jueves, 29 de mayo de 2014
Médicos del Mundo: 'La reforma de la Ley del Aborto del PP es un lamentable retroceso'
Médicos del Mundo ha asegurado
que el anteproyecto de Ley Orgánica
para la Protección de la Vida del Concebido y de la Mujer Embarazada, de
aprobarse, significaría "un lamentable retroceso, no sólo en lo que
respecta al derecho al aborto, sino a los derechos de las mujeres en su
conjunto".
Esa nueva regulación del aborto en España es negativa para las
mujeres porque "menoscaba su capacidad de decisión y son tratadas como
menores de edad", considera Médicos del Mundo, que hoy presenta en el
Parlamento de Navarra su "Campaña Internacional por el Derecho de la
Mujeres a Decidir y por el acceso universal a la anticoncepción y al aborto
seguro".
En España, señala la organización humanitaria en un comunicado,
se ha asistido en los últimos años a "un importante desarrollo" de
políticas y de acciones dirigidas a promover la igualdad de género, que han
tenido "un impacto positivo en la vida de las mujeres en general y en el
disfrute de los derechos sexuales y reproductivos en particular".
Para Médicos del Mundo, España ha mantenido además "un
papel de liderazgo" en el apoyo e impulso, tanto político como financiero,
de programas destinados a promover la salud y los derechos sexuales y
reproductivos en los países destinatarios de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo.
Sin embargo, lamenta esta organización, desde hace dos años
"este contexto está cambiando de forma alarmante en nuestro país, con la
implantación de políticas restrictivas para los derechos humanos en general y
los derechos de las mujeres en particular".
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aborto,
derechos sexuales
Carta abierta al Govern
En 1994 la cuarta conferencia internacional sobre población y
desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, constituyó un hito tanto en las
políticas de población como en la agenda de salud y derechos sexuales y
reproductivos de la población mundial. Su programa de acción fue firmado por
179 países, entre ellos el Estado español, y recoge una serie de objetivos,
relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que debían
alcanzarse en el 2015.
La llamada "conferencia de El Cairo" ha significado un
enorme paso adelante para los derechos de las mujeres en la mayoría de los
países, inspirando políticas y programas que han mejorado millones de vidas,
aunque aún persisten serias carencias y la agenda acordada en El Cairo sigue
estando inacabada. Los problemas de salud sexual y reproductiva siguen
afectando a millones de personas por causas que fácilmente podrían ser
evitadas. Las mujeres, las adolescentes y las comunidades más pobres son las
que sufren las consecuencias más graves, tal y como se pone de manifiesto con
las siguientes cifras: cada día, 800 mujeres mueren por causas evitables
relacionadas con complicaciones del embarazo y del parto; 220 millones de
mujeres en los países en desarrollo quieren prevenir un embarazo, pero no
tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces ni a servicios de calidad; 15
millones de jóvenes de entre 15 y 19 años son madres cada año; 47.000 mujeres
mueren todos los años debido a abortos inseguros, la gran mayoría en países
donde el acceso a abortos seguros está restringido o penalizado por ley; sólo el
34% de las mujeres embarazadas recibe una atención prenatal adecuada en los
países de ingresos bajos.
Veinte años después de esta histórica conferencia, Naciones
Unidas se reunirá en septiembre no sólo para analizar el nivel de avance y los
retos en la implementación del programa de acción hasta ahora, sino también
para definir la nueva agenda post-2015. No será un cometido fácil pues nos
enfrentamos a distintas ideologías y fundamentalismos contrarios a la
ampliación de los derechos de las mujeres. Los derechos y la salud en materia
de sexualidad y reproducción son objeto de vivas controversias ideológicas a
nivel internacional donde se cuestionan constantemente en nombre de la cultura,
la religión o la moral. Igualmente, corren peligro temas tan importantes como
la necesidad de asegurar en todos los países una educación sexual integral
adaptada a los grados escolares, la eliminación de cualquier forma de
discriminación y violencia basada en la orientación sexual e identidad de
género y la necesaria y particular atención a las necesidades no atendidas de
los y las adolescentes.
