El aborto es, con independencia de los juicios
morales, un derecho de todas las mujeres españolas consagrado por ley. En
consecuencia, los poderes públicos tienen la obligación de velar por su
adecuado cumplimiento en todo el territorio nacional, so pena de permitir la
desigualdad que supone la discriminación por lugar de residencia.
Explica el ensayista francés Pierre Rosanvallon que
los modernos privilegios “ya no consisten en exenciones legales y en
distinciones de nacimiento, sino en formas de asimetría frente a las reglas y
las instituciones” (La sociedad de los iguales).
Que solo un hospital en Galicia esté proporcionando
una cobertura total para las solicitudes de aborto convierte este derecho en
asimétrico. ¿Es que las españolas de Lugo, Ourense o A Coruña son menos
españolas que las de Pontevedra? Asimétrica es también la carga de trabajo que
recae sobre los profesionales de la sanidad que no apelan a la objeción de
conciencia para no practicar este tipo de intervenciones quirúrgicas, que
suelen tener una alta carga de estrés emocional.
El retraso en la interrupción del embarazo por
razones ajenas a las estrictamente médicas puede derivar en situaciones
dramáticas como las relatadas en interviú por algunas de las mujeres obligadas
a parir. La ley las ampara, pero ¿quién las va a resarcir de un sufrimiento que
se pudo haber evitado con recursos suficientes?.
No hay comentarios:
Publicar un comentario