miércoles, 1 de junio de 2016

Se persigue a la FPFE por defender los derechos sexuales y reproductivos

El Ministerio del Interior ha revocado la declaración de utilidad pública a la FPFE un mes después de habérsela reconocido, porque así se lo ha pedido la Asociación Española de Abogados Cristianos. Esta actuación se suma a las continuas acciones mediáticas y políticas de acoso que la FPFE sufre desde hace bastantes meses por parte de esta asociación de abogados y de medios de comunicación afines a grupos de presión ultraconservadores, y que son muy similares a las que están sufriendo otras asociaciones de planificación familiar por su defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Europa, América Latina y Estados Unidos.

El Ministerio del Interior ha resuelto con gran celeridad el recurso de reposición que la Asociación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto contra la declaración de utilidad pública que el propio Ministerio había reconocido a la FPFE hace tan sólo un mes.  La FPFE se ha enterado por el BOE de que se admite dicho recurso y se revoca la declaración de utilidad pública.

Esta noticia se suma a las continuas acciones mediáticas de acoso que la FPFE sufre desde hace bastantes meses por parte de esta asociación de abogados, y que son muy similares a las que están sufriendo otras asociaciones de planificación familiar por su defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Europa, América Latina y Estados Unidos por parte de grupos de presión ultraconservadores.

Dejando al margen las acciones legales que la FPFE pueda tomar contra un procedimiento que podría no cumplir con la legalidad y contra una persecución de la que se podrían derivar responsabilidades, queremos manifestar que las acciones por la que se nos persigue son la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir.

Como bien dice la resolución del Ministerio del Interior que hoy hemos conocido, la FPFE tiene sus cuentas claras y en orden, además de auditadas, como se desprende de la declaración de utilidad pública que se nos reconoció hace sólo semanas después de un proceso que comenzó en febrero de 2015 y que ha supuesto el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes. Por tanto, la FPFE no ha sido sancionada por “financiación ilegal” como se ha publicado en diversas ocasiones y en diversos medios. Se ha usado una falta administrativa leve, que en su momento (y con posterioridad a que se hubiera solicitado la declaración de utilidad pública) se nos advirtió y la FPFE reconoció y subsanó ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como falso argumento para la criminalización.

Respecto al argumento de que la FPFE promueve el aborto, hay que recordar que esta entidad no gestiona ningún centro autorizado para la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, también queremos decir que vamos a seguir defendiendo el aborto seguro y legal, tal y como hacen, entre otros, organismos internacionales como la OMS, y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus opciones reproductivas. Rechazamos la criminalización de las organizaciones que por este motivo están sufriendo acoso de grupos de presión ultraconservadores.

La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) trabaja desde 1987 con múltiples entidades públicas y privadas en actividades de formación, asesoría e información sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva, y de atención especialmente a población en situación de vulnerabilidad como personas jóvenes, inmigrantes o jóvenes con discapacidad intelectual. Nuestros centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad (CJAS) en Barcelona, La Coruña, Albacete y Madrid son conocidos por sus buenas prácticas y cumplen un papel de complementariedad con los recursos públicos de salud.

Evidentemente esta resolución del Ministerio y la persecución de que venimos siendo objeto tienen efectos dañinos para nuestra actividad y para nuestras posibilidades de búsqueda de recursos, lo que sentimos especialmente por aquellas personas a las que atendemos y que difícilmente encuentran esta atención por otras vías. Además, en unos tiempos en que la corrupción atraviesa diversas actividades públicas en nuestro país, ser acusados  de malas prácticas económicas causa un evidente daño a nuestra imagen.

Sin embargo, y siempre con base en los derechos y en la salud, la FPFE seguirá llevando a cabo sus actividades a pesar de la persecución que pueda sufrir por ello. Unas actividades que el propio Ministerio del Interior ha reconocido como de utilidad pública hace tan solo unas semanas.


