viernes, 9 de diciembre de 2016

Francia estudia penalizar a las webs con información sesgada contra el aborto

La Asamblea Nacional aprueba la iniciativa socialista en un ambiente de enfrentamiento entre el Gobierno y la derecha.

La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este jueves, en un ambiente de creciente polémica, una proposición de ley socialista que amplia los casos en los que se podrá penalizar la difusión de informaciones erróneas sobre la interrupción voluntaria del embarazo tendentes a obstaculizar, disuadir o presionar a las mujeres que han decidido abortar.

En el punto de mira del Gobierno están las páginas web antiabortistas que no se identifican como tales y que rivalizan con la página oficial del Ministerio de Sanidad cuando las mujeres buscan información en internet. El Ejecutivo francés las considera un “riesgo” para la salud pública y la ministra de Sanidad, Marisol Touraine, ha denunciado un “clima cultural que tiende a culpabilizar a las mujeres”.

La derecha, la ultraderecha y la Iglesia católica se han puesto en pie de guerra contra la medida, alegando que se ataca la libertad de expresión y acusando al Gobierno de instaurar una “policía de la opinión” para “encarcelar a todo aquel que ofrezca soluciones alternativas al aborto”.El texto adoptado por los diputados pasará ahora al Senado.

EN LA AGENDA POLÍTICA

Cuarenta años después de su despenalización, el aborto ha entrado de lleno en la agenda política francesa con la proclamación del conservador François Fillon como candidato de la derecha a las presidenciales del 2017.

El exprimer ministro es contrario a título individual a la interrupción voluntaria del embarazo, aunque no piensa modificar la ley aprobada en 1975 por la entonces ministra de Sanidad, Simone Veil, durante la presidencia de Giscard d’Estaing.

El delito de obstaculización al aborto figura en la legislación francesa desde 1993. En esa época, el objetivo era poner freno a las asociaciones antiabortistas que en los años 80 se encadenaban en clínicas y hospitales donde se practicaban abortos o irrumpían en los centros sanitarios para impedirlos.

Desde el 2014, intentar impedir el acceso a la información sobre el aborto o ejercer presión sobre las mujeres o el personal médico está penalizado con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa. Las manifestaciones frente a los centros que practican abortos son ahora marginales, pero internet y las redes sociales han tomado el relevo. El Gobierno sostiene que los grupos provida se presentan en estas webs como sitios de información, creando confusión en las personas que pretenden asesorarse sobre sus derechos.

HONESTIDAD, SIN MANIPULACIÓN

“Todo el mundo es libre de afirmar su hostilidad al aborto, en internet o en cualquier otro sitio. A condición de hacerlo con honestidad, porque la libertad de expresión no se puede confundir con la manipulación”, ha proclamado en el hemiciclo la ministra de Familia, Laurence Rossignol.

“Grupúsculos antiabortistas se esconden tras plataformas de apariencia neutra y objetiva que imitan las páginas institucionales de información e intentan deliberadamente engañar a las mujeres. Peor aún, hay militantes sin ninguna formación que culpabilizan a las mujeres e intentan desanimarlas de recurrir al aborto”, ha continuado Rossignol, que ha citado como ejemplo la web Ivg.net.

Esta página ofrece un número de teléfono gratuito al otro lado del cual la persona que lo atiende recomienda a quien llama “ver toda la documentación científica, valorar todos los riesgos y luego reflexionar antes de decidir o no abortar”, según ha podido comprobar este diario.

La presidenta de la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea, Catherine Lemorton, ha denunciado los “insultos” y el “arcaísmo” de los diputados de la oposición. Uno de ellos, Yannick Moreau, del partido Los Republicanos, ha destacado que el texto legislativo “va en contra del derecho a proteger la vida más frágil”.

CONFERENCIA EPISCOPAL

Mientras, el presidente de la conferencia episcopal francesa, monseñor Georges Pontier, ha escrito una carta al presidente François Hollande, advirtiéndole de que la iniciativa “cuestiona los fundamentos de nuestras libertades y particularmente la libertad de expresión”.

“Una limitación especialmente grave porque afecta a cuestiones de libertad de conciencia. Esto me parece un atentado muy grave a los principios de la democracia”, prosigue el representante de la Iglesia católica.

El jefe de filas de Los Republicanos en la Asamblea, Christian Jacob, ha adelantado que su grupo parlamentario se opondrá a ampliar los supuestos en los que será delito poner trabas al derecho al aborto.