“Uno de
cada tres dólares gastados en salud sexual y reproductiva en América Latina
proviene de los bolsillos de los ciudadanos”. Así lo ha probado un estudio de
la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) que bajo el título
“El dinero importa” muestra que el gasto público en salud en esta región está
estancado desde 2009.
A pesar del crecimiento económico en América Latina en los últimos
años, el gasto público en salud está muy por debajo de la media mundial. Por
otro lado, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para la salud que recibía esta
región ha disminuido. La consecuencia es que las familias tienen que pagar
directamente de sus bolsillos la atención a la salud (el llamado gasto de
bolsillo), lo que incrementa las ya graves desigualdades en América Latina y el
Caribe y es una importante barrera en la lucha contra la pobreza.
GastosDirectos salud ALLa IPPF, junto con ForoLAC,
advierten en su informe que en América Latina “la mayoría de los insumos
anticonceptivos son adquiridos con recursos de los hogares. Los anticonceptivos
figuran en la lista de los medicamentos más vendidos en farmacias en los
mayores países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y
Venezuela”, lo que constituye la forma más regresiva de financiar la salud.
Esta realidad contradice el programa de acción de El
Cairo -un acuerdo firmado por 179 gobiernos en 1994- para asegurar el acceso a
los servicios de salud sexual y reproductiva. Por ello, IPPF y ForoLAC llaman
a los donantes con intereses en la
región, como USAID o la Cooperación Española, a que revisen su financiación
actual para la salud; a los donantes internacionales para que aporten el
porcentaje de fondos con el que se comprometieron; a los bancos multilaterales
para que incluyan objetivos de financiación para la salud sexual y reproductiva
en América Latina; a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que
desarrollen planes nacionales de financiación para este ámbito.
IPPF y ForoLAC resaltan que para garantizar el acceso
de todas las personas a la salud sexual y reproductiva, los donantes deben
priorizar recursos que en primer lugar apalanquen recursos a nivel nacional, en
segundo lugar financien a las personas más necesitadas que no están cubiertas
de forma adecuada por los recursos nacionales, y en tercer lugar aseguren la
financiación para las organizaciones de la sociedad civil que dependen de la
cooperación internacional para seguir trabajando por los derechos.
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