Con las noticias sobre violencia sexual hacia las
mujeres en los titulares de los periódicos –recordemos por ejemplo las
violaciones múltiples de Pamplona y Córdoba- 13 organizaciones, entre ellas la
FPFE, solicitan el reconocimiento de esta conducta como violencia de género a
todos los efectos, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres.
¿Qué es la violencia sexual y por qué es necesario
hablar de ella?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en
esta definición cualquier acto dirigido contra la sexualidad de una persona y
comprende situaciones como tocamientos, roces, agresiones, acoso sexual
callejero, exhibicionismo o violaciones. Es una de las manifestaciones de la
violencia de género más extendida e invisible y afecta a las mujeres a lo largo
de todo su ciclo vital, tanto en el espacio público como en sus relaciones
íntimas: 1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física y
sexual en todas las regiones del mundo, incluida Europa Occidental.
La encuesta de la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales refleja que unas 3,7 millones de mujeres en la Unión Europea han
experimentado alguna forma de violencia sexual durante los 12 meses previos a
la realización de las entrevistas en el año 2014. Aproximadamente 1 de cada 4
mujeres que tienen o han tenido relación con un hombre han sufrido violencia
física y/o sexual por parte de su pareja.
Las manifestaciones que en la actualidad son
reconocidas como violencia sexual son: el acoso sexual, las agresiones sexuales
(incluido el abuso sexual), la mutilación genital femenina, la trata con fines
de explotación sexual, los matrimonios forzados y la vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos, junto con aquellos comportamientos
vinculados con la cosificación de los cuerpos de las mujeres.
España: falta de información y falta de servicios de
atención
En España no existen investigaciones públicas en profundidad
ni se recogen datos sobre violencia sexual hacia las mujeres de manera
sistemática. Aún así, sabemos que durante el periodo 2011-2014, el 85% de las
víctimas de estos delitos en nuestro país (27.730) fueron mujeres y niñas,
aunque esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima
que suponen apenas un 10% de las totales. Esta falta de datos invisibiliza aún
más el problema.
Por otro lado, es importante recordar que la
violencia sexual queda excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta situación deja a las
supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección, pues
no existe un marco normativo que garantice sus derechos, a la vez que expone a
las mujeres que sufren acoso o agresiones sexuales por parte de su pareja o
expareja a una situación de indefensión jurídica.
En cuanto a la atención a las mujeres afectadas, es
vital reseñar que de las 17 comunidades autónomas que conforman el Estado
español, sólo 9 disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual
de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Cataluña y Valencia).
A nivel estatal, no hay un solo centro público de emergencias
(24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual. En algunas de las
regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas
dependientes de subvenciones públicas.
Esta situación genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo
el Estado. Por todo esto, consideramos que frente a la violencia sexual, hay
una escasa respuesta institucional y ausencia de políticas públicas para
combatirla.
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y
Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido
como Convenio de Estambul, exhorta a los Estados parte a establecer medidas
para la prevención, protección y reparación de las mujeres, niños y niñas
víctimas de violencia sexual, así como a la persecución de dicha violencia.
Aunque está vigente en España desde el 1 de agosto del 2014 y es de obligatorio
cumplimiento, las entidades sociales desconocemos cuáles son las medidas que se
están llevando a cabo para su implementación.
Colectivos especialmente vulnerables
Existen colectivos que por su especial vulnerabilidad
están más expuestos a sufrir violencia sexual, como las niñas, las jóvenes, las
mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes –en especial aquellas en
situación administrativa irregular-, las empleadas de hogar, mujeres con
diversidad funcional o aquellas sin hogar o con adicción a drogodependencias.
¿Qué pedimos?
Un cambio de visión sobre la violencia de género que
incorpore la violencia sexual como eje actual de dominación. Eso implica
cambios legislativos (penal y ley integral), educativos, y en la regulación de
la publicidad, entre otros aspectos.
En concreto, solicitamos:
Revisar la legislación sobre la violencia de género,
a fin de incluir otras formas de violencia hacia las mujeres, haciendo especial
hincapié en la violencia sexual.
Recopilar y publicar datos estadísticos de manera
sistemática sobre la violencia sexual, prestando especial atención a cómo ésta
afecta a los colectivos más vulnerables.
Impulsar un mecanismo estatal de coordinación que
asegure la implementación de la legislación vigente y sirva de cauce de
interlocución con las entidades sociales y la sociedad civil.
Diseñar planificación normativa que especifique la
situación de partida, objetivos, actuaciones, presupuestos, indicadores y
calendario previsto para implementar una política integral sobre la violencia
sexual hacia las mujeres en el Estado Español. Deberá incluir la elaboración de
protocolos de actuación y el desarrollo de una red integral de atención a las
víctimas, así como la formación especializada de los agentes sociales
implicados.
Aprovechando la oportunidad que nos brinda la
existencia de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las entidades
nos ofrecemos a iniciar un diálogo en el que poder ofrecer nuestra experiencia,
nuestro conocimiento profundo y nuestra forma integral entender la
problemática de la violencia
sexual.
Organizaciones firmantes: Alianza por la Solidaridad,
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
(AIETI), Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB),
Creación Positiva, Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE),
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB),
Forum de Política Feminista, Fundación para la Convivencia Aspacia, Haurralde
Fundazioa, Médicos del Mundo, Plataforma CEDAW Sombra, Red de Mujeres de
América Latina y del Caribe en España (Red Latinas), Women’s Link Worldwide.
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