jueves, 26 de diciembre de 2013

Las barreras al aborto más difícil Los especialistas alertan del desamparo en que quedan las anomalías gravísimas no mortales desde la semana 22


"Son embarazos muy queridos, casos dramáticos", señalan los especialistas

Hidrocefalia grave, isomerismo derecho cardiaco, esclerosis tuberosa... Decenas de enfermedades fetales incurables que conllevan una alta probabilidad de mortalidad o que pueden provocar graves secuelas neurológicas deberán seguir su curso sin que las madres puedan remediarlo si se diagnostican a partir de las 22 semanas de embarazo. Así lo contempla la nueva ley del aborto que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy, una norma que no dejará más salida que partir al extranjero y pagar los entre 6.000 y 7.000 euros que puede costar la intervención, especialmente delicada dado el avanzado estado de la gestación, a quien quiera interrumpir el que quizás sea el aborto más difícil, aquel de hijos queridos con anomalías gravísimas incurables.

Cada año se producen entre 300 y 400 abortos por malformación fetal por encima de las 22 semanas. Corresponden a dos tipos de diagnósticos. Los menos numerosos, como comenta Begoña Diego, ginecóloga especialista en diagnóstico prenatal, son aquellos en los que se detectan anomalías incompatibles con la vida (según la terminología y criterios empleados por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO). La nueva ley permitirá que la mujer interrumpa estos embarazos si demuestra que la gestación le supone un riesgo psicológico para su salud y la patología no se ha detectado antes “con un diagnóstico certero”, circunstancias que deben avalar sendos informes.

Pero las más numerosas son las intervenciones que tienen relación con enfermedades extremadamente graves e incurables. Son situaciones con una alta probabilidad de mortalidad durante el periodo fetal o tras el nacimiento, asociados con “un tiempo de supervivencia corto y/o con un desarrollo neurológico profundamente deficiente y/o una probabilidad de dependencia extrema y persistente para el desarrollo de la vida posnatal”, según la definición de la SEGO.

“Estos casos extremadamente dramáticos”, comenta Diego. “Hablamos de embarazos deseados en los que las familias toman las mejores decisiones siempre desde un punto de vista generoso, para tratar de evitar el sufrimiento y las consecuencias físicas y neuropsicológicas que pueden tener estos niños”.


CARTA PÚBLICA A ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN


Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento (II)

Señor ministro, ¿a qué quiere usted condenar a nuestra sociedad? ¿A vivir de nuevo en épocas que nunca debieron existir?

Esta carta es una triste continuación de la publicada en EL PAÍS el 25 de julio del año pasado. Su objetivo es expresar de nuevo mi indignación por la decisión del Gobierno de aceptar el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Justicia y hecho público el 20 de diciembre de 2013.

No voy a exponer de nuevo mis antecedentes profesionales como neurocirujano infantil, ya que fueron suficientemente expuestos en la carta anterior. Solamente señalaré que he ejercido como neurocirujano durante 40 años, siendo jefe del Servicio de Neurocirugía Infantil en el hospital 12 de Octubre desde el año 1982 hasta mi jubilación hace tres años.
Como profesional de la medicina, lo más destacable es la completa eliminación del supuesto de malformación fetal como causa de interrupción del embarazo, lo que en mi opinión sencillamente nos coloca de nuevo en épocas pretéritas de la historia de la medicina en España. Estoy además convencido de que muchos españoles tenían la esperanza durante todo este año de que el ministro tuviera en cuenta la gran cantidad de opiniones que se han escuchado y publicado en contra de la eliminación de este supuesto. 

Desgraciadamente, no ha sido así.

Antes de la primera ley de 1985, los médicos que teníamos que enfrentarnos a los casos de malformaciones fetales más severas, como son entre otras las del sistema nervioso central, estábamos desgraciadamente muy acostumbrados a tratar a estos pobres niños. Concretamente los niños con espina bífida abierta (de uno a tres niños por cada 1.000 recién nacidos vivos) se contaban entre las malformaciones más frecuentes.