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Concurso cartel manifestación orgullo LGTB de Andalucía
¿Te gustaría que tu CARTEL anunciara la MANIFESTACIÓN del
Orgullo en Andalucía 2014?
Manda tu propuesta a: mailto:info@plataforma28jsevilla.org antes del miércoles 28 de mayo a las
12h (improrrogable). El diseño debe incluir los siguientes datos:
- Lema: Por la Igualdad de Derechos en la Diversidad.
- Fecha: 28 de junio.
- Hora: 19,00 horas.
- Salida: Diputación de Sevilla (Av. Menéndez Pelayo)
- Final: Alameda de Hércules
- Espacio superior para el título de la manifestación y en el
espacio inferior para logos de convocantes, participantes y colaboradores.
REQUISITOS:
- Debe ser una obra original, no pudiendo utilizarse un diseño
anterior de otro evento, así como tampoco de otro/a autor/a.
- El contenido de la obra debe estar relacionado con el lema de
la manifestación.
- La técnica a utilizar es libre. No obstante, se debe enviar en
formato digital y respetando los espacios solicitados que se indican
anteriormente. También debe ser a gran calidad para poder reproducirlo a tamaño
90cm x 1,20m
- El/la autor/a cederá los derechos de reproducción libre a la
Plataforma 28 de Junio de Sevilla, renunciando a ejercer ningún derecho de
autor futuro ni compensación económica.
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lgtb
Llamado a la acción: 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
Les invitamos a sumarse al movimiento activista por los derechos
de las mujeres en todo el mundo, con el objetivo de dar un nuevo impulso al 28
de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, haciendo un
llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional, para que aseguren
un enfoque integral, inclusivo y basado en los derechos humanos respecto de la
salud de las mujeres y las niñas en la Agenda del Desarrollo posterior a 2015.
En 1987, el activismo por los derechos de las mujeres declaró el
28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, como medio
para dar a conocer los problemas en materia de Derechos y Salud Sexual y
Reproductiva (DSSR) a los que se enfrentan mujeres y niñas en todo el mundo.
Casi 30 años después, al tiempo que los retos que suponen un
obstáculo a la plena realización del bienestar y de la salud de todas las
mujeres siguen siendo de distinta índole y con frecuencia no son abordados, se
ha mantenido un paradigma inquietante: una comprensión a menudo limitada,
restrictiva e impuesta de la salud de las mujeres, así como de las necesidades
reales de todas las mujeres y niñas en su diversidad.
miércoles, 7 de mayo de 2014
Ampliamos el plazo para inscribirse en las jornadas de Arteixo
Debido a las solicitudes recibidas en el último momento, hemos ampliado hasta hoy el plazo para
inscribirse en las XII Jornadas sobre la Interculturalidad de Arteixo
que este año se celebran con el título "Acción-Prevención ante la
violencia".
Esta iniciativa tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo, en los que Arteixo será el centro del debate acerca de
la violencia de género, familiar y escolar, donde diversos expertos
expondrán experiencias de éxito al respecto. Tendrán lugar talleres, ponencias
y mesas redondas en este encuentro que realizamos anualmente en colaboración
con el Ayuntamiento de Arteixo y la ONG Mestura.
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inmigración,
jornadas
lunes, 5 de mayo de 2014
La ONU insta a impulsar la educación sexual y el acceso a anticonceptivos
Unas 220 millones de mujeres de todo el mundo no pueden acceder a métodos
anticonceptivos modernos; la mayoría de ellas en países en vías de desarrollo.
