Los detalles de la reforma anunciada el viernes día 20 supone
volver a penalizar el aborto a petición de la mujer y que sean terceras
personas (juristas, trabajadorxs sociales, profesional médico...) las que
decidan por ella.
Refoma ley del aborto
La reforma de Ley de Aborto del Partido Popular cumple las
expectativas exigidas por el sector más ultraconservador y ultracatólico de su
electorado. Según el anteproyecto, en la práctica, el aborto no será posible de
forma legal y segura ya que los requisitos burocráticos, legales y médicos
exigidos hacen que el acceso al aborto sea prácticamente imposible para más del
90% de las mujeres que el año pasado abortaron en el Estado Español.
Se va a pasar de una ley de aborto de plazos, donde la decisión
de interrumpir un embarazo sin alegar causa alguna es un derecho de la mujer
(dentro de las primeras 14 semanas) a una ley donde el aborto es un delito. Lo
que nos retrotratraería a más allá de la ley del 85 y a una ley de aborto de
las más restrictivas de Europa junto con Polonia e Irlanda.
Supone por tanto una enorme agresión a los derecho de las
mujeres y supondrá que muchas de las mujeres que van a abortar lo tendrán que
hacer de forma clandestina e insegura, lo que significa poner en riesgo su vida
y su salud.
Según el anteproyecto, el aborto es considerado un delito
excepto en dos supuestos: 1) violación, bajo el cual la mujer podrá abortar
dentro de las primeras doce semanas de gestación y 2) grave riesgo para la
salud psíquica y física de la mujer. Dentro de este supuesto será necesario, en
cualquier plazo de gestación y en cualquier circunstancia incluso ante
anomalías fetales incompatibles con la vida, dos informes emitidos por dos
médicos ajenos al centro donde se realizará el aborto y en los que se
“acredite” los peligros que afecten a las mujeres, tanto físicos como
psíquicos.
Desde ACAI (asociación de clínicas acreditadas para la
interrupción voluntaria de embarazo) denuncian que “se está creando un filtro
ideológico” ya que en muchos casos es muy difícil acreditar de forma rotunda
que una determinada anomalía que puede sufrir el feto (excepto casos clarísimos
como las anencefalias) vaya a producir “un menoscabo no reversible y duradero
“en la salud de la mujer. Acreditar esto por parte de un profesional médico
resulta a veces muy complicado.
Otra de las críticas al proyecto de ley es la de establecer como
requisito la necesidad de presentar informes y dictámenes de profesionales
médicos ajenos al centro donde se realiza el aborto, según ACAI esto “implica
someter a las mujeres al arbitrio ideológico de los profesionales que lo
integren, pudiendo llegar a convertirse, en función de quienes formen dichos
comités, en auténticos centros de estigmatización y culpabilización de la
mujer”.
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