Los que padecían esta enfermedad en sus grados más severos eran sin duda los más complicados de tratar. Son los que presentaban parálisis completa de ambas piernas, y del control de los esfínteres urinario y fecal, deformaciones severas en los pies y en la columna vertebral, hidrocefalia (acumulación de líquido en el interior del cerebro) y muchos tenían además déficit mental de diversos grados. Tenían que ser tratados por diversos equipos de especialistas (pediatras, neurocirujanos, traumatólogos, urólogos...) y, finalmente, después de una vida llena de sufrimientos, algunos podían morir por las complicaciones tardías que se presentaban años después del nacimiento.

Como regla general, cuanto más severa es la malformación más fácil es su diagnóstico en el periodo prenatal, por eso el número de malformaciones fetales graves disminuyó rápidamente después de la implantación de la ley de 1985, con lo que muchos de nosotros nos alegramos profundamente. Esto es fácilmente constatable si se consultan los datos hospitalarios de la época o, sin ir más lejos, las estadísticas de las unidades de neurocirugía infantil. ¡Tanto es así que actualmente muchos profesionales jóvenes no han tenido la oportunidad de tratar estas malformaciones en número suficiente de casos para adquirir la experiencia necesaria!

Puesto que en Europa este tipo de malformaciones han dejado hace muchos años de existir, ¿qué pueden hacer nuestros jóvenes profesionales? ¿Señor ministro, podría darse el caso de que algunos tengan que visitar hospitales de países sudamericanos o africanos que nunca hayan tenido una ley de interrupción del embarazo?

Belén Oltra ; Secuestro Gubernamental

Me siento atrapada en un cuerpo que no es mío. Siento que me lo han robado, que ya no me pertenece, que ya no soy dueña de mis ovarios, de mi estómago, de mis huesos y mi carne.

Ayer, el PP, con su presidente a la cabeza, decidió desposeerme de algo tan íntimo y tan propio como es mi cuerpo, y decidió arrancarme de cuajo la libertad y los derechos que sobre él poseía. A mi, y a veintidós millones de españolas más.

Se llama machismo. La política al servicio de una ideología machista. Se llama desequilibrar aún más la balanza de esta injusta sociedad patriarcal en la que tan cómodos se sientes algunos hombres y tan incómodas y desiguales nos sentimos las mujeres.

Hasta ayer, el género masculino (o su inmensa mayoría) ha utilizado la violencia como arma para dominar al femenino, para construir mujeres calladas y sumisas, y hoy, envueltos y envueltas en una sociedad moderna, utiliza la administración pública, y la presunta democracia para hacerlo. Este gobierno clasista, machista, homófobo y cruel, que gobierna para hombres, ha reducido, este año, un 24% las partidas destinadas a las políticas de igualdad, y ha invertido 11 millones de euros menos en las actuaciones destinadas a la lucha contra la violencia de género. Amenazan con una reforma que eliminaría las competencias municipales en los temas de igualdad… Y ahora esto. La gota que ha colmado un vaso demasiado lleno y durante demasiado tiempo.

Hablan de preservar la vida de los no nacidos, cómo si las mujeres abortasen por ocio o diversión, pero esconden detrás de sus caros trajes y sus sonrisas deslumbrantes un conjunto de actuaciones y políticas públicas destinadas a maltratar a las mujeres. Hablan de responsabilidad, como si no fuera suficiente castigo para una mujer tomar la decisión de no poder asumir la maternidad en un momento determinado. Hablan de todo y se olvidan de la salud tanto física como psicológica de las mujeres, de los sentimientos y de las terribles circunstancias que llevan a una mujer hacia el aborto. Hablan de defender la vida, pero fomentan con sus leyes los abortos ilegales e inseguros que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las mujeres.

El gobierno de España y el ministerio de Sanidad, Bienestar Social e Igualdad emiten anuncios en radio y televisión animando a las mujeres a denunciar a sus maltratadores, mientras recortan en políticas destinadas a erradicar la violencia de género .La contradicción de fomentar el machismo. La hipocresía de hacer lo contrario de lo que se dice, y lo que es más triste, la responsabilidad compartida de seguir potenciando una sociedad patriarcal en la que las mujeres son humilladas, maltratadas y asesinadas a manos de sus parejas.

Frente a ello, somos muchas las que pedimos ser iguales, las que nos atrevemos a soñar con una sociedad en la que un hombre no sea más que nosotras por el simple hecho de haber nacido así, hombre. Somos muchas, y afortunadamente cada vez más muchos, las y los que pedimos dignidad para el género femenino. Las que estamos hartas de nuestra terrible historia de invisibilidad, servidumbre y sumisión. Las que queremos cambiar el rumbo de nuestras vidas, la vida de un género femenino que lleva desde el inicio de la historia de la humanidad recogido en un segundo plano, sigilante, expectante y en algunos casos combativo, esperando a situar su figura en el lugar que nos corresponde ya no como mujeres, sino como seres humanos. Nos negamos a ser durante más tiempo marionetas en manos de políticos corruptos, insensibles, conservadores y machistas.

Rajoy, el PP, la iglesia católica o quien sea, podrán legislar contra nosotras, podrán quitarnos nuestro cuerpo, nuestras libertades y nuestros derechos, podrá quitarnos todo, y sin embargo seguiremos quedando nosotras. Nada más fuerte y nada más valioso que NOSOTRAS luchando por ser dueñas de nuestra propia vida. Nada más fuerte y nada más valioso que NOSOTRAS gritando bien fuerte y bien alto la palabra igualdad.

Los abortos bajan un 5% en 2012 con la ley que derogará el Gobierno


Unas 6.000 mujeres menos interrumpieron su embarazo. 
La demografía, el uso de anticonceptivos y la normalización de la prestación, razones del descenso.

El número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó un 5% en 2012 en España. Ese año, con la ley de plazos que el Gobierno derogará, abortaron 112.390 mujeres. Unas 6.000 menos que en 2011. Los pronósticos de los más críticos con la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en vigor desde 2010, no se han cumplido. Que la mujer pueda decidir libremente abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo no ha disparado las interrupciones. En 2012 abortaron 12 de cada 1.000 mujeres en edad fértil, según el informe anual del Ministerio de Sanidad (una cifra similar al resto de la UE). Medio punto menos que el año anterior. El 91,3% lo hicieron ejerciendo el derecho a decidir sobre su maternidad. Un derecho que suprimirá la normativa del Ejecutivo de Rajoy. El anteproyecto de ley elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, restringe esta prestación sanitaria solo a casos de violación y riesgo para la salud física o psicológica de la mujer, hasta la semana 22. En 2012 solo el 5,7% de las intervenciones fueron por ese motivo.

Las cuestiones demográficas, pero también las circunstancias económicas y sociales del país, juegan un papel clave en la evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo (en 2009 descendieron y en 2011 aumentaron algo más del 4%). Más que los modelos legales, según los expertos. Estos explican el descenso de 2012 a través de varios factores: la disminución de la población extranjera —un grupo en el que se registra un número de abortos superior a su peso demográfico—, la financiación pública de métodos anticonceptivos de última generación, la píldora del día siguiente; así como la paulatina normalización de esta prestación sanitaria.

Mientras que en 2009, cuando estaba en vigor la normativa de 1985, que permitía el aborto solo en algunos casos, apenas el 2% de estas intervenciones se realizaban en centros públicos, en 2012 se hicieron el 6,49%. Un dato muy significativo para Isabel Serrano, ginecóloga y experta en planificación familiar. “Es la primera vez en 30 años que ha habido un aumento tan destacado. Y eso implica que los profesionales sanitarios se están implicando y que se está normalizando”, apunta.

El 90% de las mujeres no tuvo que justificar su decisión.

La apuesta de la sanidad de algunas autonomías por el aborto farmacológico —la mifepristona, que puede utilizarse hasta la semana ocho de gestación— también incrementa la participación pública, apunta Carmen Coll, ginecóloga del Instituto Catalán de Salud. Es el caso de País Vasco o de Cataluña, donde todos los centros de la red pública ofrecen esta prestación. “A las mujeres, además, se les hace una muy buena cobertura de asesoramiento e información en salud y anticoncepción. Y que esta información se dé en el canal público logra también que el resto de mujeres, no solo aquellas que acuden a solicitar la información sobre aborto, acceda”, sigue Coll.