Las barreras para conseguir la contracepción --y también información sobre
planificación familiar-- se han reducido en los últimos 20 años, pero siguen
suponiendo un grave problema en los países en vías de desarrollo, según el
último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo
(Unfpa), debatido hoy en Estocolmo. Sin embargo, el acceso en los países
desarrollados tampoco es total. Alrededor de un 68% de las mujeres españolas –o
sus parejas sexuales— utilizan anticonceptivos; en Suecia son más del 75%.
Mientras, en países como Sierra Leona –donde la mortalidad materna es una de
las mayores del mundo— solo un 8% de las féminas en edad fértil utiliza
contracepción; en Guatemala, un 34% tiene acceso a métodos modernos.
“Los países deben implantar políticas para mejorar el acceso a
los servicios de salud reproductiva, incluida la planificación familiar. No se
pueden sacrificar los derechos sexuales y reproductivos por razones de
oportunidad económica o política”, ha reclamado el director de Unfpa, Babatunde
Osetimehin, que ha instado a los Gobiernos a incluir estos derechos en la
agenda política.
Un 68% de las mujeres españolas utilizan anticonceptivos; en
Suecia son más del 75%.
El director de Unfpa analiza estos días en la capital sueca,
junto a parlamentarios de 134 países, el cumplimiento de la Conferencia de El
Cairo, una declaración institucional firmada por 179 países que define los
derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y establece como
objetivo prioritario el empoderamiento de las mujeres y niñas. El texto (la
CIPD), rubricado hace justo 20 años por 179 países –entre ellos España--,
establece más de 200 recomendaciones y metas para alcanzar el desarrollo y el
bienestar de los individuos; objetivos como que los países deben garantizar
acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el
aborto seguro.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/24/actualidad/1398349522_052149.html
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La violencia asociada con el aborto inducido
La violencia psicológica, física y sexual puede estar asociada
con el aborto inducido en cuatro formas. Es probable que una mujer que está
lidiando con violencia continua, o que ha sido violada, opte con más frecuencia
por interrumpir un embarazo. La mujer puede ser presionada o forzada a tener un
aborto. La mujer que ha optado por el aborto puede ser abusada en represalia.
Finalmente, la mujer que opta por tener un aborto legal puede sufrir abuso
institucional.
La interrupción del embarazo debido a la violencia
Muchas mujeres que viven en situaciones de abuso continuo optan
por abortar; en estudios estadounidenses se han proporcionado algunas
indicaciones de ello.
Cuando se utiliza la violación como un arma de guerra, por
ejemplo, en Burundi, Rwanda, Uganda y la antigua Yugoslavia, las mujeres
también suelen optar por interrumpir el embarazo no deseado. En Kosovo, la
violación acarrea un estigma social tremendo para la mujer y su familia, y esto
probablemente contribuyó a la triplicación de abortos en el hospital de
maternidad de uno de los pueblos de Albania, donde permanecieron 120.000
refugiados durante la guerra.
La presión para abortar
Una expresión de la discriminación basada en el género es la
preferencia por los hijos varones; esto puede llevar a abortos selectivos de
fetos femeninos en casos donde se dispone de pruebas prenatales, o al homicidio
de infantes del sexo femenino. El Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP) calcula que en Asia al menos 60 millones de niñas, que de otra manera
estarían vivas, han “desaparecido” por esta razón.5 Se han reportado algunos
casos de mujeres embarazadas, con VIH/SIDA, que son presionadas por los
prestadores de servicios para que aborten. Puede que un profesional de salud no
vea sus consejos como algo coercitivo, pero esos consejos pueden tener dicho
efecto en mujeres que están acostumbradas a depender de la pericia de los
profesionales de salud y que no retarán a las personas “con autoridad” debido a
las normas basadas en género que dictan la subordinación de la mujer. Las
adolescentes en particular pueden ser susceptibles a que otros, incluso sus
padres y parejas sexuales, las presionen a tener un aborto. En el caso de niñas
y mujeres que son explotadas en la trata sexual, la coerción puede proceder de
los propietarios de los burdeles
El abuso como represalia por el aborto
El homicidio para “salvar el honor” no sólo ocurre en conexión
con embarazos extramaritales, sino que también en relación con el aborto.
Algunas mujeres se ven presionadas a tener un aborto inducido a fin de escapar
a un posible asesinato por haber tenido un embarazo extramarital. Sin embargo,
si se descubre que la mujer abortó, puede que ella sea asesinada de todas
formas.
El abuso institucional
El abuso por parte de las instituciones y de los grupos sociales
puede dificultar que la mujer encuentre servicios de aborto legal. En algunos
países, las mujeres que han sido violadas deben solicitar permiso de un
tribunal para tener un aborto; a veces las demoras en obtener dicho permiso
conllevan a que el embarazo sea demasiado avanzado para practicar un aborto. En
algunos países las mujeres adolescentes necesitan tener el consentimiento de
los padres o apoderados para tener un aborto legal. Esto puede constituir una
barrera para las jóvenes que no desean hablar sobre la causa del embarazo no
deseado, por ejemplo, el haber sido violada por un miembro de la familia.
Algunos profesionales de la salud rehusan a practicar abortos legales por razones religiosas u
otras razones personales.
Aunque en algunos lugares se reconoce su derecho a exención por
objeción de conciencia, el sistema de salud tiene la obligación de garantizar
que se disponga de personal capacitado para efectuar abortos legales. No obstante,
no siempre se envían a la mujer a otros prestadores de servicios a fin de que
ella tenga acceso a sus derechos legales. La “objeción de conciencia” también
puede usarse de otra forma. En Croacia se informó que, durante una temporada,
médicos en los hospitales de Split y Tula rehusaron a practicar abortos por
causa de conciencia; sin embargo, estaban dispuestos a efectuarlos en sus
consultorios privados, por una alta remuneración.
En otros casos, los prestadores de servicios no practican
abortos inducidos por temor a las reacciones de los individuos y las
organizaciones que intentan impedir los abortos inducidos legales. Bien se
sabe, por ejemplo, que los médicos y el personal clínico que practican abortos
legales en EE.UU. corren el riesgo de ser agredidos por los grupos antiaborto;
estas amenazas indudablemente influyen en las opciones de la mujer con respecto
a la interrupción de un embarazo.
Los prestadores de servicios dispuestos a practicar abortos
pueden ser bloqueados por los activistas antiaborto. En Italia, los padres y el
médico familiar de una niña de 13 años de edad mentalmente retardada, que quedó
embarazada de un niño de 14 años de edad, querían que ella abortara, pero un
juez prohibió el procedimiento y retiró a la niña del cuidado de sus padres
después que un cura local dirigió una campaña para impedir el aborto. En 1998
los activistas antiaborto en Brasil lograron impedir un aborto legal en una
niña de 10 años de edad que había sido violada. En el caso de otra niña de 10
años de edad en el mismo país, un grupo religioso entabló un interdicto para
impedir la interrupción legal del embarazo, pero un tribunal otorgó el permiso.
Sin embargo, la abogada de la familia recibió cartas amenazadoras y llamadas
telefónicas que lo acusaban de ser una asesina, mientras que la familia fue
intimidada por algunos grupos religiosos, lo cualos forzó a tomar la decisión
de mudarse a otra ciudad.
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salud sexual
Los informes sobre la reforma del aborto vuelven a retrasarse
Poder Judicial y Consejo Fiscal no incluyen el asunto en sus
plenos de esta semana.
Los informes preceptivos sobre el proyecto de ley del aborto han
vuelto a retrasarse y no estarán aún este mes de abril, lo que hará que la
reforma legal no llegue a las Cortes hasta después de las elecciones europeas
del 25 de mayo. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el
Consejo de Estado deben emitir informes preceptivos, pero no vinculantes, que
este caso se están demorando en relación a otros proyectos de ley. De hecho, el
Poder Judicial y el Consejo Fiscal celebran este jueves sus plenos ordinarios
mensuales, sin que conste en el orden del día previsión alguna de discutirlos.
El proyecto de ley del aborto fue aprobado el pasado mes de
diciembre en el Consejo de Ministros, sin que cuatro meses después haya
siquiera informe de estas instituciones. La norma tiene apenas una decena de
artículos, lo que, teóricamente, facilita el análisis técnico de esos
organismos.
Ese ritmo premioso contrasta, por ejemplo, con el hecho de que el
Gobierno espera tener antes de verano los informes sobre la Ley Orgánica del
Poder Judicial, aprobada hace solo tres semanas, que consta de más de 600
artículos y que tiene notable complejidad técnica porque fija el diseño de toda
la Administración de Justicia.
Los informes sobre la Ley del Poder Judicial empezarán a
estudiarse en esas instituciones en los plenos del mes de junio, es decir, en
menos tiempo que los de la ley del aborto. El Gobierno y el PP tienen especial
interés en que el asunto del aborto quede fuera de la precampaña y la campaña
de las elecciones europeas. Las citadas instituciones tienen margen para fijar
sus propios calendarios, pero en todos los casos hay mayoría conservadora clara
con capacidad de decisión. El presidente conservador del Tribunal
Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ya ha logrado que esta institución
no emita sentencia sobre la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero.
La incomodidad del PP en campaña
Desde que en diciembre el Consejo de Ministros aprobó el
anteproyecto de ley del aborto, ha sido notable la incomodidad del Gobierno y
del PP con ese debate. Destacados barones regionales como José Antonio Monago y
Alberto Núñez Feijóo, entre otros, cuestionaron la inoportunidad de su
aprobación y puntos concretos como la eliminación del supuesto de malformación
grave del feto.
Los sondeos, empezando por el de Metroscopia para EL PAÍS, han
puesto de manifiesto el perjuicio electoral para el PP en las europeas del 25
de mayo. Hasta el punto de que dirigentes del PP creen que un varapalo
electoral obligaría a Mariano Rajoy a repensarse el texto que elaboró el
ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Por eso, desde el principio, el interés del
Gobierno ha sido meter bajo la alfombra el debate hasta después de esos comicios,
sin aclarar hasta dónde llegarán los cambios que introducirá en el proyecto de
ley antes de remitirlo a las Cortes. El texto aprobado en primera vuelta por el
Consejo de Ministros sustituye a la actual ley de plazos de 2011 por una de
supuestos, más restrictiva que la de 1986.
En el caso del Consejo General del Poder Judicial queda claro
que el retraso se produce por decisión del sector conservador o, al menos, por
el ritmo impuesto por esa mayoría. Esta institución nombró dos ponentes: una
progresista, Pilar Sepúlveda, y otra conservadora, Carmen Llombart. La primera
ya ha entregado hace semanas su propuesta de informe crítico, mientras que no
hay noticias del de la segunda. Ni siquiera hay previsión de cuándo llegará esa
propuesta conservadora de informe al resto de vocales.
Pilar Sepúlveda, ponente progresista, ha hablado este lunes en
la Cadena SER de ritmo "lento" en la tramitación del dictamen. No
obstante, tras recordar que ha finalizado el suyo “hace tiempo”, declinó
valorar "la intencionalidad" del Consejo para estudiar la ley.
En su propuesta de informe aconseja reconsiderar y retirar el
anteproyecto de ley al considerar que "se aleja de los países del entorno
y supone un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la
mujer". Ese texto terminará siendo, con seguridad, el voto particular del
sector progresista. La actual ley del aborto, aprobada en 2011, no tuvo informe
del Poder Judicial, porque la distribución de mayorías y la posición del
entonces presidente, Carlos Dívar, impidieron el pronunciamiento ante una ley
por primera vez en su historia. En el caso del Consejo Fiscal, es preciso un
informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que sirva de
apoyo al futuro informe y que aún no ha sido elaborado. En principio, no está
prevista su discusión hasta finales de mayo.
Una vez que se emitan los informes preceptivos, el proyecto de
ley del aborto y el de Ley Orgánica del Poder Judicial deberán volver al
Consejo de Ministros para que el Gobierno incluya los cambios que crea
conveniente y remitir los textos al Parlamento. El mes de julio es inhábil en
el Congreso y, por eso, los debates de totalidad no se celebrarían antes de
septiembre.
Quedan solo dos periodos de sesiones completos, el que va de
septiembre a diciembre y el de febrero a junio de 2015. Por eso, en este caso,
el Gobierno sí tiene prisa para que los informes estén lo antes posible.
Respecto al aborto, la oposición, contraria en bloque a la reforma, ya anunció
su intención de pedir comparecencias de expertos en el Congreso durante la
tramitación de la ley, tal como ocurre desde febrero con el nuevo Código Penal.
Diez claves de la nueva norma
El aborto se permite si existe "menoscabo importante y
duradero" para la salud física y psíquica de la mujer o un peligro
importante para su vida. El otro supuesto es que haya "delito contra salud
o indemnidad sexual" de la mujer (violación).
El plazo para el supuesto de riesgo para la salud física o
psíquica de la mujer será de 22 semanas y para el de violación, de 12.
El riesgo para la salud física o psíquica de la madre deberá
"acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por
dos médicos distintos del que practican el aborto".
Los facultativos deben
ser "especialistas en la patología que genera esa decisión".
Después
de que los facultativos hayan evaluado a la mujer, esta recibirá información
"verbal" de un "colaborador del sistema público" sobre
alternativas a la interrupción del embarazo; tras eso está obligada a esperar
“al menos 7 días" (frente a los 3 actuales) para tomar su decisión.
Los médicos que realicen la evaluación de la mujer o del feto no
podrán trabajar en el mismo centro donde se practique la intervención.
Cuando el peligro para la salud psíquica de la madre sea debido
a una "anomalía fetal incompatible con la vida", será preciso un
informe médico sobre la madre y otro sobre el feto, de forma "que quede
probada dicha anomalía".
Si la anomalía incompatible con la vida no hubiera podido ser
detectada clínicamente en las 22 primeras semanas de gestación, el aborto podrá
practicarse después, siempre que se cumplan los requisitos anteriores.
Se permite la objeción de conciencia de todos los profesionales
sanitarios que participen o colaboren en proceso de interrupción del embarazo.
Se prohíbe la publicidad de las clínicas que practican abortos.
Para que el consentimiento de menores de edad se entienda como
"informado y libre", es decir, para que puedan abortar en los
supuestos que permite la ley, será obligatoria "la participación de los
titulares de la patria potestad", ya sean padres o tutores.
Practicar un aborto fuera de los supuestos no tendrá reproche
penal para la mujer.
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Galicia aprueba la primera ley autonómica contra la discriminación sexual
'Populares', socialistas y nacionalistas pactan medidas
concretas contra la discriminación.
El PP acepta de facto los nuevos tipos de familia introducidos
por la ley del matrimonio gay.
El Parlamento gallego acaba de aprobar la primera ley autonómica
en España contra la discriminación del colectivo de lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intersexuales. Se trata de la primera norma de una
comunidad autónoma que ampara la diversidad sexual y establece medidas
concretas para proteger las distintas manifestaciones de la sexualidad.
La ley
gallega ha contado con los votos favorables del Partido Popular, del PSdeG-PSOE
y de los nacionalistas del BNG.
La proposición de ley ha partido del grupo parlamentario
socialista que ha pactado con los populares
alguno de los puntos del articulado para que la iniciativa legislativa
prosperase.
De hecho, y aunque se elimina del articulado el establecimiento de
sanciones para los que infrinjan algún tipo de discriminación o la inversión de
la carga de la prueba, de forma que no será el demandado quien deba demostrar
que no ha incurrido en discriminación, ni vulnerado el principio de igualdad
por razón de orientación sexual o identidad de género, supone un "salto
importante" para garantizar los derechos del colectivo.
En lo que se refiere a las medidas concretas la nueva regulación
establece la creación de un servicio de mediación LGTBI para resolver
conflictos que tendrá su sede en todas las ciudades y en las cabeceras de
comarca, se introducirán modificaciones curriculares en la enseñanza
obligatoria y universitaria para luchar contra la discriminación y valorar la
diversidad como una riqueza y posibilita la introducción en los convenios
colectivos de cláusulas para garantizar la no discriminación y la igualdad de
trato.
La decisión de los diputados gallegos ha sido bien recibida por
parte de las organizaciones de gays y lesbianas. El responsable del colectivo 7
Cores del PSdeG-PSOE, Fito Ferreiro, ha valorado de forma muy positiva el nuevo
texto. Según Ferreiro "se trata de la primera norma que aprueba un
Parlamento autonómico y estamos muy satisfechos". Ferreiro ha destacado
que "entendemos que se puede hacer una lectura política del visto bueno de
los diputados gallegos "ya que el PP acepta la definición de familia que
se recoge en la ley y que menciona expresamente al matrimonio homosexual y a la
familia monoparental".
Además de que "las posibilidades de la ley son
amplias pues admite un desarrollo reglamentario que ofrecerá posibilidades para
combatir la discriminación".
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Las mujeres quieren decidir
El Plan de Acción de El Cairo fue el primer documento en
establecer la “salud sexual y reproductiva” como derecho humano a proteger
A pesar de importantes avances, veinte años después de ese Plan
de acción firmado por 179 países, incluido España, aún hay mucho por hacer
Para Beatriz, Belén o la niña de 14 años violada y embazada en
Argentina o la de 10 años también violada y en estado en Senegal las decisiones
que se están tomando en los pasillos y salas de reuniones de Naciones Unidas en
la 47º sesión especial de la Comisión de Población y Desarrollo que está
teniendo lugar en Nueva York no es una cuestión baladí. Para ellas supone la
diferencia entre la vida y la muerte, o tener la posibilidad de continuar con
su vida, disfrutar de su infancia y desarrollarse como persona. , ya que los
acuerdos que se alcancen marcarán la agenda internacional sobre salud y
derechos sexuales y reproductivos en las próximas décadas.
Para miles de mujeres en todo el mundo, la decisión no es fácil
de tomar y en demasiadas ocasiones las legislaciones de los estados penalizan a
las mujeres y jóvenes que quieren decidir y no pueden. Beatriz y Belén pelearon
con las leyes de su país, e incluso apelaron a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y sus casos saltaron a una opinión pública que comenzó a
reflexionar sobre este tema por primera vez en décadas. Pero ¿Qué pasa con las
miles de beatrices y belenes que cada año tienen un embarazo no planificado? La
alternativa que millones de mujeres han tomado a lo largo de la historia es
recurrir a un aborto clandestino, y por tanto inseguro, aunque pueda costarles
la vida.
En 1994, el Plan de Acción de El Cairo fue el primer documento
internacional que estableció explícitamente la “salud sexual y reproductiva” y
los “derechos reproductivos” como derechos humanos a proteger. A pesar de
importantes avances, veinte años después de ese Plan de acción firmado por 179
países, incluido España, aún hay mucho por hacer. Para 800 mujeres al día estar
embarazada supone morir por causas relacionadas con el embarazo o el parto, más
de 220 millones de mujeres en los países en desarrollo quieren prevenir un
embarazo, pero no tienen acceso a métodos anticonceptivos eficaces y sólo el
34% de las mujeres embarazadas reciben una atención prenatal adecuada en los
países de ingresos bajos.
