El Gobierno no puede legislar para agradar a su electorado más
conservador.
Cada día nos acercamos más a un cambio en sentido restrictivo de
la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, aprobada por amplia mayoría en 2010, que el Partido Popular
quiere modificar desde el mismo momento en que llegó al Gobierno. Sin duda hay
razones para cambiarla o mejorarla, pero el momento social, económico y
político no parece el más apropiado para empeorarla. España pasa por malos
momentos y utilizar el aborto, por el que tanto sufren las mujeres, como moneda
de cambio para contentar a los sectores más conservadores de su electorado, no
es justo con las mujeres ni con la sociedad.
Tras casi dos años de reiterados, y a veces contradictorios,
anuncios por parte del ministro de Justicia, señor Gallardón, la principal
razón esgrimida para este cambio es el compromiso adoptado en su programa
electoral. Argumento poco consistente, no solo por los evidentes
incumplimientos de la práctica totalidad de los compromisos electorales del
actual Gobierno, sino porque ni siquiera se ajusta a la letra de lo
comprometido. Entre introducir algunos cambios en la actual legislación,
especialmente en lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años, y los drásticos
cambios que se avecinan, hay un gran trecho. Ni siquiera el sector más
aperturista del PP podía presagiar que van a echar por tierra 28 años de
legislaciones razonables.
En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para
actuar de una u otra manera.
Unas para imponer las propias creencias y deseos a
los demás y otras para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre
su cuerpo y su vida.
Nuestras razones para defender el mantenimiento de la actual ley
son:
Una.
Porque funciona. No se han cumplido
las profecías de un incremento notable del número de abortos ni se han
producido en sus tres años de vigencia denuncias ni complicaciones sanitarias
de ningún tipo. Ha resuelto, pues, gran parte de los problemas de inseguridad
jurídica que aquejaban a la ley anterior.
Dos.
Porque respeta a las mujeres. El
reconocimiento de un plazo en el que las mujeres puedan decidir libremente
sobre si quieren seguir adelante o no con su embarazo es la única manera de no
atropellar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas.
Tres.
Porque es conforme a la Constitución.
Contrariamente a lo que se argumenta, la actual legislación no es contraria a
la doctrina del Tribunal Constitucional que nunca se ha pronunciado sobre una
ley de plazos.
Cuatro.
Porque respeta mejor la vida en formación.
Establecer límites y ofrecer a las mujeres información y recursos alternativos
ha demostrado ser la mejor manera de conciliar los derechos de las mujeres a
decidir con el deber del Estado de proteger la vida en formación.
Cinco.
Porque es la mayoritaria en Europa.
La legislación de plazos es la más establecida entre los países del entorno
europeo, especialmente en el contexto de los Estados con quienes compartimos
tradición política y constitucional. En una Europa sin fronteras no es
razonable que una mujer española sea tratada, en sus derechos básicos, de modo
diferente a una francesa, portuguesa o alemana.
Seis.
Porque no distingue entre pobres y ricas.
Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que
las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones,
por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por
clase o condición social.
Siete.
Porque la población está conforme.
La mayoría de la población española no se reconoce en el marco de una
legislación restrictiva o prohibicionista en materia de aborto. Según la última
encuesta de Metroscopia, una mayoría, el 53%, apoya una ley de plazos como la
actual mientras que el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas.
Ocho.
Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen, como
ahora sucede, en periodos muy tempranos de la gestación, disminuyendo los
riesgos asociados a los abortos tardíos. Facilita también que las mujeres sean
tratadas igualitariamente independientemente de la comunidad autónoma donde
vivan.
Nueve.
Porque es una ley eminentemente preventiva.
La actual legislación no solo aborda la interrupción voluntaria del embarazo,
sino la prevención y educación afectiva y sexual de toda la población, en
especial de la población más joven, el mecanismo más eficaz para disminuir el
número de abortos.
Diez.
Porque derogarla supone un retroceso social de décadas. Hoy vivimos mejor porque podemos decidir en lo que concierne a
nuestra vida sexual y reproductiva sin que nos persigan. Perder en tres años lo
que tardamos 30 en conseguir nos lleva a un pasado de difícil retorno.
Diez
razones frente a una. El Partido Popular
cuenta, por supuesto, con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la
reforma que desee, se ajuste o no a sus compromisos electorales. Pero también
tiene el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Sería un
buen momento para darse un baño de realidad y favorecer el entendimiento entre
los sectores que opinan de distinta manera sin hacérselo pagar a las mujeres
que se enfrentan a una interrupción del embarazo y que, con la nueva norma,
ganarán sufrimiento y perderán libertad.
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