostrar que las organizaciones sociales que defendemos derechos somos necesarias y estamos aquí.

Podéis enlazar los tuits al comunicado de la FPFE:    http://bit.ly/2AIf9RA

Los mensajes que van a salir desde el perfil oficial de la FPFE, es decir, @fpfeong, serán de este estilo:

Las creencias religiosas no pueden ser un instrumento para impartir justicia #somosdeutilidadpública  #DerechosEnRiesgo

Les molesta la FPFE por su defensa de los derechos reproductivos #somosdeutilidadpública  #DerechosEnRiesgo

Asombra que todavía haya que pelearse por derechos que son aceptados por la inmensa mayoría #somosdeutilidadpública  #DerechosEnRiesgo

Los poderes públicos no pueden permitir que se acose a organizaciones como la FPFE #somosdeutilidadpública  #DerechosEnRiesgo

(Os invitamos a daros una vuelta por la web de Abogados Cristianos para que veáis de lo que hablamos: https://www.abogadoscristianos.es/ )

Perfiles interesantes a incluir. Hay muchos más, vosotras iréis añadiendo:

FPFE: @fpfeong                                                                                    
Abogados Cristianos: @AbogadosCrist
Ministerio Interior: @interiorgob
PP:  @PPopular    @PPigualdad
PODEMOS:   @pdmFeminismos   @PodemosIgualdad   @ahorapodemos
UNIDOS PODEMOS:   @unidos_podemosp
IZQUIERDA UNIDA:   @iunida
ERC:   @Esquerra_ERC
PNV:   @EAJPNV_Congreso
COMPROMIS:   @compromis

CIUDADANOS:   @CiudadanosCs

Las infecciones de transmisión sexual repuntan en los jóvenes

Nueva campaña municipal para la concienciación y sensibilización de la población joven que «ha perdido el miedo» al contagio por VIH

Las infecciones de transmisión sexual repuntan en los jóvenes

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una nueva campaña para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y del VIH/sida, dirigida especialmente hacia los jóvenes, al haberse detectado un aumento de las primeras, como sífilis, infección gonocócica y por chlamydia trachomatis, mientras que han descendido los contagios por VIH y la incidencia del sida.

«Ante este repunte, es necesario retomar una planificación con iniciativas concretas de concienciación y sensibilización y que tenga a la población joven como principal destinataria. Al fin y al cabo, los jóvenes no fueron testigos de la gran incidencia del sida en los años ochenta, de ahí que haya que recuperar mensajes sobre la práctica de sexo seguro», comentó el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.

El concejal presentó ayer la campaña realizada por el Servicio Municipal de Salud en colaboración con otras entidades públicas y colectivos de la sociedad civil sevillana, «que necesita el compromiso de todos para que el mensaje de sexo seguro llegue a la población y, especialmente, a nuestros jóvenes». «Con la campaña, venimos a reforzar la estrategia de concienciación desplegada desde hace ya muchos años y que se centra sobre todo en al ámbito educativo».

Así, en el curso 2016-2017, un total de 5.814 alumnos de 75 centros de Educación Secundaria asistieron a los talleres de educación afectivo sexual, y 2.849 de 46 centros pasaron por talleres específicos sobre cómo prevenir los contagios por el VIH.

El delegado recordó que el Ayuntamiento de Sevilla fue el primero de España en adherirse en 2016 al programa europeo Fast Track o Acción Acelerada de las Ciudades para un Mundo sin VIH y Sida, con la rúbrica de la Declaración de París. «Ese repunte de las ITS es un problema de salud y como tal lo tenemos que abordar», dijo Flores. Según detalló, en la mayor incidencia habría contribuido el hecho de que la población, en especial la más joven, habría dejado de utilizar medidas preventivas «al perder el miedo» a las infecciones por VIH. Por ello, esa campaña tiene como público objetivo a personas de entre 19 y 35 años, en su mayoría masculina y con relaciones entre hombres, «pues así lo indica el diagnóstico de la incidencia de las ITS en la ciudad, y con los nuevos canales de comunicación que hoy en día más usan los jóvenes como principales soportes».


El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una nueva campaña para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y del VIH/sida, dirigida especialmente hacia los jóvenes, al haberse detectado un aumento de las primeras, como sífilis, infección gonocócica y por chlamydia trachomatis, mientras que han descendido los contagios por VIH y la incidencia del sida.

«Ante este repunte, es necesario retomar una planificación con iniciativas concretas de concienciación y sensibilización y que tenga a la población joven como principal destinataria. Al fin y al cabo, los jóvenes no fueron testigos de la gran incidencia del sida en los años ochenta, de ahí que haya que recuperar mensajes sobre la práctica de sexo seguro», comentó el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.

El concejal presentó ayer la campaña realizada por el Servicio Municipal de Salud en colaboración con otras entidades públicas y colectivos de la sociedad civil sevillana, «que necesita el compromiso de todos para que el mensaje de sexo seguro llegue a la población y, especialmente, a nuestros jóvenes». «Con la campaña, venimos a reforzar la estrategia de concienciación desplegada desde hace ya muchos años y que se centra sobre todo en al ámbito educativo».

Así, en el curso 2016-2017, un total de 5.814 alumnos de 75 centros de Educación Secundaria asistieron a los talleres de educación afectivo sexual, y 2.849 de 46 centros pasaron por talleres específicos sobre cómo prevenir los contagios por el VIH.

El delegado recordó que el Ayuntamiento de Sevilla fue el primero de España en adherirse en 2016 al programa europeo Fast Track o Acción Acelerada de las Ciudades para un Mundo sin VIH y Sida, con la rúbrica de la Declaración de París. «Ese repunte de las ITS es un problema de salud y como tal lo tenemos que abordar», dijo Flores. Según detalló, en la mayor incidencia habría contribuido el hecho de que la población, en especial la más joven, habría dejado de utilizar medidas preventivas «al perder el miedo» a las infecciones por VIH. Por ello, esa campaña tiene como público objetivo a personas de entre 19 y 35 años, en su mayoría masculina y con relaciones entre hombres, «pues así lo indica el diagnóstico de la incidencia de las ITS en la ciudad, y con los nuevos canales de comunicación que hoy en día más usan los jóvenes como principales soportes».


Ante la sentencia de la Audiencia Nacional

La FPFE explica en el siguiente comunicado por qué acata pero no comparte la sentencia de la Audiencia Nacional contra el recurso interpuesto por la organización tras la decisión del Ministerio del Interior de revocar la declaración de utilidad pública. Expresamos también nuestro asombro por tener que seguir defendiendo realidades que la inmensa mayoría de nuestra sociedad ve como normales, y agradecemos la enorme solidaridad mostrada.

La FPFE acata la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el recurso presentado contra la decisión del Ministerio del Interior de revocar la declaración de utilidad pública de la FPFE a instancias de la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). Sin embargo, no compartimos la raquítica fundamentación en la que se sustenta la resolución del Tribunal, a saber, que el 14 de octubre de 2015 la FEDERACIÓN fue sancionada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por publicitar fármacos que la ley prohíbe anunciar tal como se hizo.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional omite cualquier referencia a que la sanción que fue impuesta a la FPFE por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid fue una sanción leve en grado mínimo.

La infracción que, a partir de denuncia formulada por la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) fue objetivada por la Comunidad de Madrid, se concretaba en “publicidad de medicamentos de prescripción médica, algunos financiados por el Sistema Nacional de Salud, en una publicación y en una página Web accesibles al público en general” (Es decir, por haber subido a la web la revista Diálogos durante un breve tiempo).
En el curso de la tramitación del expediente sancionador, la Administración requirió a la FPFE que restringiera el acceso a dicha publicidad de forma que solo pudieran acceder a la misma personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos, requerimiento que se cumplió de inmediato (cumplimiento que, por cierto, se ha usado en ciertos medios para decir que la FPFE estaba intentando ocultar pruebas).