Desde la antigüedad, Estados y gobiernos siempre han buscado
controlar el cuerpo de las mujeres, privándolas de los más humanos de todos los
derechos, aquellos que se encuentran en su esfera más íntima y privada. Todavía
hoy los derechos sexuales y reproductivos son objeto de vivas controversias
ideológicas y son cuestionados en nombre de la cultura, la religión o la moral.
http://elpais.com/elpais/2014/04/11/planeta_futuro/1397239587_872221.html
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Las consecuencias del aborto inseguro
La ley en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) e Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE) de 2010 buscaba la reducción de los embarazos no deseados y se
construyó sobre una fórmula de probada eficacia que consiste en la combinación
de tres elementos:
1. La implementación de la
educación sexual como materia curricular.
2. El acceso real a la
anticoncepción con la liberalización de la píldora poscoital y la inclusión de
anticonceptivos de última generación entre los fármacos financiados por la
Seguridad Social.
3. El reconocimiento del
libre acceso al aborto en un plazo limitado de 14 semanas.
A diferencia de estas políticas estratégicas las del PP eliminan
los tres elementos clave de una buena política pública en materia de DSyR
porque limitan el acceso a información preventiva, limitan la financiación a
los anticonceptivos más eficaces y pretende imposibilitar el acceso a una
atención sanitaria segura para la interrupción voluntaria del embarazo.
Diferentes organizaciones profesionales han realizado análisis
detallados del Anteproyecto y han realizado proyecciones sobre del número de
mujeres que estarán abocadas a poner en riesgo su salud y su vida como
consecuencia de prácticas clandestinas e inseguras.
Con la Ley del PP, España dejará de garantizar condiciones
higiénico-sanitarias adecuadas para la interrupción del embarazo. Decenas de
miles de mujeres se verán abocadas a realizar la IVE en otros países o en
entornos de clandestinidad. Las perspectivas son pavorosas:
• 100.000 abortos quedarán
en la ilegalidad
• Unas 50.000 mujeres
viajarán al extranjero
• 50.000 recurrirán a
prácticas clandestinas
• 20.000 de ellas sufrirán
graves consecuencias para su salud. (40 %)
Aborto clandestino significa que 50.000 mujeres recurrirán a
instrumentos punzantes o al uso de sustancias peligrosas por vía oral o
perfusión vaginal. El catálogo de métodos para interrumpir el embarazo es
conocido y sus secuelas también.
Para los abortos practicados con instrumentos punzantes (como
las agujas de punto) lo más común será:
• Perforación uterina
• Perforación de vejiga
urinaria, recto y asas intestinales
• Desgarros del cuello del
útero
Las consecuencias de esas lesiones son:
• peritonitis
• abdomen agudo
• hemorragias
• infecciones agudas
• resecciones intestinales
• extirpaciones uterinas y
esterilidad
• fístulas recto vesicales
con incontinencia urinaria y fecal
• muerte por shock
hipovolémico o por shock séptico
A muchas mujeres estos métodos les provocaran pavor y buscarán
la interrupción de esos embarazos no deseados a través de lavados vaginales con
sustancias variadas, o por vía oral con distintas medicaciones.
En esos casos, las consecuencias y complicaciones más frecuentes
serán:
• Quemaduras químicas
graves localizadas con lesiones deformantes y con esterilidad
• hipertensión
• edema pulmonar y parada
cardíaca
• embolismos que según el
vaso donde impactan generarán infartos pulmonares cardiacos o cerebrales,
provocando graves secuelas y en algunos casos la muerte.
Todos los organismos internaciones nos recuerdan machaconamente
que la práctica de abortos auto-inducidos -los únicos no punibles según el
anteproyecto-, generalmente en malas condiciones higiénicas sanitarias, o la
realización de abortos por personas que carecen de las habilidades y
conocimientos necesarios y que no garantizan estándares médicos mínimos, es una
de las causas más importantes de mortalidad materna y morbilidad materna en el
mundo.
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