Educación sexual para elegir. Anticonceptivos para prevenir. Aborto legal para no
morir. Son frases que pueden escucharse en las manifestaciones y pueden verse
escritas en las paredes de nuestras ciudades, frases que ilustran tres
cuestiones que definen qué podría ser una buena política en materia de salud
sexual y reproductiva. Quienes las hemos gritado en las calles llegamos ahora a
las instituciones para comprobar lo que ya sabíamos, que las actuales políticas
públicas no apuestan por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos
ni por el respeto a la libre decisión de las mujeres.
Esta comprobación la hacemos, además, en un contexto
de crisis y de recortes que han agravado las condiciones del acceso a los
derechos sexuales y reproductivos. En estas condiciones, uno de cuyos efectos
es la escasísima formación y educación sexual que se da a los y las jóvenes,
nos encontramos, por ejemplo, con un descenso pronunciado en la edad media de
los embarazos no deseados. Cada vez son más las mujeres entre 13 y 16 años que
se encuentran en esa situación, mujeres jóvenes que están sufriendo las
consecuencias de una reforma legislativa que ha dificultado para ellas el
acceso al aborto y las ha dejado más indefensas que nunca. Por otro lado, el
último informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión
Sexual publicado por la Dirección General de Salud Pública dibuja un panorama
que es, cuanto menos, preocupante. Si desde finales de los 90 y hasta mediados
de la primera década de este siglo, las tasas de casos declarados de ETS se
mantenían más o menos constantes, desde 2007-2008 las tasas se duplican y
crecen de manera alarmante.
Numerosas opiniones explican estas transformaciones
responsabilizando a los y las jóvenes de prácticas sexuales descuidadas, de
haber abandonado el miedo al VIH. Sin embargo, se trata de un fenómeno más
complejo. Si observamos como las tasas de infección se han multiplicado durante
la época de crisis, esto nos obliga a mirar también a dos fenómenos: los
recortes en los servicios públicos (especialmente en sanidad y educación) y la
degradación de las condiciones de vida de la población española.
Es necesario asumir lo este escenario constata: las
políticas públicas a este nivel están fallando. Faltan políticas efectivas de
educación sexual y los recortes en la sanidad pública están teniendo efectos
evidentes. Además, el tratamiento de las ETS sigue siendo mucho más caro para
las arcas públicas que las políticas de información y prevención que tuvieron
impactos positivos hace años.
En muchas ocasiones se ha derivado la responsabilidad
de la información, la formación y la asesoría a colectivos sociales y ongs. Una
responsabilidad que no puede ser responsabilidad exclusiva del tercer sector, y
podemos señalar dos razones para ello: la primera que es necesario que la
educación sexual forme parte del sistema educativo, esa es la mejor garantía
para que las y los jóvenes tengan conocimientos que les permitan elegir de
forma libre y consciente sobre su sexualidad y puedan protegerse de los
riesgos. La segunda es que, al mismo tiempo que a estas entidades se les
trasladan responsabilidades de esta importancia, se les han retirado las
subvenciones que permitían desarrollar esta tarea.
Ante este contexto, lo primero que nos encontramos es
que el gobierno del PP guardó bajo llave en un cajón la Estrategia Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva elaborada en 2011. Pero en la Comunidad de Madrid,
además, el mismo partido ha profundizado en su dejadez y en su política de
reducir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Si bien la ley
2/2010 dice que los anticonceptivos de última generación deben formar parte de
la cartera de servicios comunes de la sanidad pública, en la Comunidad de
Madrid nos encontramos con una política de mínimos a la hora de garantizar el
acceso. Los DIUS no están financiados, el parche no está financiado y el anillo
tampoco lo está. Los anticonceptivos orales sólo se financian en parte y los
orales androgénicos han desaparecido de la sanidad pública. Esto es
especialmente grave porque son los más necesarios ya que no solo se usan y se
necesitan como anticonceptivos sino también por razones terapéuticas. Un 30% de
mujeres jóvenes tiene que tomar por razones médicas estos anticonceptivos, qué
ha hecho la Comunidad de Madrid, negar la cobertura a esas mujeres que lo
necesitan para atender a diferentes patologías, es decir, negar el acceso a
medicamentos necesarios.
Esta política sanitaria de mínimos desoye las
recomendaciones de organismos internacionales. La OMS advierte a España de que
para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y la salud de las
mujeres, es imprescindible prescribir la píldora contraceptiva (o píldora del
día después) en los centros públicos de salud. Una píldora que cuesta 20 euros
en farmacias, aunque su coste es de 6,5 euros comprada a los laboratorios. Como
ocurre con otros anticonceptivos se trata de medicamentos caros, que no están,
por tanto, al alcance de todas las personas y, muy en especial, al alcance de
las personas jóvenes. Naciones Unidas lleva 15 años haciendo recomendaciones
para acabar con las desigualdades que las mujeres sufren en el acceso a los
anticonceptivos. Hay mujeres jóvenes para las que disponer de 20 euros es un
problema, más aún cuando la píldora del día después se trata de un medicamento
que debe ser tomado y, por tanto, comprado cuanto antes dado que pierde
efectividad a medida que pasan las horas.
Frente a una política de recortes, de ineficiencia,
de negación de derechos, es necesario desarrollar un conjunto de políticas
públicas que garanticen estos derechos y profundicen en la igualdad. Entre
ellas proponemos: llevar a cabo y desarrollar en las Comunidades Autónomas lo
indicado en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, financiar en
la sanidad pública todos los métodos anticonceptivos usados por las mujeres,
por supuesto los anticonceptivos de última generación (volviendo a financiar
los más seguros y fiables que se retiraron de la financiación en 2013), incluir
en el curriculum del sistema educativo la educación afectivo-sexual y reproductiva,
derogar el Real Decreto 16/2012 para evitar discriminaciones por situaciones
administrativas y mejorar el acceso a los servicios de salud sexual, salud
reproductiva y planificación familiar (con especial atención a colectivos
vulnerables).
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