jueves, 26 de diciembre de 2013
Las barreras al aborto más difícil Los especialistas alertan del desamparo en que quedan las anomalías gravísimas no mortales desde la semana 22
"Son embarazos muy queridos, casos
dramáticos", señalan los especialistas
Hidrocefalia grave, isomerismo derecho cardiaco, esclerosis
tuberosa... Decenas de enfermedades fetales incurables que conllevan una alta
probabilidad de mortalidad o que pueden provocar graves secuelas neurológicas
deberán seguir su curso sin que las madres puedan remediarlo si se diagnostican
a partir de las 22 semanas de embarazo. Así lo contempla la nueva ley del
aborto que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy, una norma que no dejará más
salida que partir al extranjero y pagar los entre 6.000 y 7.000 euros que puede
costar la intervención, especialmente delicada dado el avanzado estado de la
gestación, a quien quiera interrumpir el que quizás sea el aborto más difícil,
aquel de hijos queridos con anomalías gravísimas incurables.
Cada año se producen entre 300 y 400 abortos por malformación
fetal por encima de las 22 semanas. Corresponden a dos tipos de diagnósticos.
Los menos numerosos, como comenta Begoña Diego, ginecóloga especialista en
diagnóstico prenatal, son aquellos en los que se detectan anomalías
incompatibles con la vida (según la terminología y criterios empleados por la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO). La nueva ley permitirá
que la mujer interrumpa estos embarazos si demuestra que la gestación le supone
un riesgo psicológico para su salud y la patología no se ha detectado antes
“con un diagnóstico certero”, circunstancias que deben avalar sendos informes.
Pero las más numerosas son las intervenciones que tienen
relación con enfermedades extremadamente graves e incurables. Son situaciones
con una alta probabilidad de mortalidad durante el periodo fetal o tras el
nacimiento, asociados con “un tiempo de supervivencia corto y/o con un
desarrollo neurológico profundamente deficiente y/o una probabilidad de dependencia
extrema y persistente para el desarrollo de la vida posnatal”, según la
definición de la SEGO.
“Estos casos extremadamente dramáticos”, comenta Diego.
“Hablamos de embarazos deseados en los que las familias toman las mejores
decisiones siempre desde un punto de vista generoso, para tratar de evitar el
sufrimiento y las consecuencias físicas y neuropsicológicas que pueden tener
estos niños”.
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CARTA PÚBLICA A ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
Nadie
tiene derecho a obligar al sufrimiento (II)
Señor ministro, ¿a qué quiere usted condenar a nuestra sociedad?
¿A vivir de nuevo en épocas que nunca debieron existir?
Esta carta es una triste continuación de la publicada en EL PAÍS
el 25 de julio del año pasado. Su objetivo es expresar de nuevo mi indignación
por la decisión del Gobierno de aceptar el anteproyecto de ley presentado por
el ministro de Justicia y hecho público el 20 de diciembre de 2013.
No voy a exponer de nuevo mis antecedentes profesionales como
neurocirujano infantil, ya que fueron suficientemente expuestos en la carta
anterior. Solamente señalaré que he ejercido como neurocirujano durante 40
años, siendo jefe del Servicio de Neurocirugía Infantil en el hospital 12 de
Octubre desde el año 1982 hasta mi jubilación hace tres años.
Como profesional de la medicina, lo más destacable es la
completa eliminación del supuesto de malformación fetal como causa de
interrupción del embarazo, lo que en mi opinión sencillamente nos coloca de
nuevo en épocas pretéritas de la historia de la medicina en España. Estoy
además convencido de que muchos españoles tenían la esperanza durante todo este
año de que el ministro tuviera en cuenta la gran cantidad de opiniones que se
han escuchado y publicado en contra de la eliminación de este supuesto.
Desgraciadamente,
no ha sido así.
Antes de la primera ley de 1985, los médicos que teníamos que
enfrentarnos a los casos de malformaciones fetales más severas, como son entre
otras las del sistema nervioso central, estábamos desgraciadamente muy
acostumbrados a tratar a estos pobres niños. Concretamente los niños con espina
bífida abierta (de uno a tres niños por cada 1.000 recién nacidos vivos) se
contaban entre las malformaciones más frecuentes.
Los que padecían esta enfermedad en sus grados más severos eran
sin duda los más complicados de tratar. Son los que presentaban parálisis
completa de ambas piernas, y del control de los esfínteres urinario y fecal,
deformaciones severas en los pies y en la columna vertebral, hidrocefalia (acumulación
de líquido en el interior del cerebro) y muchos tenían además déficit mental de
diversos grados. Tenían que ser tratados por diversos equipos de especialistas
(pediatras, neurocirujanos, traumatólogos, urólogos...) y, finalmente, después
de una vida llena de sufrimientos, algunos podían morir por las complicaciones
tardías que se presentaban años después del nacimiento.
Como regla general, cuanto más severa es la malformación más
fácil es su diagnóstico en el periodo prenatal, por eso el número de malformaciones
fetales graves disminuyó rápidamente después de la implantación de la ley de
1985, con lo que muchos de nosotros nos alegramos profundamente. Esto es
fácilmente constatable si se consultan los datos hospitalarios de la época o,
sin ir más lejos, las estadísticas de las unidades de neurocirugía infantil.
¡Tanto es así que actualmente muchos profesionales jóvenes no han tenido la
oportunidad de tratar estas malformaciones en número suficiente de casos para
adquirir la experiencia necesaria!
Puesto que en Europa este tipo de malformaciones han dejado hace
muchos años de existir, ¿qué pueden hacer nuestros jóvenes profesionales?
¿Señor ministro, podría darse el caso de que algunos tengan que visitar
hospitales de países sudamericanos o africanos que nunca hayan tenido una ley
de interrupción del embarazo?
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Belén Oltra ; Secuestro Gubernamental
Me siento atrapada en un cuerpo que no es mío. Siento que me lo
han robado, que ya no me pertenece, que ya no soy dueña de mis ovarios, de mi
estómago, de mis huesos y mi carne.
Ayer, el PP, con su presidente a la cabeza, decidió desposeerme
de algo tan íntimo y tan propio como es mi cuerpo, y decidió arrancarme de
cuajo la libertad y los derechos que sobre él poseía. A mi, y a veintidós
millones de españolas más.
Se llama machismo. La política al servicio de una ideología
machista. Se llama desequilibrar aún más la balanza de esta injusta sociedad
patriarcal en la que tan cómodos se sientes algunos hombres y tan incómodas y
desiguales nos sentimos las mujeres.
Hasta ayer, el género masculino (o su inmensa mayoría) ha
utilizado la violencia como arma para dominar al femenino, para construir
mujeres calladas y sumisas, y hoy, envueltos y envueltas en una sociedad
moderna, utiliza la administración pública, y la presunta democracia para hacerlo.
Este gobierno clasista, machista, homófobo y cruel, que gobierna para hombres,
ha reducido, este año, un 24% las partidas destinadas a las políticas de
igualdad, y ha invertido 11 millones de euros menos en las actuaciones
destinadas a la lucha contra la violencia de género. Amenazan con una reforma
que eliminaría las competencias municipales en los temas de igualdad… Y ahora
esto. La gota que ha colmado un vaso demasiado lleno y durante demasiado
tiempo.
Hablan de preservar la vida de los no nacidos, cómo si las
mujeres abortasen por ocio o diversión, pero esconden detrás de sus caros
trajes y sus sonrisas deslumbrantes un conjunto de actuaciones y políticas
públicas destinadas a maltratar a las mujeres. Hablan de responsabilidad, como
si no fuera suficiente castigo para una mujer tomar la decisión de no poder
asumir la maternidad en un momento determinado. Hablan de todo y se olvidan de
la salud tanto física como psicológica de las mujeres, de los sentimientos y de
las terribles circunstancias que llevan a una mujer hacia el aborto. Hablan de
defender la vida, pero fomentan con sus leyes los abortos ilegales e inseguros
que ponen en riesgo la integridad física y la vida de las mujeres.
El gobierno de España y el ministerio de Sanidad, Bienestar Social
e Igualdad emiten anuncios en radio y televisión animando a las mujeres a
denunciar a sus maltratadores, mientras recortan en políticas destinadas a
erradicar la violencia de género .La contradicción de fomentar el machismo. La
hipocresía de hacer lo contrario de lo que se dice, y lo que es más triste, la
responsabilidad compartida de seguir potenciando una sociedad patriarcal en la
que las mujeres son humilladas, maltratadas y asesinadas a manos de sus parejas.
