La Asamblea Nacional aprueba la iniciativa socialista
en un ambiente de enfrentamiento entre el Gobierno y la derecha.
La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este
jueves, en un ambiente de creciente polémica, una proposición de ley socialista
que amplia los casos en los que se podrá penalizar la difusión de informaciones
erróneas sobre la interrupción voluntaria del embarazo tendentes a
obstaculizar, disuadir o presionar a las mujeres que han decidido abortar.
En el punto de mira del Gobierno están las páginas
web antiabortistas que no se identifican como tales y que rivalizan con la
página oficial del Ministerio de Sanidad cuando las mujeres buscan información
en internet. El Ejecutivo francés las considera un “riesgo” para la salud
pública y la ministra de Sanidad, Marisol Touraine, ha denunciado un “clima
cultural que tiende a culpabilizar a las mujeres”.
La derecha, la ultraderecha y la Iglesia católica se
han puesto en pie de guerra contra la medida, alegando que se ataca la libertad
de expresión y acusando al Gobierno de instaurar una “policía de la opinión”
para “encarcelar a todo aquel que ofrezca soluciones alternativas al aborto”.El
texto adoptado por los diputados pasará ahora al Senado.
EN LA AGENDA POLÍTICA
Cuarenta años después de su despenalización, el
aborto ha entrado de lleno en la agenda política francesa con la proclamación
del conservador François Fillon como candidato de la derecha a las
presidenciales del 2017.
El exprimer ministro es contrario a título individual
a la interrupción voluntaria del embarazo, aunque no piensa modificar la ley
aprobada en 1975 por la entonces ministra de Sanidad, Simone Veil, durante la
presidencia de Giscard d’Estaing.
El delito de obstaculización al aborto figura en la
legislación francesa desde 1993. En esa época, el objetivo era poner freno a
las asociaciones antiabortistas que en los años 80 se encadenaban en clínicas y
hospitales donde se practicaban abortos o irrumpían en los centros sanitarios
para impedirlos.
Desde el 2014, intentar impedir el acceso a la
información sobre el aborto o ejercer presión sobre las mujeres o el personal
médico está penalizado con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa. Las
manifestaciones frente a los centros que practican abortos son ahora
marginales, pero internet y las redes sociales han tomado el relevo. El
Gobierno sostiene que los grupos provida se presentan en estas webs como sitios
de información, creando confusión en las personas que pretenden asesorarse sobre
sus derechos.
HONESTIDAD, SIN MANIPULACIÓN
“Todo el mundo es libre de afirmar su hostilidad al
aborto, en internet o en cualquier otro sitio. A condición de hacerlo con
honestidad, porque la libertad de expresión no se puede confundir con la
manipulación”, ha proclamado en el hemiciclo la ministra de Familia, Laurence
Rossignol.
“Grupúsculos antiabortistas se esconden tras
plataformas de apariencia neutra y objetiva que imitan las páginas
institucionales de información e intentan deliberadamente engañar a las
mujeres. Peor aún, hay militantes sin ninguna formación que culpabilizan a las
mujeres e intentan desanimarlas de recurrir al aborto”, ha continuado
Rossignol, que ha citado como ejemplo la web Ivg.net.
Esta página ofrece un número de teléfono gratuito al
otro lado del cual la persona que lo atiende recomienda a quien llama “ver toda
la documentación científica, valorar todos los riesgos y luego reflexionar
antes de decidir o no abortar”, según ha podido comprobar este diario.
La presidenta de la comisión de Asuntos Sociales de
la Asamblea, Catherine Lemorton, ha denunciado los “insultos” y el “arcaísmo”
de los diputados de la oposición. Uno de ellos, Yannick Moreau, del partido Los
Republicanos, ha destacado que el texto legislativo “va en contra del derecho a
proteger la vida más frágil”.
CONFERENCIA EPISCOPAL
Mientras, el presidente de la conferencia episcopal
francesa, monseñor Georges Pontier, ha escrito una carta al presidente François
Hollande, advirtiéndole de que la iniciativa “cuestiona los fundamentos de
nuestras libertades y particularmente la libertad de expresión”.
“Una limitación especialmente grave porque afecta a
cuestiones de libertad de conciencia. Esto me parece un atentado muy grave a
los principios de la democracia”, prosigue el representante de la Iglesia
católica.
El jefe de filas de Los Republicanos en la Asamblea,
Christian Jacob, ha adelantado que su grupo parlamentario se opondrá a ampliar
los supuestos en los que será delito poner trabas al derecho al aborto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario