La red contra la exclusión sanitaria, REDER, de la
que forma parte la FPFE, constata en su recién publicado informe que no se ha
cumplido el compromiso hecho hace un año y medio para garantizar la atención
primaria a las personas inmigrantes. Entre los servicios a los que muchas
mujeres no pueden acceder está la planificación familiar.
Se cumplen cuatro años desde que el Gobierno retiró
cientos de miles de tarjetas sanitarias, muchas de ellas a inmigrantes en
situación irregular. El 31 de marzo parecía que su suerte iba a cambiar. El
entonces Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, renegó, aunque solo en parte, de
su propia reforma sanitaria de 2012: “No tiene sentido que no puedan ser
atendidos en atención primaria”. Hoy, un año y medio después de anunciar que se
les devolvería el derecho a acudir a la consulta de atención primaria (a las
personas que estuvieran empadronadas al menos seis meses), no hay rastro del
documento que garantice ese derecho.
REDER ha hecho público un informe, “La salud en los
márgenes del sistema”, en el que se recuerda que entre abril y julio de este
año se han podido documentar 338 casos de vulneraciones del derecho a la salud,
con las que se acumulan ya 2.496 desde la creación de REDER, hace dos años. En
una quinta parte de los casos recogidos ni siquiera se cumple la ley, como
demuestran los 14 casos de embarazadas sin atención, los 35 de niños y niñas,
los 3 de solicitantes de asilo y los 20 ocurridos en urgencias. Además, se han
recopilado 14 testimonios de personas ancianas con residencia legal en España a
las que se niega la asistencia tras haber llegado a nuestro país por procesos
de reagrupación familiar.
Ante los evidentes efectos dañinos de la normativa
estatal, todas las comunidades autónomas – a excepción de Castilla y León y La
Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla – han aprobado medidas con la
intención de contrarrestar la reforma sanitaria. Algo que choca con el
inesperado respaldo que le ha prestado el Tribunal Constitucional, contradiciendo
sus propios autos anteriores y avalando así que la salud y la vida de miles de
personas quede supeditada a la consecución de un supuesto ahorro económico.
REDER alerta de que ante el estancamiento del actual
contexto político, resolver una situación que afecta a la vida de miles de
personas es ya no sólo urgente, sino inaplazable. Teniendo en cuenta que la
mayoría parlamentaria la componen partidos que han manifestado su compromiso
con la sanidad pública y universal, las organizaciones miembro de REDER les
exigimos que pongan la salud en el número uno de sus prioridades y acaben de
una vez por todas con la exclusión sanitaria.
Mientras tanto, a los gobiernos autonómicos REDER les
pide que lleguen al límite de sus competencias para garantizar que todas las
personas que viven en su territorio puedan acceder a la asistencia sanitaria
sin discriminación alguna. Al personal sanitario, de administración y gestión
del Sistema Nacional de Salud, les invita a sumarse al movimiento de objeción
de conciencia, recordando que existe el derecho y el deber de no colaborar con
violaciones de derechos humanos. Y al conjunto de la sociedad civil a apoyar
las acciones de rebeldía frente a esta legislación injusta.
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