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viernes, 3 de abril de 2020
Las clínicas para abortar también funcionan en la cuarentena al ser "un servicio no aplazable"
El aborto legal y seguro sigue realizándose durante el estado de alarma para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.
El estado de alarma decretado por el Gobierno para la contención de los contagios por coronavirus hizo paralizar toda la actividad sanitaria que no sea urgente. Cirugías y otros servicios sanitarios no considerados apremiantes se han movido en el calendario para que los sanitarios se puedan centrar en la recuperación de los afectados por la pandemia.
Pero hay otros considerados no aplazables y que tienen que seguir su curso pese a la catástrofe sanitaria que estamos viviendo. Es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. En España, el aborto a petición de la mujer está permitido hasta las 14 semanas de embarazo. En 2018, los últimos disponibles, se han interrumpido 95.917 embarazos en España, 18.914 de los cuales en Madrid. Desde 2010, año en el que se aprobó la ley del aborto, esto representa un descenso del 16,71%.
El tiempo es un elemento fundamental para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y no se compadece con las medidas de confinamiento obligatorias. Por ello, el aborto está dentro de los servicios sanitarios considerados como no aplazables por parte de las autoridades sanitarias y las clínicas siguen prestando sus servicios.
"Todas las clínicas están abiertas y siguen funcionando con la normalidad posible, considerando que absolutamente todos los sectores de la sociedad se están viendo afectados", cuentan fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que tiene asociadas a 28 clínicas en España.
En las clínicas nos aseguran lo mismo, las mujeres que necesiten recurrir al aborto pueden seguir haciéndolo con todas las condiciones de seguridad. "Estamos dando los mismos servicios. Se mantienen los mismos trámites de petición y nos siguen llegando pacientes derivados de la pública. Por ahora todo sigue igual", cuentan a magasIN desde la Clínica El Bosque.
En la Clínica Isadora, la misma respuesta: "Las mujeres que necesitan hacerlo piden la cita y son atendidas. No estamos dejando a nadie sin atender. Son servicios no aplazables, con lo cual seguimos trabajando como hasta ahora. El tiempo aquí es muy importante”, explican.
También la Clínica Dator, a través de su cuenta de Twitter, asegura que siguen funcionando con normalidad.
La #interrupciónvoluntaridelembarazo es considerada por las #autoridadessanitarias como no aplazable” en esta situación derivada del #COVID19
Si necesitas información puedes llamarnos a nuestros teléfonos de contacto
915712700
Como cualquier otro sector de actividad que sigue prestando sus servicios en estos momentos, se han redoblado las medidas de seguridad y protección tanto del personal como de las usuarias. "Cada clínica tiene un protocolo propio que están aplicando, en línea con lo que ocurre con los demás sanitarios. Mascarillas, guantes y equipos de protección para todo el equipo, en el caso de que se dispongan, porque ya sabemos como está el acceso a este tipo de materiales. Algunas espacian las intervenciones, para que no coincidan muchas usuarias en la sala de espera, de ser posible. Otras limitan el número de acompañantes por paciente. Se hace lo posible por seguir prestando el servicio con seguridad y calidad", dicen desde ACAI.
En la Clínica El Bosque, por ejemplo, se ha establecido que las pacientes no pueden ir acompañadas, para limitar los contactos innecesarios y se han repartido mascarillas entre el personal médico. "Estamos todos extremando los cuidados para minorar los riesgos", explican. Medidas muy similares a las que se están aplicando en otras clínicas y que pueden retrasar un poco el atendimiento pero no de manera significativa.
"Al intentar espaciar las intervenciones, para que no coincidan pacientes en la sala de espera, por ejemplo, puede que el atendimiento sea más lento, pero por ahora no tenemos constancia de situaciones relevantes a este nivel. Se están haciendo todas las intervenciones sin problemas de tiempo", aseguran en ACAI.
Salud sexual y reproductiva
A nivel de derechos reproductivos, no solo están garantizadas las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo, sino que también otro tipo de cuestiones relacionadas con la salud sexual. "Todas las situaciones urgentes relacionadas con la salud sexual y reproductiva siguen siendo atendidas. Esto incluye a la contracepción de emergencia, por supuesto, que sigue disponible en las farmacias, sin necesidad de receta”, dice Raquel Hurtado, coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar Estatal.
Los centros se han cerrado en esta cuarentena, y no se presta atención presencial, pero los teléfonos de contacto y las redes sociales siguen operativas para resolver todo tipo de dudas. "Ahora mismo lo que más nos está llegando son llamadas de gente con dudas sobre lo urgente que puede ser determinada situación y si debe o no acercarse al centro sanitario", explica Hurtado.
"Tenemos que acompañar estas ansiedades, valorar lo que es urgente y lo que puede esperar, y redirigir a las personas al centro de atención correcta, en el caso de que deba ser vista por un médico", dice. "Y siempre teniendo en cuenta la situación personal de cada uno".
Porque un embarazo no deseado es de por si un momento de angustia e incertidumbre para la mujer y vivirlo durante una cuarentena, que impone aislamiento social y restricciones a los movimientos, puede agudizar estos sentimientos y la sensación de impotencia y parálisis.
"En el caso de una mujer en una situación de embarazo no deseado, depende mucho de su situación personal: puede tener tiempo para decidirlo y en ese caso no es una situación urgente, una vez que puede esperar dentro de los plazos legales. Pero a ella le puede estar generando tal cantidad de agobio y ansiedad, que esperar puede ser inviable y, en esos casos, hay que tomar otro tipo de decisión”, señala.
Más allá de España
Si en España los derechos reproductivos y sexuales parecen no haberse resentido por la cuarentena, la organización internacional por los derechos de las mujeres Women’s Link pide no bajar la guardia.
"Como suele pasar en muchas situaciones de emergencia no todos los derechos fundamentales son garantizados. Es necesario recordar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que todas las normas y leyes de excepcionalidad deben seguir incluyéndolos”, dice Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link.
La organización llama la atención para países donde el aborto no está aún garantizado, o sólo lo está en parte del territorio y donde las mujeres se veían obligadas a viajar para tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y salubre. "En estos momentos, con las restricciones de viaje y el cierre de fronteras, esas mujeres están desamparadas", dice. “¿Qué pasa con las mujeres migrantes, las mujeres sin recursos, las que viven en zonas más rurales o en comunidades más afectadas por la objeción de consciencia?”, pregunta.
