La Federación de Planificación Familiar Estatal
rechaza el contenido del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de
Ministros y solicita que este proyecto sea retirado y en su lugar se aplique de
manera completa la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.
La propuesta de reforma de la Ley que regula el
aborto supone un retroceso de treinta años en los derechos de las mujeres.
La
Federación de Planificación Familiar Estatal y AGASEX, como integrante de la
misma, rechaza el contenido del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de
Ministros y solicita que este proyecto sea retirado y en su lugar se aplique de
manera completa la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.
El
proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros pretende acabar con
el derecho a decidir de las mujeres y con la concepción integral de la salud
sexual y reproductiva que la actual ley contiene, tal y como lo indica el
cambio de nombre de la ley.
Con
este proyecto de ley, el gobierno quiere alejar a nuestro país del marco
legislativo predominante en Europa, para situarnos con Malta, Irlanda, Andorra,
San Marino, Mónaco y Liechtenstein, países con las leyes más restrictivas. La
FPFE también rechaza el secretismo con el que esta reforma legislativa se está
llevando a cabo, sin ninguna participación de las organizaciones de la sociedad
civil especializadas en salud reproductiva y sin la información pública
preceptiva en todo proceso democrático.
La
aplicación de la actual ley que ahora el gobierno quiere reformar no ha
generado ningún problema de salud o jurídico y tampoco ha aumentado las cifras
de aborto en nuestro país. Diversos estudios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) muestran que el número de interrupciones voluntarias del embarazo
en países con leyes restrictivas y en zonas con leyes más liberales no varía en
exceso, como lo muestra el ejemplo de Holanda, con una ley de plazos y una de
las menores tasas de aborto en Europa, mientras la diferencia en el número de
abortos inseguros sí es muy significativa. Así, en su informe de 2012, la OMS
señala que: “Ya sea que el aborto esté o no restringido por la ley, la
probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado
es prácticamente la misma” (1).
Por
tanto, una ley restrictiva no va a hacer que disminuyan los abortos, sino que
se éstos se produzcan bajo una inseguridad jurídica para las mujeres y para los
profesionales que tendrán que justificar los supuestos, en un proceso más largo
y difícil que va a añadir sufrimiento y riesgo para la salud de las mujeres y
atendiendo a presiones y posturas morales que ignoran tanto los derechos
humanos como la salud y las evidencias científicas. Además, esta reforma sehace
en contra de la opinión de la mayoría de la población, según han revelado
diversas encuestas (2).
La
FPFE lamenta que este intento de hacer retroceder décadas los derechos se esté
acompañando de una paralización de la estrategia de salud sexual y
reproductiva, tal y como ha constatado un reciente barómetro europeo (3), lo que ha producido un retroceso
en el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, dificultades en el
acceso a los servicios de planificación familiar y ausencia de implementación
de una política de formación coherente hacia estudiantes y profesionales
sanitarios.
Por
todo ello la FPFE solicita que se retire el proyecto de ley presentado por el
Ministro de Justicia Gallardón y que se aplique de manera total la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva de 2010, especialmente la inserción de la educación
sexual en la educación primaria y secundaria, y la garantía del acceso
universal a métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día después. Dos
elementos que, tal y como demuestran los datos científicos disponibles y a
diferencia de las leyes restrictivas del aborto, reducen el número de
interrupciones inducidas del embarazo.
________________________________________________________________________
(1) “Las restricciones
legales llevan a muchas mujeres a procurar servicios en otros países, o de
profesionales no capacitados o en condiciones no higiénicas, lo que las expone
a un riesgo significativo de muerte o discapacidad. La proporción de mortalidad
materna cada 100 000 nacidos vivos debido a un aborto inseguro suele ser
más alta en los países con restricciones importantes y más baja en los países
donde el aborto está disponible a requerimiento o en condiciones
generales. La evidencia acumulada demuestra que la eliminación de las
restricciones sobre el aborto produce una reducción de la mortalidad materna
causada por el aborto inseguro y, en consecuencia, una disminución en el nivel
global de mortalidad materna”. En: Aborto sin riesgos. Guía técnica y de
políticas para sistemas de salud. Organización Mundial de la Salud, 2012.
(2) Según una encuesta de
Metroscopia publicada en abril de 2013, Un 46% defiende el sistema de plazos
frente a un 41% que solo acepta los supuestos.
(3) Barómetro de acceso de
las mujeres a métodos anticonceptivos modernos en 10 países de la Unión
Europea. International Planned Parenthood Federation (IPPF) 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario