sábado, 24 de agosto de 2013

Galicia. Cesida denuncia que la Xunta de Galicia no permite a los enfermos de VIH estudiar peluquería


La organización Cesida aseguró este jueves que las personas con VIH que quieran estudiar el ciclo formativo de Peluquería en el IES Carballo Calero de Ferrol no serán aceptadas porque la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria exige un certificado médico que refleje que no se padece ninguna enfermedad infectocontagiosa. 
Fuentes de la Consejería han desmentido rotundamente este extremo.
Carlos Varela, secretario general de Cesida y presidente de Lazos Pro-Solidariedade, explicó que, "en este caso, relacionar la transmisión del VIH con el desarrollo de las funciones como peluquero contradice los mensajes sobre prevención que lanzamos las organizaciones que trabajamos en el ámbito del VIH y sida, contribuyendo a la estigmatización de las personas con VIH y dificultando el acceso al diagnóstico por temor al estigma y la discriminación".
Fuentes de la Consejería de Educación de la Xunta han asegurado a Servimedia que lo único que se solicita a quienes quieren cursar algún ciclo formativo en los centros de Galicia es la documentación académica para comprobar que está preparada una persona para realizar unos estudios y el DNI. Además, este centro en particular, "una vez que ha aceptado a un alumno para realizar cualquier tipo de estudios de los que ofrece, incluida la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), piden un informe médico de los problemas de salud que cada alumno tiene para estar preparados por si a algún estudiante le pasa algo, y sepan cómo deben actuar", señalaron desde Educación.
"En ningún caso se echa para atrás a una persona por padecer sida ni ninguna enfermedad, porque las decisiones se toman únicamente por cuestiones académicas", agregaron fuentes de la Consejería. "Seguramente lo que ha pasado es que la persona que ha levantado la polémica padece sida, se le ha denegado el acceso al ciclo formativo por cualquier cuestión académica y ha pensado que es por su enfermedad, pero para nada es así", concluyen.

Rusia vive atrapada en su propia homofobia


La ley que promulgó el presidente Vladímir Putin a finales de junio para prohibir la difusión de las “relaciones sexuales no tradicionales” entre menores —más conocida como la ley contra la propaganda homosexual— ha disparado las críticas y aumentado la presión sobre el Kremlin en relación a su política en este campo. La normativa, que prevé sanciones para quien extienda “la idea tergiversada de que las orientaciones sexuales tradicionales y las no tradicionales tienen igual valor social”, es ya de por sí reflejo de la aversión a los gais, mayoritaria en el país. Pero varios vídeos que circulan por Internet han añadido leña al fuego y desatado una oleada de voces críticas de políticos y organizaciones que han llamado incluso a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014 —no así al Mundial de atletismo que se celebra ahora mismo en Moscú— y han obligado al Comité Olímpico Internacional a pedir garantías de que nadie será discriminado.

El Gobierno ruso se ha visto obligado a reaccionar. Los deportistas gais no serán discriminados, tranquilizó el lunes el Ministerio del Interior, aunque sí se velará por el cumplimiento de la ley. O, dicho literalmente: “Las autoridades no tendrán nada que objetar a las personas de orientación sexual no tradicional que no tomen parte” en actos “que tengan como objetivo incitar a los menores de edad a mantener relaciones sexuales no tradicionales”. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, dice que ha recibido esas garantías por escrito, aunque admite que quedan por aclarar “algunas incertidumbres”.

El documento que está causando problemas a los responsables del deporte en Rusia es la primera de dos leyes que discriminan la homosexualidad en el país —la otra prohíbe la adopción de niños rusos por parte de parejas de un mismo sexo— y que prevé multas de hasta 5.000 rublos (unos 100 euros) para las personas físicas, de hasta 50.000 (unos 1.000 euros) a personas con cargos y un millón de rublos o suspensión de actividades durante 90 días a entidades jurídicas que promuevan cerca de menores que la homosexualidad es igual de aceptable que la heterosexualidad. Aunque es temprano aún para sacar conclusiones sobre el impacto que está teniendo, lo que preocupa a los defensores de derechos humanos es su imprecisión, que permite teóricamente perseguir incluso a personas de un mismo sexo que caminen tomadas de la mano en un lugar público si hay oportunidad de que un menor les vea.