En el primer trimestre de 2016 se han registrado 37
peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad, una
práctica que generalmente se solicita con el fin de proteger a mujeres, pero
que genera controversia entre expertos debido a la contundencia e
irreversibilidad de la medida.
La esterilización queda despenalizada en España en el
artículo 156 del Código Penal cuando la persona "adolezca de grave deficiencia
psíquica" y la práctica "haya sido autorizada por el juez".En
2015, entraron en los juzgados 71 procesos de esterilización, según datos del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no precisa si se resolvieron
favorablemente o no.
Fueron seis procesos menos que en 2014 y nueve menos
que en 2013; una tendencia a la baja que queda por ver si este año se mantiene.
Sin embargo, la esterilización es contraria a la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad -ratificada por España en 2008- que habla de que
"las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan
su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás"."La inmensa
mayoría de familias se mueven por ese pensamiento establecido de que se hace
para proteger", explica la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres,
Isabel Caballero, "pero en última instancia es una intervención invasiva e
inadmisible en el cuerpo de estas personas". "Se las esteriliza
porque no encajan en ese modelo de madre que dicta la tradición, que es muy
estrecho y limitado", opina. La esterilización va ligada a la concepción
de que las personas con discapacidad no son activas sexualmente, y de este modo
se evitan embarazos de personas que "hablando de una forma muy
radical", dice esta licenciada en Derecho, "no son funcionales para
la sociedad". Son las propias familias las que inician los procedimientos,
primero de incapacitación legal y luego de esterilización. Según Caballero, son
producto de la "idea de que las personas con discapacidad no pueden
gobernarse y tienen que ser tutelados", pero para esta experta una
incapacitación supone "la muerte civil de la persona".
Para incapacitar legalmente a una persona -o
"modificar su capacidad de obrar", que es el último término legal
utilizado- hace falta que la familia o los tutores demanden a la persona, lo
que resulta "desagradable", según lo describe la asesora jurídica de
la asociación de discapacidad intelectual Plena Inclusión, Inés de Araoz. Se
solicita "cuando la persona no puede gobernarse a sí misma", aunque
Araoz defiende que debería ser "excepcional" y "primero valorar
todas las opciones".Además la persona con discapacidad debería estar
informada en todo momento y ser "partícipe del procedimiento", según
la asesora jurídica, quien explica que "en un número relevante de casos la
persona no es consciente de lo que está pasando y no se le informa". Es
posible que el juzgado autorice una incapacitación parcial, que afecte a
determinados aspectos de la vida, pero en general las incapacitaciones en
España son totales. Y lamenta Araoz que "se incapacita demasiado y con
demasiada extensión. Se abusa de algo que debería ser excepcional y con
criterios restrictivos".La asesora de Plena Inclusión asegura que
últimamente se están dando casos de familias que inician procesos conjuntamente
con su familiar donde se le explica el porqué de la solicitud y exactamente
"los apoyos puntuales" que se van a solicitar pero el juzgado
finalmente falla una incapacitación total. "No puede ser que vayas al
juzgado porque una persona necesite apoyo para hacer un contrato de
compra-venta y salga con una incapacitación absoluta", denuncia Araoz.La
declaración de incapacitación total no sólo afecta a los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con discapacidad, sino a la capacidad de decidir
sobre su patrimonio o la posibilidad de votar. "Parece que el único
problema que tienen las mujeres con discapacidad es la discapacidad",
asevera la secretaria de organización de la Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Roser Romero.
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