Frente a ello, somos muchas las que pedimos ser iguales, las que
nos atrevemos a soñar con una sociedad en la que un hombre no sea más que
nosotras por el simple hecho de haber nacido así, hombre. Somos muchas, y
afortunadamente cada vez más muchos, las y los que pedimos dignidad para el
género femenino. Las que estamos hartas de nuestra terrible historia de
invisibilidad, servidumbre y sumisión. Las que queremos cambiar el rumbo de
nuestras vidas, la vida de un género femenino que lleva desde el inicio de la
historia de la humanidad recogido en un segundo plano, sigilante, expectante y
en algunos casos combativo, esperando a situar su figura en el lugar que nos
corresponde ya no como mujeres, sino como seres humanos. Nos negamos a ser
durante más tiempo marionetas en manos de políticos corruptos, insensibles,
conservadores y machistas.
Rajoy, el PP, la iglesia católica o quien sea, podrán legislar
contra nosotras, podrán quitarnos nuestro cuerpo, nuestras libertades y
nuestros derechos, podrá quitarnos todo, y sin embargo seguiremos quedando
nosotras. Nada más fuerte y nada más valioso que NOSOTRAS luchando por ser
dueñas de nuestra propia vida. Nada más fuerte y nada más valioso que NOSOTRAS
gritando bien fuerte y bien alto la palabra igualdad.
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Los abortos bajan un 5% en 2012 con la ley que derogará el Gobierno
Unas 6.000 mujeres menos interrumpieron su embarazo.
La
demografía, el uso de anticonceptivos y la normalización de la prestación,
razones del descenso.
El número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó un 5%
en 2012 en España. Ese año, con la ley de plazos que el Gobierno derogará,
abortaron 112.390 mujeres. Unas 6.000 menos que en 2011. Los pronósticos de los
más críticos con la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en vigor
desde 2010, no se han cumplido. Que la mujer pueda decidir libremente abortar
durante las primeras 14 semanas de embarazo no ha disparado las interrupciones.
En 2012 abortaron 12 de cada 1.000 mujeres en edad fértil, según el informe
anual del Ministerio de Sanidad (una cifra similar al resto de la UE). Medio
punto menos que el año anterior. El 91,3% lo hicieron ejerciendo el derecho a
decidir sobre su maternidad. Un derecho que suprimirá la normativa del
Ejecutivo de Rajoy. El anteproyecto de ley elaborado por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, restringe esta prestación sanitaria solo a
casos de violación y riesgo para la salud física o psicológica de la mujer,
hasta la semana 22. En 2012 solo el 5,7% de las intervenciones fueron por ese
motivo.
Las cuestiones demográficas, pero también las circunstancias
económicas y sociales del país, juegan un papel clave en la evolución de las
interrupciones voluntarias del embarazo (en 2009 descendieron y en 2011
aumentaron algo más del 4%). Más que los modelos legales, según los expertos.
Estos explican el descenso de 2012 a través de varios factores: la disminución
de la población extranjera —un grupo en el que se registra un número de abortos
superior a su peso demográfico—, la financiación pública de métodos
anticonceptivos de última generación, la píldora del día siguiente; así como la
paulatina normalización de esta prestación sanitaria.
Mientras que en 2009, cuando estaba en vigor la normativa de
1985, que permitía el aborto solo en algunos casos, apenas el 2% de estas
intervenciones se realizaban en centros públicos, en 2012 se hicieron el 6,49%.
Un dato muy significativo para Isabel Serrano, ginecóloga y experta en planificación
familiar. “Es la primera vez en 30 años que ha habido un aumento tan destacado.
Y eso implica que los profesionales sanitarios se están implicando y que se
está normalizando”, apunta.
El 90% de las mujeres no tuvo que justificar su decisión.
La apuesta de la sanidad de algunas autonomías por el aborto
farmacológico —la mifepristona, que puede utilizarse hasta la semana ocho de
gestación— también incrementa la participación pública, apunta Carmen Coll,
ginecóloga del Instituto Catalán de Salud. Es el caso de País Vasco o de
Cataluña, donde todos los centros de la red pública ofrecen esta prestación. “A
las mujeres, además, se les hace una muy buena cobertura de asesoramiento e
información en salud y anticoncepción. Y que esta información se dé en el canal
público logra también que el resto de mujeres, no solo aquellas que acuden a
solicitar la información sobre aborto, acceda”, sigue Coll.
