Otra vez la vieja política sobre violencia machista
La violencia contra las mujeres fue convertida en
objeto de investigación teórica y de práctica política por el feminismo radical
en los años setenta. Si bien la violencia patriarcal ha estado presente como
preocupación política en toda la historia del feminismo, será a partir de los
años setenta del siglo pasado cuando este tema se convierta en una pieza
fundamental de la agenda feminista. El feminismo radical puso la lupa en la
familia patriarcal y descubrió que esa institución no era el mundo de amor y
felicidad que nos habían contado sino que su interior albergaba abusos
sexuales, violencia y explotación económica.
La familia fue conceptualizada como la institución en la que se desarrollaban microsocialmente las relaciones de poder entre hombres y mujeres que después se reproducirían macrosocialmente en el espacio público y político. Desde ese momento, el movimiento feminista ha luchado ininterrumpidamente para que el estado asumiese que las vidas de las mujeres tienen valor. Y también para que la sociedad tomase conciencia de que la violencia patriarcal vulnera los derechos humanos de las mujeres y pone en cuestión la legitimidad de la democracia.
La familia fue conceptualizada como la institución en la que se desarrollaban microsocialmente las relaciones de poder entre hombres y mujeres que después se reproducirían macrosocialmente en el espacio público y político. Desde ese momento, el movimiento feminista ha luchado ininterrumpidamente para que el estado asumiese que las vidas de las mujeres tienen valor. Y también para que la sociedad tomase conciencia de que la violencia patriarcal vulnera los derechos humanos de las mujeres y pone en cuestión la legitimidad de la democracia.
El poderoso curriculum oculto de género en la
escuela, la brecha salarial, el trabajo gratuito de las mujeres en el hogar o
la expulsión de las mujeres de los espacios de decisión, recursos y poder
muestra que las mujeres son consideradas en las sociedades patriarcales como el
segundo sexo. Y en esta consideración se encuentra el origen de la violencia
masculina. De modo que hay que identificar una violencia invisible,
estructural, oculta, que ha sido conceptualizada como si formarse parte de un
orden natural de las cosas y también una violencia más visible, imposible de
negar, que es sobre la se articulan las leyes contra la violencia patriarcal.
En otros términos, no puede haber cambios estructurales si no se aplican políticas
en las dos direcciones.
La aplicación de la ley estatal –que no su intención
original- se orienta más a penalizar al agresor y apoyar a una parte de las
mujeres agredidas que a transformar las raíces de la violencia machista. Esta
ley debe ser transformada por insuficiente, pues solo considera violencia
machista la que se produce en el marco de las relaciones de pareja. Y, sin
embargo, también la calle, los centros de trabajo y educativos, las
instituciones, las guerras, los procesos migratorios y los itinerarios que
siguen las refugiadas se han convertido en ámbitos en los que las mujeres son
objeto de la violencia masculina.
El movimiento feminista ha movilizado a cientos de miles de personas reclamando que el estado garantice una vida libre de violencia para las mujeres cómo también ha exigido que la sociedad no mire hacia otro lado frente al agresor. Las calles de Buenos Aires, México o India se llenaron de gente que reclamaba el fin de la violencia contra las mujeres. Hace un año, el 7 de noviembre, una multitud de mujeres y hombres procedentes de diversas ciudades españolas salieron a las calles de Madrid para decir basta a la violencia masculina.
Sin embargo, la política del PP es la de no escuchar
y no actuar. A pesar de que la movilización del año pasado en Madrid ha
convertido al feminismo español en un movimiento de masas y con una capacidad
de movilización insólita, el gobierno español solo ha respondido con un minuto
de silencio en el Parlamento y con una retahíla de consejos a las mujeres
agredidas. Dicho de otra forma, ha rehusado poner encima de la mesa recursos
para desactivar esta violencia y ha rechazado hacer políticas que transformen
estructuralmente las condiciones de posibilidad de la violencia machista.
Sin embargo, eso no quiere decir que el gobierno no
tenga una política sobre la violencia contra las mujeres. La tiene. La tiene
cuando considera la violencia machista como un hecho no político, como un
fenómeno individual vinculado a las condiciones personales de los agresores y
cuando desplaza la responsabilidad colectiva sobre las mujeres. Es la vieja
política patriarcal que consiste en despolitizar los hechos sociales que
oprimen a las mujeres.
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