la ley de plazos
martes, 13 de enero de 2015
Los abortos legales caen un 3,3%
108.690 mujeres interrumpieron su embarazo en 2013
La estadística confirma el segundo descenso consecutivo con
la ley de plazos
la ley de plazos
La estadística oficial ha venido a confirmar lo que puede
considerarse una incipiente tendencia en la actual situación socioeconómica de
España y con la actual legislación: la caída del número de abortos, esta vez un
3,3%, a su cota más baja desde hace siete años. En 2013 fueron 108.690 mujeres
las que interrumpieron su embarazo, 3.700 menos que el año anterior, con una
ley de plazos —la que aprobó el PSOE en 2010— similar a la que impera en Europa
y que permite abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo. Esto supone
que 11,74 de cada 1.000 mujeres en edad fértil abortaron en 2013, frente a las
12,01 de 2012. La mayoría, el 89,93%, lo hizo por elección, ejerciendo el
derecho al aborto consagrado hace cuatro años.
Los expertos atribuyen este descenso —recogido en el informe
anual del Ministerio de Sanidad conocido ayer— a la salida de inmigrantes y
jóvenes españolas del país, a un uso más responsable de los anticonceptivos y a
la dispensación libre de la píldora del día siguiente. Pero también a la ley de
plazos, que únicamente el año que arrancó produjo un repunte de los abortos (un
5%), para luego caer. “Las cifras rebaten las profecías del PP de que una ley
más o menos progresista como esta iba a aumentar el número de interrupciones
del embarazo. No ha sucedido”, resume el ginecólogo Javier Martínez Salmeán.
La mujer que aborta es, mayoritariamente, graduada en ESO y
equivalentes (37,36%), trabajadora por cuenta ajena (45,80%), no tiene ningún
hijo (45,08%), ha usado métodos anticonceptivos (44,6%) y no ha pasado nunca
antes por una interrupción voluntaria del embarazo (62,76%). El grupo más
amplio de las mujeres que abortaron, el 19,43%, tenía entre 20 y 24 años. La
minoría, el 3,92%, más de 40. No hay cifras específicas sobre menores. La tabla
del Ministerio de Sanidad solo indica que, del total de abortos, el 12,23% fueron
de “19 y menos años”, frente al 12,95% de 2012.
El grueso de las intervenciones, el 90,13%, se produce antes de
la semana 12 (al mismo nivel que con la ley de supuestos), y solo el 1,33% más
allá de la 21. “El aborto sigue siendo temprano”, observa Isabel Serrano,
ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar. “Es un dato que ha ido a
mejor [ininterrumpidamente desde 2004] porque el acceso es menos burocrático.
Obviamente, sería mejor no tener abortos, pero eso es imposible”.
Las cifras oficiales sobre interrupción del embarazo se conocen
tres meses después de que el Gobierno renunciara a modificar la actual ley
aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desistiendo así de
devolver a España 30 años atrás con una normativa de supuestos similar a la que
rigió entre 1985 y 2010. Con la reforma prevista inicialmente por el PP,
interrumpir el embarazo solo iba a estar permitido en caso de violación, riesgo
para la salud de la mujer y, aunque jamás se aclaró bajo qué fórmula, por malformación
del feto. En 2013, solo el 10,06% de los abortos se produjo por estos motivos.
La división en el Gobierno por este proyecto acabó en septiembre
en su retirada y en la dimisión del ministro que la defendió hasta su caída,
Alberto Ruiz-Gallardón. El presidente, Mariano Rajoy, anunció entonces que se
limitaría a modificar la ley vigente para impedir que las menores, desde los 16
a los 18 años, puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Pero esa
vuelta atrás, que se consumará a través de la reforma de una ley de protección
de la infancia, aún no ha llegado. Llegará, según fuentes de Sanidad, a
principios de 2015. Para los colectivos más conservadores, es insuficiente:
Derecho a Vivir culpó ayer a Rajoy de hacer “alarde del desprecio a la vida con
su traición”, por no derogar la ley vigente.
La conquista de un derecho
España ha tenido dos leyes que regulan la interrupción del
embarazo. La primera, la de 1985, despenalizó el aborto en tres supuestos:
violación, riesgo para la salud física o psíquica de la madre y malformación
del feto.
El Gobierno de Zapatero aprobó, en 2010, la ley que consagró el
aborto como derecho y equiparó la ley española a la de la mayoría de países
europeos. Hoy se puede abortar libremente hasta la semana 14; bajo indicaciones
hasta la 22, y si hay malformación incompatible con la vida del feto o este
padece “una enfermedad de extrema gravedad e incurable”, no hay límite.
La ley de plazos permite a las menores de entre 16 y 18 años
abortar sin autorización de los padres. Rajoy, una vez frustrada la ley
Gallardón, va a modificarla para exigir su autorización. Es lo único que ha
anunciado que cambiará.
“Hay que seguir trabajando en estrategias de educación sexual
para reducir los abortos. Pero los datos reflejan que la ley está funcionando”,
dice Serrano. “Y el Gobierno, que ha estado ocultando estas cifras favorables a
la ley, debería recapacitar y no poner más obstáculos a las adolescentes. Lo
que conseguirán es que aborten más tarde y con más riesgo”.
Detrás de este descenso en el número de abortos no hay una única
causa. Son múltiples. Para empezar, la situación socioeconómica del país, que
ha llevado a una fuerte salida de población inmigrante, más dada a interrumpir
el embarazo que la española y cuyo peso demográfico se redujo en 2013 un 7,8%,
según el Instituto Nacional de Estadística. La información de Sanidad refleja
que el mayor número de abortos (63,07%) corresponde a mujeres españolas,
seguido por el 19,96% de americanas. En 2009, último año de la ley de 1985,
eran el 47,99% y 23,85%, respectivamente.
Blanca Cañedo, miembro de la junta directiva de la Asociación de
Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa al
65% de los centros privados, abraza ese argumento, pero matiza: “No es solo el
retorno de las inmigrantes a sus países. Las jóvenes españolas también están
emigrando”. Y hay otro elemento a tener en cuenta: la píldora del día
siguiente, un anticonceptivo postcoital para situaciones de urgencia que desde
septiembre de 2009 es de libre dispensación en farmacias.
Las tablas de Sanidad evidencian que esta prestación pública
sigue en manos privadas, aunque cada vez menos. Son pocos los abortos que se
practican en centros públicos, el 8,96% del total, pero bastantes más que en
2009, cuando eran un 2,03%. Tras esta subida, apunta Cañedo, puede estar la
apuesta de algunas autonomías por el aborto farmacológico con mifepristona y
misoprostol, que pueden administrarse hasta la semana ocho de gestación.
Se prescribe por ejemplo en Cataluña, la segunda autonomía con
mayor tasa de abortos (14,18%), por detrás de Madrid (14,62), en un mapa muy
desigual. Ceuta y Melilla tienen un índice de 3,74 abortos por cada 1.000
mujeres en edad fértil; Galicia y La Rioja, de 6,78; Navarra, de 7,82;
Andalucía, de 11,91, y País Vasco, de 9,97, por poner unos ejemplos. “La
paradoja es que allí donde la incidencia de los abortos es más baja”, considera
Cañedo, “no es porque haya mejor educación, sino porque el acceso a la
interrupción del embarazo no es tan fácil”.
Sin anticonceptivos
Hay una cifra que llama poderosamente la atención: 37.191
mujeres, el 34% de las que abortaron en 2013, no usaron ningún método
anticonceptivo. El 44,6% sí lo hicieron y en otro 21,1% de los casos no consta
si utilizaron o no algún método para prevenir el embarazo. El ginecólogo Javier
Martínez Salmeán, apoyado en su experiencia, mira estas cifras desde el prisma
positivo. “La anticoncepción es cada vez mejor”, constata. “Esta es, en ese
sentido, una sociedad cada vez más madura”.