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Diez razones para no cambiar la ley del aborto
El Gobierno no puede legislar para agradar a su electorado más
conservador.
Cada día nos acercamos más a un cambio en sentido restrictivo de
la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, aprobada por amplia mayoría en 2010, que el Partido Popular
quiere modificar desde el mismo momento en que llegó al Gobierno. Sin duda hay
razones para cambiarla o mejorarla, pero el momento social, económico y
político no parece el más apropiado para empeorarla. España pasa por malos
momentos y utilizar el aborto, por el que tanto sufren las mujeres, como moneda
de cambio para contentar a los sectores más conservadores de su electorado, no
es justo con las mujeres ni con la sociedad.
Tras casi dos años de reiterados, y a veces contradictorios,
anuncios por parte del ministro de Justicia, señor Gallardón, la principal
razón esgrimida para este cambio es el compromiso adoptado en su programa
electoral. Argumento poco consistente, no solo por los evidentes
incumplimientos de la práctica totalidad de los compromisos electorales del
actual Gobierno, sino porque ni siquiera se ajusta a la letra de lo
comprometido. Entre introducir algunos cambios en la actual legislación,
especialmente en lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años, y los drásticos
cambios que se avecinan, hay un gran trecho. Ni siquiera el sector más
aperturista del PP podía presagiar que van a echar por tierra 28 años de
legislaciones razonables.
En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para
actuar de una u otra manera.
Unas para imponer las propias creencias y deseos a
los demás y otras para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre
su cuerpo y su vida.
Nuestras razones para defender el mantenimiento de la actual ley
son:
Una.
Porque funciona. No se han cumplido
las profecías de un incremento notable del número de abortos ni se han
producido en sus tres años de vigencia denuncias ni complicaciones sanitarias
de ningún tipo. Ha resuelto, pues, gran parte de los problemas de inseguridad
jurídica que aquejaban a la ley anterior.
Dos.
Porque respeta a las mujeres. El
reconocimiento de un plazo en el que las mujeres puedan decidir libremente
sobre si quieren seguir adelante o no con su embarazo es la única manera de no
atropellar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas.
Tres.
Porque es conforme a la Constitución.
Contrariamente a lo que se argumenta, la actual legislación no es contraria a
la doctrina del Tribunal Constitucional que nunca se ha pronunciado sobre una
ley de plazos.
Cuatro.
Porque respeta mejor la vida en formación.
Establecer límites y ofrecer a las mujeres información y recursos alternativos
ha demostrado ser la mejor manera de conciliar los derechos de las mujeres a
decidir con el deber del Estado de proteger la vida en formación.
Cinco.
Porque es la mayoritaria en Europa.
La legislación de plazos es la más establecida entre los países del entorno
europeo, especialmente en el contexto de los Estados con quienes compartimos
tradición política y constitucional. En una Europa sin fronteras no es
razonable que una mujer española sea tratada, en sus derechos básicos, de modo
diferente a una francesa, portuguesa o alemana.
Seis.
Porque no distingue entre pobres y ricas.
Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que
las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones,
por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por
clase o condición social.
Siete.
Porque la población está conforme.
La mayoría de la población española no se reconoce en el marco de una
legislación restrictiva o prohibicionista en materia de aborto. Según la última
encuesta de Metroscopia, una mayoría, el 53%, apoya una ley de plazos como la
actual mientras que el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas.
Ocho.
Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen, como
ahora sucede, en periodos muy tempranos de la gestación, disminuyendo los
riesgos asociados a los abortos tardíos. Facilita también que las mujeres sean
tratadas igualitariamente independientemente de la comunidad autónoma donde
vivan.
Nueve.
Porque es una ley eminentemente preventiva.
La actual legislación no solo aborda la interrupción voluntaria del embarazo,
sino la prevención y educación afectiva y sexual de toda la población, en
especial de la población más joven, el mecanismo más eficaz para disminuir el
número de abortos.
Diez.
Porque derogarla supone un retroceso social de décadas. Hoy vivimos mejor porque podemos decidir en lo que concierne a
nuestra vida sexual y reproductiva sin que nos persigan. Perder en tres años lo
que tardamos 30 en conseguir nos lleva a un pasado de difícil retorno.