En la resolución por la que se impuso a la FPFE una sanción leve en su grado mínimo, se reconocía expresamente por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que:

El beneficio obtenido por la publicidad de medicamentos había sido “0” euros.

La FPFE disponía de autorización para la inserción de mensajes publicitarios concedida por el Servicio de Ordenación, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos.

Por todo, no compartimos la decisión de la Audiencia Nacional por la que se convalida la revocación por el Ministerio del Interior de la declaración de utilidad pública de nuestra Federación, a petición de la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). Entidad que, a nuestro entender, carecía manifiestamente de legitimación alguna para impugnar la inicial concesión de dicha declaración. Y  consideramos absolutamente desproporcionado que una sanción leve en grado mínimo por los hechos relatados pueda determinar la revocación de la declaración de utilidad pública de nuestra Federación, concedida por el Ministerio del Interior tras tramitarse un prolijo expediente en el que se obtuvieron todos los preceptivos informes favorables de las distintas Administraciones Públicas afectadas.

Es falso por tanto, como se ha publicado en algunas webs y algunos medios, que se nos haya sancionado por financiación ilegal y además reiterada. También es falso que se haya ocultado la sanción por la falta leve cuando se solicitó el reconocimiento de la declaración de utilidad pública, ya que dicha solicitud se registró en febrero de 2015, bastantes meses antes.

También sigue asombrando a la FPFE la celeridad y el procedimiento seguido por el Ministerio del Interior para revocar la declaración de utilidad pública: El 5 de mayo de 2016 se publica en el BOE que se declara a la FPFE como entidad de utilidad pública. Al día siguiente, el 6 de mayo, la Asociación Española de Abogados Cristianos interpone un recurso afirmando que la FPFE no puede ser de utilidad pública porque ha sido sancionada por financiarse ilegalmente, con base en la infracción administrativa leve mencionada más arriba. El 26 de mayo de 2016, es decir, pocos días después, el Ministerio del Interior revocó la declaración de utilidad pública de la FPFE.

Esta “falta administrativa leve” ha sido usada desde entonces para poner en marcha sucesivas campañas de acoso contra la organización y contra sus trabajadoras y colaboradoras. Se han iniciado campañas en redes sociales y ante diversos organismos nacionales e internacionales; se han enviado de manera masiva mensajes a las entidades públicas de las que recibimos alguna subvención para que éstas fueran suprimidas; diversos medios de comunicación han difamado a la organización, llegando a vincular a la FPFE con un supuesto “tráfico de órganos de bebés abortados”; se ha señalado públicamente y en medios online a varias trabajadoras y a varios de nuestros colaboradores, y no se han retirado comentarios de personas que indicaban cómo éstos deberían ser tirados “al camión del gas”…

No vamos a entrar en consideraciones morales ajenas que pertenecen al ámbito de las creencias de las diversas organizaciones civiles legales que hay en nuestro país. Sólo respondemos por la propia organización: la FPFE defiende el derecho de todas las personas a decidir libremente sobre su sexualidad y su reproducción;  defiende el derecho al aborto, un derecho que está legalmente reconocido en nuestras leyes, por lo que entendemos que no tenemos que entrar a justificarlo.  

Defendemos la educación sexual, que también está contemplada en nuestra legislación, concretamente en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, y recomendada reiteradamente por organismos internacionales como Naciones Unidas como una de las mejores vías para prevenir la violencia de género, los embarazos no planificados o  las infecciones de transmisión sexual.

