sábado, 26 de noviembre de 2016

Que la violencia sexual se incluya en la ley de medidas de protección contra la violencia de género


Con las noticias sobre violencia sexual hacia las mujeres en los titulares de los periódicos –recordemos por ejemplo las violaciones múltiples de Pamplona y Córdoba- 13 organizaciones, entre ellas la FPFE, solicitan el reconocimiento de esta conducta como violencia de género a todos los efectos, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

¿Qué es la violencia sexual y por qué es necesario hablar de ella?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en esta definición cualquier acto dirigido contra la sexualidad de una persona y comprende situaciones como tocamientos, roces, agresiones, acoso sexual callejero, exhibicionismo o violaciones. Es una de las manifestaciones de la violencia de género más extendida e invisible y afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, tanto en el espacio público como en sus relaciones íntimas: 1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física y sexual en todas las regiones del mundo, incluida Europa Occidental.

La encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales refleja que unas 3,7 millones de mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna forma de violencia sexual durante los 12 meses previos a la realización de las entrevistas en el año 2014. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres que tienen o han tenido relación con un hombre han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja.

Las manifestaciones que en la actualidad son reconocidas como violencia sexual son: el acoso sexual, las agresiones sexuales (incluido el abuso sexual), la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, junto con aquellos comportamientos vinculados con la cosificación de los cuerpos de las mujeres.

España: falta de información y falta de servicios de atención

En España no existen investigaciones públicas en profundidad ni se recogen datos sobre violencia sexual hacia las mujeres de manera sistemática. Aún así, sabemos que durante el periodo 2011-2014, el 85% de las víctimas de estos delitos en nuestro país (27.730) fueron mujeres y niñas, aunque esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas un 10% de las totales. Esta falta de datos invisibiliza aún más el problema.

Por otro lado, es importante recordar que la violencia sexual queda excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta situación deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección, pues no existe un marco normativo que garantice sus derechos, a la vez que expone a las mujeres que sufren acoso o agresiones sexuales por parte de su pareja o expareja a una situación de indefensión jurídica.

En cuanto a la atención a las mujeres afectadas, es vital reseñar que de las 17 comunidades autónomas que conforman el Estado español, sólo 9 disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia).  A nivel estatal, no hay un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual. En algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas.

Esta situación genera desigualdad territorial y  no garantiza estándares mínimos en todo el Estado. Por todo esto, consideramos que frente a la violencia sexual, hay una escasa respuesta institucional y ausencia de políticas públicas para combatirla.

El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, exhorta a los Estados parte a establecer medidas para la prevención, protección y reparación de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia sexual, así como a la persecución de dicha violencia. Aunque está vigente en España desde el 1 de agosto del 2014 y es de obligatorio cumplimiento, las entidades sociales desconocemos cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para su implementación.

Colectivos especialmente vulnerables

Existen colectivos que por su especial vulnerabilidad están más expuestos a sufrir violencia sexual, como las niñas, las jóvenes, las mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes –en especial aquellas en situación administrativa irregular-, las empleadas de hogar, mujeres con diversidad funcional o aquellas sin hogar o con adicción a drogodependencias.

¿Qué pedimos?

Un cambio de visión sobre la violencia de género que incorpore la violencia sexual como eje actual de dominación. Eso implica cambios legislativos (penal y ley integral), educativos, y en la regulación de la publicidad, entre otros aspectos. 

En concreto, solicitamos:

Revisar la legislación sobre la violencia de género, a fin de incluir otras formas de violencia hacia las mujeres, haciendo especial hincapié en la violencia sexual.
Recopilar y publicar datos estadísticos de manera sistemática sobre la violencia sexual, prestando especial atención a cómo ésta afecta a los colectivos más vulnerables.
Impulsar un mecanismo estatal de coordinación que asegure la implementación de la legislación vigente y sirva de cauce de interlocución con las entidades sociales y la sociedad civil.
Diseñar planificación normativa que especifique la situación de partida, objetivos, actuaciones, presupuestos, indicadores y calendario previsto para implementar una política integral sobre la violencia sexual hacia las mujeres en el Estado Español. Deberá incluir la elaboración de protocolos de actuación y el desarrollo de una red integral de atención a las víctimas, así como la formación especializada de los agentes sociales implicados.

Aprovechando la oportunidad que nos brinda la existencia de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las entidades nos ofrecemos a iniciar un diálogo en el que poder ofrecer nuestra experiencia, nuestro conocimiento profundo y nuestra forma integral entender la problemática  de la violencia sexual.

Organizaciones firmantes: Alianza por la Solidaridad, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), Creación Positiva, Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Forum de Política Feminista, Fundación para la Convivencia Aspacia, Haurralde Fundazioa, Médicos del Mundo, Plataforma CEDAW Sombra, Red de Mujeres de América Latina y del Caribe en España (Red Latinas), Women’s Link Worldwide.