Diez razones para no cambiar la ley del aborto


El Gobierno no puede legislar para agradar a su electorado más conservador.

Cada día nos acercamos más a un cambio en sentido restrictivo de la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por amplia mayoría en 2010, que el Partido Popular quiere modificar desde el mismo momento en que llegó al Gobierno. Sin duda hay razones para cambiarla o mejorarla, pero el momento social, económico y político no parece el más apropiado para empeorarla. España pasa por malos momentos y utilizar el aborto, por el que tanto sufren las mujeres, como moneda de cambio para contentar a los sectores más conservadores de su electorado, no es justo con las mujeres ni con la sociedad.

Tras casi dos años de reiterados, y a veces contradictorios, anuncios por parte del ministro de Justicia, señor Gallardón, la principal razón esgrimida para este cambio es el compromiso adoptado en su programa electoral. Argumento poco consistente, no solo por los evidentes incumplimientos de la práctica totalidad de los compromisos electorales del actual Gobierno, sino porque ni siquiera se ajusta a la letra de lo comprometido. Entre introducir algunos cambios en la actual legislación, especialmente en lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años, y los drásticos cambios que se avecinan, hay un gran trecho. Ni siquiera el sector más aperturista del PP podía presagiar que van a echar por tierra 28 años de legislaciones razonables.

En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para actuar de una u otra manera. 

Unas para imponer las propias creencias y deseos a los demás y otras para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.

Nuestras razones para defender el mantenimiento de la actual ley son:

Una. Porque funciona. No se han cumplido las profecías de un incremento notable del número de abortos ni se han producido en sus tres años de vigencia denuncias ni complicaciones sanitarias de ningún tipo. Ha resuelto, pues, gran parte de los problemas de inseguridad jurídica que aquejaban a la ley anterior.
Dos. Porque respeta a las mujeres. El reconocimiento de un plazo en el que las mujeres puedan decidir libremente sobre si quieren seguir adelante o no con su embarazo es la única manera de no atropellar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas.
Tres. Porque es conforme a la Constitución. Contrariamente a lo que se argumenta, la actual legislación no es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que nunca se ha pronunciado sobre una ley de plazos.
Cuatro. Porque respeta mejor la vida en formación. Establecer límites y ofrecer a las mujeres información y recursos alternativos ha demostrado ser la mejor manera de conciliar los derechos de las mujeres a decidir con el deber del Estado de proteger la vida en formación.
Cinco. Porque es la mayoritaria en Europa. La legislación de plazos es la más establecida entre los países del entorno europeo, especialmente en el contexto de los Estados con quienes compartimos tradición política y constitucional. En una Europa sin fronteras no es razonable que una mujer española sea tratada, en sus derechos básicos, de modo diferente a una francesa, portuguesa o alemana.
Seis. Porque no distingue entre pobres y ricas. Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones, por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por clase o condición social.
Siete. Porque la población está conforme. La mayoría de la población española no se reconoce en el marco de una legislación restrictiva o prohibicionista en materia de aborto. Según la última encuesta de Metroscopia, una mayoría, el 53%, apoya una ley de plazos como la actual mientras que el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas.
Ocho. Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen, como ahora sucede, en periodos muy tempranos de la gestación, disminuyendo los riesgos asociados a los abortos tardíos. Facilita también que las mujeres sean tratadas igualitariamente independientemente de la comunidad autónoma donde vivan.
Nueve. Porque es una ley eminentemente preventiva. La actual legislación no solo aborda la interrupción voluntaria del embarazo, sino la prevención y educación afectiva y sexual de toda la población, en especial de la población más joven, el mecanismo más eficaz para disminuir el número de abortos.
Diez. Porque derogarla supone un retroceso social de décadas. Hoy vivimos mejor porque podemos decidir en lo que concierne a nuestra vida sexual y reproductiva sin que nos persigan. Perder en tres años lo que tardamos 30 en conseguir nos lleva a un pasado de difícil retorno.
Diez razones frente a una. El Partido Popular cuenta, por supuesto, con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la reforma que desee, se ajuste o no a sus compromisos electorales. Pero también tiene el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Sería un buen momento para darse un baño de realidad y favorecer el entendimiento entre los sectores que opinan de distinta manera sin hacérselo pagar a las mujeres que se enfrentan a una interrupción del embarazo y que, con la nueva norma, ganarán sufrimiento y perderán libertad.

Piden retirar la reforma del aborto porque atenta contra el derecho a decidir


Cientos de personas en Vitoria han protestado contra la reforma y han pedido el "aborto libre y gratuito"

Varios cientos de personas han pedido este sábado en Vitoria al Gobierno del PP que retire el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto porque "atenta gravemente contra el derecho de las mujeres a decidir".

El aborto vuelve a ser delito salvo en casos de violación o riesgo para la mujer.

"Nosotras parimos, nosotras decidimos"
Valderas dice que la Junta de Andalucía está "estudiando" recurrir la reforma

¿Qué aborta esta ley?
Las claves de la reforma del aborto

100.000 mujeres no podrán abortar en España por la reforma de Gallardón

La ministra francesa de la mujer considera "un retroceso" la ley del aborto española

Bajan un 5% los abortos en 2012 y Rajoy anula una legislación que funciona

La Plataforma por el Derecho al Aborto de Vitoria ha convocado este sábado una manifestación contra esta reforma que limita a dos los casos en los que el aborto está despenalizado: cuando la mujer haya sido violada o cuando su salud psicológica o psíquica corra riesgo.

La marcha, encabezaba una pancarta en la que se leía en euskera "Derecho a abortar. Nuestro cuerpo, nuestra decisión", ha partido desde la Plaza Virgen Blanca y ha finalizado frente a la sede del PP y de la Subdelegación del Gobierno en la capital alavesa.

Durante el trayecto, los manifestantes han coreado lemas como "aborto libre y gratuito", "sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios" o "Gallardón 'fachardón' en mi coño mando yo".

Al inicio de la marcha, una portavoz de esta plataforma ha leído ante los medios de comunicación una declaración en la que se pide la retirada de este anteproyecto y se insiste en el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y cuerpo. "El derecho a decidir de la mujeres no se puede ejercer sin la despenalización del aborto", han incidido los convocantes, que han pedido que este derecho sea garantizado a través de la sanidad pública.

Además consideran que el papel del Estado en esta materia debe ser el de "respetar y garantizar" la decisión de las mujeres "impidiendo la injerencia arbitraria de cualquier institución".

ACAI confirma que las mujeres españolas no podrán abortar en nuestro país.


Tras conocerse el Anteproyecto de Ley Orgánica de “Protección de los Derechos del Concebido y de las Mujeres Embarazadas”, presentado hoy por el Titular de Justicia.

España se convierte en el único país de la Unión Europea, junto a Irlanda y Polonia que niega este derecho a sus mujeres.

La interrupción voluntaria del embarazo no podrá realizarse legalmente, ya que los requisitos burocráticos, legales y médicos exigidos impedirán que sea una práctica sanitaria normalizada.

Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE el anteproyecto de ley no solo acaba con un derecho básico y fundamental de la mujer, sino que condena a estas a continuar con su embarazo contra su voluntad, incluso aunque su salud física o psíquica esté en riesgo; ya que los requisitos sanitarios y legales para que una mujer pueda acceder a esta prestación sanitaria son prácticamente imposibles de cumplir.

En primer lugar, ningún profesional sanitario puede determinar ni determinará objetivamente si el conflicto psicológico que en una mujer genera un embarazo no deseado o una patología grave o incompatible con la vida puede ser solucionado sin recurrir a una IVE; mucho menos determinar si esa afectación se prolongará en el tiempo, tal y como señala el texto; ya que es la mujer, y solo ella, la que tiene que saber si puede sobrellevar o no la disfunción psicológica y vital que tal situación le puede suponer.

En segundo término, el establecimiento de centros públicos acreditados expresamente para emitir dictámenes, informes preceptivos y asesoramiento a las mujeres, distintos a los que realizan las IVEs, implica someter a las mujeres al arbitrio ideológico de los/as profesionales que lo integren; pudiendo llegar a convertirse, en función de quienes formen dichos comités, en auténticos centros de estigmatización y culpabilización de la mujer, con el objetivo expreso de hacer desistir a esa persona de su intención de abortar, aunque su situación psicológica, personal, e incluso física hagan recomendable la interrupción de su gestación, cuando la mujer además así lo desea.

La propuesta de reforma de la Ley que regula el aborto supone un retroceso de treinta años en los derechos de las mujeres


La Federación de Planificación Familiar Estatal rechaza el contenido del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y solicita que este proyecto sea retirado y en su lugar se aplique de manera completa la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.
La propuesta de reforma de la Ley que regula el aborto supone un retroceso de treinta años en los derechos de las mujeres.
La Federación de Planificación Familiar Estatal y AGASEX, como integrante de la misma, rechaza el contenido del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y solicita que este proyecto sea retirado y en su lugar se aplique de manera completa la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.
El proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros pretende acabar con el derecho a decidir de las mujeres y con la concepción integral de la salud sexual y reproductiva que la actual ley contiene, tal y como lo indica el cambio de nombre de la ley.
Con este proyecto de ley, el gobierno quiere alejar a nuestro país del marco legislativo predominante en Europa, para situarnos con Malta, Irlanda, Andorra, San Marino, Mónaco y Liechtenstein, países con las leyes más restrictivas. La FPFE también rechaza el secretismo con el que esta reforma legislativa se está llevando a cabo, sin ninguna participación de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en salud reproductiva y sin la información pública preceptiva en todo proceso democrático.
La aplicación de la actual ley que ahora el gobierno quiere reformar no ha generado ningún problema de salud o jurídico y tampoco ha aumentado las cifras de aborto en nuestro país. Diversos estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el número de interrupciones voluntarias del embarazo en países con leyes restrictivas y en zonas con leyes más liberales no varía en exceso, como lo muestra el ejemplo de Holanda, con una ley de plazos y una de las menores tasas de aborto en Europa, mientras la diferencia en el número de abortos inseguros sí es muy significativa. Así, en su informe de 2012, la OMS señala que: “Ya sea que el aborto esté o no restringido por la ley, la probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado es prácticamente la misma” (1).
Por tanto, una ley restrictiva no va a hacer que disminuyan los abortos, sino que se éstos se produzcan bajo una inseguridad jurídica para las mujeres y para los profesionales que tendrán que justificar los supuestos, en un proceso más largo y difícil que va a añadir sufrimiento y riesgo para la salud de las mujeres y atendiendo a presiones y posturas morales que ignoran tanto los derechos humanos como la salud y las evidencias científicas. Además, esta reforma sehace en contra de la opinión de la mayoría de la población, según han revelado diversas encuestas (2).
La FPFE lamenta que este intento de hacer retroceder décadas los derechos se esté acompañando de una paralización de la estrategia de salud sexual y reproductiva, tal y como ha constatado un reciente barómetro europeo (3), lo que ha producido un retroceso en el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, dificultades en el acceso a los servicios de planificación familiar y ausencia de implementación de una política de formación coherente hacia estudiantes y profesionales sanitarios.
Por todo ello la FPFE solicita que se retire el proyecto de ley presentado por el Ministro de Justicia Gallardón y que se aplique de manera total la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, especialmente la inserción de la educación sexual en la educación primaria y secundaria, y la garantía del acceso universal a métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día después. Dos elementos que, tal y como demuestran los datos científicos disponibles y a diferencia de las leyes restrictivas del aborto, reducen el número de interrupciones inducidas del embarazo.
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(1) “Las restricciones legales llevan a muchas mujeres a procurar servicios en otros países, o de profesionales no capacitados o en condiciones no higiénicas, lo que las expone a un riesgo significativo de muerte o discapacidad. La proporción de mortalidad materna cada 100 000 nacidos vivos debido a un aborto inseguro suele ser más alta en los países con restricciones importantes y más baja en los países donde el aborto está disponible a requerimiento o en condiciones generales. La evidencia acumulada demuestra que la eliminación de las restricciones sobre el aborto produce una reducción de la mortalidad materna causada por el aborto inseguro y, en consecuencia, una disminución en el nivel global de mortalidad materna”. En: Aborto sin riesgos. Guía técnica y de políticas para sistemas de salud. Organización Mundial de la Salud, 2012.
(2) Según una encuesta de Metroscopia publicada en abril de 2013, Un 46% defiende el sistema de plazos frente a un 41% que solo acepta los supuestos.
(3) Barómetro de acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos modernos en 10 países de la Unión Europea. International Planned Parenthood Federation (IPPF) 2013.

MI CARTA ABIERTA A LAS DIPUTADAS DEL PP


Estimadas colegas:

Hemos decidido recurrir a vosotras porque tenéis en vuestras manos gran parte de la libertad y de la dignidad que pretende arrebatarnos el Anteproyecto de Ley de protección a la vida del concebido, aprobado en el último Consejo de Ministros.

Nuestras diferencias políticas no deben ser un obstáculo para que todas acordemos que las mujeres no pueden ser tratadas como personas incapaces ante una decisión tan trascendente para sus vidas como la de ser o no ser madres. Y sé que, al menos eso, lo compartimos todas.

La Ley que pretende aprobarse hace imposible la interrupción del embarazo a las mujeres con escasos recursos, las otras podrán viajar a cualquier país europeo para someterse a esa intervención. Vosotras lo sabéis porque siempre ha sucedido así .Y mucho más ahora que las leyes de plazos o de supuestos muy amplios son mayoría en los estados miembros de la UE, muchos de ellos con gobiernos conservadores. Estoy segura de que esa desigualdad os parece injusta.

Tampoco creo que a muchas de vosotras os parezca aceptable que las mujeres -a las que les ocurra- se vean obligadas a parir hijos con graves malformaciones. Ninguna mujer desea que a ella o a cualquier otra le suceda algo así; y menos aún que otros tomen una decisión que marcará su vida para siempre.

Apelamos a vuestra condición de mujeres sensibles y conscientes de la gravedad del problema del que hablamos. El Proyecto de Ley, tal como salió el viernes del Consejo de Ministros, no es razonable ni respetuoso con las mujeres. Queremos hablar con vosotras y contar con vosotras porque, si se trata de que este disparatado proyecto no se convierta en una ley de la que nos tengamos que arrepentir todos, vuestra contribución puede ser decisiva.

Queremos hacerlo desde el respeto a la conciencia y a la posición política de cada una. Pero esto va más allá de tal o cual partido político: se trata de la dignidad y la libertad de todas las mujeres.

Estamos a tiempo de que el Gobierno reconsidere el Anteproyecto de ley.

Hablemos, por favor. Os necesitamos.


La 'marca España' de Gallardón vuelve a abortar en Londres o en Portugal


Alberto Ruiz Gallardón, ministro español de Justicia.

La ley de Gallardón esconde la promesa de retomar la hipocresía moral de los años 60 y 70, con las hijas de las familias pudientes acudiendo a abortar a Londres.

Es una pena que el Gobierno del PP haya decidido imitar a China no en los índices de crecimiento del PIB, sino en las políticas de intromisión del estado en las decisiones sobre la maternidad. Frente a la política del hijo único, la de todos los hijos que Dios te envíe. A diferencia de las autoridades chinas, al PP no le preocupa en absoluto la natalidad. Lo sabemos bien los gallegos, demográficamente depauperados, sin que sucesivos gobiernos de Fraga o Feijóo sean capaces de diseñar medidas que mejoren la situación de la pitrámide demográfica. Lo que a los populares les preocupa es fijar, por la vía legislativa, la visión místico-infantil de la maternidad como destino único e inexorable de la mujer. El triunfo del útero sobre la persona.

Las metáforas cursis que comparaban a las mujeres con flores han acabado teniendo una realidad terrible. A efectos de la reproducción -Wert lo corregirá en los libros de texto-, la mujer ya no pertenece ni siquiera al reino animal. Ha quedado reducida a la categoría de vegetal. Como el cáliz de cualquier flor, su útero debe llevar a término cualquier siembra, cualquier grano de polen. Llegada la semilla, deja de haber mujer, solo útero.

Una brutal injerencia del Estado

Esta brutal injerencia del Estado en la vida privada de las personas casa mal con la ideología liberal que dice defender el PP. Veamos algunos ejemplos absurdos. Una joven de 17 años, buena estudiante, a punto de ir a la universidad, o una estudiante que solo quiere llegar a la mayoría de edad y buscar un trabajo porque en casa ya hay varios miembros en paro, sale con su novio. Queda embarazada. Tiene que ser madre. Obligatoriamente. Lo ha decidido el Estado, en un gesto digno del Big Brother de Orwell.
Una mujer de 40 años, profesional o quizá en paro, con dos hijos de 12 y 9 años, que echa una mano a sus suegros, que tienen una pensión muy modesta, o que está a punto de conseguir un ascenso porque su empresa marcha bien, tiene un despiste con su marido y queda embarazada. No puede decidir si quiere otro hijo. Ha sido mayor de edad para todo, para estudiar, para casarse, para decidir cuántos hijos y cuándo era el momento de tenerlos. Ahora vuelve a ser niña, el Estado decide por ella (y por su marido y por todo su entorno familiar).

Interpretación enfermiza del catolicismo

Trufada de una interpretación enfermiza del catolicismo, la ley esconde por supuesto la promesa de retomar la hipocresía moral de los años 60 y 70, con las hijas de las familias pudientes acudiendo a abortar a Londres y de paso a comprar en Harrod’s (que buena imagen para la marca España) o buscando un médico amigo que les resuelva el problema con discreción. Y las familias pobres, a abortar con riesgo o a tener hijos, porque Gallardón, como tanto pseudo liberal del PP, presume de católico, pero es en realidad un protestante: el dinero, como los hijos, los manda Dios. Y si Dios no ha querido que tengas dinero, por algo será, y no voy yo a darte sanidad gratuita, guarderías públicas, colegios públicos de primera y todas esas memeces para enmendar sus decisiones.

Quizá hagamos mal en preocuparnos. Rajoy se ha apresurado a decir que se ha hecho una ley como la del 85, porque sabe que esta ley, pensada para satisfacer al nacionalcatolicismo más recalcitrante, llega en el peor momento, con Rouco en retirada y la iglesia de Bargoglio recordando los mejores tiempos de Juan XXIII. Y le proporciona a la izquierda un argumentario que lleva a poner en segundo plano la cuestión de los liderazgos. Por frenar esta ley, los socialistas votaríamos hasta a Almunia. Así que seguro que todo queda en una interpretación laxa de los supuestos de daño permanente y ya veremos si la policía vuelve a los quirófanos, porque al final, el que se presente a presidente no será Gallardón.

La Biblia y Gallardón

Sería interesante saber si Gallardón va a apurar su lectura de la Biblia y se propone a continuación legislar contra la masturbación. Al final, si un aborto es un crimen –aunque por lo visto no lo es si causa “un grave riesgo a la madre” o si es “fruto de una violación”… vamos, que es un asesinato pero sólo  a veces..-   no lo es menos la práctica de Onan, desperdiciando la semilla y privando así a miles de individuos del derecho a nacer. Entendemos que si el Estado puede decidir cuándo tenemos que tener hijos, también tiene capacidad moral para determinar qué prácticas sexuales -todas las no reproductivas- deben ser erradicadas. Aunque el tono patriarcal de las religiones del Libro hace que los hombres, al final, siempre salgan mejor parados.

Puede que en el fondo no sea una cuestión de ideología sino un homenaje paterno filial, del hijo que treinta años después quiere honrar la memoria del padre que presentó el primer recurso contra la ley socialista del 85. Lo que Gallardón hijo olvida es que la España del 2014 no es la misma que la del 85. Y que su padre, a diferencia de muchos españoles, viviría igual de cómodo en el régimen de Franco, en la Transición, en una hipotética España de Tejero, en democracia o incluso en la China comunista. Y la mayoría de los españoles no, la mayoría queremos vivir en un régimen de derechos y libertades laico, igual para hombres y mujeres, que nos trate siempre como ciudadanos adultos y evite mezclar en la legislación los consejos del Libro Sagrado y sus adoradores.