Nos asombra tener que seguir defendiendo realidades que la inmensa mayoría de nuestra sociedad ve como normales y que deben ser abordadas desde el ámbito de la salud y de los derechos de las personas, pero sin duda seguiremos haciéndolo. Y sólo esperamos que, como ya hemos dicho en algunos de nuestros últimos comunicados, las creencias religiosas no se usen como un instrumento para legislar o para impartir justicia en su nombre cuando nuestra Constitución establece que estamos en un Estado aconfesional. Aprovechamos para dar las gracias a tantas personas y entidades que nos están mostrando una enorme solidaridad.


Las cuatro claves de la iniciativa que facilita el cambio de sexo legal a las personas trans

La iniciativa aprobada, que empieza ahora su trámite parlamentario, pide acabar con la necesidad de un diagnóstico de disforia de género como condición para modificar la mención registral de los documentos oficiales.

Los menores, las personas extranjeras con residencia y las intersexuales, hasta ahora excluidas, también podrán acceder a este derecho.

El Congreso ha dado este jueves un paso en el camino de la despatologización de la transexualidad. La aprobación de la proposición de ley del PSOE, con el voto en contra del PP,  supone que las personas trans dejarán de estar obligadas a presentar un informe médico o psicológico que acredite un diagnóstico de disforia de género para cambiar la mención registral (nombre y sexo) de los documentos oficiales. Estas son las claves de una clásica revindicación del movimiento trans que ha acabado entrando en el Parlamento:

Elimina los requisitos médicos

Aunque la ley comienza ahora su trámite parlamentario y estará sujeta a enmiendas, el elemento vertebrador del proyecto es dejar atrás los requisitos que se pide a las personas trans para cambiar de nombre y sexo.  Según la norma actual, deben contar con un diagnóstico médico o psicológico que acredite que la persona padece disforia de género y que ha sido tratada un mínimo de dos años "para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado".

Estas condiciones están recogidas en la  ley 3/2007 de 15 de marzo , que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y que será modificada para eliminarlos. El objetivo es que la solicitud de cambio no precise de más requisitos "que la declaración expresa de la persona interesada del nombre propio y sexo registral con los que se siente identificado/a" a través una declaración que acredite su voluntad.

Incluye a menores, extranjeros e intersexuales

La iniciativa incluye a las personas extranjeras con residencia en España, a las intersexuales –aquellas que nacen con características sexuales que no encajan con las nociones binarias típicas de los cuerpos considerados masculinos o femeninos– y a los menores. Hasta ahora los tres perfiles estaban excluidos de la norma.

Actualmente los niños y niñas viven una situación de inseguridad jurídica porque la aceptación del cambio y nombre está sujeta a la arbitrariedad del Registro Civil o el juez (en caso de recurrir la decisión) que les toque. Por eso, la proposición de ley considera "inaplazable" el reconocimiento de su derecho "a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y/o identidad de género sentida".

Y es que la situación actual podría vulnerar varios artículos de la Constitución por discriminación, según estimó el Tribunal Supremo en 2016. El derecho de los menores trans ha sido reconocido por varios organismos internacionales como el Consejo de Europa, que ha pedido a los países mecanismos para que las personas trans puedan cambiar legalmente su nombre y sexo sin distinción de edad.

La forma de solicitarlo es mediante sus progenitores o representantes legales con expresa conformidad del menor. En caso de oposición (que el menor quiera y los padres no, por ejemplo), lo podrá pedir a través del Ministerio Fiscal para que resuelva un juez teniendo en cuenta el interés superior del menor. En el caso de las personas extranjeras, deberán acreditar que no pueden hacerlo en su país de origen o por imposibilidad legal o porque signifique un riesgo para su vida o integridad.

Nuevo enfoque: no es un trastorno, es diversidad

La redacción del proyecto de ley supera el marco patologizante con el que tradicionalmente las instituciones han concebido la transexualidad. El paradigma contra el que luchan las personas trans ha pasado de considerar esta realidad como algo perverso, "que no es normal", a considerarlo un trastorno y un problema individual.

