El derecho a la salud sexual sigue
fuera del alcance de millones de mujeres y niñas
Con motivo de la celebración, este martes 8 de marzo,
del Día Internacional de la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha
informado de que el derecho a la salud sexual y reproductiva “sigue siendo un
objetivo lejano para millones de personas, especialmente para las mujeres y las
niñas”.
A juicio de este organismo, el derecho a la salud
sexual y reproductiva “no sólo es una parte integral del derecho general a la
salud”. En este sentido, indica que éste está “estrechamente vinculado al
disfrute de muchos otros derechos humanos, incluidos los derechos a la
educación, el trabajo y la igualdad, así como los derechos a la vida, la
privacidad y la protección contra la tortura , y la autonomía individual”.
En este contexto, 18 miembros independientes del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas
(NU) adoptaron recientemente la Observación general número 22 sobre este tema,
en el que se exponen “las numerosas barreras legales, de procedimiento,
prácticas y sociales que enfrentan las personas en el acceso a servicios de
salud sexual y reproductiva, y de la información, y las consecuentes
violaciones a los derechos humanos”.
“Por ejemplo, la falta de servicios de atención
obstétrica de emergencia y la negación del aborto a menudo conducen a la
mortalidad y morbilidad materna, que a su vez constituye una violación del
derecho a la vida o la seguridad y, en ciertas circunstancias, pueden equivaler
a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”, continúa este informe.
Altas tasas de mortalidad materna en todo el mundo
Según uno de los miembros del CDESC, Heisoo Shin, son
destacables “las altas tasas de mortalidad materna en todo el mundo”, así como
las difíciles situaciones que las mujeres y las niñas tienen que atravesar en
ocasiones, como “la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil
temprano”.
“Los Gobiernos no han asignado suficiente atención y
recursos para combatir la mortalidad materna”, lamenta el representante de esta
organización, que añade que “en 2016, no debería verse a las mujeres morir a
consecuencia del parto, debido a la insuficiencia de las instalaciones, o por
falta de atención o porque son pobres”.
A juicio de Heisoo Shin, los estereotipos de género
“juegan un papel en el fomento de las violaciones del derecho a la salud sexual
y reproductiva”. No obstante, también pone de relieve otros colectivos en
desigualdad, como el de las personas con discapacidad, que “necesitan más
atención y sensibilidad extra a su situación”.
Obligaciones de los Estados
La Observación general adoptada por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pone de
manifiesto y recuerda a los Estados, entre otros aspectos, “la obligación de
derogar, eliminar las leyes, políticas y prácticas que penalizan, obstruyen o
debilitan un acceso de un grupo en particular a los servicios de salud,
servicios, bienes e información del individuo”; así como la de “asegurar que
todos tienen acceso a la educación y la información basada en la evidencia”.
Finalmente, pone de relieve la obligación de los
Estados de “asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva de
calidad, incluida la atención de la salud materna; información y servicios de
anticoncepción y el aborto seguro; y la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
de la infertilidad, el cáncer del aparato reproductor y de las enfermedades de
transmisión sexual y el VIH/sida”.
FUDEN pide que las Administraciones presten “atención
real” a la salud de la mujer
Precisamente en esta misma línea, la Fundación para
el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) expone que las políticas sanitarias “han
dejado a un lado la atención a la esfera sexual de la mujer”. Al respecto,
reclama a las Administraciones sanitarias “que presten atención real a la salud
de la mujer”.
“Necesitamos una política sociosanitaria
interdisciplinar que sea integral, que esté definida y protocolizada y que sea
común para todos los profesionales que forman parte del equipo de salud que
presta los cuidados a la mujer”, concluye afirmando la directora de la
Fundación, Amelia Amézcua.
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