Echando la mirada fuera de España, la situación se complica. En Colombia, por ejemplo, donde el aborto sólo es legal en casos de malformación del feto, riesgo de la vida de la madre y violación, la asociación Profamilia, que opera en 66 clínicas y unidades móviles de planificación familiar en el país ha visto su actividad restringida. "Con las nuevas directrices no se pueden mover y eso dejará a mucha gente sin atención a nivel de salud reproductiva", dice Waisman.
También en Estados Unidos, en el Estado de Ohio, donde el aborto es legal pese a que en el último año se han intentado aprobar leyes cada vez más restrictivas, el gobierno ordenó parar las interrupciones voluntarias del embarazo, al considerarlas "procedimientos no esenciales". "El aborto está dependiente de plazos y tiene un tiempo legal para hacerse. Es, por eso, un procedimiento urgente que no puede apalzarse", ha declarado una portavoz de Planned Paranthood al Washington Post.
La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros. Al año, mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de esas prácticas. De cerrarse clínicas e impedir estos procedimientos a causa de la crisis del coronavirus, estos números, ya de por si apabullantes, podrían aumentar.
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Clínicas de aborto solicitan a Sanidad suprimir durante el Estado de Alarma la información presencial previa
Dado que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una prestación esencial reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras la declaración del Estado de Alarma por Covid 19, su ampliación y el refuerzo de las medidas de aislamiento.
El recurso sanitario de aborto provocado está siendo por el momento garantizado tanto desde la derivación pública como desde los centros acreditados.
Las Clínicas de IVE siguen abiertas porque el aborto es una prestación de urgencia que no puede posponerse y debe ser atendida con prontitud.
El aborto provocado es una prestación sanitaria pública en conformidad con el artículo 12 d la Ley de SSR e IVE, y su acceso debe ser facilitado. Una prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud y financiada por este.
Los/as profesionales de los centros acreditados para la IVE asociados en ACAI, informan de que todo el personal médico, sanitario y administrativo está trabajando con máxima precaución, en conformidad con las pautas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad. Entre otras medidas, se utilizan equipos de protección individual, se están espaciando las citas para reducir la presencia simultánea en los mismos espacios y se reduce la presencia de acompañantes. Al mismo tiempo, y para facilitar la movilidad de las mujeres y el personal médico y sanitario, se han elaborado documentos válidos jurídicamente que justifican sus desplazamientos.
Atendiendo a la petición del Ministerio y de las Consejerías de Sanidad, las clínicas que cuentan con más de un respirador han puesto a disposición de las administraciones estos materiales, habiendo sido retirados de algunos centros.
Asimismo, desde ACAI se ha solicitado al Ministerio de Sanidad que suprima durante el Estado de Alarma la informativa presencial de la mujer previa a la IVE y que esta pueda hacerse por medios telemáticos, con el objetivo de reducir el número de desplazamientos de las mujeres. Sin embargo, aún no hemos obtenido respuesta alguna a dicha solicitud.
En relación al número de abortos provocados realizados desde la declaración del Estado de Alarma, podemos decir que en general se mantiene, con ligeras variaciones territoriales, más o menos estable si lo comparamos con la primera quincena del mes de marzo.
En Madrid, sin embargo, la comunidad más afectada por la pandemia, la afluencia de mujeres parece haber disminuido en algunos centros entre un 15 y un 20% aproximadamente. Las razones podrían ser diversas: mujeres que retrasan la IVE ante la expansión de la pandemia, mujeres que no quieren que la intervención sea conocida por el entorno con el que convive, desconocimiento de la apertura de los centros o ralentización en la derivación pública por falta de personal, afectado por la pandemia, cierre de centros o limitaciones propiciadas por el Estado de Alarma.
Es intención de los centros de IVE y de sus profesionales continuar facilitando a las mujeres esta prestación sanitaria, de no poder garantizar la misma en circunstancias de calidad, confidencialidad y seguridad por la incidencia de la pandemia, comunicaríamos dicha circunstancia a las administraciones y a la opinión pública.
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sábado, 29 de febrero de 2020
El nuevo Gobierno permitirá abortar sin permiso paterno a niñas de 16 años
El acuerdo de Gobierno firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no es demasiado explícito pero afirma que se «favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010»
«Cuando la ley permite el aborto, la gente piensa que es algo aceptable»
Al nuevo Gobierno de Sánchez e Iglesias no le parece suficiente el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Ahora también quieren garantizar su acceso «a todas las mujeres». Una reforma del PP en el año 2015 impidió que las adolescentes de 15 y 16 años pudieran abortar sin consentimiento paterno tal como lo establecía la ley de plazos aprobada durante el Ejecutivo de Zapatero en 2010.
El acuerdo de Gobierno firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no es demasiado explícito pero afirma que se «favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010».
Dicha norma solo fijaba que las menores informaran a sus progenitores de su decisión, salvo que alegasen un grave conflicto familiar.
El acuerdo entre socialistas y podemitas se firmó semanas después de que saliera a la luz pública de que la madre del bebé que murió tras ser arrojado al río Besos, el pasado 24 de septiembre, pidiera ayuda para abortar en un servicio municipal pero se encontró con un muro: tenía 16 años y, por tanto, necesitaba del permiso de sus padres para interrumpir voluntariamente su embarazo, según informó «El Periódico».
En 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy puso en marcha el cambio de un único artículo de la conocida como Ley Aído, el referido al permiso paterno para las mujeres de entre 16 y 18 años, para pode abortar. Fue el único aspecto de la llamada «contrarreforma de Gallardón» que salió adelante, en contra de toda la oposición y sin el apoyo de varios parlamentarios populares que consideraban que el cambio se quedaba corto.
310 abortos en 2018
Desde entonces, la disposición ha estado en vigor, pese a que en octubre de 2018, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa, el Congreso aprobó una iniciativa, impulsada por Unidos Podemos, que instaba al Ejecutivo a iniciar los trámites para derogar la reforma del PP, que restringía las posibilidades de las jóvenes. El PSOE apoyó la proposición, pero durante los escasos meses de Gobierno en plenas facultades no la llevó a la práctica.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2018 se produjeron 310 abortos entre las menores de 15 años y 9.518 entre las jóvenes entre 15 y 19 años.
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Tenemos que cambiar la ley del aborto
Si las mujeres somos mayores para ser madres, también somos mayores para decidir si queremos serlo.
La reciente aprobación del pin parental en Murcia por parte de las derechas ha puesto sobre la mesa el debate acerca del derecho (o del poder) de los padres sobre sus hijos. ¿Cómo y hasta dónde pueden los padres tomar decisiones por sus hijos?
Pablo Casado defendió el veto parental afirmando "mis hijos son míos", pero frente a esta antigua y patriarcal concepción de la "patria potestad", mucha gente ha salido a recordar –incluyendo para ello hasta citas del Papa– que los niños y niñas son sujetos de derecho y no propiedad de sus padres. Este pretendido derecho irrestricto de los padres para decidir sobre la vida de sus hijos producía hasta hace bien poco algunos efectos escandalosos que hemos conseguido corregir.
Muchos niños y niñas afectados por la violencia machista que vivían en casa no podían ser atendidos psicológicamente porque necesitaban la firma de sus dos tutores legales, incluyendo el consentimiento de un progenitor inmerso en una causa penal por malos tratos o abuso sexual o incluso condenado por ello. Expertas en la atención directa de mujeres víctimas de violencia y que prestan tratamiento psicológico –muchas de ellas denunciadas por progenitores por atender a sus hijos– reclamaron una modificación del Código Civil y en 2018, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, el Gobierno aprobó una reforma para que la atención y asistencia psicológica dejara de estar entre los actos que requieren incondicionalmente el consentimiento paterno mientras se mantenga la patria potestad.
Esta concepción acerca de la incondicionalidad del poder de los padres sobre sus hijos llevó también al PP a cambiar la ley del aborto en el año 2015. Alberto Ruiz-Gallardón aspiraba a una reforma muy restrictiva que el movimiento feminista consiguió detener y que acabó con su propia dimisión pero, a pesar del fracaso, el Partido Popular tenía que contentar con algo a sus votantes más reaccionarios y cambió lo que parecía más asumible cambiar: recuperar el poder de los progenitores para consentir o impedir el aborto de las mujeres de dieciséis y diecisiete años. Desde 2010, estas menores, si querían interrumpir su embarazo, tenían el deber de informar a sus tutores, pero podían acogerse excepcionalmente a la posibilidad de no comunicarlo a sus padres si justificaban que eso podría suponer poner en riesgo su decisión. En 2015 eso cambió.
La mayoría de las comunidades autónomas pedían a las chicas venir acompañadas por, al menos, uno de sus padres y algunos gobiernos regionales, como es el caso de Madrid, exigían el consentimiento de ambos progenitores siempre que mantuvieran la patria potestad, produciendo verdaderos efectos rocambolescos.
En Madrid, las funcionarias de la Consejería de Sanidad han estado pidiendo a algunas madres acompañantes que vinieran acompañadas también del padre, así estuviera imputado en una causa por violencia de género, tuviera una orden de alejamiento o no compartiera la custodia. Se ha retrasado o impedido el aborto de menores cuyos padres vivían en el extranjero y con los que no había ninguna relación y se llegó a dar el caso de una chica que conoció por primera vez a uno de sus progenitores, con el que nunca convivió, en una clínica de aborto madrileña.
Estas derivas surrealistas de la aplicación madrileña de la ley del PP, que son posibles porque el texto de la ley vigente es ciertamente ambiguo en su redacción, son el ejemplo más extremo de una concepción sobre la potestad de los padres profundamente equivocada y lesiva para los hijos e hijas.
Durante los años en los que las menores han podido acogerse a la excepción de no informar a sus familias, solo las que realmente lo necesitaban se acogieron a esta opción. Según todos los datos que tenemos, como por ejemplo los de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo), el 90% de las chicas jóvenes informaban a sus padres y eran acompañadas por ellos durante el proceso. Solo un 10% de mujeres jóvenes no quería informar a sus familias, entre las que se encontraban menores en familias desestructuradas y en situaciones de semi-abandono o menores en familias con violencia machista o que han sufrido incluso violencia sexual en el entorno familiar. La reforma del PP ha supuesto dejar a su suerte, desatendidas y abandonadas, justamente a las menores más vulnerables y que más necesitan el amparo de las instituciones frente al desamparo de sus familias.
Hace poco conocimos un caso dramático que no ha ocurrido en un lejano país teocrático anclado en el subdesarrollo, ha ocurrido en nuestro país, concretamente en Cataluña. Una pareja de chicos jóvenes ocultaron un embarazo, se escondieron en un motel para que nadie se enterara del parto y el chaval acabó arrojando al río Besòs al bebé recién nacido mientras la chica volvía a casa con sus padres pensando que su novio lo dejaría en un recurso de acogida. Esa menor fue a pedir ayuda para abortar pero le dijeron que estaba obligada a contar con el consentimiento paterno para ello. Lo que debemos preguntarnos –y lo que daba sentido a la ley del aborto aprobada en 2010– es qué tipo de entorno familiar tiene una chica de dieciséis años que, antes de informar a sus padres, se oculta de su familia durante nueve meses y se ve embarcada no ya en un aborto de riesgo, sino incluso en un embarazo de riesgo y un parto de riesgo.
Tenemos un nuevo Gobierno y uno de sus retos es dejar atrás esa concepción patriarcal de la patria potestad, tan propia de las derechas, por la cual los hijos, como dice Pablo Casado, son de sus padres. Patriarcal hacia los hijos y patriarcal hacia las mujeres. Porque más allá de que la actual legislación del aborto esté dejando abandonadas a muchas menores vulnerables supone, como siempre, una inaceptable infantilización de las mujeres.
En España hay muchas chicas de dieciséis y diecisiete años que no viven con sus progenitores o con adultos que las mantengan, menores que trabajan y se han emancipado o mujeres migrantes que viven solas. Y es que en nuestro país las mujeres a partir de los dieciséis años son consideradas legalmente adultas para trabajar, casarse o tener hijos y cuidarlos.
Decía Olympe de Gouges que si las mujeres éramos responsables para subir al cadalso, teníamos que serlo para poder subir a la tribuna. Hoy nos toca decir que si las mujeres somos mayores para ser madres, también somos mayores para decidir si queremos serlo. Los hijos no son propiedad de sus padres y las mujeres llevamos ya mucho sufriendo los estragos de una derecha que considera a las mujeres ante todo hijas y eternamente hijas. Tenemos que cambiar la ley del aborto.
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lunes, 3 de febrero de 2020
Sesión formativa: ¿Cómo se aborda en medios de comunicación el aborto?
Lugar: Madrid (Universidad Complutense de Madrid)
El día 5 de febrero la FPFE impartirá una sesión formativa en la que explicará su modo de abordar la comunicación en cuestiones como la educación sexual o el aborto, se mostrarán las experiencias de algunos/as periodistas que trabajan en medios y se realizará un taller práctico con las personas participantes.
Dirigido a alumnas y alumnos de 1º de grado de la Facultad de Ciencias de la Información, la sesión se enmarca en el proyecto “Dale like a poder decidir” que financia IPPF y que se dirige a reducir el estigma social vinculado al aborto.
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lunes, 13 de enero de 2020
Las ONG piden recuperar el aborto para mayores de 16 sin permiso paterno en el acuerdo PSOE-UP
Las ONG agrupadas en la plataforma Poletika, entre las que se encuentran Oxfam-Intermon o Save The Children, demandaron este viernes a PSOE y Unidas Podemos incluir en el acuerdo para formar Gobierno de coalición la recuperación del derecho de las mujeres de 16 y 17 años a la interrupción voluntaria del embarazo sin consenso parental.
También reclamaron “más medidas y concreciones” en el acuerdo firmado por ambos partidos para formar un Gobierno de coalición en España, aunque aseguran que el pacto es, en líneas generales, “positivo”.
Consideran que, de cumplirse, “el pacto contribuirá a reducir notablemente la creciente brecha entre ricos y pobres en España”, pero exigen a Pedro Sánchez que, durante la investidura, “anuncie medidas adicionales y concrete con detalle las que ya figuran en el pacto”.
Polétika, que agrupa a más de 500 organizaciones sociales, ve “positivas” las medidas fiscales acordadas, aunque aprecia que “faltan detalles sobre su puesta en marcha”. Destaca también las medidas para reducir la precariedad laboral y cree que “tendrán impacto, sobre todo en las mujeres”. Sin embargo, “no incluye medidas regulatorias” sobre las “trabajadoras del hogar”.
También considera “decepcionante” la falta de concreción sobre “cómo y cuándo se implementará una renta estatal garantizada”. En torno a la derogación de la llamada ‘Ley Mordaza’, asegura que es “esperanzador” y espera que ese compromiso no quede frenado en el trámite parlamentario.
Las organizaciones sociales también pidieron unos Presupuestos Generales que aborden la “emergencia climática y la crisis de biodiversidad”, así como una “fiscalidad verde y justa que sirva para financiar la transición energética”.
Asimismo, afearon que el acuerdo no incluya un “compromiso específico” para “salvar vidas en el mar”, aunque reconocieron que menciona “una política migratoria solidaria y que garantice vías legales y seguras”.
En cuanto a la igualdad de género, Polétika exigió una “dotación presupuestaria suficiente para poder llevar a cabo las medidas comprometidas, especialmente las relativas a la erradicación de las violencias machistas o la corresponsabilidad entre hombres, mujeres e instituciones de los cuidados”.
También pidió políticas para los jóvenes, “el colectivo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social”, por lo que propone medidas para que las personas jóvenes no inviertan más de un 30% de su salario en vivienda.
En cuanto a la infancia, la plataforma de ONG aplaude el anuncio del aumento de la prestación por hijo o hija para familias vulnerables y el compromiso de tramitar la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, así como las medidas contra el acoso escolar o la discriminación de personas LGTB.
Por último, en materia educativa, Polétika da la bienvenida al compromiso para universalizar el acceso a la educación infantil de cero a tres años y a las medidas contra la segregación escolar, pero recuerda que hay un 18% de abandono escolar temprano y que faltan medidas en el ámbito de los estudios preuniversitarios.
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miércoles, 4 de diciembre de 2019
Los datos del aborto para tumbar los estigmas
Durante 2018, en España se practicaron 95.917 interrupciones voluntarias del embarazo.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) avisa de que aún hay un "estigma" sobre esta práctica.
"El aborto era para mí una opción disparatada. Una barbaridad a la que solo llegaban las mujeres sometidas y todas esas otras imprudentes, irresponsables y descerebradas a las que yo defendía en las manifestaciones [...], pero a las que, desde luego, no me parecía". Es la confesión valiente que hace la periodista Diana López Varela en el libro Maternofobia (Ediciones Península, 2019), en el que trata de trazar el "retrato de una generación enfrentada a la maternidad". El párrafo solo puede estar escrito por alguien que ha tenido que coger sus prejuicios por los cuernos y que además se ha atrevido a contarlo. El aborto, a pesar de ser gratuito en España, se enfrenta aún a muchos estereotipos y "estigmas".
A pesar de que en España hay casi 96.000 abortos al año, hay pocos productos culturales que hablen de este proceso, sobre todo, comparado con los libros, películas y otras obras que reflexionan sobre el hecho de ser padre o madre.
El aborto es gratuito, pero la mayor parte de intervenciones se derivan a clínicas privadas. Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), cree que sigue estando "estigmatizado", tanto para las mujeres que lo solicitan como para los médicos que lo practican. Algo ha cambiad durante los 30 años en los que ella ha ejercido su profesión. La vergüenza o la culpa han dado paso a "ideas tendenciosas", que a veces internet alimenta. "A veces hay una falta de conocimiento y además no está bien visto socialmente", reconoce.
Una ley menos restrictiva no dispara los abortos
El Ministerio de Sanidad ha publicado este noviembre los datos definitivos de 2018 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en España. Las cifras apuntan a un aumento del 1,91% respecto a 2017, lo que el organismo interpreta como una estabilización. En total, se practicaron 95.917 intervenciones.
Es el segundo año en el que el aborto crece discretamente, después de que en 2011 comenzase una tendencia de descenso. Desde que en 2010 se aprobó la ley de plazos, las interrupciones han disminuido. En ese año alcanzaron las 113.031, mientras que en 2018 fueron 95.917, un poco más que el año anterior, que se quedaron en 94.123 abortos. La única consecuencia de implementar leyes menos restrictivas contra el aborto es que las intervenciones son más seguras.
Mujeres adultas y diversas
Aunque la creencia asocia los abortos voluntarios a mujeres más jóvenes, lo cierto es que el grueso no está en las menores franjas de edad. En 2018 abortaron 9.518 mujeres de entre 15 a 19 años, menos que los 19.856 abortos de la franja de 30 a 34 años o los 16.953 pacientes que abortaron cuando tenían de 35 a 39 años.
En medio, las edades donde las cifras son más altas. Es el caso de la horquilla que va desde los 20 a los 24 (20.595 casos) y de 25 a 29 (20.876). "Se piensa que el amor más loco tiene lugar en edades muy tempranas, pero la falta de educación sexual es transversal. En ningún momento de nuestra historia se ha implementado una asignatura de educación sexual. Es una debilidad importante que afecta a la acción sexual y reproductiva", explica Francisca García.
Las mujeres que acuden a las clínicas son diversas y cada una tiene una circunstancia familiar, así lo demuestran los datos. De los 95.917 abortos, 46.108 se practicaron a mujeres que convivían con sus parejas, 23.319 lo hacían solas y 21.704 vivían con familiares.
Muchas de ellas también han experimentado ya la maternidad. Del total de mujeres que acudieron a una clínica, el 46,08% (44.199) no tenía hijos vivos. Es decir, más de la mitad había experimentado la maternidad en otras ocasiones. El 25,69% (24.644) de ellas tenían un hijo en el momento de la intervención, mientras el 20,08% (19.263) tenía dos y el 5,88% tres.
El 90,4% (86.749) de abortos se hacen a petición de la mujer. Solo 5.711 se realizan por "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" y 3.187 por "graves anomalías en el feto. "Es una decisión difícil, pero como tantas otras que tomamos en la vida", explica García. Es decir, la mayoría de mujeres no son madres porque deciden, simplemente, no serlo en ese momento concreto.
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martes, 3 de diciembre de 2019
Planificación Familiar Estatal no ve significativo el aumento de abortos y pide atención específica a mujeres migrantes
La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) no ve significativo el incremento de casi un 2% de los abortos en España durante 2018, teniendo en cuenta que el número se ha reducido desde la aprobación de la ley en 2010. En cualquier caso, la organización defiende la mejora de los servicios de salud para garantizar un aborto "libre y seguro" y reclama servicios específicos de atención a mujeres migrantes.
La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) no ve significativo el incremento de casi un 2% de los abortos en España durante 2018, teniendo en cuenta que el número se ha reducido desde la aprobación de la ley en 2010. En cualquier caso, la organización defiende la mejora de los servicios de salud para garantizar un aborto "libre y seguro" y reclama servicios específicos de atención a mujeres migrantes.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de proyectos de intervención social de la federación, Gemma Castro, se ha referido al "pequeño repunte" de los abortos en 2018, cuando abortaron un total de 95.917 mujeres, lo que supone un incremento del 1,91 por ciento respecto a 2017. Si bien, ha destacado que desde el año 2009 las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se han reducido, especialmente a partir del 2014, cuando se ha producido una bajada "más pronunciada".
"Los datos dicen que hay una tendencia clara a la estabilización. Pese a pequeños repuntes, disminuyes desde la puesta en marcha de la ley, con lo cual se traduce en una mejora de los datos", ha incidido la responsable de esta organización que promueve el derecho de todas las personas a decidir sobre reproducción y que presta servicios de atención de la salud sexual y reproductiva.
"El aborto es una realidad. Hay mujeres embarazadas que no pueden, no quieren o no desean continuar con su embarazo y va a seguir existiendo. La ley lo que hace es que no aumente el número de mujeres que mueren por abortar de forma ilegal, como ocurre en otros países", ha argumentado.
En cualquier caso, ha insistido en que todavía "queda mucho por hacer" para "mejorar" los servicios de salud para garantizar el aborto, especialmente para el colectivo de las personas migrantes. "El acceso a la interrupción del embarazo libre y segura es fundamental", ha afirmado, reclamando también más educación para la prevención, así como información.
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viernes, 15 de noviembre de 2019
Ocho falsos mitos sobre el aborto que los datos desmontan
Ni anticonceptivo, ni eugenesia. Un programa de máxima audiencia en televisión, sin una réplica bien informada, puede convertirse –al margen de los esfuerzos del entrevistador– en altavoz de posiciones contrarias a los derechos de las mujeres.
En la conversación entre Pablo Motos y Santiago Abascal emitida esta semana en “El Hormiguero”, de Antena 3, el representante de la ultraderecha pudo lanzar a 4.049.000 telespectadores la idea de que el aborto “se haya convertido en una práctica eugenésica y anticonceptiva”.
¿Es esto cierto? Ningún dato real lo avala, por lo que no hay más remedio que concluir que es, sencillamente, falso.
“Hablemos de vuestros puntos polémicos, hablemos del aborto”, dice el presentador. Crear polémica no está siendo ningún problema para estas posiciones políticas, al contrario, se crecen en ella, como demuestran los índices de audiencia. “Nosotros eliminaríamos la ley de plazos. Creemos que una vida humana es desde el principio”, afirmó Abascal.
Las creencias, inspiradas en conceptos religiosos o en una moral determinada, no son aquí objeto de discusión, pero sí los muchos mitos falsos que circulan sobre la realidad del derecho de las mujeres al aborto en el marco de la ley actual, de 2010.
El análisis de las estadísticas que proporciona el Ministerio de Sanidad indica que el perfil más frecuente entre las mujeres que optan por interrumpir la gestación en nuestro país es el de una española entre 20 y 29 años, con un embarazo de menos de ocho semanas, y cuya intervención se realiza a petición de la embarazada en un centro privado acreditado.
Frente a los mitos, veamos los datos.
MITO FALSO 1: “La despenalización de la interrupción del embarazo lleva al aumento del número de abortos”.
Al contrario, los datos hablan de estabilidad. Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad (1), correspondiente al año 2017, en España se practicaron 94.123 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supone una tasa del 10,51 por cada 1.000 mujeres. Esta incidencia se mantiene estable desde 2014 y por debajo de las cifras de 2008 y 2009, años anteriores a la ley de 2010 –Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo– (2).