Sin embargo, algunos organismos internacionales reclaman el enfoque de derechos humanos y desde la óptica de la libre autodeterminación del género. La norma aprobada califica de "imprescindible" lograr la despatologización de las identidades trans para enfocarlas "desde la perspectiva de la diversidad de género". El texto apuesta por una legislación que no haga depender el cambio registral de la acreditación de terceros a través de informes médicos para que el Estado reconozca el derecho a la identidad "autopercibida y libremente determinada" de la persona sin menoscabo de su dignidad.

Un reivindicación más amplia

Los colectivos trans y LGTBI celebran la aprobación de la iniciativa, pero no la consideran suficiente. Esta modificación está incluida en la ley LGTBI (elaborada por la FELGTB) que ya tramita el Congreso con la abstención del PP, pero cuyo trámite es mucho más largo. También lo incluye la  propuesta de Ley Trans estatal que ha redactado la Plataforma por los Derechos Trans y que Unidos Podemos se ha comprometido a registrar.

"Es una ley administrativa necesaria, pero la transexualidad debe de ser despatologizada en todos los ámbitos", afirma su presidenta Mar Cambrollé.


La FPFE registra declaración en contra de que “las creencias religiosas sean instrumento de gobierno”

Este jueves la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) ha registrado en el Ministerio de Interior una declaración en la que exigen que se restituya la declaración de utilidad pública a la FPFE.

En la declaración apuntan directamente un “acto político” la revocación de su utilidad pública, siguiendo el gobierno los “argumentos morales de una asociación católica ultraconservadora”. FPFE ha denunciado también que desde hace meses sufren ataques constantes por su defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

30 años de compromiso con la educación sexual

Al parecer al gobierno en funciones del PP no le interesa la salud reproductiva y sexual, ya que la FPFE trabaja desde hace décadas con diversos organismos en actividades de formación, asesoría e información sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva, y de atención dirigida fundamentalmente a jóvenes, inmigrantes o jóvenes con discapacidad intelectual en situación de vulnerabilidad. Durante sus casi 30 años de existencia, la FPFE ha mantenido un inquebrantable compromiso con la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y seguros como estrategias de prevención de los embarazos no deseados. Sus centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad (CJAS) son conocidos por sus buenas prácticas y cumplen un papel complementario con los recursos públicos de salud. Así lo han querido reflejar también en su declaración.

#somosdeutilidadpublica

El Ministerio del Interior convierte las creencias religiosas en un instrumento para gobernar
“Denunciamos con contundencia que las creencias religiosas se conviertan en instrumento para gobernar. La planificación familiar, la educación sexual y el aborto son legales y están regulados y normalizados en nuestra sociedad, y por tanto no pueden ser motivo de criminalización ni de acciones que pongan en peligro la existencia de las organizaciones civiles que los defienden. La religión no puede estar por encima de la salud y de los derechos”.

FPFE exige al gobierno que se restituya la declaración de utilidad pública como un acto de adecuación al derecho y de reparación y reconocimiento de la labor de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y en concreto por los derechos de las mujeres.


La involución de los adolescentes

Los expertos detectan comportamientos que reflejan una sumisión de las chicas a los chicos

“Es curioso que los jóvenes, que creemos están más educados en la igualdad, parece que no. Aventajan a los mayores en comportamientos machistas y las chicas consideran normal dejarle al novio el teléfono para que comprueben que no habla con otros. Esa igualdad de género que inculcan no aparece y pasa en todas las clases sociales”. El testimonio de Félix Romero, jefe del grupo de Delitos Tecnológicos de la policía en Sevilla, es esclarecedor.

Para revertir parte de la violencia sexual, y como casi con todas las cuestiones fundamentales del comportamiento, la clave está en la educación, coinciden los expertos. 

