jueves, 26 de diciembre de 2013

El Gobierno decide hoy si aprueba una ley del aborto marcada por el rechazo social

Rumores, algunas declaraciones, sospechas e intuiciones pero ningún dato concreto. A diferencia de lo que ocurrió con la reforma del sector educativo o de lo que ha estado pasando estos últimos meses con la del sector energético, ninguno de los debates que se han abierto en torno a la reforma de la ley del aborto ha estado basado en información. 

Fundamentalmente por el secretismo que ha caracterizado la elaboración de la propuesta de reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que previsiblemente se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.


Ni siquiera los miembros de su partido conocían el contenido de la norma, según aseguró el pasado lunes la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. 

Afirmaciones como que la mujer no es la culpable sino la víctima o que se garantizarán sus derechos, han sido lo máximo que la sociedad española ha podido conocer al respecto, junto con una medida que, para Gallardón, es irrenunciable: la prohibición de que las menores de 18 años aborten sin el permiso de sus padres que la ley actual sí contempla.

Según el presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Luis Enrique Sánchez, esta opacidad podría estar relacionada con las “enormes presiones de las jerarquía eclesiástica y de lobbys con una ideología muy conservadora, diría que cercana a la extrema derecha, que tienen mucho peso dentro del PP”.  Aunque, según ha aseverado, “también me consta que hay sectores dentro del propio partido que no ve claro lo que Gallardón pretende hacer, lo que ha podido generar los retrasos en la aprobación de su propuesta”.

Para la responsable de salud sexual y reproductiva del centro clínico El Bosque, Victoria Virtudes, resulta complicado opinar sobre el contenido de una ley “que nadie ha visto. Son todo discursos e insultos hacia las mujeres” afirma. “Lo que dicen es que la ley va a contener más garantías hacia las mujeres. Ahora bien, si ya de antemano anuncian que van a suprimir lo que la ley actual de salud sexual y derecho reproductivo e interrupción del embarazo prevé, que es que las mujeres puedan abortar libremente hasta las 14 semanas, a mí que me expliquen cuándo dónde están esas garantías”.

Tanto el presidente de la FPFE como Virtudes coinciden en señalar que, en el caso de que contemple las medidas que se sospecha que incluirá, esta norma supondrá un retroceso social considerable. Para Luis Enrique Sánchez, “restringir el derecho al aborto lo único que hace es clandestinizarlo, perjudicar a los sectores más vulnerables de la población y restringir los medios y los servicios de planificación familiar. Esta ecuación nos retrotrae a épocas pretéritas a las que no queremos volver”.

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