Diez
razones frente a una. El Partido Popular
cuenta, por supuesto, con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la
reforma que desee, se ajuste o no a sus compromisos electorales. Pero también
tiene el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Sería un
buen momento para darse un baño de realidad y favorecer el entendimiento entre
los sectores que opinan de distinta manera sin hacérselo pagar a las mujeres
que se enfrentan a una interrupción del embarazo y que, con la nueva norma,
ganarán sufrimiento y perderán libertad.
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Piden retirar la reforma del aborto porque atenta contra el derecho a decidir
Cientos de personas en Vitoria han protestado
contra la reforma y han pedido el "aborto libre y gratuito"
Varios cientos de personas han pedido este sábado en Vitoria al
Gobierno del PP que retire el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto
porque "atenta gravemente contra el derecho de las mujeres a
decidir".
El aborto vuelve a ser delito salvo en casos de violación o
riesgo para la mujer.
"Nosotras parimos, nosotras decidimos"
Valderas dice que la Junta de Andalucía está
"estudiando" recurrir la reforma
¿Qué aborta esta ley?
Las claves de la reforma
del aborto
100.000 mujeres no podrán abortar en España por la reforma de
Gallardón
La ministra francesa de la mujer considera "un
retroceso" la ley del aborto española
Bajan un 5% los abortos en 2012 y Rajoy anula una legislación
que funciona
La Plataforma por el Derecho al Aborto de Vitoria ha convocado
este sábado una manifestación contra esta reforma que limita a dos los casos en
los que el aborto está despenalizado: cuando la mujer haya sido violada o
cuando su salud psicológica o psíquica corra riesgo.
La marcha, encabezaba una pancarta en la que se leía en euskera
"Derecho a abortar. Nuestro cuerpo, nuestra decisión", ha partido
desde la Plaza Virgen Blanca y ha finalizado frente a la sede del PP y de la
Subdelegación del Gobierno en la capital alavesa.
Durante el trayecto, los manifestantes han coreado lemas como
"aborto libre y gratuito", "sacad vuestros rosarios de nuestros
ovarios" o "Gallardón 'fachardón' en mi coño mando yo".
Al inicio de la marcha, una portavoz de esta plataforma ha leído
ante los medios de comunicación una declaración en la que se pide la retirada
de este anteproyecto y se insiste en el derecho de las mujeres a decidir sobre
su vida y cuerpo. "El derecho a decidir de la mujeres no se puede ejercer
sin la despenalización del aborto", han incidido los convocantes, que han
pedido que este derecho sea garantizado a través de la sanidad pública.
Además consideran que el papel del Estado en esta materia debe
ser el de "respetar y garantizar" la decisión de las mujeres
"impidiendo la injerencia arbitraria de cualquier institución".
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ACAI confirma que las mujeres españolas no podrán abortar en nuestro país.
Tras conocerse el Anteproyecto de Ley Orgánica de “Protección de
los Derechos del Concebido y de las Mujeres Embarazadas”, presentado hoy por el
Titular de Justicia.
España se convierte en el único país de la Unión Europea, junto
a Irlanda y Polonia que niega este derecho a sus mujeres.
La interrupción
voluntaria del embarazo no podrá realizarse legalmente, ya que los requisitos
burocráticos, legales y médicos exigidos impedirán que sea una práctica
sanitaria normalizada.
Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE el
anteproyecto de ley no solo acaba con un derecho básico y fundamental de la
mujer, sino que condena a estas a continuar con su embarazo contra su voluntad,
incluso aunque su salud física o psíquica esté en riesgo; ya que los requisitos
sanitarios y legales para que una mujer pueda acceder a esta prestación
sanitaria son prácticamente imposibles de cumplir.
En primer lugar, ningún profesional sanitario puede determinar ni
determinará objetivamente si el conflicto psicológico que en una mujer genera
un embarazo no deseado o una patología grave o incompatible con la vida puede
ser solucionado sin recurrir a una IVE; mucho menos determinar si esa
afectación se prolongará en el tiempo, tal y como señala el texto; ya que es la
mujer, y solo ella, la que tiene que saber si puede sobrellevar o no la
disfunción psicológica y vital que tal situación le puede suponer.
