Diez de las 17 comunidades autónomas han regulado por
ley sus medidas de igualdad y no discriminación por identidad sexual, a las que
se unen los proyectos en marcha en Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha.
Cuatro de las 17 comunidades autónomas eluden
reconocer en su legislación la realidad LGTB que, como en todo el mundo, se da
en sus territorios: la Asturias que preside el socialista Javier Fernández con
el apoyo de IU y Podemos, la Cantabria que dirige el regionalista Miguel Ángel
Revilla con el apoyo del PSOE y las conservadoras Castilla y León y La Rioja,
gobernadas por Juan Vicente Herrera y José Ignacio Ceniceros, ambos del PP y
sostenidos por C’s.
Otras diez autonomías gobernadas en las últimas
legislaturas por un amplio abanico de partidos que incluye a PSOE, PP, CiU,
PNV, ERC y CC, apoyados en la actual por otros como Podemos, C’s o Mès, han
aprobado leyes con medidas de igualdad y para promover la no discriminación por
razones de orientación sexual, mientras que Valencia, Aragón y Castilla-La
Mancha han iniciado los trámites para sacarlas adelante.
Esta última comunidad es, de este grupo, la que menos
adelantados lleva los trámites, ya que su Instituto de la Mujer espera tener un
texto disponible el año que viene.
Andalucía acordó a primeros de octubre tramitar dos
iniciativas, una de Podemos y otra del PSOE apoyadas por el resto de partidos
del parlamento autonómico, con las que completará la regulación de 2014, en la
que ya recogía cómo “la definición del sexo-género de una persona va mucho más
allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento
del nacimiento y no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo,
psicosocial”.
Una reivindicación con apoyo social
Por último, el Consejo de Gobierno de Aragón aprobó
el pasado 30 de noviembre un anteproyecto de ley que próximamente irá a las
Cortes, donde también todo el arco político coincidió hace unas semanas en la
necesidad de sacar adelante una norma de igualdad.
Esos mismos grupos llevan tiempo reclamando el mismo
trato en las cuatro comunidades en las que la ley no reconoce expresamente su
realidad. En el caso de Castilla y León, diez asociaciones elaboraron a finales
de octubre un borrador que prevén trasladar a las cortes autonómicas para su
tramitación.
Tienen, en todos esos territorios, el apoyo de otros
colectivos sociales, caso de sindicatos como CCOO en Asturias, aunque también
el rechazo de alguna organización política: el PP riojano tumbó la pasada
legislatura un proyecto de ley promovido por el PSOE, y nada apunta a que haya
cambiado de posición en los últimos meses.
Navarros y vascos, pioneros con la transexualidad
Dos comunidades tradicionalmente conservadoras como
Navarra y el País vasco fueron las pioneras en impulsar leyes igualitarias en
identidad de género, aunque en este caso se centraban en el tratamiento de la
transexualidad.
El Parlamento navarro aprobó la suya, que contempla
la financiación pública de los procesos de reasignación sexual, en 2009, cuando
ya hacía veinte años que el Parlamento Europeo había instado a los países
comunitarios a incluir el cambio de sexo en sus sistemas de salud y a reconocer
el derecho a modificar el nombre en los documentos oficiales y en los
registros. Euskadi tardaría tres años más en aprobar su norma.
En ambos casos, junto con medidas de fomento de la no
discriminación, abordaban el segundo de esos asuntos, cuya regulación estatal
presenta lagunas. De hecho, el Constitucional tiene sobre la mesa una consulta
del Supremo en la que tendrá que decidir si un menor transexual puede cambiarse
el nombre antes de cumplir 18 años o debe esperar a ese momento como marca la
ley.
El modelo extremeño
El grueso de las leyes que normalizan y visibilizan
el fenómeno LGTB comenzaría a llegar en el tramo final de la pasada legislatura
autonómica. En la mayoría de los casos, por unanimidad de las cámaras que las
tramitaban.
Comenzó Galicia, que en abril de 2014 estableció
principio legal tan diáfano -“se entenderá por principio de igualdad de trato
la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de orientación
sexual e identidad de género”- como carente de medios coercitivos para su
cumplimiento, ya que la norma carece de régimen sancionador.
Le siguieron en octubre de ese año Canarias, que
centró la regulación en la transexualidad, y, un mes después, Catalunya, que
legisló “para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la
transfobia” y que aprobó multas de hasta 6.000 euros por infracciones como “el
acoso o el comportamiento agresivo hacia personas o sus familias por causa de
la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género”.
Poco después, en abril de 2015, saldría adelante por
unanimidad en Extremadura la norma igualitaria, tomada como modelo por otras
comunidades al contemplar medidas como la inclusión de la realidad LGTB en la
formación del profesorado o en los currículos educativos, el derecho a que los
niños sean llamados en las aulas por el nombre de su sexo sentido y la
posibilidad de utilizar el baño de la misma manera, así como iniciativas
inclusivas en campos como el deporte.
En los primeros meses de esta legislatura, aprobarían
sus normas de igualdad Madrid, Baleares y Murcia, todas ellas siguiendo el
modelo extremeño.
Aragón se suma al reconocimiento
También lo hace el anteproyecto de la Ley de
Identidad y Expresión de Género que aprobó el pasado día 30 el Gobierno de
Aragón. De hecho, el texto de partida ha sido elaborado por la Mesa de la
Transexualidad, integrada por colectivos lésbicos, gays, trans y bisexuales
que, como en el caso de Castilla y León, toman esa ley como referencia.
Junto con esa ley, bautizada como De Transexualidad,
el ejecutivo aragonés impulsa otra de Igualdad y Protección Integral contra la
Discriminación por Razón de Orientación Sexual, conocida como De Identidad
LGTB. “Se trata de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos aragoneses”
y, en especial, “a personas que están sufriendo”, señala la consejera de
Ciudadanía, Mariví Broto.
La primera prevé incluir en los planes de estudio de
Primaria y de Secundaria “asignaturas que sensibilicen en cuanto a las normas
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no
discriminación, incluidos los concernientes a la identidad de género”. También
señala como violencia doméstica “cualquier forma de violencia que se ejerza en
el ámbito familiar por causa de identidad y/o expresión de género de cualquiera
de sus miembros” y, en este sentido, contempla la adopción de medidas que
“garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora,
facilitando con ello la independencia física y económica de la víctima”.
Hasta 20.000 euros por insultar en las redes
El anteproyecto, al que ha tenido acceso Público,
incluye un régimen de infracciones y sanciones en el que la “reiteración en el
uso o emisión de expresiones vejatorias por razón de identidad o expresión de
género” en redes sociales puede acarrear multas de hasta 20.000 euros.
“Pretende robustecer el modelo y dotarlo de mayor garantía”, indica Broto.
Por su parte, la Ley de Transexualidad contempla la
creación de una Oficina contra la Discriminación en la que estarán
representadas las principales entidades LGTBI de la comunidad, garantiza “el
acceso a las técnicas de reproducción asistida” en el sistema público a mujeres
lesbianas y bisexuales y, en el caso de menores de edad expulsados de sus familias
por motivos de identidad sexual, prevé la posibilidad de ejercer su tutela.
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