El Ministerio del Interior ha revocado la declaración
de utilidad pública a la FPFE un mes después de habérsela reconocido, porque
así se lo ha pedido la Asociación Española de Abogados Cristianos. Esta
actuación se suma a las continuas acciones mediáticas y políticas de acoso que
la FPFE sufre desde hace bastantes meses por parte de esta asociación de
abogados y de medios de comunicación afines a grupos de presión
ultraconservadores, y que son muy similares a las que están sufriendo otras
asociaciones de planificación familiar por su defensa de los derechos sexuales
y reproductivos en Europa, América Latina y Estados Unidos.
El Ministerio del Interior ha resuelto con gran
celeridad el recurso de reposición que la Asociación Española de Abogados
Cristianos ha interpuesto contra la declaración de utilidad pública que el
propio Ministerio había reconocido a la FPFE hace tan sólo un mes. La FPFE se ha enterado por el BOE de
que se admite dicho recurso y se revoca la declaración de utilidad pública.
Esta noticia se suma a las continuas acciones
mediáticas de acoso que la FPFE sufre desde hace bastantes meses por parte de
esta asociación de abogados, y que son muy similares a las que están sufriendo
otras asociaciones de planificación familiar por su defensa de los derechos
sexuales y reproductivos en Europa, América Latina y Estados Unidos por parte
de grupos de presión ultraconservadores.
Dejando al margen las acciones legales que la FPFE
pueda tomar contra un procedimiento que podría no cumplir con la legalidad y
contra una persecución de la que se podrían derivar responsabilidades, queremos
manifestar que las acciones por la que se nos persigue son la defensa de la
salud y los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a
decidir.
Como bien dice la resolución del Ministerio del
Interior que hoy hemos conocido, la FPFE tiene sus cuentas claras y en orden,
además de auditadas, como se desprende de la declaración de utilidad pública
que se nos reconoció hace sólo semanas después de un proceso que comenzó en
febrero de 2015 y que ha supuesto el cumplimiento de todos los requisitos
pertinentes. Por tanto, la FPFE no ha sido sancionada por “financiación ilegal”
como se ha publicado en diversas ocasiones y en diversos medios. Se ha usado
una falta administrativa leve, que en su momento (y con posterioridad a que se
hubiera solicitado la declaración de utilidad pública) se nos advirtió y la
FPFE reconoció y subsanó ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, como falso argumento para la criminalización.
Respecto al argumento de que la FPFE promueve el
aborto, hay que recordar que esta entidad no gestiona ningún centro autorizado
para la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, también queremos
decir que vamos a seguir defendiendo el aborto seguro y legal, tal y como
hacen, entre otros, organismos internacionales como la OMS, y el derecho de las
mujeres a decidir sobre sus opciones reproductivas. Rechazamos la
criminalización de las organizaciones que por este motivo están sufriendo acoso
de grupos de presión ultraconservadores.
La Federación de Planificación Familiar Estatal
(FPFE) trabaja desde 1987 con múltiples entidades públicas y privadas en
actividades de formación, asesoría e información sobre planificación familiar y
salud sexual y reproductiva, y de atención especialmente a población en
situación de vulnerabilidad como personas jóvenes, inmigrantes o jóvenes con
discapacidad intelectual. Nuestros centros jóvenes de anticoncepción y
sexualidad (CJAS) en Barcelona, La Coruña, Albacete y Madrid son conocidos por
sus buenas prácticas y cumplen un papel de complementariedad con los recursos
públicos de salud.
Evidentemente esta resolución del Ministerio y la
persecución de que venimos siendo objeto tienen efectos dañinos para nuestra
actividad y para nuestras posibilidades de búsqueda de recursos, lo que
sentimos especialmente por aquellas personas a las que atendemos y que
difícilmente encuentran esta atención por otras vías. Además, en unos tiempos
en que la corrupción atraviesa diversas actividades públicas en nuestro país,
ser acusados de malas prácticas
económicas causa un evidente daño a nuestra imagen.
Sin embargo, y siempre con base en los derechos y en
la salud, la FPFE seguirá llevando a cabo sus actividades a pesar de la
persecución que pueda sufrir por ello. Unas actividades que el propio
Ministerio del Interior ha reconocido como de utilidad pública hace tan solo
unas semanas.
