jueves, 14 de diciembre de 2017
VIDEOFORUM con motivo do Día dos Dereitos Humanos (10 de decembro)
O luns 18 de decembro, ás 19:00 h. no Centro Cívico
Cidade Vella na Coruña, proxectaráse a película NAZ & MAALIK, que unha vez
finalizada, reflexionaráse sobre as diferentes orientacións sexuais na relixión musulmana.
Ambientada nun só día en Brooklyn, céntrase en dous adolescentes musulmáns (Naz e Maalik), que son vixiados por un
axente encuberto do FBI que comeza a seguilos debido a súa relixión, mentres os
dous protagonistas musulmáns realizan a súa rutina diaria un venres pola tarde.
E unha historia onde se mesturan as discriminacións sociais debido á raza,
relixión e sexualidade.
Os dereitos humanos (ONU) son dereitos inherentes a todos
os seres humanos, sin distinción algunha de raza, sexo, nacionalidade, orixe
étnica, lengua, relixión ou calquera outra condición. Entre os dereitos humanos
inclúense a garantía de igualdade e non discriminación entre todas as persoas, independentemente
da súa orientación sexual e a súa identidade de xénero, isto significa que é
ilegal facer calquera distinción en materia de dereitos das persoas polo feito
de que sexan lesbianas, gai, bisexual ou transxénero (LGBT).
Etiquetas:
convocatorias,
derechos humanos,
derechos sexuales,
espazo das diversidades,
lgtbqi
CHARLA-Obradoiro SEXO SEGURO.
Actividade do programa EDUCA Coruña
O
xoves 14 de decembro ás 18:00 h. no Centro Cívico Cidade Vella. Rúa Veeduría,
2, A Coruña.
Con
motivo do Día Mundial da loita contra a sida o pasado 1 de decembro, convidámosche
a participar nesta actividade onde se informará, formará, e se mudarán
comportamentos para a prevención da transmisión desta enfermidade.
Etiquetas:
convocatorias,
formación,
lgtbqi,
vih-sida
Hablando sobre el acceso a la anticoncepción en la Comunidad Valenciana
El acto de presentación del informe de la FPFE sobre
el acceso a la anticoncepción en la Comunidad Valenciana, que se suma al
exhaustivo estudio realizado recientemente por la Sociedad Valenciana de
Contracepción y Salud Reproductiva, ha servido de marco para que los
representantes de ambas entidades compartan sus análisis sobre la situación en
esta comunidad autónoma y en el Estado español.
Entre otros aspectos, se han analizado en el evento
las normativas y programas autonómicos sobre anticoncepción, la gestión de la
anticoncepción en el sistema de salud, la financiación de los métodos
anticonceptivos o la formación de las y los profesionales sanitarios.
“Los servicios de anticoncepción deben considerarse
como fundamentales en las políticas públicas sanitarias, y deben incluir la
financiación de todos los métodos anticonceptivos, particularmente los de larga
duración”. Con esta premisa compartida por las y los asistentes al acto, se ha
destacado la importancia de contar con un marco normativo y asistencial
adecuado, tal y como sucede en la Comunidad Valenciana. Ximo García, de la
Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Contracepción, ha destacado en su
intervención que esta comunidad autónoma cuenta con una estrategia de salud
sexual y reproductiva con un enfoque integral, y con una red de centros de
salud sexual y reproductiva que se constituyen como unidades de apoyo a los
centros de atención primaria y actúan con protocolos específicos. Ximo García
ha hecho hincapié en la importancia de “desarrollar planes concretos que
permitan llevar a la práctica toda la estrategia, garantizando, por ejemplo, la
disponibilidad del material suficiente en todos los centros, de profesionales
suficientes, de formación profesional y una equidad en la distribución
poblacional por centros que permita optimizar la labor de atención”.
Por su parte, el presidente de la FPFE, Guillermo
González, ha llamado la atención sobre las desigualdades existentes entre las
diversas comunidades autónomas en la financiación de los métodos
anticonceptivos, y ha lamentado en este sentido que “sigan existiendo
obstáculos para el acceso a la anticoncepción por el hecho de que el Sistema
Nacional de Salud no financie todos los métodos modernos, lo que es un problema
que sufren particularmente las mujeres que se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad”. Guillermo González ha recordado que en nuestro país
hay una baja utilización de métodos de larga duración (LARC) si se comparan los
datos con los de otros países del entorno como Francia o Gran Bretaña, “cuando
la experiencia en dichos países ha demostrado su alto nivel de eficacia y su
papel en la reducción del número de interrupciones voluntarias de los embarazos
(IVE)”.
En el acto de presentación también se ha señalado la
alta tasa de IVE de repetición en la Comunidad Valenciana, a pesar de que la
tasa de IVE totales está por debajo de la media estatal. En opinión de Ximo
García, ese dato muestra la necesidad de aumentar la información y la educación
sexual, con base en la prevención
pero también en el empoderamiento de las mujeres y en el placer sexual. Una
educación e información sexual que se debe extender al profesorado y a las
madres y padres. En este sentido Ximo García ha destacado la importancia del papel
que pueden cumplir los medios de comunicación a través del enfoque de las
noticias.
El acto ha contado con la organización de la FPFE y
la colaboración del Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo,
autor del Atlas Europeo de la Anticoncepción, que también se ha presentado en
Valencia y que muestra de manera comparativa cómo es el acceso a la
anticoncepción en 45 Estados europeos, entre ellos España, y ofrece a los
decisores políticos y el resto de actores
sociales implicados una serie de recomendaciones para mejorar el acceso
a los métodos anticonceptivos modernos y de calidad.
Además, hay que agradecer la colaboración de la
Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva, de la Associació
Pels Drets, l’Educació i la Salut Sexual i Reproductiva del País Valencià
(Dessex), de Sexólogos Sin Fronteras y de MSD.
Etiquetas:
anticoncepción,
fpfe,
investigación
viernes, 1 de diciembre de 2017
Hoxe Dia Mundial da loita contra a sida
Repartiremos materiais divulgativos, de
sensibilización e prevención nos Xardíns de Méndez Núñez de 21:00 a 00:00 hrs.
Podes acercarte a informarte.
Día Mundial de la lucha contra el SIDA, 1 de diciembre
Mi salud, mi derecho
Como se establece en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, todas las personas, sean quienes sean y vivan donde vivan,
tienen derecho a la salud. Este derecho se apoya en un conjunto más amplio de
derechos con los que se relaciona directamente, como el de la vivienda y los
saneamientos adecuados, el de unas condiciones de trabajo saludables y los de
acceso a alimentos nutritivos y a la justicia.
Solo se podrá poner fin al sida como amenaza para la
salud pública si estos derechos se tratan como una prioridad de la salud
mundial, de modo que la atención sanitaria de calidad esté disponible y sea
accesible para todos, sin excluir a nadie.
Campaña #myrighttohealth
La campaña del Día Mundial del Sida de este año se
centrará en el derecho a la salud.
La campaña #myrighttohealth proporcionará información
sobre el derecho a la salud y su importancia en la vida de las personas.
También tendrá como objetivo aumentar la visibilidad entorno a la necesidad de
lograr una realización plena del derecho a la salud para todos y en todos los
lugares.
Prácticamente todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible están relacionados de una manera u otra con la salud, y en
particular con el Objetivo número 3, así que alcanzarlos y poner fin a la
epidemia de sida, dependerá en buena medida de conseguir garantizar el derecho
a la salud.
Se están logrando progresos notables en el
tratamiento del VIH. En vísperas del Día Mundial del Sida, ONUSIDA ha
presentado un nuevo informe que muestra que el acceso al tratamiento ha
aumentado significativamente. En 2000, solo 685 000 personas que vivían con el
VIH tenían acceso al tratamiento antirretrovírico. En junio de 2017, alrededor
de 20,9 millones de personas tenían acceso a esos medicamentos vitales. Ese
aumento tan espectacular no habría sido posible sin el coraje y la
determinación de las personas que viven con el VIH que exigen y reivindican sus
derechos, respaldados por un liderazgo y un compromiso financiero firmes y
constantes.
ESTADÍSTICAS MUNDIALES
Alrededor de 19,5 millones de personas tenían acceso
a la terapia antirretrovírica en 2016.
Unos 36,7 millones de personas vivían con el VIH en
2016 en todo el mundo.
Aproximádamente, 1,8 millones de personas contrajeron
la infección por el VIH en 2016.
Cerda de un 1 millón de personas fallecieron a causa
de enfermedades relacionadas con el sida en 2016.
Unos 76,1 millones de personas contrajeron la
infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia.
Alrededor de 35,0 millones de personas fallecieron a
causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.
Día mundial del sida: los números de la enfermedad en el mundo
Un millón de personas murió por la
enfermedad el año pasado. El objetivo es reducir la cifra a la mitad para 2020
Según la ONU, en 2016 había 36,7 millones de personas
con VIH. Ese año se infectó un total de 1,8 millones de personas (300.000 menos
que el año anterior). Desde el comienzo de la epidemia 76,1 millones de
personas se han infectado por el VIH y 35 millones han muerto por enfermedades
relacionadas con el sida.
La FPFE está emocionada con la enorme solidaridad que estáis mostrando con nuestra organización. Muchas de vosotras, además de manifestarla nos estáis preguntando qué podéis hacer.
Mientras otras instancias de la Fede se ponen en
contacto con vosotras, hemos pensado que podemos intensificar el volumen de
nuestras voces en las redes, interpelando a algunos poderes y a grupos
políticos respecto a las campañas que buscan que este país retroceda en el
reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
La Fede os invita a tuitear con las etiquetas
#DerechosEnRiesgo y #somosdeutilidadpública
Para mostrar que las organizaciones sociales que
defendemos derechos somos necesarias y estamos aquí.
Podéis enlazar los tuits al comunicado de la
FPFE:
http://bit.ly/2AIf9RA
Los mensajes que van a salir desde el perfil oficial
de la FPFE, es decir, @fpfeong, serán de este estilo:
Las creencias religiosas no pueden ser un instrumento
para impartir justicia #somosdeutilidadpública #DerechosEnRiesgo
Les molesta la FPFE por su defensa de los derechos
reproductivos #somosdeutilidadpública
#DerechosEnRiesgo
Asombra que todavía haya que pelearse por derechos
que son aceptados por la inmensa mayoría #somosdeutilidadpública #DerechosEnRiesgo
Los poderes públicos no pueden permitir que se acose
a organizaciones como la FPFE #somosdeutilidadpública #DerechosEnRiesgo
(Os invitamos a daros una vuelta por la web de
Abogados Cristianos para que veáis de lo que hablamos: https://www.abogadoscristianos.es/
)
Perfiles interesantes a incluir. Hay muchos más,
vosotras iréis añadiendo:
FPFE: @fpfeong
Abogados Cristianos: @AbogadosCrist
Ministerio Interior: @interiorgob
PP:
@PPopular
@PPigualdad
PODEMOS:
@pdmFeminismos
@PodemosIgualdad
@ahorapodemos
UNIDOS PODEMOS: @unidos_podemosp
IZQUIERDA UNIDA: @iunida
ERC:
@Esquerra_ERC
PNV:
@EAJPNV_Congreso
COMPROMIS: @compromis
CIUDADANOS: @CiudadanosCs
Etiquetas:
derechos reproductivos,
derechos sexuales,
fpfe
Las infecciones de transmisión sexual repuntan en los jóvenes
Nueva campaña municipal para la
concienciación y sensibilización de la población joven que «ha perdido el
miedo» al contagio por VIH
Las infecciones de transmisión sexual repuntan en los
jóvenes
El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una nueva
campaña para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y del VIH/sida,
dirigida especialmente hacia los jóvenes, al haberse detectado un aumento de
las primeras, como sífilis, infección gonocócica y por chlamydia trachomatis,
mientras que han descendido los contagios por VIH y la incidencia del sida.
«Ante este repunte, es necesario retomar una
planificación con iniciativas concretas de concienciación y sensibilización y
que tenga a la población joven como principal destinataria. Al fin y al cabo,
los jóvenes no fueron testigos de la gran incidencia del sida en los años
ochenta, de ahí que haya que recuperar mensajes sobre la práctica de sexo
seguro», comentó el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.
El concejal presentó ayer la campaña realizada por el
Servicio Municipal de Salud en colaboración con otras entidades públicas y
colectivos de la sociedad civil sevillana, «que necesita el compromiso de todos
para que el mensaje de sexo seguro llegue a la población y, especialmente, a
nuestros jóvenes». «Con la campaña, venimos a reforzar la estrategia de
concienciación desplegada desde hace ya muchos años y que se centra sobre todo
en al ámbito educativo».
Así, en el curso 2016-2017, un total de 5.814 alumnos
de 75 centros de Educación Secundaria asistieron a los talleres de educación
afectivo sexual, y 2.849 de 46 centros pasaron por talleres específicos sobre
cómo prevenir los contagios por el VIH.
El delegado recordó que el Ayuntamiento de Sevilla
fue el primero de España en adherirse en 2016 al programa europeo Fast Track o
Acción Acelerada de las Ciudades para un Mundo sin VIH y Sida, con la rúbrica
de la Declaración de París. «Ese repunte de las ITS es un problema de salud y
como tal lo tenemos que abordar», dijo Flores. Según detalló, en la mayor
incidencia habría contribuido el hecho de que la población, en especial la más
joven, habría dejado de utilizar medidas preventivas «al perder el miedo» a las
infecciones por VIH. Por ello, esa campaña tiene como público objetivo a
personas de entre 19 y 35 años, en su mayoría masculina y con relaciones entre
hombres, «pues así lo indica el diagnóstico de la incidencia de las ITS en la
ciudad, y con los nuevos canales de comunicación que hoy en día más usan los
jóvenes como principales soportes».
El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una nueva
campaña para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y del VIH/sida,
dirigida especialmente hacia los jóvenes, al haberse detectado un aumento de
las primeras, como sífilis, infección gonocócica y por chlamydia trachomatis,
mientras que han descendido los contagios por VIH y la incidencia del sida.
«Ante este repunte, es necesario retomar una
planificación con iniciativas concretas de concienciación y sensibilización y
que tenga a la población joven como principal destinataria. Al fin y al cabo,
los jóvenes no fueron testigos de la gran incidencia del sida en los años
ochenta, de ahí que haya que recuperar mensajes sobre la práctica de sexo
seguro», comentó el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.
El concejal presentó ayer la campaña realizada por el
Servicio Municipal de Salud en colaboración con otras entidades públicas y
colectivos de la sociedad civil sevillana, «que necesita el compromiso de todos
para que el mensaje de sexo seguro llegue a la población y, especialmente, a
nuestros jóvenes». «Con la campaña, venimos a reforzar la estrategia de
concienciación desplegada desde hace ya muchos años y que se centra sobre todo
en al ámbito educativo».
Así, en el curso 2016-2017, un total de 5.814 alumnos
de 75 centros de Educación Secundaria asistieron a los talleres de educación
afectivo sexual, y 2.849 de 46 centros pasaron por talleres específicos sobre
cómo prevenir los contagios por el VIH.
El delegado recordó que el Ayuntamiento de Sevilla
fue el primero de España en adherirse en 2016 al programa europeo Fast Track o
Acción Acelerada de las Ciudades para un Mundo sin VIH y Sida, con la rúbrica
de la Declaración de París. «Ese repunte de las ITS es un problema de salud y
como tal lo tenemos que abordar», dijo Flores. Según detalló, en la mayor
incidencia habría contribuido el hecho de que la población, en especial la más
joven, habría dejado de utilizar medidas preventivas «al perder el miedo» a las
infecciones por VIH. Por ello, esa campaña tiene como público objetivo a
personas de entre 19 y 35 años, en su mayoría masculina y con relaciones entre
hombres, «pues así lo indica el diagnóstico de la incidencia de las ITS en la
ciudad, y con los nuevos canales de comunicación que hoy en día más usan los
jóvenes como principales soportes».