Es la histórica asignatura pendiente para los niños y adolescentes, una formación que asiente los valores del feminismo —la igualdad entre hombres y mujeres— ese sencillo concepto con tanta dificultad de comprensión este último año. Los educadores han detectado una peligrosa involución en el comportamiento tanto de los chicos como de las chicas, que reflejan una sumisión de estas últimas hacia sus parejas radicalmente opuesta a la ansiada igualdad.

Tras la LOMCE, los partidos políticos tienen ahora una ocasión de oro para potenciar los contenidos en igualdad en el Pacto por la Educación en la subcomisión del Congreso, pendiente ya de establecer conclusiones después de escuchar a 84 expertos, algunos de los cuales han alertado de la relevancia del asunto.

Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso, admite: “Sorprendentemente, las relaciones son cada vez menos igualitarias. Hemos retrocedido, pero no sé qué se nos escapa, algo tendremos que valorar. Estamos en una sociedad extraordinariamente madura, pero resulta que dentro del centro educativo se da el acoso de chicos a chicas y el bullying está a la orden del día”.

Tras eliminar el Gobierno la asignatura Educación para la Ciudadanía en 2015, los alumnos hoy solo reciben educación en igualdad si tienen suerte con su profesor y un centro sensibilizado. “No hay nada que lo recoja, ni objetivos, ni programación ni nada que facilite la labor del profesorado. Tampoco están los docentes formados en igualdad”, confirma Mari Luz González, responsable de Organización de Mujeres de la confederación mayoritaria de sindicatos STES.

El director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Marco Aurelio Rando, arguye que la educación en igualdad es un “elemento transversal” y que “algunas materias introducen referencias concretas, aunque en los trabajos por el Pacto educativo habrá ocasión de revisar este aspecto”.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU visitó en 2014 España para examinar la discriminación contra la mujer, y tildó de “medida retrógrada” esta sustitución de la asignatura Educación para la ciudadanía por Valores Sociales y Cívicos como alternativa a la de Religión. “Este cambio es una medida retrógrada en el esfuerzo general por eliminar los estereotipos de género discriminatorios y empoderar a las niñas”, zanjó.

Y para que los adolescentes aprendan qué significa una relación afectivo-sexual sana es necesario que alguien sin apellido Google les ilustre. “La educación sexual o no se hace o se hace con perspectiva limitada, porque también es deseo, comportamientos, placer, reproducción y pareja. No se ha avanzado nada”, lamenta Raquel Hurtado, sexóloga y especialista en adolescentes y jóvenes de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Ninguna de las 17 comunidades autónomas considera esta formación imprescindible y solo aparece en los centros que organizan un par de talleres de 50 minutos al año, con programas de apoyo como el PIES en la Comunidad Valenciana, enfocado a los adolescentes.

¿De dónde surge la ceguera si todos los expertos detectan esa involución en el comportamiento afectivo de los adolescentes? “Todo el mundo está de acuerdo en que el porno no es una vía para informarse de la sexualidad; o sobre que un embarazo no deseado en la adolescencia es un problema y hay consenso sobre el uso del preservativo. Pero la información de prevención no es suficiente, es necesario revisar el trabajo actitudinal y revisar comportamientos. Y ahí, eso, molesta un poco y piensan ‘estas cosas hay que hacerlas en casa”, ilustra Hurtado. “Eso es malentender la educación sexual. Ayudar a pensar no es dar respuestas. Les parece que vamos a adoctrinarles en vez de enseñarles a tomar decisiones en base a informaciones científicas. No basta con decir que no se vea porno”, concluye.

