jueves, 26 de diciembre de 2013
CARTA PÚBLICA A ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
Nadie
tiene derecho a obligar al sufrimiento (II)
Señor ministro, ¿a qué quiere usted condenar a nuestra sociedad?
¿A vivir de nuevo en épocas que nunca debieron existir?
Esta carta es una triste continuación de la publicada en EL PAÍS
el 25 de julio del año pasado. Su objetivo es expresar de nuevo mi indignación
por la decisión del Gobierno de aceptar el anteproyecto de ley presentado por
el ministro de Justicia y hecho público el 20 de diciembre de 2013.
No voy a exponer de nuevo mis antecedentes profesionales como
neurocirujano infantil, ya que fueron suficientemente expuestos en la carta
anterior. Solamente señalaré que he ejercido como neurocirujano durante 40
años, siendo jefe del Servicio de Neurocirugía Infantil en el hospital 12 de
Octubre desde el año 1982 hasta mi jubilación hace tres años.
Como profesional de la medicina, lo más destacable es la
completa eliminación del supuesto de malformación fetal como causa de
interrupción del embarazo, lo que en mi opinión sencillamente nos coloca de
nuevo en épocas pretéritas de la historia de la medicina en España. Estoy
además convencido de que muchos españoles tenían la esperanza durante todo este
año de que el ministro tuviera en cuenta la gran cantidad de opiniones que se
han escuchado y publicado en contra de la eliminación de este supuesto.
Desgraciadamente,
no ha sido así.
Antes de la primera ley de 1985, los médicos que teníamos que
enfrentarnos a los casos de malformaciones fetales más severas, como son entre
otras las del sistema nervioso central, estábamos desgraciadamente muy
acostumbrados a tratar a estos pobres niños. Concretamente los niños con espina
bífida abierta (de uno a tres niños por cada 1.000 recién nacidos vivos) se
contaban entre las malformaciones más frecuentes.
Los que padecían esta enfermedad en sus grados más severos eran
sin duda los más complicados de tratar. Son los que presentaban parálisis
completa de ambas piernas, y del control de los esfínteres urinario y fecal,
deformaciones severas en los pies y en la columna vertebral, hidrocefalia (acumulación
de líquido en el interior del cerebro) y muchos tenían además déficit mental de
diversos grados. Tenían que ser tratados por diversos equipos de especialistas
(pediatras, neurocirujanos, traumatólogos, urólogos...) y, finalmente, después
de una vida llena de sufrimientos, algunos podían morir por las complicaciones
tardías que se presentaban años después del nacimiento.
Como regla general, cuanto más severa es la malformación más
fácil es su diagnóstico en el periodo prenatal, por eso el número de malformaciones
fetales graves disminuyó rápidamente después de la implantación de la ley de
1985, con lo que muchos de nosotros nos alegramos profundamente. Esto es
fácilmente constatable si se consultan los datos hospitalarios de la época o,
sin ir más lejos, las estadísticas de las unidades de neurocirugía infantil.
¡Tanto es así que actualmente muchos profesionales jóvenes no han tenido la
oportunidad de tratar estas malformaciones en número suficiente de casos para
adquirir la experiencia necesaria!
Puesto que en Europa este tipo de malformaciones han dejado hace
muchos años de existir, ¿qué pueden hacer nuestros jóvenes profesionales?
¿Señor ministro, podría darse el caso de que algunos tengan que visitar
hospitales de países sudamericanos o africanos que nunca hayan tenido una ley
de interrupción del embarazo?
Etiquetas:
aborto,
derechos sexuales,
saúde pública
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