Ante la sentencia de la Audiencia Nacional
La FPFE explica en el siguiente comunicado por qué
acata pero no comparte la sentencia de la Audiencia Nacional contra el recurso
interpuesto por la organización tras la decisión del Ministerio del Interior de
revocar la declaración de utilidad pública. Expresamos también nuestro asombro
por tener que seguir defendiendo realidades que la inmensa mayoría de nuestra
sociedad ve como normales, y agradecemos la enorme solidaridad mostrada.
La FPFE acata la sentencia de la Audiencia Nacional
sobre el recurso presentado contra la decisión del Ministerio del Interior de
revocar la declaración de utilidad pública de la FPFE a instancias de la
Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). Sin embargo, no compartimos
la raquítica fundamentación en la que se sustenta la resolución del Tribunal, a
saber, que el 14 de octubre de 2015 la FEDERACIÓN fue sancionada por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por publicitar fármacos que la
ley prohíbe anunciar tal como se hizo.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional omite
cualquier referencia a que la sanción que fue impuesta a la FPFE por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid fue una sanción leve en grado
mínimo.
La infracción que, a partir de denuncia formulada por
la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) fue objetivada por la
Comunidad de Madrid, se concretaba en “publicidad de medicamentos de
prescripción médica, algunos financiados por el Sistema Nacional de Salud, en una
publicación y en una página Web accesibles al público en general” (Es decir,
por haber subido a la web la revista Diálogos durante un breve tiempo).
En el curso de la tramitación del expediente
sancionador, la Administración requirió a la FPFE que restringiera el acceso a
dicha publicidad de forma que solo pudieran acceder a la misma personas
facultadas para prescribir o dispensar medicamentos, requerimiento que se
cumplió de inmediato (cumplimiento que, por cierto, se ha usado en ciertos
medios para decir que la FPFE estaba intentando ocultar pruebas).
En la resolución por la que se impuso a la FPFE una
sanción leve en su grado mínimo, se reconocía expresamente por la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid que:
El beneficio obtenido por la publicidad de
medicamentos había sido “0” euros.
La FPFE disponía de autorización para la inserción de
mensajes publicitarios concedida por el Servicio de Ordenación, Control y
Vigilancia de Productos Farmacéuticos.
Por todo, no compartimos la decisión de la Audiencia
Nacional por la que se convalida la revocación por el Ministerio del Interior
de la declaración de utilidad pública de nuestra Federación, a petición de la
Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). Entidad que, a nuestro
entender, carecía manifiestamente de legitimación alguna para impugnar la
inicial concesión de dicha declaración. Y
consideramos absolutamente desproporcionado que una sanción leve en
grado mínimo por los hechos relatados pueda determinar la revocación de la
declaración de utilidad pública de nuestra Federación, concedida por el
Ministerio del Interior tras tramitarse un prolijo expediente en el que se
obtuvieron todos los preceptivos informes favorables de las distintas
Administraciones Públicas afectadas.
Es falso por tanto, como se ha publicado en algunas
webs y algunos medios, que se nos haya sancionado por financiación ilegal y
además reiterada. También es falso que se haya ocultado la sanción por la falta
leve cuando se solicitó el reconocimiento de la declaración de utilidad
pública, ya que dicha solicitud se registró en febrero de 2015, bastantes meses
antes.
También sigue asombrando a la FPFE la celeridad y el
procedimiento seguido por el Ministerio del Interior para revocar la
declaración de utilidad pública: El 5 de mayo de 2016 se publica en el BOE que
se declara a la FPFE como entidad de utilidad pública. Al día siguiente, el 6
de mayo, la Asociación Española de Abogados Cristianos interpone un recurso
afirmando que la FPFE no puede ser de utilidad pública porque ha sido
sancionada por financiarse ilegalmente, con base en la infracción
administrativa leve mencionada más arriba. El 26 de mayo de 2016, es decir,
pocos días después, el Ministerio del Interior revocó la declaración de
utilidad pública de la FPFE.
Esta “falta administrativa leve” ha sido usada desde
entonces para poner en marcha sucesivas campañas de acoso contra la
organización y contra sus trabajadoras y colaboradoras. Se han iniciado
campañas en redes sociales y ante diversos organismos nacionales e internacionales;
se han enviado de manera masiva mensajes a las entidades públicas de las que
recibimos alguna subvención para que éstas fueran suprimidas; diversos medios
de comunicación han difamado a la organización, llegando a vincular a la FPFE
con un supuesto “tráfico de órganos de bebés abortados”; se ha señalado
públicamente y en medios online a varias trabajadoras y a varios de nuestros
colaboradores, y no se han retirado comentarios de personas que indicaban cómo
éstos deberían ser tirados “al camión del gas”…
No vamos a entrar en consideraciones morales ajenas
que pertenecen al ámbito de las creencias de las diversas organizaciones
civiles legales que hay en nuestro país. Sólo respondemos por la propia
organización: la FPFE defiende el derecho de todas las personas a decidir
libremente sobre su sexualidad y su reproducción; defiende el derecho al aborto, un derecho que está
legalmente reconocido en nuestras leyes, por lo que entendemos que no tenemos
que entrar a justificarlo.
Defendemos la educación sexual, que también está contemplada en nuestra
legislación, concretamente en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, y
recomendada reiteradamente por organismos internacionales como Naciones Unidas
como una de las mejores vías para prevenir la violencia de género, los
embarazos no planificados o las
infecciones de transmisión sexual.
Nos asombra tener que seguir defendiendo realidades
que la inmensa mayoría de nuestra sociedad ve como normales y que deben ser
abordadas desde el ámbito de la salud y de los derechos de las personas, pero
sin duda seguiremos haciéndolo. Y sólo esperamos que, como ya hemos dicho en
algunos de nuestros últimos comunicados, las creencias religiosas no se usen
como un instrumento para legislar o para impartir justicia en su nombre cuando
nuestra Constitución establece que estamos en un Estado aconfesional.
Aprovechamos para dar las gracias a tantas personas y entidades que nos están
mostrando una enorme solidaridad.
Etiquetas:
derechos humanos,
derechos reproductivos,
derechos sexuales,
fpfe
Las cuatro claves de la iniciativa que facilita el cambio de sexo legal a las personas trans
La iniciativa aprobada, que empieza ahora su trámite
parlamentario, pide acabar con la necesidad de un diagnóstico de disforia de
género como condición para modificar la mención registral de los documentos
oficiales.
Los menores, las personas extranjeras con residencia
y las intersexuales, hasta ahora excluidas, también podrán acceder a este
derecho.
El Congreso ha dado este jueves un paso en el camino
de la despatologización de la transexualidad. La aprobación de la proposición
de ley del PSOE, con el voto en contra del PP, supone que las personas trans dejarán de estar obligadas a
presentar un informe médico o psicológico que acredite un diagnóstico de
disforia de género para cambiar la mención registral (nombre y sexo) de los
documentos oficiales. Estas son las claves de una clásica revindicación del
movimiento trans que ha acabado entrando en el Parlamento:
Elimina los requisitos médicos
Aunque la ley comienza ahora su trámite parlamentario
y estará sujeta a enmiendas, el elemento vertebrador del proyecto es dejar
atrás los requisitos que se pide a las personas trans para cambiar de nombre y
sexo. Según la norma actual, deben
contar con un diagnóstico médico o psicológico que acredite que la persona
padece disforia de género y que ha sido tratada un mínimo de dos años
"para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo
reclamado".
Estas condiciones están recogidas en la ley 3/2007 de 15 de marzo , que regula
la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y
que será modificada para eliminarlos. El objetivo es que la solicitud de cambio
no precise de más requisitos "que la declaración expresa de la persona
interesada del nombre propio y sexo registral con los que se siente
identificado/a" a través una declaración que acredite su voluntad.
Incluye a menores, extranjeros e intersexuales
La iniciativa incluye a las personas extranjeras con
residencia en España, a las intersexuales –aquellas que nacen con
características sexuales que no encajan con las nociones binarias típicas de
los cuerpos considerados masculinos o femeninos– y a los menores. Hasta ahora
los tres perfiles estaban excluidos de la norma.
Actualmente los niños y niñas viven una situación de
inseguridad jurídica porque la aceptación del cambio y nombre está sujeta a la
arbitrariedad del Registro Civil o el juez (en caso de recurrir la decisión)
que les toque. Por eso, la proposición de ley considera "inaplazable"
el reconocimiento de su derecho "a desarrollarse libremente durante su
infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y/o identidad de
género sentida".
Y es que la situación actual podría vulnerar varios
artículos de la Constitución por discriminación, según estimó el Tribunal
Supremo en 2016. El derecho de los menores trans ha sido reconocido por varios
organismos internacionales como el Consejo de Europa, que ha pedido a los
países mecanismos para que las personas trans puedan cambiar legalmente su
nombre y sexo sin distinción de edad.
La forma de solicitarlo es mediante sus progenitores
o representantes legales con expresa conformidad del menor. En caso de
oposición (que el menor quiera y los padres no, por ejemplo), lo podrá pedir a
través del Ministerio Fiscal para que resuelva un juez teniendo en cuenta el
interés superior del menor. En el caso de las personas extranjeras, deberán
acreditar que no pueden hacerlo en su país de origen o por imposibilidad legal
o porque signifique un riesgo para su vida o integridad.
Nuevo enfoque: no es un trastorno, es diversidad
La redacción del proyecto de ley supera el marco
patologizante con el que tradicionalmente las instituciones han concebido la
transexualidad. El paradigma contra el que luchan las personas trans ha pasado
de considerar esta realidad como algo perverso, "que no es normal", a
considerarlo un trastorno y un problema individual.
Sin embargo, algunos organismos internacionales
reclaman el enfoque de derechos humanos y desde la óptica de la libre
autodeterminación del género. La norma aprobada califica de
"imprescindible" lograr la despatologización de las identidades trans
para enfocarlas "desde la perspectiva de la diversidad de género". El
texto apuesta por una legislación que no haga depender el cambio registral de
la acreditación de terceros a través de informes médicos para que el Estado
reconozca el derecho a la identidad "autopercibida y libremente
determinada" de la persona sin menoscabo de su dignidad.
Un reivindicación más amplia
Los colectivos trans y LGTBI celebran la aprobación
de la iniciativa, pero no la consideran suficiente. Esta modificación está
incluida en la ley LGTBI (elaborada por la FELGTB) que ya tramita el Congreso
con la abstención del PP, pero cuyo trámite es mucho más largo. También lo
incluye la propuesta de Ley Trans
estatal que ha redactado la Plataforma por los Derechos Trans y que Unidos
Podemos se ha comprometido a registrar.
"Es una ley administrativa necesaria, pero la
transexualidad debe de ser despatologizada en todos los ámbitos", afirma
su presidenta Mar Cambrollé.
Etiquetas:
derechos sexuales,
legislación,
transexualidad
La FPFE registra declaración en contra de que “las creencias religiosas sean instrumento de gobierno”
Este jueves la Federación de Planificación Familiar
Estatal (FPFE) ha registrado en el Ministerio de Interior una declaración en la
que exigen que se restituya la declaración de utilidad pública a la FPFE.
En la declaración apuntan directamente un “acto
político” la revocación de su utilidad pública, siguiendo el gobierno los
“argumentos morales de una asociación católica ultraconservadora”. FPFE ha
denunciado también que desde hace meses sufren ataques constantes por su
defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
30 años de compromiso con la educación sexual
Al parecer al gobierno en funciones del PP no le
interesa la salud reproductiva y sexual, ya que la FPFE trabaja desde hace
décadas con diversos organismos en actividades de formación, asesoría e
información sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva, y de
atención dirigida fundamentalmente a jóvenes, inmigrantes o jóvenes con
discapacidad intelectual en situación de vulnerabilidad. Durante sus casi 30
años de existencia, la FPFE ha mantenido un inquebrantable compromiso con la
educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y seguros como
estrategias de prevención de los embarazos no deseados. Sus centros jóvenes de
anticoncepción y sexualidad (CJAS) son conocidos por sus buenas prácticas y
cumplen un papel complementario con los recursos públicos de salud. Así lo han
querido reflejar también en su declaración.
#somosdeutilidadpublica
El Ministerio del Interior convierte las creencias
religiosas en un instrumento para gobernar
“Denunciamos con contundencia que las creencias
religiosas se conviertan en instrumento para gobernar. La planificación
familiar, la educación sexual y el aborto son legales y están regulados y
normalizados en nuestra sociedad, y por tanto no pueden ser motivo de criminalización
ni de acciones que pongan en peligro la existencia de las organizaciones
civiles que los defienden. La religión no puede estar por encima de la salud y
de los derechos”.
FPFE exige al gobierno que se restituya la
declaración de utilidad pública como un acto de adecuación al derecho y de
reparación y reconocimiento de la labor de las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan por los derechos humanos y en concreto por los derechos de
las mujeres.
Etiquetas:
derechos reproductivos,
derechos sexuales,
fpfe,
recursos
La involución de los adolescentes
Los expertos detectan comportamientos que reflejan
una sumisión de las chicas a los chicos
“Es curioso que los jóvenes, que creemos están más
educados en la igualdad, parece que no. Aventajan a los mayores en
comportamientos machistas y las chicas consideran normal dejarle al novio el
teléfono para que comprueben que no habla con otros. Esa igualdad de género que
inculcan no aparece y pasa en todas las clases sociales”. El testimonio de
Félix Romero, jefe del grupo de Delitos Tecnológicos de la policía en Sevilla,
es esclarecedor.
Para revertir parte de la violencia sexual, y como
casi con todas las cuestiones fundamentales del comportamiento, la clave está
en la educación, coinciden los expertos.
Es la histórica asignatura pendiente
para los niños y adolescentes, una formación que asiente los valores del
feminismo —la igualdad entre hombres y mujeres— ese sencillo concepto con tanta
dificultad de comprensión este último año. Los educadores han detectado una
peligrosa involución en el comportamiento tanto de los chicos como de las
chicas, que reflejan una sumisión de estas últimas hacia sus parejas
radicalmente opuesta a la ansiada igualdad.
Tras la LOMCE, los partidos políticos tienen ahora
una ocasión de oro para potenciar los contenidos en igualdad en el Pacto por la
Educación en la subcomisión del Congreso, pendiente ya de establecer
conclusiones después de escuchar a 84 expertos, algunos de los cuales han
alertado de la relevancia del asunto.
Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el
Congreso, admite: “Sorprendentemente, las relaciones son cada vez menos
igualitarias. Hemos retrocedido, pero no sé qué se nos escapa, algo tendremos
que valorar. Estamos en una sociedad extraordinariamente madura, pero resulta
que dentro del centro educativo se da el acoso de chicos a chicas y el bullying
está a la orden del día”.
Tras eliminar el Gobierno la asignatura Educación
para la Ciudadanía en 2015, los alumnos hoy solo reciben educación en igualdad
si tienen suerte con su profesor y un centro sensibilizado. “No hay nada que lo
recoja, ni objetivos, ni programación ni nada que facilite la labor del
profesorado. Tampoco están los docentes formados en igualdad”, confirma Mari
Luz González, responsable de Organización de Mujeres de la confederación
mayoritaria de sindicatos STES.
El director general de Evaluación y Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación, Marco Aurelio Rando, arguye que la
educación en igualdad es un “elemento transversal” y que “algunas materias
introducen referencias concretas, aunque en los trabajos por el Pacto educativo
habrá ocasión de revisar este aspecto”.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU visitó en 2014 España para examinar la discriminación contra la mujer, y
tildó de “medida retrógrada” esta sustitución de la asignatura Educación para
la ciudadanía por Valores Sociales y Cívicos como alternativa a la de Religión.
“Este cambio es una medida retrógrada en el esfuerzo general por eliminar los
estereotipos de género discriminatorios y empoderar a las niñas”, zanjó.