Los ejemplos del repunte del machismo temprano son tangibles: el control de la pareja identificado como amor, los celos como algo positivo, los mitos románticos como el amor de verdad, controlar y reducir las amistades de la chica, por lo que cuando la relación adolescente se rompe esta se aísla al haberse quedado sin círculo de amigas... “Estamos socializados en un ambiente en que las mujeres no somos sujetos sexuales, sino objetos”, resume Ángela Rodríguez, portavoz de Igualdad por Unidos Podemos en el Congreso, formación que se abstuvo ante el Pacto contra la Violencia de Género por no incluir la violencia sexual, entre otras razones.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exhortó en 2015 a España a “impartir a niñas y niños, como parte del plan de estudios escolar ordinario, enseñanza obligatoria, integral y adaptada a su edad sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular sobre el comportamiento sexual responsable y la prevención de los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual, por medio de personal debidamente capacitado”. Y abundaba: “Eliminar los estereotipos de género, revisando su legislación en materia de educación, adoptando programas selectivos en el sistema educativo, revisando los libros de texto y los planes de estudio”. Al igual que con la violencia sexual, el Gobierno ignora a la CEDAW.

En la mayor parte de países europeos la educación sexual es una realidad, aunque con diferentes modelos. Mientras que en Francia se incluyó en el curriculum en 2001 en todos los cursos, en Alemania se integra en asignaturas como ciudadanía, ética o biología y en Bélgica es una asignatura independiente evaluable desde 2000. Finlandia la incluyó por primera vez en el curriculum en 1970 y hoy está consolidada, según destaca el informe sobre políticas educativas del Parlamento Europeo realizado en 2013.

La presidenta de la federación de asociaciones de padres CEAPA, Leticia Cardenal, alerta sobre ejemplos llamativos que se avecinan estas próximas semanas: “Los niños leen el catálogo de Reyes de arriba abajo y son muñecas para las niñas y coches de carreras y juguetes de construcción para los niños. Al final el mensaje es que la que limpia es la mujer y el que arregla el taller es el hombre. Hasta que no se corte con todo eso no habrá igualdad”.


El Congreso avala sin el apoyo del PP que las personas trans cambien su sexo legal sin declararse enfermas

La cámara ha aprobado con 200 votos a favor y 128 en contra una proposición del PSOE para eliminar el diagnóstico de disforia de género como requisito para modificar los documentos.

Nadie es demasiado mayor para ser transexual

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la proposición de ley que elimina los requisitos médicos para que las personas trans cambien legalmente de sexo y nombre y permite a los menores hacerlo. Con 200 votos a favor y 128 en contra (entre ellos el PP, un diputado de UPN y Foro Asturias) el pleno ha aprobado la iniciativa, que ahora comienza su trámite parlamentario, para acabar con la concepción de la transexualidad como una enfermedad a la hora de acceder a la modificación de la mención registral en los documentos oficiales como el DNI.

La votación se ha producido este jueves, pero el debate fue el martes pasado, cuando la diputada socialista María Dolores Galovart, que defendió la propuesta, aseguró que existe "la necesidad de que el Estado garantice que la identidad reconocida por la sociedad sea la percibida por la persona". "Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales", añadió antes de defender la inclusión de los menores en la ley para que "dejen de vivir expuestos a la vulneración de su dignidad".

La proposición de ley socialista pretende introducir una modificación en la ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Una norma que, según los socialistas, "ha evitado muchos sufrimientos humillaciones", pero que para el resto debería haber introducido en el momento de su elaboración los cambios que se proponen ahora. "En su momento se engañó a las personas trans", dijo la diputada de ERC Teresa Jordà. Miguel Ángel Garaulet, de Ciudadanos, añadió: "ustedes sabían que esta ley nacía coja".

Los partidos celebraron la proposición porque "abre la vía a la despatologización de la transexualidad", según la diputada de En Comú Podem Mar García Puig, que al mismo tiempo ha criticado que el trámite de la ley LGTBI (que incluye esta reivindicación) se esté retrasando en el periodo de enmiendas. El PP, por su parte, aseguró que "no puede apoyar" este texto "como está planteado", pero no se cierra al debate. Los conservadores se mostraron reticentes a que los menores sean incluidos en la ley: "Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos", ha señalado María del Carmen Dueñas.