Más información:
El 5 de mayo de 2.016 se publicó en el BOE la orden
ministerial declaratoria de la utilidad pública de la Federación de
Planificación Familiar Estatal. Dicho reconocimiento se adoptó tras emitirse
los preceptivos informes favorables de:
La Secretaría General de Sanidad y Consumo, de la
Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, por el Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (todos ellos dependientes del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
Que informaron “que la actividad de la FPFE perseguía
fines de interés general de carácter sanitario; no beneficiaba exclusivamente a
sus asociados y disponía de medios adecuados para el cumplimiento de sus fines,
sin que las cuentas aportadas presentaran defectos”.
El 6 de mayo de 2.016, es decir, al día siguiente de
la publicación en el BOE de la orden del Ministerio del Interior declarando a
la FPFE de utilidad pública, la “Asociación de Abogados Cristianos” formuló
recurso de reposición frente a dicha orden, afirmando que la FPFE “promueve el
aborto en clínicas privadas con ánimo de lucro y promociona fármacos
anticonceptivos contra las normas “.
El 10 de mayo de 2016, admitido ya a trámite el
recurso interpuesto por la “Asociación de Abogados Cristianos”, se concede
plazo de 10 días a la FPFE para formular alegaciones, que son presentadas el 18
de mayo de 2016.
El 26 de mayo de 2016 se dicta resolución por el
Subdirector de Recursos del Ministerio del Interior, revocando la declaración
de utilidad pública de la FPFE. Han transcurrido 20 días desde la publicación
en el BOE.
El recurso interpuesto por dicha asociación de
abogados se apoyaba en la circunstancia de haber sido sancionada la FPFE el 14
de octubre de 2015 por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid por la comisión de una infracción administrativa simple en grado mínimo,
a partir de una denuncia formulada el 21 de agosto de 2015 por la propia
asociación de abogados cristianos.
Tal infracción se concretaba en la publicación de
anuncios de medicamentos de prescripción médica en la revista Diálogos y en la
página web de la FPFE, accesibles al público en general. En la resolución por
la que se impuso la sanción se constataba:
Que “el beneficio obtenido por la publicidad de
medicamentos había sido “0” euros.
Que el 2 de septiembre de 2015 (apenas 5 días después
de haberle sido notificada la denuncia) se habían retirado todos los anuncios.
La FPFE invocó la falta de legitimación de la
asociación de abogados cristianos para impugnar la declaración de utilidad
pública aprobada por la orden del Ministerio del Interior.
Lo hizo con base en
los propios argumentos esgrimidos por dicho Ministerio para negar tal
legitimación en muchos otros casos similares.
El Ministerio del Interior cambia su propio criterio
y decide que la Asociación de Abogados Cristianos tiene un interés moral en que
se revoque la declaración de utilidad pública de la FPFE, por lo que le
reconoce legitimación para formular un recurso de reposición contra la
respectiva orden del Ministerio del Interior, afirmando: “la publicación
ilícita de determinados medicamentos anticonceptivos contraviniendo la
normativa reguladora de la publicidad de medicamentos de uso humano puede
suponer un riesgo para la vida humana, siendo así que entre los fines de la
asociación recurrente figura la defensa de la vida desde el momento de su
concepción.”
La FPFE señala que todos los medicamentos que, por
fatal desconocimiento, fueron anunciados, están debidamente autorizados por la
autoridad sanitaria y farmacéutica y, algunos, financiados por el Sistema
Nacional de Salud.
La revocación de la declaración de utilidad pública
exige la tramitación de un procedimiento administrativo, con audiencia del
interesado, que debe someterse a informe de los ministerios o de las
administraciones públicas competentes en relación con los fines estatutarios y
actividades de la entidad en cuestión, y dicha decisión corresponde adoptarla
al Ministro del Interior.
Ninguno de dichos trámites se ha cumplido: la
revocación ha sido decidida por el Subdirector de Recursos del Ministerio del
Interior, estimando un recurso de reposición interpuesto por una asociación no
legitimada para formularlo, sin recabar los preceptivos informes de los
ministerios que habían informado previamente de forma favorable a la concesión
de la declaración de utilidad pública de la FPFE y sin conceder audiencia a la
propia afectada.
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