Les contaba la semana pasada mi preocupación por el
acoso que están sufriendo las y los profesionales de la Federación de
Planificación Familiar Estatal (FPFE) por parte de sectores de la extrema
derecha desde la victoria de Trump. En realidad, nunca han parado. Y lo peor es
que sus estrategias para mermar los derechos de las mujeres están funcionando
sin oposición. Porque están fuera, pero también en las instituciones (vean, si
no, los nombramientos que está haciendo el Gobierno).
En mayo, un recurso interpuesto por la Asociación
Española de Abogados Cristianos dio lugar a que el Ministerio del Interior
(cuyo titular era Fernández Díaz, miembro supernumerario del Opus Dei) revocase
la declaración de utilidad pública que había concedido semanas antes a la FPFE,
impidiendo así que pudiera recibir subvenciones públicas para desarrollar sus
actividades de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. En septiembre
de 2015, el PP usó su mayoría absolutísima para recortar a las menores de 16 y
17 años el derecho a decidir libremente sobre su embarazo. Fue un desquite tras
el fallido intento de derogar la Ley de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo. Ahora ya no pueden utilizar la vía
parlamentaria, así que lo intentarán por otra: el Tribunal Constitucional (TC).
Recordemos que el recurso de inconstitucionalidad
frente a esta ley está pendiente de resolución desde junio de 2010 y que el
ponente de la futura sentencia será Ollero (numerario del Opus Dei). Recordemos
también que en junio de 2013, en la última renovación parcial del TC, tres de
los cuatro magistrados (todos hombres) eran considerados conservadores. Según
las noticias de entonces, era la primera vez en una década que el TC dejaba de
tener una mayoría progresista. Ahora, en diciembre, hay renovación parcial del
TC y le toca al Senado (donde el PP tiene la mayoría suficiente como para no
necesitar muchos acuerdos) nombrar a cuatro candidatos o candidatas.
Desde mayo 2007, las y los magistrados del TC que
haya de proponer el Senado han de ser de entre las candidaturas propuestas por
los Parlamentos autonómicos. Cada Parlamento autonómico puede proponer dos
candidatos o candidatas. El signo conservador o progresista de las propuestas
dependerá de los acuerdos en dichos Parlamentos. Lo que sería una vergüenza
(además de un incumplimiento legal) es que los propuestos fueran hombres. Sólo
un dato: el TC se compone de doce magistrados y magistradas, pero el número de
éstas nunca ha sido superior a dos (y, por cierto, una de ellas ha de ser
renovada en esta ocasión). Suponiendo que únicamente se propusieran magistradas,
el TC renovado estaría compuesto por siete hombres y cinco mujeres. Ya que van
a decidir sobre los derechos de las mujeres, al menos que no lo haga una
abrumadora mayoría de hombres.
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