Y para que los adolescentes aprendan qué significa
una relación afectivo-sexual sana es necesario que alguien sin apellido Google
les ilustre. “La educación sexual o no se hace o se hace con perspectiva
limitada, porque también es deseo, comportamientos, placer, reproducción y
pareja. No se ha avanzado nada”, lamenta Raquel Hurtado, sexóloga y
especialista en adolescentes y jóvenes de la Federación de Planificación
Familiar Estatal. Ninguna de las 17 comunidades autónomas considera esta
formación imprescindible y solo aparece en los centros que organizan un par de
talleres de 50 minutos al año, con programas de apoyo como el PIES en la
Comunidad Valenciana, enfocado a los adolescentes.
¿De dónde surge la ceguera si todos los expertos
detectan esa involución en el comportamiento afectivo de los adolescentes?
“Todo el mundo está de acuerdo en que el porno no es una vía para informarse de
la sexualidad; o sobre que un embarazo no deseado en la adolescencia es un
problema y hay consenso sobre el uso del preservativo. Pero la información de
prevención no es suficiente, es necesario revisar el trabajo actitudinal y
revisar comportamientos. Y ahí, eso, molesta un poco y piensan ‘estas cosas hay
que hacerlas en casa”, ilustra Hurtado. “Eso es malentender la educación
sexual. Ayudar a pensar no es dar respuestas. Les parece que vamos a
adoctrinarles en vez de enseñarles a tomar decisiones en base a informaciones
científicas. No basta con decir que no se vea porno”, concluye.
Los ejemplos del repunte del machismo temprano son
tangibles: el control de la pareja identificado como amor, los celos como algo
positivo, los mitos románticos como el amor de verdad, controlar y reducir las
amistades de la chica, por lo que cuando la relación adolescente se rompe esta
se aísla al haberse quedado sin círculo de amigas... “Estamos socializados en
un ambiente en que las mujeres no somos sujetos sexuales, sino objetos”, resume
Ángela Rodríguez, portavoz de Igualdad por Unidos Podemos en el Congreso,
formación que se abstuvo ante el Pacto contra la Violencia de Género por no
incluir la violencia sexual, entre otras razones.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exhortó en 2015 a España a “impartir
a niñas y niños, como parte del plan de estudios escolar ordinario, enseñanza
obligatoria, integral y adaptada a su edad sobre salud y derechos sexuales y reproductivos,
en particular sobre el comportamiento sexual responsable y la prevención de los
embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual, por medio de
personal debidamente capacitado”. Y abundaba: “Eliminar los estereotipos de
género, revisando su legislación en materia de educación, adoptando programas
selectivos en el sistema educativo, revisando los libros de texto y los planes
de estudio”. Al igual que con la violencia sexual, el Gobierno ignora a la
CEDAW.
En la mayor parte de países europeos la educación
sexual es una realidad, aunque con diferentes modelos. Mientras que en Francia
se incluyó en el curriculum en 2001 en todos los cursos, en Alemania se integra
en asignaturas como ciudadanía, ética o biología y en Bélgica es una asignatura
independiente evaluable desde 2000. Finlandia la incluyó por primera vez en el
curriculum en 1970 y hoy está consolidada, según destaca el informe sobre
políticas educativas del Parlamento Europeo realizado en 2013.
La presidenta de la federación de asociaciones de
padres CEAPA, Leticia Cardenal, alerta sobre ejemplos llamativos que se
avecinan estas próximas semanas: “Los niños leen el catálogo de Reyes de arriba
abajo y son muñecas para las niñas y coches de carreras y juguetes de
construcción para los niños. Al final el mensaje es que la que limpia es la
mujer y el que arregla el taller es el hombre. Hasta que no se corte con todo
eso no habrá igualdad”.
Etiquetas:
educación sexual,
igualdad,
jóvenes
El Congreso avala sin el apoyo del PP que las personas trans cambien su sexo legal sin declararse enfermas
La cámara ha aprobado con 200 votos a favor y 128 en
contra una proposición del PSOE para eliminar el diagnóstico de disforia de
género como requisito para modificar los documentos.
Nadie es demasiado mayor para ser transexual
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la
proposición de ley que elimina los requisitos médicos para que las personas
trans cambien legalmente de sexo y nombre y permite a los menores hacerlo. Con
200 votos a favor y 128 en contra (entre ellos el PP, un diputado de UPN y Foro
Asturias) el pleno ha aprobado la iniciativa, que ahora comienza su trámite
parlamentario, para acabar con la concepción de la transexualidad como una
enfermedad a la hora de acceder a la modificación de la mención registral en
los documentos oficiales como el DNI.
La votación se ha producido este jueves, pero el
debate fue el martes pasado, cuando la diputada socialista María Dolores Galovart,
que defendió la propuesta, aseguró que existe "la necesidad de que el
Estado garantice que la identidad reconocida por la sociedad sea la percibida
por la persona". "Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de
los derechos de las personas transexuales", añadió antes de defender la
inclusión de los menores en la ley para que "dejen de vivir expuestos a la
vulneración de su dignidad".
La proposición de ley socialista pretende introducir
una modificación en la ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación
registral de la mención relativa al sexo de las personas.