El método más usado, según el informe del Ministerio de Sanidad,
es el preservativo —seguido de las terapias hormonales y los métodos
naturales—, el problema es que “se sigue usando mal”, continúa el especialista.
“Una de cada tres veces se hace de manera incorrecta”, dice. Ese uso fallido
está tras un número indeterminado de las gestaciones que reflejan las cifras,
que también evidencian otros porcentajes sorprendentes. El 24,94% de las
mujeres que abortaron en 2013 habían interrumpido ya antes un embarazo; el
8,04%, dos, y el 2,55% tres.
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estadísticas
Acciones conjuntas contra la exclusión de la reproducción asistida a las mujeres sin pareja varón en la Sanidad Pública
El 6 de noviembre el BOE hizo oficial la exclusión de las
mujeres sin pareja varón de las técnicas de reproducción asistida en la Cartera
Común del Sistema Nacional de Salud. Desde entonces, la única posibilidad de
que se reconozca el derecho a todas las mujeres a formar una familia a través
de la Sanidad Pública pasa por las carteras de servicios complementarias de las
comunidades autónomas, por lo que las entidades conforman la Federación Estatal
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, han realizado hoy una
acción conjunta para exigir el fin de la discriminación.
Hoy (7/12), coincidiendo con el día que se aprobó la Convención
sobre la elimininación de la discriminación contra la mujer, se han realizado
actos en todas las comunidades con la excepción de Cataluña, donde una ley
ampara la diversidad familiar.
Extremadura, Canarias, Andalucía, País Vasco y Asturias se han
comprometido a que sus servicios sanitarios estarán libres de discriminación, y
a ellas se les ha pedido que oficialicen ese ajuste antes de las próximas
elecciones. Al resto de comunidades se les ha pedido que reconozcan la
discriminación y la aborden cuanto antes, porque como dice la carta “la salud,
según el concepto que define la OMS, es el estado de bienestar biológico,
psicológico y social, y no una cuestión meramente biomédica, por lo que el
supuesto de incapacidad de procreación de nuestras parejas, o mujeres solas,
tendría cabida en nuestra sanidad pública”.
“Se dan razones económicas para ocultar las ideológicas: la
exclusión del derecho a la maternidad a las familias que no están constituidas
por un hombre y una mujer. Creemos que las Consejerías de Sanidad deben tomar
cartas en el asunto y proteger a todas las familias en igualdad de
condiciones”, ha declarado Isabel Gómez, vocal de Igualdad de FELGTB.
Boti G. Rodrigo, presidenta de Federación ha recordado que
“tenemos la razón y la ley de nuestra parte como ya en julio de 2013 señaló el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias que condenó al Principado a abonar
los gastos de estos tratamientos a una mujer lesbiana porque, según la
sentencia, con la exclusión se estaría obligando a una persona de orientación
homosexual o persona sola a tener
relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación”.
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Campaña francesa "Moved para el aborto!"
La asociación francesa Osez le féminisme junto con 50
asociaciones feministas unidas en el movimiento "Féministes en
mouvement" hace un llamamiento en Europa para el reconocimiento del
derecho al aborto en toda Europa. Este llamamiento es parte de una gran campaña
"Moved para el aborto" para celebrar los 40 años de la ley Veil que
legalizo el aborto en Francia el 17 de enero de 1975.
Se publicara en Enero como "el llamamiento de las 343
europeas" refiriéndose al llamamiento de "las 343" (mujeres
quienes declararon haber abortado ilegalmente) del 5 de abril de 1971.
Queremos juntar miles de firmas y por eso necesitamos su ayuda.
Buscamos contactos en todos los paises europeos y particularmente en España!
Gracias por firmar y difundir ese texto que no hemos traducido
aun en español:
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participación
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