Varias organizaciones piden a los gobiernos
latinoamericanos que reconsideren su postura sobre el aborto y faciliten el
acceso a los anticonceptivos para frenar las consecuencias del virus del zika
"Es muy fácil para los gobiernos decir que
pospongas tu próximo embarazo sin facilitar el acceso a los anticonceptivos y
al aborto seguro"
La directora de la OPS informará esta semana sobre el
brote del virus del Zika
Varias ONG y organismos han pedido a los gobiernos
latinoamericanos que reconsideren su política sobre anticonceptivos y aborto
ante la propagación del virus del zika. Temen que el brote produzca un aumento
de las muertes de mujeres por abortos inseguros, además del incremento de
nacimientos de bebés con daños cerebrales.
Algunos gobiernos de la región han recomendado a las
mujeres que pospongan el embarazo durante dos años. Los colectivos en defensa
de la salud sexual y reproductiva consideran eso imposible en países en los que
el control de la natalidad es de difícil acceso, y en los que muchas mujeres se
quedan embarazadas tras sufrir violencia sexual.
"Pedimos a los gobiernos que amplíen el acceso a
los métodos anticonceptivos, especialmente para colectivos con pocos
ingresos", explica la directora adjunta de la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF) en la región del Hemisferio Occidental, Giselle Carino.
"También deben mejorar el acceso al aborto seguro y necesitamos una
campaña de concienciación para que las mujeres conozcan los riesgos del zika y
las opciones que tienen si están embarazadas", añade.
La IPPF considera que las recomendaciones de retrasar
los embarazos por el riesgo de microcefalia –un tipo de daño cerebral en el
feto que se asocia con la infección del zika– no es razonable en una región en
la que aproximadamente la mitad de todos los embarazos son no deseados y en la
que predominan los abusos sexuales. Gobiernos como el colombiano, salvadoreño y
ecuatoriano han lanzado esas recomendaciones. En Brasil, un grupo de abogados,
académicos y científicos ha difundido ese mensaje. Este viernes, la presidenta
del país, Dilma Rousseff, anunció una ofensiva a escala nacional contra el
mosquito que propaga el zika y prometió "ganar esta guerra".
El instituto feminista de investigación bioética Anis
planea llevar un caso al Tribunal Supremo. Su intención es exigir que se
garantice el acceso a los anticonceptivos y a pruebas de diagnóstico temprano,
así como el derecho a un aborto legal y seguro en casos de microcefalia. La
interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Brasil, excepto en casos de
violación, en los que se permite hasta las 20 semanas de embarazo, o de riesgo
para la vida de la madre.
América Latina tiene algunas de las legislaciones más
restrictivas del mundo en cuanto al aborto. El 95% de los abortos que tienen
lugar en esta región se practican sin condiciones de seguridad. Una investigación
de la Fundación Guttmacher muestra que unos 23 millones de mujeres necesitan
anticonceptivos a los que no pueden acceder y representan el 75% de los
embarazos de la región.
Muchas de las que se quedan embarazadas son aún
niñas. Más de un cuarto (el 27%) de las mujeres que mueren durante el embarazo
o el parto en El Salvador son adolescentes. En América Latina y el Caribe, hay
4,4 millones de abortos cada año, el 95% de los cuales son inseguros, y un
millón de mujeres acaba en el hospital por ello.
La directora ejecutiva de la organización
internacional Women Deliver, Katja Iversen, cree que los abortos clandestinos
aumentarán salvo que los gobiernos cambien de postura. Señala que "es sin
duda una preocupación porque (la inquietud de la opinión pública por el virus
del zika) es muy alta en estos momentos y la gente tiene miedo". "Es
muy fácil para los gobiernos decir que pospongas tu próximo embarazo sin
facilitar el acceso a los anticonceptivos y al aborto seguro", cuestiona.
Iversen critica a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) por centrarse exclusivamente en la propagación del virus. "¿No sería
maravilloso ver al departamento de salud reproductiva de la OMS involucrarse
también?", se pregunta.
Durante el brote de ébola, el personal sanitario en
primera línea y las personas más afectadas eran mujeres, dice. "Es
interesante ver cómo el foco se pone en la gran epidemia, pero a pesar de que
las mujeres corren el peligro, son aún un asterisco", observa. "Sí,
se trata de un mosquito que transmite un virus peligroso, pero también se trata
de un sistema sanitario que no funciona para las mujeres", agrega.
En Estados Unidos y Reino Unido, los médicos han
recibido instrucciones para proteger a las mujeres embarazadas que vuelven de
América Latina tras haber estado en contacto con el virus del zika. Mark Kilby,
portavoz del Colegio británico de Obstetricia y Ginecología y profesor de
medicina fetal en Birmingham, explica que, siempre que haya sospechas de de que
un feto podría tener microcefalia, se ofrecerá a las mujeres embarazadas
ecografías cada 2-4 semanas desde la semana 20º. "Se puede saber si la
cabeza está creciendo con normalidad. Se trata de mediciones periódicas a lo
largo del tiempo, de mirar el tamaño de la cabeza del bebé y el cambio en la
velocidad de crecimiento, si se está ralentizando", detalla.
Kilby explica que las resonancias magnéticas podrían
ayudar identificando si el cerebro es aún liso o si ha desarrollado las arrugas
normales en forma de nuez. Señala que las pruebas son posibles en algunos
países latinoamericanos como Argentina y Chile, pero no se puede hacer un
diagnóstico definitivo antes de las 24 semanas y, con mayor probabilidad, en
los tres meses finales, cuando el aborto –que en Reino Unido se ofrecería–
sería ilegal en la mayor parte de la región afectada.
El vicepresidente de investigación del Instituto
Fiocruz –el prestigioso centro de estudios de salud pública de Brasil–, Rodrigo
Stabeli, estima que hacia el final del año habrá unos 16.000 casos de
microcefalia en el país. Explica que, aunque el pronóstico varía según el caso,
algunos de los niños nacidos con ese trastorno tendrán vidas cortas y
dolorosas.
A raíz de una demanda presentada por Anis en 2012, el
Tribunal Supremo legalizó el aborto en casos de anencefalia, un trastorno en el
que al feto le falta una parte considerable del cerebro. Uno de los magistrados
que votaron a favor de la reforma argumentó que el trastorno era
"incompatible con la vida". Otros jueces se han servido de esta
sentencia para justificar el aborto en casos en los que otras complicaciones de
salud han hecho que el feto sea inviable. Sin embargo, el consejo médico
federal de Brasil manifestó en declaraciones a la BBC que "en el caso de
fetos con microcefalia, en principio no hay incompatibilidad con la vida".
Débora Diniz, profesora de antropología e
investigadora de Anis, apunta que la epidemia de zika es el resultado del
fracaso del Estado brasileño en la eliminación del mosquito durante los últimos
40 años. "Esta epidemia no ha salido de la nada", asegura, "es
una acción dañina del Estado contra las mujeres brasileñas". Diniz
responde a la recomendación que hizo una alta autoridad sanitaria del Gobierno
brasileño, que consiste en que las mujeres retrasen sus embarazos por el
momento: "No es una propuesta seria. Es un nuevo intento de evitar un
debate serio sobre el aborto".
El aborto ilegal es habitual en Brasil, especialmente
entre quienes tienen los recursos económicos necesarios. Olímpio de Moraes,
ginecólogo y profesor de la Universidad de Pernambuco, explicó en una
entrevista con el periódico O Folha de São Paulo que "la gente con medios
y acceso al aborto ya lo hace en algunos casos y nadie se entera nunca. Para
quienes tienen dinero en Brasil, las leyes son diferentes".
Beatriz Galli, asesora política superior del
colectivo de derechos reproductivos de las mujeres Ipas, lamenta que, a pesar
de que la legislación federal garantiza el derecho de la mujer a los
anticonceptivos, en la práctica el acceso es limitado. La esterilización hay que
pagarla y las clínicas sanitarias casi nunca proporcionan la píldora del día
después, a pesar de que supuestamente debe estar disponible de forma gratuita.
Galli lamenta que "en Brasil no es verdad que haya un acceso totalmente
gratuito a los anticonceptivos para todos los niveles de la sociedad,
especialmente para los más vulnerables".
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