Qué incluye la iniciativa

La proposición acaba con la obligación de que las personas trans pasen por un proceso en el que son obligados a declararse enfermos para acceder al cambio: según la norma actual, deben contar con un diagnóstico médico o psicológico que acredite que la persona que quiere modificar su nombre padece disforia de género y que ha sido tratada un mínimo de dos años "para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado".

La nueva redacción establece que la rectificación registral "no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada del nombre propio y sexo registral con los que se siente identificado/a". Algo que se expresará en una declaración que acredite su voluntad.

Además, específica que "el reconocimiento de la identidad sexual y/o expresión de género [...] no se podrá condicionar, en ningún caso, a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo".

El objetivo es "superar de una vez por todas una legislación que conceptúa la identidad sexual y/o la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual". El proyecto pide que, en vez desde un paradigma patologizante, las identidades trans sean enfocadas "desde la perspectiva de la diversidad de género".

La libre autodeterminación del género

"Para que el Estado reconozca verdaderamente el derecho a la identidad de género y/o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona sin menoscabo de su dignidad se precisa una legislación que reconozca su derecho a rectificar la mención registral sin condicionamientos ni dependencias de asignación o acreditación por parte de terceros a través de los informes médicos hasta ahora exigidos", afirma la propuesta.

Los colectivos celebran el avance, pero apuestan por un marco más global. Así, esta reforma ya está incluida en la ley LGTBI (elaborada por la FELGTB y presentada por Unidos Podemos)  que se tramita en el Congreso de los Diputados  –con la abstención del PP– y que todavía está en periodo de enmiendas. También contempla este cambio la propuesta de Ley Trans estatal que ha redactado la Plataforma por los Derechos Trans y que Unidos Podemos se ha comprometido a registrar.

"La discriminación que sufrimos las personas trans no se combate solo con el cambio de nombre y sexo legal, esta viene determinada por la transfobia vigente en la legislación que no reconoce la autodeterminación, el derecho al propio cuerpo y las amplias expresiones de género posibles", dice su presidenta, Mar Cambrollé. "Es una ley administrativa necesaria, pero la transexualidad debe de ser despatologizada en todos los ámbitos". Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas sigue siendo necesario este diagnóstico de disforia de género para acceder al tratamiento hormonal.

De hecho, varios organismos internacionales han reclamado que los Estados deben establecer sus políticas públicas respecto a las personas trans desde la óptica de la libre autodeterminación del género. El Consejo de Europa  adoptó en abril de 2015   una resolución que insta a los Estados a " garantizar que las personas transexuales, incluidas las menores, no sean considerados como enfermos mentales".

Extender el derecho

La PL socliasta elimina la exclusión de los menores trans de la ley y les permite que puedan acceder al cambio de nombre y de sexo para dejar atrás la arbitrariedad a la que están sujetos actualmente dependiendo del Registro Civil o del juez que les toque.

El proyecto considera que incluir a los menores es "inaplazable" para cumplir con el artículo 14 de la Constitución en lo que se refiere a la prohibición de la discriminación por razón de edad y otros artículos de la Carta Magna que el Tribunal Supremo estimó en 2016 que la ley podría estar vulnerando al vetar a los niños, niñas y adolescentes.

"Con la reforma introducida por la presente ley se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales y/o trans tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y/o expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando".

Los menores de edad podrán solicitar la modificación de la mención registral a través de sus progenitores o representantes legales. En caso de oposición entre uno y otro o de ambos respecto a la petición de su hijo o hija, se podrá solicitar a través del Ministerio Fiscal para que lo resuelva el juez "teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor".

Por último, la propuesta del PSOE también elimina otro de los requisitos que contempla la ley reguladora de la rectificación registral: el de la nacionalidad española. Este condicionante excluye a aquellas personas extranjeras que residen en nuestro país. Algo que ahora se corrige circunscribiendo esta posibilidad a las que cuenten con permiso de residencia ante "la insuficiencia" de dicha norma en relación a estas personas y "para evitar su discriminación".