Unas 6.000 mujeres menos interrumpieron su embarazo.
La
demografía, el uso de anticonceptivos y la normalización de la prestación,
razones del descenso.
El número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó un 5%
en 2012 en España. Ese año, con la ley de plazos que el Gobierno derogará,
abortaron 112.390 mujeres. Unas 6.000 menos que en 2011. Los pronósticos de los
más críticos con la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en vigor
desde 2010, no se han cumplido. Que la mujer pueda decidir libremente abortar
durante las primeras 14 semanas de embarazo no ha disparado las interrupciones.
En 2012 abortaron 12 de cada 1.000 mujeres en edad fértil, según el informe
anual del Ministerio de Sanidad (una cifra similar al resto de la UE). Medio
punto menos que el año anterior. El 91,3% lo hicieron ejerciendo el derecho a
decidir sobre su maternidad. Un derecho que suprimirá la normativa del
Ejecutivo de Rajoy. El anteproyecto de ley elaborado por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, restringe esta prestación sanitaria solo a
casos de violación y riesgo para la salud física o psicológica de la mujer,
hasta la semana 22. En 2012 solo el 5,7% de las intervenciones fueron por ese
motivo.
Las cuestiones demográficas, pero también las circunstancias
económicas y sociales del país, juegan un papel clave en la evolución de las
interrupciones voluntarias del embarazo (en 2009 descendieron y en 2011
aumentaron algo más del 4%). Más que los modelos legales, según los expertos.
Estos explican el descenso de 2012 a través de varios factores: la disminución
de la población extranjera —un grupo en el que se registra un número de abortos
superior a su peso demográfico—, la financiación pública de métodos
anticonceptivos de última generación, la píldora del día siguiente; así como la
paulatina normalización de esta prestación sanitaria.
Mientras que en 2009, cuando estaba en vigor la normativa de
1985, que permitía el aborto solo en algunos casos, apenas el 2% de estas
intervenciones se realizaban en centros públicos, en 2012 se hicieron el 6,49%.
Un dato muy significativo para Isabel Serrano, ginecóloga y experta en planificación
familiar. “Es la primera vez en 30 años que ha habido un aumento tan destacado.
Y eso implica que los profesionales sanitarios se están implicando y que se
está normalizando”, apunta.
El 90% de las mujeres no tuvo que justificar su decisión.
La apuesta de la sanidad de algunas autonomías por el aborto
farmacológico —la mifepristona, que puede utilizarse hasta la semana ocho de
gestación— también incrementa la participación pública, apunta Carmen Coll,
ginecóloga del Instituto Catalán de Salud. Es el caso de País Vasco o de
Cataluña, donde todos los centros de la red pública ofrecen esta prestación. “A
las mujeres, además, se les hace una muy buena cobertura de asesoramiento e
información en salud y anticoncepción. Y que esta información se dé en el canal
público logra también que el resto de mujeres, no solo aquellas que acuden a
solicitar la información sobre aborto, acceda”, sigue Coll.
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