martes, 13 de enero de 2015

Los abortos legales caen un 3,3%

108.690 mujeres interrumpieron su embarazo en 2013

La estadística confirma el segundo descenso consecutivo con 
la ley de plazos



La estadística oficial ha venido a confirmar lo que puede considerarse una incipiente tendencia en la actual situación socioeconómica de España y con la actual legislación: la caída del número de abortos, esta vez un 3,3%, a su cota más baja desde hace siete años. En 2013 fueron 108.690 mujeres las que interrumpieron su embarazo, 3.700 menos que el año anterior, con una ley de plazos —la que aprobó el PSOE en 2010— similar a la que impera en Europa y que permite abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo. Esto supone que 11,74 de cada 1.000 mujeres en edad fértil abortaron en 2013, frente a las 12,01 de 2012. La mayoría, el 89,93%, lo hizo por elección, ejerciendo el derecho al aborto consagrado hace cuatro años.

Los expertos atribuyen este descenso —recogido en el informe anual del Ministerio de Sanidad conocido ayer— a la salida de inmigrantes y jóvenes españolas del país, a un uso más responsable de los anticonceptivos y a la dispensación libre de la píldora del día siguiente. Pero también a la ley de plazos, que únicamente el año que arrancó produjo un repunte de los abortos (un 5%), para luego caer. “Las cifras rebaten las profecías del PP de que una ley más o menos progresista como esta iba a aumentar el número de interrupciones del embarazo. No ha sucedido”, resume el ginecólogo Javier Martínez Salmeán.

La mujer que aborta es, mayoritariamente, graduada en ESO y equivalentes (37,36%), trabajadora por cuenta ajena (45,80%), no tiene ningún hijo (45,08%), ha usado métodos anticonceptivos (44,6%) y no ha pasado nunca antes por una interrupción voluntaria del embarazo (62,76%). El grupo más amplio de las mujeres que abortaron, el 19,43%, tenía entre 20 y 24 años. La minoría, el 3,92%, más de 40. No hay cifras específicas sobre menores. La tabla del Ministerio de Sanidad solo indica que, del total de abortos, el 12,23% fueron de “19 y menos años”, frente al 12,95% de 2012.

El grueso de las intervenciones, el 90,13%, se produce antes de la semana 12 (al mismo nivel que con la ley de supuestos), y solo el 1,33% más allá de la 21. “El aborto sigue siendo temprano”, observa Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar. “Es un dato que ha ido a mejor [ininterrumpidamente desde 2004] porque el acceso es menos burocrático. Obviamente, sería mejor no tener abortos, pero eso es imposible”.

Las cifras oficiales sobre interrupción del embarazo se conocen tres meses después de que el Gobierno renunciara a modificar la actual ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desistiendo así de devolver a España 30 años atrás con una normativa de supuestos similar a la que rigió entre 1985 y 2010. Con la reforma prevista inicialmente por el PP, interrumpir el embarazo solo iba a estar permitido en caso de violación, riesgo para la salud de la mujer y, aunque jamás se aclaró bajo qué fórmula, por malformación del feto. En 2013, solo el 10,06% de los abortos se produjo por estos motivos.

La división en el Gobierno por este proyecto acabó en septiembre en su retirada y en la dimisión del ministro que la defendió hasta su caída, Alberto Ruiz-Gallardón. El presidente, Mariano Rajoy, anunció entonces que se limitaría a modificar la ley vigente para impedir que las menores, desde los 16 a los 18 años, puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Pero esa vuelta atrás, que se consumará a través de la reforma de una ley de protección de la infancia, aún no ha llegado. Llegará, según fuentes de Sanidad, a principios de 2015. Para los colectivos más conservadores, es insuficiente: Derecho a Vivir culpó ayer a Rajoy de hacer “alarde del desprecio a la vida con su traición”, por no derogar la ley vigente.

La conquista de un derecho

España ha tenido dos leyes que regulan la interrupción del embarazo. La primera, la de 1985, despenalizó el aborto en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre y malformación del feto.

El Gobierno de Zapatero aprobó, en 2010, la ley que consagró el aborto como derecho y equiparó la ley española a la de la mayoría de países europeos. Hoy se puede abortar libremente hasta la semana 14; bajo indicaciones hasta la 22, y si hay malformación incompatible con la vida del feto o este padece “una enfermedad de extrema gravedad e incurable”, no hay límite.

La ley de plazos permite a las menores de entre 16 y 18 años abortar sin autorización de los padres. Rajoy, una vez frustrada la ley Gallardón, va a modificarla para exigir su autorización. Es lo único que ha anunciado que cambiará.

“Hay que seguir trabajando en estrategias de educación sexual para reducir los abortos. Pero los datos reflejan que la ley está funcionando”, dice Serrano. “Y el Gobierno, que ha estado ocultando estas cifras favorables a la ley, debería recapacitar y no poner más obstáculos a las adolescentes. Lo que conseguirán es que aborten más tarde y con más riesgo”.

Detrás de este descenso en el número de abortos no hay una única causa. Son múltiples. Para empezar, la situación socioeconómica del país, que ha llevado a una fuerte salida de población inmigrante, más dada a interrumpir el embarazo que la española y cuyo peso demográfico se redujo en 2013 un 7,8%, según el Instituto Nacional de Estadística. La información de Sanidad refleja que el mayor número de abortos (63,07%) corresponde a mujeres españolas, seguido por el 19,96% de americanas. En 2009, último año de la ley de 1985, eran el 47,99% y 23,85%, respectivamente.

