El colectivo, que en la mayoría de regiones debe
acreditar disforia de género para empezar la hormonación, reivindica que, como
las embarazadas, necesitan control médico pero no están enfermos.
El primer paso que debe dar un hombre o una mujer
transexual para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo en España es
mentir. En la mayoría de comunidades autónomas, tienen que hacerle creer a un
psicólogo que sufren disforia de género, es decir, que, en cierto modo, son
enfermos mentales. Sólo Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid —que
cuentan con leyes integrales de Transexualidad— no exigen este diagnóstico
médico para empezar la hormonación en la sanidad pública. Catalunya se acaba de
sumar a esta lista al trasladar también la gestión del tratamiento a la
atención comunitaria.
"Necesitamos apoyo médico, pero no porque
estemos enfermos sino porque estamos siguiendo un tratamiento y eso requiere un
control. Es lo mismo que sucede con las mujeres embarazadas, que son usuarias
de la sanidad pública porque necesitan un seguimiento, no porque estén
enfermas". Así lo resume Mané Fernández, portavoz de la Federación Estatal
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y responsable de los
temas relacionados con Transexualidad y Transgénero. Una visión que, poco a
poco, van asumiendo algunos gobiernos autonómicos.
Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias y la
Comunidad de Madrid tienen leyes integrales de Transexualidad. Sin embargo, en
las dos primeras todavía es necesario el diagnóstico de disforia de género para
iniciar el tratamiento de reasignación de sexo. Asturias, Aragón y País
Valencià están a punto de aprobar sus normas y todas ellas contemplan la
despatologización del modelo de atención al colectivo transexual.
En Catalunya, la reasignación de sexo dejará de
depender de las unidades de identidad de género y se empezarán a articular a
través de la atención primaria y comunitaria.
Mané Fernández se vio obligado a iniciar su proceso
de hormonación por la sanidad privada a finales de los ochenta. "Antes de
que te visitara el endocrino para empezar el tratamiento, tenías que convencer
al psicólogo de que eras un enfermo mental. Las preguntas que te hacían estaban
condicionadas por el estereotipo social de lo que se consideraba que tenía que
ser un hombre —un machote con pasión por el fútbol— y una mujer —una princesita
preocupada por la moda—", recuerda Fernández. En aquellos años, la
consulta psicológica costaba unos 60 euros y la hormonación, unos 15 euros al
mes.
Las cirujías son una cuestión a parte. En la sanidad
privada, las vaginoplastias cuestan 20.000 euros y las faloplastias, unos
35.000, pero no todos los transexuales quieren someterse a estas
intervenciones. "Es muy bajo el porcentaje de personas que se someten a
ellas porque influyen cuestiones de salud y opciones personales", apunta
Fernández, quien señala, sin embargo, que sí son muy comunes las mastectomías
(extirpación de los pechos) y las mamoplastias (implantación de los pechos),
que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros.
Unidades de identidad de género
El hecho de no necesitar el diagnóstico de disforia
de género para acceder al tratamiento de reasignación de sexo es un paso
adelante en la lucha por los derechos del colectivo transexual, pero lo es aún
más que las unidades de identidad de género de los centros hospitalarios dejen
de regular el acceso a la hormonación. "Estas unidades son necesarias
porque debemos someternos al control médico que exige todo tratamiento, pero a
la vez son patologizantes porque los síntomas de depresión y ansiedad que
sufrimos a lo largo del proceso no son inherentes a la transexualidad, sino que
vienen de fuera, de la presión social que se ejerce sobre nosotros",
confiesa Fernández. Por ese motivo, en Catalunya, los tratamientos de
reasignación de sexo dejarán de depender de las unidades de identidad de género
y se empezarán a articular a través de la atención primaria y comunitaria con
la llamada Unitat Trànsit.
En las antípodas de este modelo está, por ejemplo, la
gestión de Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde ni siquiera hay unidades
de identidad de género y cuyas consejerías de Sanidad derivan a otras
comunidades a las personas transexuales que desean la reasignación. "Una
trampa", advierte la FELGTB, porque en muchas ocasiones es un requisito
imprescindible estar empadronado en la región donde se lleva a cabo el
tratamiento.
Entre ambos extremos se encuentran Galicia,
Extremadura, Balears y Murcia, que ya han aprobado leyes de Igualdad LGTBI con
apartados dedicados a la transexualidad. La Comunidad de Madrid y Catalunya
también tienen una y Andalucía, Aragón, Asturias, Navarra y País Valencia están
trabajando en ellas.
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