Una esterilización no consentida es contraria a la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se
solicitan alrededor de 100 esterilizaciones al año en juzgados de primera
instancia de nuestro país.
En España viven 3.8 millones de personas con
discapacidad, un 10% de la población total. De ese porcentaje, existen unas 100
personas al año —en gran parte mujeres— a las que se esteriliza de manera
forzada, es decir, sin su consentimiento. Solo en el primer trimestre de 2016
se registraron 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con
discapacidad contra su voluntad. Las familias son las que piden la
incapacitación legal a un juez y tras ello los médicos realizan una ligadura de
trompas o una vasectomía, aunque lo primero es lo más habitual.
Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI
Mujeres (FCM), lucha por los derechos de las personas con discapacidad en el
área de mujeres. Una de sus principales reivindicaciones es el pleno respeto de
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diversidad funcional.
"El hecho de que se practique la esterilización y que sea considerada como
algo beneficioso para las mujeres es algo que vemos que tiene trampa y que está
muy ligado a modelos muy estereotipados y machistas de lo que son las mujeres
con diversidad funcional", explica Caballero a Broadly.
Esta idea está relacionada también a un discurso de
género. "Se presupone que las mujeres con discapacidad no encajan en los
modelos de maternidad establecidos por la sociedad. Se cree que no puedan ser
buenas madres y además representan un modelo que no quiere que sea reproducido en
la sociedad, ya que existe también esa idea falsa de que la discapacidad se
multiplica", afirma la coordinadora de la entidad. FCM denuncia estas
prácticas porque están naturalizadas y porque lleva emparejado "la muerte
civil de las propias personas a las que se les aplica", sentencia. Ello se
debe a que la incapacidad total previa y necesaria para la esterilización
conlleva también la privación de derecho al voto, entre otros.
La comisión de la mujer de CERMI pidió en 2012 la
derogación del artículo del Código Penal que permite esterilizar a personas
incapacitadas. A día de hoy ese artículo sigue vigente.
Desde Broadly hemos intentado ponernos en contacto
con las familias, pero estas callan y tiene sentido porque al fin y al cabo son
las que ordenan la esterilización de sus hijas. Las esterilizadas tampoco se
encuentran en situación de hablar de ello. Por tanto, asociaciones,
trabajadores y activistas ponen voz a su silencio.
Se presupone que las mujeres con discapacidad no
encajan en los modelos de maternidad establecidos por la sociedad.
Hay historias que hablan de sus vivencias aunque sea
desde el anonimato. Una de las historias anónimas habla de unos padres que
dijeron a su hija que la iban a operar de apendicitis para después realizarle
una ligadura de trompas. Yo me pregunto que quizá con un lenguaje accesible
esta chica podía entender perfectamente a lo que le estaban sometiendo sin su
consentimiento.
"Al ser así es complicado poder visibilizar el
problema y desde los colectivos feministas no saben muy bien cómo
resolverlo", nos cuenta Soledad Arnau, activista de Vida Independiente e
integrante del departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED. "Lo
absurdo de esto es que en las mismas residencias de ciertas asociaciones que lo
denuncian también se producen estas conductas y vulneración de derechos, tales
como abusos sexuales", denuncia la activista.
Otro de los casos sin nombre ni apellidos habla de
una chica embarazada con discapacidad intelectual a la que la familia llevó a
un centro de manera obligada y le aplicaron un óvulo para provocarle una
interrupción del embarazo. O chicas con síndrome de Down a las que dicen que
les han puesto un parche para adelgazar cuando se trata de un método
anticonceptivo. En este caso se trata también de una manera de intervenir un
cuerpo sin su consentimiento, aunque no estemos hablando de esterilización.
Desde CERMI piden una información que sea accesible
para que sean las mujeres las que decidan libremente sobre sus cuerpos.
Caballero incide en la importancia de los estereotipos que manejamos en la
sociedad para poner fin a estas prácticas. "Es necesario un acercamiento
mucho más real y menos negativo en el uso del lenguaje. Lo que lo hace trágico
es vivir en una sociedad tan hostil ante situaciones y cuerpos diversos. Parece
que vivimos en un país con estándares de derechos humanos elevadísimo cuando
hay personas que viven auténticos momentos de drama", explica.
Lo que lo hace trágico es vivir en una sociedad tan
hostil ante situaciones y cuerpos diversos.
Marga —nombre ficticio— es trabajadora de atención a
personas con diversidad funcional y opina también que el principal problema
proviene de la falta de posicionamiento de la sociedad y de ver a la mujer como
mujer que es.
"La mayor dificultad que tienen estas mujeres
con las que trabajamos es la pobreza", asegura Marga. "Tienen sueldos
miserables, madres solteras que sacan a sus hijos como pueden. Tras la crisis,
las ayudas a las madres se han reducido una barbaridad". No existe una
mentalidad de ciudadanía y de apoyos, de no dejar a nadie atrás
"dependiendo de las necesidades de cada persona", aclara.