Una norma que, según los socialistas, "ha
evitado muchos sufrimientos humillaciones", pero que para el resto debería
haber introducido en el momento de su elaboración los cambios que se proponen
ahora. "En su momento se engañó a las personas trans", dijo la
diputada de ERC Teresa Jordà. Miguel Ángel Garaulet, de Ciudadanos, añadió:
"ustedes sabían que esta ley nacía coja".
Los partidos celebraron la proposición porque
"abre la vía a la despatologización de la transexualidad", según la
diputada de En Comú Podem Mar García Puig, que al mismo tiempo ha criticado que
el trámite de la ley LGTBI (que incluye esta reivindicación) se esté retrasando
en el periodo de enmiendas. El PP, por su parte, aseguró que "no puede
apoyar" este texto "como está planteado", pero no se cierra al
debate. Los conservadores se mostraron reticentes a que los menores sean
incluidos en la ley: "Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay
que ser muy cautelosos", ha señalado María del Carmen Dueñas.
Qué incluye la iniciativa
La proposición acaba con la obligación de que las
personas trans pasen por un proceso en el que son obligados a declararse
enfermos para acceder al cambio: según la norma actual, deben contar con un
diagnóstico médico o psicológico que acredite que la persona que quiere
modificar su nombre padece disforia de género y que ha sido tratada un mínimo
de dos años "para acomodar sus características físicas a las
correspondientes al sexo reclamado".
La nueva redacción establece que la rectificación
registral "no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la
persona interesada del nombre propio y sexo registral con los que se siente
identificado/a". Algo que se expresará en una declaración que acredite su
voluntad.
Además, específica que "el reconocimiento de la
identidad sexual y/o expresión de género [...] no se podrá condicionar, en
ningún caso, a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a
terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de
cualquier tipo".
El objetivo es "superar de una vez por todas una
legislación que conceptúa la identidad sexual y/o la expresión de género como
una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual". El
proyecto pide que, en vez desde un paradigma patologizante, las identidades
trans sean enfocadas "desde la perspectiva de la diversidad de
género".
La libre autodeterminación del género
"Para que el Estado reconozca verdaderamente el
derecho a la identidad de género y/o expresión de género autopercibida y
libremente determinada por cada persona sin menoscabo de su dignidad se precisa
una legislación que reconozca su derecho a rectificar la mención registral sin
condicionamientos ni dependencias de asignación o acreditación por parte de
terceros a través de los informes médicos hasta ahora exigidos", afirma la
propuesta.
Los colectivos celebran el avance, pero apuestan por
un marco más global. Así, esta reforma ya está incluida en la ley LGTBI (elaborada
por la FELGTB y presentada por Unidos Podemos) que se tramita en el Congreso de los Diputados –con la abstención del PP– y que
todavía está en periodo de enmiendas. También contempla este cambio la
propuesta de Ley Trans estatal que ha redactado la Plataforma por los Derechos
Trans y que Unidos Podemos se ha comprometido a registrar.
"La discriminación que sufrimos las personas
trans no se combate solo con el cambio de nombre y sexo legal, esta viene
determinada por la transfobia vigente en la legislación que no reconoce la
autodeterminación, el derecho al propio cuerpo y las amplias expresiones de
género posibles", dice su presidenta, Mar Cambrollé. "Es una ley
administrativa necesaria, pero la transexualidad debe de ser despatologizada en
todos los ámbitos". Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas sigue
siendo necesario este diagnóstico de disforia de género para acceder al
tratamiento hormonal.
De hecho, varios organismos internacionales han
reclamado que los Estados deben establecer sus políticas públicas respecto a
las personas trans desde la óptica de la libre autodeterminación del género. El
Consejo de Europa adoptó en abril
de 2015 una resolución que
insta a los Estados a " garantizar que las personas transexuales,
incluidas las menores, no sean considerados como enfermos mentales".
Extender el derecho
La PL socliasta elimina la exclusión de los menores
trans de la ley y les permite que puedan acceder al cambio de nombre y de sexo
para dejar atrás la arbitrariedad a la que están sujetos actualmente
dependiendo del Registro Civil o del juez que les toque.
El proyecto considera que incluir a los menores es
"inaplazable" para cumplir con el artículo 14 de la Constitución en
lo que se refiere a la prohibición de la discriminación por razón de edad y
otros artículos de la Carta Magna que el Tribunal Supremo estimó en 2016 que la
ley podría estar vulnerando al vetar a los niños, niñas y adolescentes.
"Con la reforma introducida por la presente ley
se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales y/o trans tienen
derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia
conforme a la identidad sexual y/o expresión de género sentida, poniendo fin a
la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones
contradictorias que se están dictando".
Los menores de edad podrán solicitar la modificación
de la mención registral a través de sus progenitores o representantes legales.
En caso de oposición entre uno y otro o de ambos respecto a la petición de su
hijo o hija, se podrá solicitar a través del Ministerio Fiscal para que lo
resuelva el juez "teniendo siempre en cuenta el interés superior del
menor".
Por último, la propuesta del PSOE también elimina
otro de los requisitos que contempla la ley reguladora de la rectificación
registral: el de la nacionalidad española. Este condicionante excluye a
aquellas personas extranjeras que residen en nuestro país. Algo que ahora se
corrige circunscribiendo esta posibilidad a las que cuenten con permiso de residencia
ante "la insuficiencia" de dicha norma en relación a estas personas y
"para evitar su discriminación".
Etiquetas:
derechos sexuales,
legislación,
transexualidad
Suscribirse a:
Entradas (Atom)