Los dos colectivos llevaban décadas apoyándose
mutuamente en sus reivindicaciones sociales
El debate se está enconando y no va a ser fácil
encontrar puntos de encuentro. Como ocurre con la eterna controversia sobre la
prostitución, la división entre defensores y detractores de la gestación
subrogada atraviesa por la mitad a los partidos políticos que han de decidir
sobre la cuestión. Todos tienen en sus filas partidarios y contrarios a la regulación
y todos reconocen que no va a ser fácil optar por una u otra opción cuando se
suscite la cuestión, que será pronto, pues Ciudadanos ya ha anunciado que
presentará una propuesta legislativa. El partido naranja defiende que se regule
en España, una posibilidad que la medicina permite pero que está expresamente
prohibida por la Ley de Reproducción Asistida de 2006.
Que la geografía política del debate sea transversal
no quiere decir que no sea susceptible de formar grandes bloques antagónicos.
Aunque los beneficiarios de la legalización serían tanto parejas heterosexuales
con problemas de fertilidad como las formadas por hombres homosexuales, gran
parte del empuje a favor de la regulación lo protagoniza el influyente
colectivo de gais, lesbianas y transexuales. Pero el anuncio de proyecto
legislativo ha suscitado rápidamente una fuerte oposición que recorre también
todo el arco parlamentario y que tiene como elemento aglutinador el color morado
del feminismo. Y así nos encontramos con la inédita situación de que dos
grandes colectivos que llevan décadas caminando juntos y apoyándose mutuamente
en sus reivindicaciones se encuentran ahora enfrentados.
Ambos han sido elementos esenciales de los movimientos
de justicia social que irrumpieron en los años sesenta del siglo pasado en lo
que se denominaron demandas de reconocimiento, que, junto a las demandas de
redistribución, han protagonizado las luchas sociales de las últimas décadas.
Homosexuales y feministas han mantenido una tenaz lucha para que les sean
reconocidos sus derechos. El enfrentamiento que ahora los separa es un buen
ejemplo de cómo en ocasiones, como ha teorizado la pensadora norteamericana
Nancy Fraser, las reclamaciones de reconocimiento y de redistribución pueden
llegar a colisionar. Unos hablan de libertad, las otras de que no hay libertad
sin igualdad.
Los partidarios de regular la gestación subrogada
arremeten contra la expresión por la que es conocida, “vientres de alquiler”
Los favorables a la legalización ponen énfasis en la
necesidad de respetar el derecho a la maternidad de quienes no pueden gestar
por sí mismos y la libertad de las partes para consentir una transacción
acordada. Por su parte, el feminismo insiste en que permitir la gestación
subrogada constituye una manifestación más del “neoliberalismo sexual”, que
trata de imponer nuevas formas de someter a la mujer por la vía de apropiarse
de su cuerpo, esta vez mediante el alquiler de su capacidad de gestación. Un amplio
desarrollo de esta idea se encuentra en el libro que sobre este tema ha
publicado la filósofa Ana de Miguel, en el que cuestiona el “mito de la libre
elección” cuando median relaciones de profunda desigualdad.
El choque argumental es muy potente. Ambas partes
esgrimen poderosas razones para persistir en su defensa. Y como siempre que se
inicia una dura batalla política, ambas luchan por establecer el frame —el
marco de la discusión— más favorable. El sociolingüista George Lakoff ya nos
ilustró sobre la importancia que tiene en el proceso de creación de opinión
pública poder imponer un marco de referencia que acote los términos del debate.
Quien fija ese marco tiene gran parte de la batalla política ganada. Y el
principal instrumento es el lenguaje. Por eso lo primero que han hecho los
partidarios de regular la gestación subrogada es arremeter contra la otra
expresión con la que es popularmente conocida, la de “vientres de alquiler”.
Obviamente, “gestación subrogada” es una expresión más aséptica, en la que
tanto puede caber el altruismo más generoso como la más descarnada de las
transacciones comerciales. En cambio, “vientre de alquiler” nos remite de golpe
a una relación mercantil, de compraventa, entre los padres de intención y la
madre gestante.
Muchas e ilustres feministas han salido al paso de lo
que denominan “operación asepsia” con una lluvia de sinónimos no menos
descriptivos: “mujeres horno”, “incubadora humana” “comercio de vientres”,
hasta culminar en el más rompedor, el que da nombre a la web No Somos Vasijas,
donde puede leerse un manifiesto con las 10 razones por las que están
radicalmente en contra de la regulación. La lucha por el marco conceptual se
extiende a la representación de la realidad. Los partidarios de la regulación
hablan del “exilio reproductivo” al que se ven abocadas las parejas españolas
por no estar reconocida en España una realidad que ya trae al país un millar de
niños al año. El colectivo feminista replica con otra imagen fuerte y bastante
menos tierna, la de las “granjas de mujeres reproductoras”, todas pobres,
muchas reincidentes, que han encontrado en el alquiler de su vientre un modo de
subsistencia. En este “mercado de vientres”, sostienen, “difícilmente veremos a
una mujer rica gestando para una pobre”.
Pero el debate trasciende los intereses legítimos de
estos dos colectivos. Otras voces se alzan para reclamar un debate amplio y en
profundidad sobre las implicaciones que una posible regulación podría tener
desde la perspectiva de los principios de la bioética. La gestación subrogada
no es, como se ha dicho, una técnica de fecundación. La gestación para otros es
posible gracias a las técnicas de reproducción asistida, pero no todo lo que la
ciencia es capaz de hacer debe estar permitido. Como no lo está, por ejemplo, aplicar
los avances de la manipulación genética sobre las células germinales. Desde la
bioética se recuerda que uno de los principios fundamentales en la regulación
de los progresos en biomedicina es que el cuerpo humano y su material genético
no pueden ser objeto de transacción comercial. Es el principio que impide que
haya, por ejemplo, comercio de órganos.
Entre los partidarios de una liberalización total, al
estilo de la que rige en California (EE UU), donde se puede alquilar un vientre
por 120.000 euros, y quienes defienden la total prohibición, emerge una tercera
vía que aboga por la legalización, pero en condiciones tan estrictas que
impidan cualquier transacción comercial. Como en los trasplantes o en las
donaciones en fecundación asistida, cabría la posibilidad de una gestación
subrogada completamente altruista, pero en ese caso la dificultad estribaría en
establecer las garantías exigibles para asegurar que realmente lo sea. Por
analogía, sería aplicable lo que ahora rige para los trasplantes de órganos de
donante vivo, en los que se plantea una problemática muy parecida. En este caso
se exige acreditar una relación de parentesco o de proximidad anterior para
poder garantizar que no media transacción económica encubierta.
Pero, con esta
regulación, las posibilidades se reducirían drásticamente. El diario The
Guardian ha revelado que de los 271 casos de gestación subrogada registrados en
Reino Unido, donde está permitida la gestación altruista, 252 procedían de
vientres de alquiler en el extranjero.
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