El Ministerio público tiene dificultad para detectarlos
y muchos no se denuncian.
Los casos más habituales están relacionados con
insultos homófobos o racistas.
La Fiscalía registró en un año una decena de delitos
"graves" contra colectivos vulnerables.
Una transexual que camina por la calle y, sin más,
comienzan a insultarla desde una cafetería; un chico que vende rosas al que
apalean por ser de color; una joven a la que su vecino le espeta "lesbiana
de mierda" cada vez que se la cruza; un camarero al que humillan y agreden
por ser gay; un negro al que le niegan la entrada en una discoteca; un chico
amenazado de muerte por el padre de su novio cuando descubre que es
homosexual... Son algunas de las víctimas de delitos de odio cuyos casos
llegaron a la Fiscalía provincial de A Coruña especializada en perseguirlos
desde hace dos años.
Desde el Ministerio público advierten de que la
mayoría de los agresores que se ensañan con el colectivo LGTB, inmigrantes y
mendigos son menores de 40 años, por lo que insisten en la importancia de la
prevención a través de la educación en la tolerancia y el respeto. En un año la
Fiscalía provincial registró una decena de procedimientos "graves",
entre los que no se contabilizan los insultos homófobos o racistas, que son los
casos más habituales. "Es solo la punta del iceberg", aseguran las
mismas fuentes, quienes subrayan que la principal dificultad es detectarlos
porque pueden estar detrás de cualquier otro delito. Una agresión, por ejemplo,
está tipificada como un delito de lesiones y, a veces, es difícil percibir que
la verdadera motivación sea homófoba o racista. Lo mismo sucede con las
injurias.
A los tribunales, según indican desde la Fiscalía,
llega la mínima parte de los delitos de odio: muchas víctimas no denuncian. Sin
techo o inmigrantes sin papeles no suelen acudir a la policía ni solicitar
asistencia médica cuando son golpeados o vejados. Por ello, desde la acusación
pública insisten en la importancia de la labor que desarrollan las asociaciones
LGTB o contra el racismo porque los afectados tienden a pensar que si denuncian
por su cuenta volverán a ser humillados y no los tendrán en consideración.
El 90% de los condenados por este tipo de delitos
evitan ingresar en prisión porque carecen de antecedentes y las penas son
inferiores a dos años de cárcel. Aunque la mayoría de los casos se resuelven
con multas y condenas de prisión simbólicas, desde el Ministerio público
subrayan la importancia de denunciar para que la sociedad tome conciencia de
que ese tipo de conductas tienen sus consecuencias. "La mayoría de los
agresores no reinciden porque se ven sometidos a un juicio y la amenaza de
poder ir a prisión ya les sirve para que no lo vuelvan a hacer", apuntan
fuentes de la Fiscalía provincial coruñesa.
Además de las dificultades a las que debe hacer
frente la Justicia a la hora de detectar este tipo delitos, las víctimas se
encuentran con impedimentos cuando las denuncias son sobre hechos considerados
leves, como los insultos. En ese caso, deben recurrir a la jurisdicción civil a
interponer una demanda, por lo que necesitan abogado y procurador. Cuando hay
"algo más" que un insulto, el Ministerio público suele llevar el caso
por vía penal como delito de coacciones. La Policía Nacional cuenta en A Coruña
con un agente especializado en detectar este tipo de conductas que acude a
colegios para concienciar a los jóvenes y el Concello se ha adherido a una red
(PIPE) para tratar de establecer unos protocolos dentro de la Policía Local. La
Justicia precisa de mayor especialización para hacer frente a estos casos, al
igual que se hizo con los delitos de violencia de género o los informáticos.
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