Blanca Cañedo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa al 65% de los centros privados, abraza ese argumento, pero matiza: “No es solo el retorno de las inmigrantes a sus países. Las jóvenes españolas también están emigrando”. Y hay otro elemento a tener en cuenta: la píldora del día siguiente, un anticonceptivo postcoital para situaciones de urgencia que desde septiembre de 2009 es de libre dispensación en farmacias.

Las tablas de Sanidad evidencian que esta prestación pública sigue en manos privadas, aunque cada vez menos. Son pocos los abortos que se practican en centros públicos, el 8,96% del total, pero bastantes más que en 2009, cuando eran un 2,03%. Tras esta subida, apunta Cañedo, puede estar la apuesta de algunas autonomías por el aborto farmacológico con mifepristona y misoprostol, que pueden administrarse hasta la semana ocho de gestación.
Se prescribe por ejemplo en Cataluña, la segunda autonomía con mayor tasa de abortos (14,18%), por detrás de Madrid (14,62), en un mapa muy desigual. Ceuta y Melilla tienen un índice de 3,74 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil; Galicia y La Rioja, de 6,78; Navarra, de 7,82; Andalucía, de 11,91, y País Vasco, de 9,97, por poner unos ejemplos. “La paradoja es que allí donde la incidencia de los abortos es más baja”, considera Cañedo, “no es porque haya mejor educación, sino porque el acceso a la interrupción del embarazo no es tan fácil”.

Sin anticonceptivos

Hay una cifra que llama poderosamente la atención: 37.191 mujeres, el 34% de las que abortaron en 2013, no usaron ningún método anticonceptivo. El 44,6% sí lo hicieron y en otro 21,1% de los casos no consta si utilizaron o no algún método para prevenir el embarazo. El ginecólogo Javier Martínez Salmeán, apoyado en su experiencia, mira estas cifras desde el prisma positivo. “La anticoncepción es cada vez mejor”, constata. “Esta es, en ese sentido, una sociedad cada vez más madura”.

El método más usado, según el informe del Ministerio de Sanidad, es el preservativo —seguido de las terapias hormonales y los métodos naturales—, el problema es que “se sigue usando mal”, continúa el especialista. “Una de cada tres veces se hace de manera incorrecta”, dice. Ese uso fallido está tras un número indeterminado de las gestaciones que reflejan las cifras, que también evidencian otros porcentajes sorprendentes. El 24,94% de las mujeres que abortaron en 2013 habían interrumpido ya antes un embarazo; el 8,04%, dos, y el 2,55% tres.


Acciones conjuntas contra la exclusión de la reproducción asistida a las mujeres sin pareja varón en la Sanidad Pública

El 6 de noviembre el BOE hizo oficial la exclusión de las mujeres sin pareja varón de las técnicas de reproducción asistida en la Cartera Común del Sistema Nacional de Salud. Desde entonces, la única posibilidad de que se reconozca el derecho a todas las mujeres a formar una familia a través de la Sanidad Pública pasa por las carteras de servicios complementarias de las comunidades autónomas, por lo que las entidades conforman la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, han realizado hoy una acción conjunta para exigir el fin de la discriminación.

Hoy (7/12), coincidiendo con el día que se aprobó la Convención sobre la elimininación de la discriminación contra la mujer, se han realizado actos en todas las comunidades con la excepción de Cataluña, donde una ley ampara la diversidad familiar.

Extremadura, Canarias, Andalucía, País Vasco y Asturias se han comprometido a que sus servicios sanitarios estarán libres de discriminación, y a ellas se les ha pedido que oficialicen ese ajuste antes de las próximas elecciones. Al resto de comunidades se les ha pedido que reconozcan la discriminación y la aborden cuanto antes, porque como dice la carta “la salud, según el concepto que define la OMS, es el estado de bienestar biológico, psicológico y social, y no una cuestión meramente biomédica, por lo que el supuesto de incapacidad de procreación de nuestras parejas, o mujeres solas, tendría cabida en nuestra sanidad pública”.

“Se dan razones económicas para ocultar las ideológicas: la exclusión del derecho a la maternidad a las familias que no están constituidas por un hombre y una mujer. Creemos que las Consejerías de Sanidad deben tomar cartas en el asunto y proteger a todas las familias en igualdad de condiciones”, ha declarado Isabel Gómez, vocal de Igualdad de FELGTB.

Boti G. Rodrigo, presidenta de Federación ha recordado que “tenemos la razón y la ley de nuestra parte como ya en julio de 2013 señaló el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que condenó al Principado a abonar los gastos de estos tratamientos a una mujer lesbiana porque, según la sentencia, con la exclusión se estaría obligando a una persona de orientación homosexual o persona sola a  tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación”.


Campaña francesa "Moved para el aborto!"

La asociación francesa Osez le féminisme junto con 50 asociaciones feministas unidas en el movimiento "Féministes en mouvement" hace un llamamiento en Europa para el reconocimiento del derecho al aborto en toda Europa. Este llamamiento es parte de una gran campaña "Moved para el aborto" para celebrar los 40 años de la ley Veil que legalizo el aborto en Francia el 17 de enero de 1975.

Se publicara en Enero como "el llamamiento de las 343 europeas" refiriéndose al llamamiento de "las 343" (mujeres quienes declararon haber abortado ilegalmente) del 5 de abril de 1971.

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