En segundo término, el establecimiento de centros públicos
acreditados expresamente para emitir dictámenes, informes preceptivos y
asesoramiento a las mujeres, distintos a los que realizan las IVEs, implica
someter a las mujeres al arbitrio ideológico de los/as profesionales que lo
integren; pudiendo llegar a convertirse, en función de quienes formen dichos
comités, en auténticos centros de estigmatización y culpabilización de la
mujer, con el objetivo expreso de hacer desistir a esa persona de su intención
de abortar, aunque su situación psicológica, personal, e incluso física hagan
recomendable la interrupción de su gestación, cuando la mujer además así lo
desea.
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La propuesta de reforma de la Ley que regula el aborto supone un retroceso de treinta años en los derechos de las mujeres
La Federación de Planificación Familiar Estatal
rechaza el contenido del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de
Ministros y solicita que este proyecto sea retirado y en su lugar se aplique de
manera completa la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.
La propuesta de reforma de la Ley que regula el
aborto supone un retroceso de treinta años en los derechos de las mujeres.
La
Federación de Planificación Familiar Estatal y AGASEX, como integrante de la
misma, rechaza el contenido del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de
Ministros y solicita que este proyecto sea retirado y en su lugar se aplique de
manera completa la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.
El
proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros pretende acabar con
el derecho a decidir de las mujeres y con la concepción integral de la salud
sexual y reproductiva que la actual ley contiene, tal y como lo indica el
cambio de nombre de la ley.
Con
este proyecto de ley, el gobierno quiere alejar a nuestro país del marco
legislativo predominante en Europa, para situarnos con Malta, Irlanda, Andorra,
San Marino, Mónaco y Liechtenstein, países con las leyes más restrictivas. La
FPFE también rechaza el secretismo con el que esta reforma legislativa se está
llevando a cabo, sin ninguna participación de las organizaciones de la sociedad
civil especializadas en salud reproductiva y sin la información pública
preceptiva en todo proceso democrático.
La
aplicación de la actual ley que ahora el gobierno quiere reformar no ha
generado ningún problema de salud o jurídico y tampoco ha aumentado las cifras
de aborto en nuestro país. Diversos estudios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) muestran que el número de interrupciones voluntarias del embarazo
en países con leyes restrictivas y en zonas con leyes más liberales no varía en
exceso, como lo muestra el ejemplo de Holanda, con una ley de plazos y una de
las menores tasas de aborto en Europa, mientras la diferencia en el número de
abortos inseguros sí es muy significativa. Así, en su informe de 2012, la OMS
señala que: “Ya sea que el aborto esté o no restringido por la ley, la
probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado
es prácticamente la misma” (1).
Por
tanto, una ley restrictiva no va a hacer que disminuyan los abortos, sino que
se éstos se produzcan bajo una inseguridad jurídica para las mujeres y para los
profesionales que tendrán que justificar los supuestos, en un proceso más largo
y difícil que va a añadir sufrimiento y riesgo para la salud de las mujeres y
atendiendo a presiones y posturas morales que ignoran tanto los derechos
humanos como la salud y las evidencias científicas. Además, esta reforma sehace
en contra de la opinión de la mayoría de la población, según han revelado
diversas encuestas (2).
La
FPFE lamenta que este intento de hacer retroceder décadas los derechos se esté
acompañando de una paralización de la estrategia de salud sexual y
reproductiva, tal y como ha constatado un reciente barómetro europeo (3), lo que ha producido un retroceso
en el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, dificultades en el
acceso a los servicios de planificación familiar y ausencia de implementación
de una política de formación coherente hacia estudiantes y profesionales
sanitarios.
Por
todo ello la FPFE solicita que se retire el proyecto de ley presentado por el
Ministro de Justicia Gallardón y que se aplique de manera total la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva de 2010, especialmente la inserción de la educación
sexual en la educación primaria y secundaria, y la garantía del acceso
universal a métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día después. Dos
elementos que, tal y como demuestran los datos científicos disponibles y a
diferencia de las leyes restrictivas del aborto, reducen el número de
interrupciones inducidas del embarazo.
________________________________________________________________________
(1) “Las restricciones
legales llevan a muchas mujeres a procurar servicios en otros países, o de
profesionales no capacitados o en condiciones no higiénicas, lo que las expone
a un riesgo significativo de muerte o discapacidad. La proporción de mortalidad
materna cada 100 000 nacidos vivos debido a un aborto inseguro suele ser
más alta en los países con restricciones importantes y más baja en los países
donde el aborto está disponible a requerimiento o en condiciones
generales. La evidencia acumulada demuestra que la eliminación de las
restricciones sobre el aborto produce una reducción de la mortalidad materna
causada por el aborto inseguro y, en consecuencia, una disminución en el nivel
global de mortalidad materna”. En: Aborto sin riesgos. Guía técnica y de
políticas para sistemas de salud. Organización Mundial de la Salud, 2012.