Todas las entrevistadas coinciden en la importancia
de dar información y que la mujer pueda decidir con las herramientas y los
apoyos adecuados. Una educación sexual desde pequeñas, así como el uso de
anticonceptivos y su seguimiento son ideas fundamentales, pero "es más
fácil cortar por lo sano y no tener que dar apoyos como pueden ser los
anticonceptivos en los centros de día", añade Marga.
Las redes de apoyo en las personas con diversidad
funcional son cruciales a la hora de poder llevar a cabo un embarazo y
posterior crianza. No es algo que sea exclusivo a las personas con
discapacidad, sino extensible a toda la sociedad, en la que la precariedad nos
impide a veces ser madres si no contamos con las ayudas necesarias.
La discapacidad intelectual dentro de las
discapacidades es la que tiene menos voz. El acceso a la información y sus
derechos es más complicado para las mujeres. Dentro de lo que son las
discapacidades diversas, la intelectual se encuentra en el último escalón. Lo
que se busca es que ellas den su opinión al margen de su familia para que así
pierdan el miedo a ser cuestionadas.
Familiares cercanos a mujeres esterilizadas temen que
personas con discapacidad, sobre todo intelectual, no puedan cuidar de sus
hijos, ya que, consideran, no pueden cuidar de sí mismas.
Las esterilizaciones, según comenta Marga, se dan
especialmente en chicas jovencitas para evitar el embarazo. Familiares cercanos
a mujeres esterilizadas temen que personas con discapacidad, sobre todo
intelectual, no puedan cuidar de sus hijos, ya que, consideran, no pueden
cuidar de sí mismas.
Los miedos de las familias hacen que en lugar de
darles herramientas para comunicarse y defenderse, les sigan poniendo dibujos
con 30 años, "por lo que no se empoderan nunca", explica Marga. La
trabajadora en el ámbito de diversidad funcional considera que no se ve a la
mujer como mujer que es cuando se trata de este tema. "Son personas infantilizadas,
asexuadas, consideradas niñas y ángeles eternos", concluye.
Soledad Arnau apuesta por una cultura y educación
menos asistencialistas, ya que si una persona con síndrome de Down recibe una
educación de calidad e inclusiva de respeto puede ser alguien mucho más
independiente, "por eso es interesante la cultura de Vida Independiente,
ya que al autodeterminarme yo tomo poder sobre mí misma ante cualquier
violencia", apunta.
Por otro lado, la investigadora y activista, tiene
claro que el "consentimiento informado ha de ser accesible y de lectura
fácil y en los casos donde esa persona no puede representarse a sí misma a esa
persona habría que respetarla, pero desde luego no hacer ensayos clínicos con
ella, como ocurre también en otros casos".
El Consejo General del Poder Judicial guarda
silencio. No quieren que se reabra un debate sobre lo ético, el bien o el mal y
los derechos de las personas que priman sobre los prejuicios sociales. No
consta ningún caso en el que el Juez no haya consentido la esterilización.
No son casos aislados, asegura Soledad Arnau, y
denuncia que "con la esterilización es necesario reconocer que todos somos
responsables de que siga ocurriendo. Desde el movimiento feminista hasta las
asociaciones que luchan para poner fin a estas prácticas". En muchas
residencias subvencionadas por las administraciones públicas además este tipo
de casos también ocurren. Arnau es clara en el mensaje y considera que si las
esterilizaciones siguen ocurriendo es porque "el movimiento asociativo de
la discapacidad o del feminismo realmente lo está consintiendo cada día".
Este tipo de violencia y abusos sexuales se producen
también en el entorno familiar, sobre todo en mujeres que no tienen una red
social amplia. De hecho, varios casos llevan acompañados un abuso sexual
continuado por un miembro de la familia. Otro de los testimonios sin voz habla
de una hija violada por su propio padre, se quedó embarazada y la madre de la
agredida se hizo cargo del bebé tras desaparecer durante un tiempo de su
localidad. Tras ello esterilizaron a la hija. Servicios sociales no hizo
demasiado al respecto, según las fuentes consultadas.
"El aborto es, por supuesto, una opción. Pero la
prevención debería ser la prioridad en estos casos", argumenta Arnau.
Además, explica, "no sólo se ha producido la esterilización en personas
con diversidad funcional, sino a más colectivos vulnerables con el fin de que
no se reproduzcan".
Llegados a este punto ¿quién decide quién debe o no
ser madre? La frase "nosotras parimos, nosotras decidimos" va más allá
del derecho al aborto, es también un grito de guerra para decidir sobre
nuestros cuerpos tengan o no discapacidad.
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