jueves, 26 de diciembre de 2013
El Gobierno decide hoy si aprueba una ley del aborto marcada por el rechazo social
Rumores, algunas declaraciones, sospechas e intuiciones pero
ningún dato concreto. A diferencia de lo que ocurrió con la reforma del sector
educativo o de lo que ha estado pasando estos últimos meses con la del sector
energético, ninguno de los debates que se han abierto en torno a la reforma de
la ley del aborto ha estado basado en información.
Fundamentalmente por el
secretismo que ha caracterizado la elaboración de la propuesta de reforma del
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que previsiblemente se aprobará
este viernes en el Consejo de Ministros.
Ni siquiera los miembros de su partido conocían el contenido de
la norma, según aseguró el pasado lunes la secretaria general del Partido
Popular, María Dolores de Cospedal.
Afirmaciones como que la mujer no es la
culpable sino la víctima o que se garantizarán sus derechos, han sido lo máximo
que la sociedad española ha podido conocer al respecto, junto con una medida
que, para Gallardón, es irrenunciable: la prohibición de que las menores de 18
años aborten sin el permiso de sus padres que la ley actual sí contempla.
Según el presidente de la Federación de Planificación Familiar
Estatal (FPFE), Luis Enrique Sánchez, esta opacidad podría estar relacionada
con las “enormes presiones de las jerarquía eclesiástica y de lobbys con una ideología muy
conservadora, diría que cercana a la extrema derecha, que tienen mucho peso
dentro del PP”. Aunque, según ha
aseverado, “también me consta que hay sectores dentro del propio partido que no
ve claro lo que Gallardón pretende hacer, lo que ha podido generar los retrasos
en la aprobación de su propuesta”.
Para la responsable de salud sexual y reproductiva del centro
clínico El Bosque, Victoria Virtudes, resulta complicado opinar sobre el
contenido de una ley “que nadie ha visto. Son todo discursos e insultos hacia
las mujeres” afirma. “Lo que dicen es que la ley va a contener más garantías
hacia las mujeres. Ahora bien, si ya de antemano anuncian que van a suprimir lo
que la ley actual de salud sexual y derecho reproductivo e interrupción del
embarazo prevé, que es que las mujeres puedan abortar libremente hasta las 14
semanas, a mí que me expliquen cuándo dónde están esas garantías”.
Tanto el presidente de la FPFE como Virtudes coinciden en
señalar que, en el caso de que contemple las medidas que se sospecha que
incluirá, esta norma supondrá un retroceso social considerable. Para Luis Enrique
Sánchez, “restringir el derecho al aborto lo único que hace es clandestinizarlo, perjudicar a los
sectores más vulnerables de la población y restringir los medios y los
servicios de planificación familiar. Esta ecuación nos retrotrae a épocas
pretéritas a las que no queremos volver”.
Etiquetas:
aborto,
derechos sexuales,
salud pública
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