(2) Según una encuesta de
Metroscopia publicada en abril de 2013, Un 46% defiende el sistema de plazos
frente a un 41% que solo acepta los supuestos.
(3) Barómetro de acceso de
las mujeres a métodos anticonceptivos modernos en 10 países de la Unión
Europea. International Planned Parenthood Federation (IPPF) 2013.
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MI CARTA ABIERTA A LAS DIPUTADAS DEL PP
Estimadas colegas:
Hemos decidido recurrir a vosotras porque tenéis en vuestras
manos gran parte de la libertad y de la dignidad que pretende arrebatarnos el
Anteproyecto de Ley de protección a la vida del concebido, aprobado en el
último Consejo de Ministros.
Nuestras diferencias políticas no deben ser un obstáculo para
que todas acordemos que las mujeres no pueden ser tratadas como personas
incapaces ante una decisión tan trascendente para sus vidas como la de ser o no
ser madres. Y sé que, al menos eso, lo compartimos todas.
La Ley que pretende aprobarse hace imposible la interrupción del
embarazo a las mujeres con escasos recursos, las otras podrán viajar a
cualquier país europeo para someterse a esa intervención. Vosotras lo sabéis
porque siempre ha sucedido así .Y mucho más ahora que las leyes de plazos o de
supuestos muy amplios son mayoría en los estados miembros de la UE, muchos de
ellos con gobiernos conservadores. Estoy segura de que esa desigualdad os parece
injusta.
Tampoco creo que a muchas de vosotras os parezca aceptable que
las mujeres -a las que les ocurra- se vean obligadas a parir hijos con graves
malformaciones. Ninguna mujer desea que a ella o a cualquier otra le suceda
algo así; y menos aún que otros tomen una decisión que marcará su vida para
siempre.
Apelamos a vuestra condición de mujeres sensibles y conscientes
de la gravedad del problema del que hablamos. El Proyecto de Ley, tal como
salió el viernes del Consejo de Ministros, no es razonable ni respetuoso con
las mujeres. Queremos hablar con vosotras y contar con vosotras porque, si se
trata de que este disparatado proyecto no se convierta en una ley de la que nos
tengamos que arrepentir todos, vuestra contribución puede ser decisiva.
Queremos hacerlo desde el respeto a la conciencia y a la
posición política de cada una. Pero esto va más allá de tal o cual partido
político: se trata de la dignidad y la libertad de todas las mujeres.
Estamos a tiempo de que el Gobierno reconsidere el Anteproyecto de
ley.
Hablemos, por favor. Os necesitamos.
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La 'marca España' de Gallardón vuelve a abortar en Londres o en Portugal
Alberto Ruiz Gallardón, ministro español de Justicia.
La ley de Gallardón esconde la promesa de retomar la hipocresía moral de los años 60 y 70, con las hijas
de las familias pudientes acudiendo a abortar a Londres.
Es una pena que el
Gobierno del PP haya decidido imitar a China no
en los índices de crecimiento del PIB, sino en las políticas de intromisión del
estado en las decisiones sobre la maternidad. Frente a la política del hijo único,
la de todos los hijos que Dios te envíe. A diferencia de las autoridades
chinas, al PP no le preocupa en absoluto la natalidad. Lo sabemos bien los
gallegos, demográficamente depauperados, sin que sucesivos gobiernos de Fraga o
Feijóo sean capaces de diseñar medidas que mejoren la situación de la pitrámide
demográfica. Lo que a los populares les preocupa es fijar, por la vía
legislativa, la visión místico-infantil de la maternidad como destino único e
inexorable de la mujer. El triunfo del útero sobre la persona.
Las metáforas cursis que comparaban a las mujeres con flores han
acabado teniendo una realidad terrible. A efectos de la reproducción -Wert lo
corregirá en los libros de texto-, la mujer ya no pertenece ni siquiera al
reino animal. Ha quedado reducida a la categoría de vegetal. Como el cáliz de
cualquier flor, su útero debe llevar a término cualquier siembra, cualquier
grano de polen. Llegada la semilla, deja de haber mujer, solo útero.