Más información:

El 5 de mayo de 2.016 se publicó en el BOE la orden ministerial declaratoria de la utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Dicho reconocimiento se adoptó tras emitirse los preceptivos informes favorables de:

La Secretaría General de Sanidad y Consumo, de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (todos ellos dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Que informaron “que la actividad de la FPFE perseguía fines de interés general de carácter sanitario; no beneficiaba exclusivamente a sus asociados y disponía de medios adecuados para el cumplimiento de sus fines, sin que las cuentas aportadas presentaran defectos”.

El 6 de mayo de 2.016, es decir, al día siguiente de la publicación en el BOE de la orden del Ministerio del Interior declarando a la FPFE de utilidad pública, la “Asociación de Abogados Cristianos” formuló recurso de reposición frente a dicha orden, afirmando que la FPFE “promueve el aborto en clínicas privadas con ánimo de lucro y promociona fármacos anticonceptivos contra las normas “.

El 10 de mayo de 2016, admitido ya a trámite el recurso interpuesto por la “Asociación de Abogados Cristianos”, se concede plazo de 10 días a la FPFE para formular alegaciones, que son presentadas el 18 de mayo de 2016.

El 26 de mayo de 2016 se dicta resolución por el Subdirector de Recursos del Ministerio del Interior, revocando la declaración de utilidad pública de la FPFE. Han transcurrido 20 días desde la publicación en el BOE.

El recurso interpuesto por dicha asociación de abogados se apoyaba en la circunstancia de haber sido sancionada la FPFE el 14 de octubre de 2015 por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la comisión de una infracción administrativa simple en grado mínimo, a partir de una denuncia formulada el 21 de agosto de 2015 por la propia asociación de abogados cristianos.

Tal infracción se concretaba en la publicación de anuncios de medicamentos de prescripción médica en la revista Diálogos y en la página web de la FPFE, accesibles al público en general. En la resolución por la que se impuso la sanción se constataba:

Que “el beneficio obtenido por la publicidad de medicamentos había sido “0” euros.

Que el 2 de septiembre de 2015 (apenas 5 días después de haberle sido notificada la denuncia) se habían retirado todos los anuncios.

La FPFE invocó la falta de legitimación de la asociación de abogados cristianos para impugnar la declaración de utilidad pública aprobada por la orden del Ministerio del Interior. 

Lo hizo con base en los propios argumentos esgrimidos por dicho Ministerio para negar tal legitimación en muchos otros casos similares.

El Ministerio del Interior cambia su propio criterio y decide que la Asociación de Abogados Cristianos tiene un interés moral en que se revoque la declaración de utilidad pública de la FPFE, por lo que le reconoce legitimación para formular un recurso de reposición contra la respectiva orden del Ministerio del Interior, afirmando: “la publicación ilícita de determinados medicamentos anticonceptivos contraviniendo la normativa reguladora de la publicidad de medicamentos de uso humano puede suponer un riesgo para la vida humana, siendo así que entre los fines de la asociación recurrente figura la defensa de la vida desde el momento de su concepción.”

La FPFE señala que todos los medicamentos que, por fatal desconocimiento, fueron anunciados, están debidamente autorizados por la autoridad sanitaria y farmacéutica y, algunos, financiados por el Sistema Nacional de Salud.

La revocación de la declaración de utilidad pública exige la tramitación de un procedimiento administrativo, con audiencia del interesado, que debe someterse a informe de los ministerios o de las administraciones públicas competentes en relación con los fines estatutarios y actividades de la entidad en cuestión, y dicha decisión corresponde adoptarla al Ministro del Interior.


Ninguno de dichos trámites se ha cumplido: la revocación ha sido decidida por el Subdirector de Recursos del Ministerio del Interior, estimando un recurso de reposición interpuesto por una asociación no legitimada para formularlo, sin recabar los preceptivos informes de los ministerios que habían informado previamente de forma favorable a la concesión de la declaración de utilidad pública de la FPFE y sin conceder audiencia a la propia afectada.