Hay que tener en cuenta no solo el cambio legal para observar la evolución de la última década: así, desde 2009 algunos anticonceptivos orales son más accesibles al no exigirse receta médica en la farmacia, y el bienio 2011-2012 de ligero repunte coincidió con el aumento de la llegada de mujeres inmigrantes, una tendencia que frenó la crisis económica. Con respecto al número de abortos en jóvenes y adolescentes, las cifras han bajado hasta las que hubo hace diez años.
MITO FALSO 2: “Abortan más las chicas muy jóvenes”.
No son las más jóvenes las que más se someten a una IVE y la cifra en adolescentes es muy inferior en comparación con adultas jóvenes. El tramo donde es más frecuente se sitúa entre los 20 y los 24 años de edad (17,42 por cada mil mujeres), seguidas por las de 25 a 29 años (15,74) y las de 30 a 34 años (12,61). Tanto las mujeres de 19 y menores, como las mayores de 35, están en tasas que no llegan a 9 por mil.
MITO FALSO 3: “Son las mujeres migrantes quienes recurren al aborto”.
En realidad, tres de cada cuatro mujeres que abortan en España son europeas, el 75%, lo que resulta lógico ya que en este porcentaje se incluye a las nacionales, que suponen el 66%. En orden de importancia le siguen las americanas, con un 17,5%, y las africanas, con un 4,8% en 2017. Por comunidades autónomas, se sitúan por encima de la media las tasas de Baleares, Madrid, Cataluña, Asturias y Canarias. Prácticamente en la media nacional están la Región de Murcia y Andalucía, y el resto por debajo de ella.
MITO FALSO 4: “La despenalización banaliza el aborto y se usa como si fuera un método anticonceptivo más”.
Los datos sobre abortos voluntarios anteriores desmienten que esta tendencia exista. De las interrupciones registradas por Sanidad en 2017, más del 60% de las mujeres era la primera vez que recurrían a ella (59.098) y solo el 12,8% de las pacientes había pasado por dos o más abortos voluntarios anteriores.
En cuanto al método elegido mayoritariamente por las mujeres, es la intervención quirúrgica la que les da mayor confianza, ya que la eligen en cerca del 80% de los casos, frente a la opción farmacológica.
Aunque la realización de la IVE se hace en mucha mayor proporción en centros privados (87,6% de las intervenciones), a partir de 2012 ha habido un aumento apreciable de registros en centros públicos en relación a los privados. Es un dato inverso a lo que ocurre en un país en el que la mayoría de la ciudadanía utiliza la sanidad pública. Hay que tener en cuenta que antes de la ley de 2010, la prestación no se incluía en la cartera de servicios públicos. Además, el informe de Sanidad no especifica cuántas intervenciones en centros autorizados se han hecho por derivación de la sanidad pública y cuántas fueron abonadas por las mujeres.
Pueden observarse algunas variaciones por comunidades autónomas respecto a esta situación general: así, desde Cataluña se notificaron intervenciones desde 61 centros públicos y solo 15 privados, en una comunidad en la que el 56% de las IVE se realiza en centros privados. En la Comunidad Valenciana se realizaron en 19 centros públicos y 16 privados, si bien la relación es de 696 casos en la pública frente a 8.464 en la privada. En el País Vasco se contabilizan 214 IVE en la pública y 3.239 en la privada durante 2017. En Andalucía solo se realizaron 10 IVE en la sanidad pública frente a 17.248 en la privada, y en Madrid la relación es de 6 intervenciones en la pública, frente a 16.652 en los centros privados.
MITO FALSO 5: “Se realizan muchos abortos después de las primeras semanas de gestación”.
Todo lo contrario, en la última década se ha producido un aumento constante de la proporción de IVE en las primeras semanas –ocho o menos–, lo que reduce los riesgos para las mujeres. Desde 2011, no hay ninguna intervención en la que no conste ese tiempo, lo que contribuye a la transparencia en este punto: en 2017, más del 70% de las IVE se realizaron con ocho o menos semanas de gestación. Solo el 0,17% se realizaron después de la semana 22.
MITO FALSO 6: “El aborto es una eugenesia oculta”.
No. Solo en el 6,4% de los casos la causa es el grave riesgo para la salud de la embarazada, y el riesgo de graves anomalías fetales, en el 3,5%. Las anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave o incurable del feto, no suponen más que el 0,3%. Casi siempre, en el 89,7% de los casos, el motivo de la interrupción del embarazo es la petición de la mujer. Esto corrobora que casi no se realizan abortos pasadas las 14 semanas y la realización de abortos en estados posteriores de gestación no es nada frecuente.
MITO FALSO 7: “Es mejor no permitir nunca que las menores de edad decidan sin el consentimiento de sus padres”.
Como es sabido, la Ley de 2010 permitía que las menores de edad, a partir de los 16 años, pudieran decidir sobre la interrupción del embarazo sin autorización paterna, si bien al menos uno de los progenitores debía ser informado, salvo en caso de conflicto familiar grave. La legislación fue modificada en 2015 con una “victoria parcial” de las tesis conservadoras, exigiendo el consentimiento de ambos progenitores para las jóvenes de 16 y 17 años.
El estudio “La situación actual del aborto en España” (3) –publicado en 2017 por la Universidad de Málaga y firmado por Palmira Expósito Camacho, criminóloga y enfermera andaluza–, concluye sin dudas que la ley de 2010 ha supuesto un avance en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y no ha perjudicado la protección de la vida prenatal. La autora se ocupa especialmente de este grupo de edad, mostrando cómo el número de mujeres de 16 y 17 años que no informaron a sus padres antes de la modificación del 2015 era muyminoritario (113 casos en 2014, el 12,3% de las IVE practicadas a menores y un exiguo 0,44% del total de las IVE de ese año). “Por lo tanto, no parece ser una cifra alarmante como querían hacer ver los opositores de la ley”, valora la investigadora. Algunos de los motivos por los que estas jóvenes no informan a sus padres, según los datos de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la IVE (ACAI) son el desamparo, progenitores en prisión o riesgo de sufrir malos tratos. “Parece desacertado el haberlo derogado” –añade–, “pues deja en un estado de indefensión al pequeño grupo de chicas que realmente necesitan de esta facilidad”.
MITO FALSO 8: “Ya no queda nada por hacer”.
En el estudio citado, Palmira Expósito se apoya también en varias entrevistas realizadas a profesionales sanitarios en la comunidad autónoma andaluza, que ponen en evidencia un hecho al que también aluden fuentes de ACAI: el desarrollo de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010 no parece haber cambiado la educación de los adolescentes en esta materia. Si la ejecución de la IVE está funcionando en nuestro país, sobre todo a través de la red de centros concertados, y paralelamente se ha avanzado mucho en la contracepción de emergencia, ¿qué camino queda por recorrer? El informe enumera los siguientes aspectos:
Mejorar el acceso de todas a los métodos anticonceptivos de última generación. “Las pastillas anticonceptivas más saludables fueron eliminadas de la financiación de la seguridad social, y otros métodos muy cómodos y fáciles de usar como son el anillo vaginal o el parche de hormonas, no son financiados y son caros”.
Los médicos objetores de conciencia, aunque tengan su derecho a ejercerla, “no deberían obstaculizar el camino a las mujeres que deseen información de cómo proceder ante una posible interrupción del embarazo”, circunstancia citada por algunas de las fuentes del estudio.
Homogeneizar en los institutos de enseñanza las charlas de educación para la salud sexual y reproductiva, “ya que se da solo en aquellos que lo soliciten”. Es obligado recordar que la asignatura Educación para la Ciudadanía, eliminada por los gobiernos del Partido Popular, incluía contenidos de educación sexual.
Replantear la situación de las adolescentes de 16 y 17 años que desde la reforma de 2015 deben ir siempre acompañadas por padres o tutores legales. “Solo en los casos más extremos y justificados estas menores acudían sin sus padres o tutores”, explica.
El Sergas crea un segundo comité clínico para autorizar abortos por el aumento de casos
Tres médicos deben pronunciarse sobre los embarazos de más de 22 semanas que supongan un riesgo para la madre o por anomalías del feto.
La Consellería de Sanidade ha decidido constituir un segundo comité clínico para autorizar interrupciones del embarazo cuando ya se han sobrepasado las 22 semanas de gestación por causas médicas, bien al estar en riesgo la salud de la madre o por anomalías graves en el feto.
La razón del Sergas para poner en marcha un segundo comité es "el aumento de la carga de trabajo del comité" ya existente, y el cual debe pronunciarse, justifica el departamento de Jesús Vázquez Almuiña, "sobre supuestos, que, en general, son complejos, y respecto de los cuales, tiene que emitir un dictamen en un periodo relativamente corto de tiempo".
Sanidade explica que desde 2010 en Galicia el único comité que existe se pronuncia de media sobre once casos anuales. Son los casos donde la mujer ya superó as 22 semanas de gestación. Son un porcentaje mínimo de todos los abortos que se practican en Galicia, pues según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en 2017, en Galicia 3.082 mujeres decidieron no proseguir con su embarazo. De ellas, 199 fueron por recomendación médica: 78 por un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, 117 por riesgo de graves anomalías en el feto, y 4 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.
De los 199 mujeres que abortaron por recomendación médica, y, según los datos del Sergas, once tuvieron que esperar al dictamen del comité clínico. Es la media anual
Desde el año 2012, en la comunidad han abortado 19.884 mujeres, 1.083 casos han sido por consejo médico. Exactamente 560 por el riesgo que el embarazo suponía para la mujer, 478 por potenciales serias anomalías en el feto y 45 por enfermedad muy grave e incurable del futuro bebé. Representan el 5% de los casos de aborto.
La ley estable que por razones médicas se puede aconsejar una interrupción voluntaria del embarazo, aunque la decisión final es de la mujer. Los supuestos son: Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la madre. También si no se superan las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto. Y, por último, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.
En todos los casos es preceptivo un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que practique o dirija el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen.
El nuevo comité clínico está integrado por tres médicos de Vigo: Sabela Iglesias y Roberto González Boubeta, ambos especialistas en Ginecología y Obstetricia, y María Luisa González Durán, especialista en Pediatría. Sus suplentes también son sanitarios del área de Vigo.
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sábado, 19 de octubre de 2019
El duelo por aborto
El sufrir un aborto, tanto si se trata de uno espontáneo, terapéutico como inducido, es una experiencia traumática, y por lo tanto se convierte en una pérdida que precisa ser elaborada.
El día 15 de Octubre se celebró el Día internacional de la Muerte Perinatal. Hablamos de la muerte perinatal como aquella que sucede durante el embarazo o a las pocas horas o días de nacer el bebé. La OMS define como muerte perinatal aquella pérdida de un bebé que se produce desde la semana 22 de gestación hasta los primeros siete días de vida.
2.600.000 de bebés mueren en el embarazo o a los pocos días antes de nacer. En España son alrededor de 1.000 familias anuales las que han de pasar por este duro trance donde no hay un protocolo sanitario que incluya apoyo psicológico para esta pérdida tan difícil y a la vez tan silenciada, donde estos bebés no son reconocidos como tal por el Estado, ya que no aparecen en el Libro de Familia.
Mi idea en esta entrada es visibilizar el duelo por aborto, independientemente de si es o no perinatal. Esto lo hago debido a que mi experencia profesional me dice que puede ser igual de traumático para la familia, independientemente de la semana de gestación en la que se encuentre la madre.
Un duelo es un proceso psicológico que necesita realizar la persona que ha vivido una pérdida significativa. Esto es fundamental para reorganizarse e integrar lo que ha ocurrido en su vida. Por tanto, ante un aborto siempre va a ser necesario elaborar el duelo.
El problema es que cuando hablamos de duelo por un aborto hemos de tener en cuenta que se trata de un duelo no autorizado o negado socialmente.
Por duelos no autorizados entendemos esos procesos de duelos a los que socialmente no se les da un espacio, o que parece que van a tener una rápida recuperación y por ello parece que no tienen derecho a ser llorados (cuando fallece un padre o una madre a edad muy avanzada, o el caso de los/as abuelos/as, el fallecimiento de una pareja cuya relación no era admitida, la muerte de un familiar que no es de primer grado o con el que no había buena relación…etc.).
El duelo ante un aborto espontáneo temprano e incluso perinatal entra dentro de esta categoría. El entorno no suele dar el apoyo necesario porque no saben qué decir y/o además de existir una tendencia a trivializarlo. Por ello es vivido por la doliente con muchos sentimientos de soledad e incomprensión.
