miércoles, 30 de noviembre de 2016

Alerta feminista ante el Tribunal Constitucional

Les contaba la semana pasada mi preocupación por el acoso que están sufriendo las y los profesionales de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) por parte de sectores de la extrema derecha desde la victoria de Trump. En realidad, nunca han parado. Y lo peor es que sus estrategias para mermar los derechos de las mujeres están funcionando sin oposición. Porque están fuera, pero también en las instituciones (vean, si no, los nombramientos que está haciendo el Gobierno).

En mayo, un recurso interpuesto por la Asociación Española de Abogados Cristianos dio lugar a que el Ministerio del Interior (cuyo titular era Fernández Díaz, miembro supernumerario del Opus Dei) revocase la declaración de utilidad pública que había concedido semanas antes a la FPFE, impidiendo así que pudiera recibir subvenciones públicas para desarrollar sus actividades de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. En septiembre de 2015, el PP usó su mayoría absolutísima para recortar a las menores de 16 y 17 años el derecho a decidir libremente sobre su embarazo. Fue un desquite tras el fallido intento de derogar la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora ya no pueden utilizar la vía parlamentaria, así que lo intentarán por otra: el Tribunal Constitucional (TC).

Recordemos que el recurso de inconstitucionalidad frente a esta ley está pendiente de resolución desde junio de 2010 y que el ponente de la futura sentencia será Ollero (numerario del Opus Dei). Recordemos también que en junio de 2013, en la última renovación parcial del TC, tres de los cuatro magistrados (todos hombres) eran considerados conservadores. Según las noticias de entonces, era la primera vez en una década que el TC dejaba de tener una mayoría progresista. Ahora, en diciembre, hay renovación parcial del TC y le toca al Senado (donde el PP tiene la mayoría suficiente como para no necesitar muchos acuerdos) nombrar a cuatro candidatos o candidatas.

Desde mayo 2007, las y los magistrados del TC que haya de proponer el Senado han de ser de entre las candidaturas propuestas por los Parlamentos autonómicos. Cada Parlamento autonómico puede proponer dos candidatos o candidatas. El signo conservador o progresista de las propuestas dependerá de los acuerdos en dichos Parlamentos. Lo que sería una vergüenza (además de un incumplimiento legal) es que los propuestos fueran hombres. Sólo un dato: el TC se compone de doce magistrados y magistradas, pero el número de éstas nunca ha sido superior a dos (y, por cierto, una de ellas ha de ser renovada en esta ocasión). Suponiendo que únicamente se propusieran magistradas, el TC renovado estaría compuesto por siete hombres y cinco mujeres. Ya que van a decidir sobre los derechos de las mujeres, al menos que no lo haga una abrumadora mayoría de hombres.


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