Una brutal injerencia
del Estado
Esta brutal injerencia del Estado en la vida privada de las
personas casa mal con la ideología liberal que dice defender el PP. Veamos
algunos ejemplos absurdos. Una joven de 17 años, buena estudiante, a punto de
ir a la universidad, o una estudiante que solo quiere llegar a la mayoría de
edad y buscar un trabajo porque en casa ya hay varios miembros en paro, sale
con su novio. Queda embarazada. Tiene que ser madre. Obligatoriamente. Lo ha
decidido el Estado, en un gesto digno del Big Brother de Orwell.
Una mujer de 40 años,
profesional o quizá en paro, con dos hijos de 12 y 9 años, que echa una mano a
sus suegros, que tienen una pensión muy modesta, o que está a punto de
conseguir un ascenso porque su empresa marcha bien, tiene un despiste con su
marido y queda embarazada. No puede decidir si quiere otro hijo. Ha sido mayor
de edad para todo, para estudiar, para casarse, para decidir cuántos hijos y
cuándo era el momento de tenerlos. Ahora vuelve a ser niña, el Estado decide
por ella (y por su marido y por todo su entorno familiar).
Interpretación
enfermiza del catolicismo
Trufada de una interpretación enfermiza del catolicismo, la ley
esconde por supuesto la promesa de retomar la hipocresía moral de los años 60 y
70, con las hijas de las familias pudientes acudiendo a abortar a Londres y de
paso a comprar en Harrod’s (que buena imagen para la marca España) o buscando
un médico amigo que les resuelva el problema con discreción. Y las familias
pobres, a abortar con riesgo o a tener hijos, porque Gallardón, como tanto
pseudo liberal del PP, presume de católico, pero es en realidad un protestante:
el dinero, como los hijos, los manda Dios. Y si Dios no ha querido que tengas
dinero, por algo será, y no voy yo a darte sanidad gratuita, guarderías
públicas, colegios públicos de primera y todas esas memeces para enmendar sus
decisiones.
Quizá hagamos mal en preocuparnos. Rajoy se ha apresurado a
decir que se ha hecho una ley como la del 85, porque sabe que esta ley, pensada
para satisfacer al nacionalcatolicismo más recalcitrante, llega en el peor
momento, con Rouco en retirada y la iglesia de Bargoglio recordando los mejores
tiempos de Juan XXIII. Y le proporciona a la izquierda un argumentario que
lleva a poner en segundo plano la cuestión de los liderazgos. Por frenar esta
ley, los socialistas votaríamos hasta a Almunia. Así que seguro que todo queda
en una interpretación laxa de los supuestos de daño permanente y ya veremos si
la policía vuelve a los quirófanos, porque al final, el que se presente a
presidente no será Gallardón.
La Biblia y Gallardón
Sería interesante saber si Gallardón va a apurar su lectura de
la Biblia y se propone a continuación legislar contra la masturbación. Al
final, si un aborto es un crimen –aunque por lo visto no lo es si causa “un
grave riesgo a la madre” o si es “fruto de una violación”… vamos, que es un
asesinato pero sólo a
veces..- no lo es menos la
práctica de Onan, desperdiciando la semilla y privando así a miles de
individuos del derecho a nacer. Entendemos que si el Estado puede decidir
cuándo tenemos que tener hijos, también tiene capacidad moral para determinar
qué prácticas sexuales -todas las no reproductivas- deben ser erradicadas.
Aunque el tono patriarcal de las religiones del Libro hace que los hombres, al
final, siempre salgan mejor parados.
Puede que en el fondo no sea una cuestión de ideología sino un
homenaje paterno filial, del hijo que treinta años después quiere honrar la
memoria del padre que presentó el primer recurso contra la ley socialista del
85. Lo que Gallardón hijo olvida es que la España del 2014 no es la misma que
la del 85. Y que su padre, a diferencia de muchos españoles, viviría igual de
cómodo en el régimen de Franco, en la Transición, en una hipotética España de
Tejero, en democracia o incluso en la China comunista. Y la mayoría de los
españoles no, la mayoría queremos vivir en un régimen de derechos y libertades
laico, igual para hombres y mujeres, que nos trate siempre como ciudadanos
adultos y evite mezclar en la legislación los consejos del Libro Sagrado y sus
adoradores.
Etiquetas:
aborto,
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