Mensajes como: “si no ha seguido hacia adelante es porque no tenía que nacer”, “tranquila, eres joven y ya tendrás más”, “mejor ahora que estás de pocas semanas que después de varios meses”,”mira el lado positivo, eso es que puedes tener hijos”…etc.
Un duelo por un aborto suele estar marcado por una gran sensación de vacío: se ha de despedir a alguien a quien no se ha visto y de quien, no obstante, ya se sabía todo. A eso hay que añadir la frustración que implica el haberse preparado para dar la bienvenida a un bebé que finalmente no llegará. Entender esto, es clave para afrontar un duelo por aborto si eres la madre o el padre y para brindar apoyo si eres alguien allegado a los padres.
Los abortos además de complicaciones médicas, conllevan una serie de sentimientos, emociones y necesidades psicológicas ya que la madre se desborda de sentimientos como dudas, miedo, ansiedad y culpabilidad.
Se suele dar un shock inicial como reacción aguda. Muchas mujeres se hacen preguntas y muestran cierta necesidad de hallar una explicación más allá de la información médica y sobre todo la necesidad de experimentar emocionalmente el proceso de duelo que la mayoría de las veces les viene denegado:la normalización emocional del suceso por parte del entorno tanto familiar (que intenta distraer de ese duelo) como sanitario (son muchas las mujeres que hacen referencia a la frialdad de los profesionales sanitarios/as).
Consecuencias emocionales
Para la mayoría de las mujeres, la interrupción de un embarazo (de forma voluntaria o no) independientemente de la semana de gestación, es un evento estresante en su vida.
No es inusual experimentar una amplia gama de respuestas psicológicas y emocionales. Algunas mujeres pueden sentirse aliviadas por haber tomado la decisión idónea y haber tomado medidas para resolver una situación difícil, mientras que otras pueden experimentar una serie de emociones negativas. La culpa y el arrepentimiento son muy poderosos y a menudo son sentimientos que se malinterpretan. La culpa es el sentimiento que resulta cuando una persona cree que ha hecho algo malo. Mientras que el arrepentimiento es el deseo de cambiar algo que ya ha ocurrido.
Cualquier pérdida de embarazo llevará a una interrupción del ciclo hormonal. Los sentimientos negativos que ocurren después de una interrupción planificada pueden deberse al menos en parte a cambios hormonales, que son similares a los que ocurren después de una pérdida de embarazo no planeada.
De acuerdo con la American Pregnancy Association, los sentimientos negativos comunes incluyen:
Culpa especialmente en la madre, por sentir que no supo ejercer un buen rol de cuidadora.
Enfado y sentimientos de injusticia.
Sentimientos de humillación.
Remordimiento o arrepentimiento.
Pérdida de la autoestima o de la confianza en sí misma, relacionada con sentimientos de fracaso e inferioridad con respecto a otras madres.
Sentimientos de aislamiento y soledad.
Sentimientos de rechazo hacia otras madres, porque inevitablemente se comparan con ellas.
Problemas de sueño y pesadillas.
Problemas de relación.
Pensamientos de suicidio. Si se presentan pensamientos suicidas o daño autoinfligido, la persona debe buscar ayuda de forma urgente.
El aborto es una experiencia a menudo traumática y difícil de afrontar tanto para el padre como para la madre. Los dos deben prestar atención a los sentimientos de tristeza y dolor que puedan sentir durante y después de la experiencia, compartir miedos y acercarse.
Normalmente, los mensajes de ayuda y apoyo se centran en la madre, pero no hay que olvidar que el padre también siente el dolor y, por tanto, tiene la necesidad de superar el aborto. El duelo deben pasarlo los dos miembros de la pareja, ya que este acontecimiento doloroso hace que aumente la posibilidad de ruptura tras lo sucedido. Estar unidos en ese momento reforzará los lazos y ayudará a afrontar la situación. Si cada uno se guarda el dolor para sí mismo, se puede crear lejanía entre los miembros de la pareja.
La mayoría de las veces el padre siente que ha de afrontar la pérdida en solitario y con cierta inhibición de la expresión emocional: el desbordamiento de la tristeza de su pareja, el predominio del enfado sobre la culpa, el escaso interés que se le suele dedicar asistencialmente, (viéndole como a un mero acompañante) y su diferente ritmo y manera de afrontamiento del aborto, puede desembocar en conflictos de pareja
Tareas que ayudan en aborto espontáneo:
En los casos de abortos espontáneos o terapéuticos, no es aconsejable buscar otro embarazo como una forma de borrar lo que ha pasado. Es más sano reconocer la pérdida y llorarla, y sólo después de ello, abrirse a otros/as hijos/as si se desea, que han de tener su propio sitio en la familia, no como una forma de suplir al que se ha perdido. Si ya se había pensado en un nombre, no deberían ponerle el mismo al siguiente hijo/a que nazca.
Escribir un diario al bebé, hacer una caja con patucos, manualidades, las ecografías con sus fechas… y guardarla como símbolo, homenaje y testimonio de su existencia.
Hacer rituales relacionados con el día de su fallecimiento o cumpleaños… Y ponerle nombre para incorporarlo como un miembro más de la familia “no nacido”.
Hablar mucho de todo lo que se ha perdido: las expectativas sobre este hijo, el futuro planeado, proyectos en familia…
Expresar todos los sentimientos que aparecen, aunque sean políticamente incorrectos. Hacerlo en un entorno de seguridad que pueda comprenderlo.
Ver el feto para poder hacer una despedida puede ser importante para aceptar ese duelo hacer, incluso hacer rituales lo más parecidos a un entierro y a un funeral.
Tareas que ayudan en aborto provocado:
Este duelo además de no autorizado es un duelo secreto que impide a la mujer expresarlo porque “ella tomó la elección” y hay un castigo que ella misma se autoimpone.
Estas mujeres deben autorizarse a elaborar su duelo a pesar de su decisión. Este secreto silencioso pesa demasiado y el dolor aumenta con cada nuevo duelo que aparece en su vida. Bastante difícil fue ya esa decisión (que quizás hubo de tomar sola y sin apoyo de nadie). Por eso el perdón y la aceptación son fundamentales en este duelo.
Es importante no olvidar que la pérdida de un bebé en cualquier situación es un duelo que la mujer no olvida nunca.
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