"El número de mujeres inmigrantes que decide abortar cuadruplica e incluso quintuplica al de españolas", según un experto
La presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz, pidió hoy al Gobierno que "reconsidere" la fórmula de adquisición de la píldora poscoital recogida en el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual Reproductiva, para que sea administrada de manera "gratuita y previa prescripción médica".
Ortiz, moderadora de una de las mesas de las jornadas "Aborto: Derecho y Salud" que se celebran hoy y mañana en Madrid, instó además a los ministerios de Sanidad e Igualdad a acometer "sin falta" medidas informativas "sobre métodos anticonceptivos seguros que eviten que el número de abortos siga aumentando".
En este sentido, la presidenta de FADSP incluyó entre sus peticiones el establecimiento de un "precio social" para los preservativos y la creación de un "registro de objetores" entre los profesionales sanitarios "para garantizar el derecho de las mujeres a elegir el lugar donde quieren someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE)".
IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN
El catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, Francisco Bolumar, presentó durante la misma jornada un análisis epidemiológico sobre la IVE y el impacto del proceso migratorio en sus índices. Así, Bolumar señaló que "el número de mujeres inmigrantes que deciden abortar cuadruplica e incluso quintuplica al número de españolas que deciden dar ese paso".
Entre los colectivos que más IVE registran se encuentran las mujeres del África subsahariana, seguidas de las norteafricanas y las latinoamericanas, entre las cuales destacan las procedentes de Bolivia, citó el autor del estudio.
Entre las españolas el perfil de la mujer que decide someterse a una IVE es: soltera, de entre 20 y 24 años, asalariada, sin hijos, que no ha tenido ningún aborto anterior y que decide hacerlo antes de la octava semana de gestación.
Por regiones, "España está dividida en dos", apuntó el profesor Bolumar. El noroeste, liderado por Galicia, Castilla y León, País Vasco y Extremadura es la zona que menos abortos registra; mientras que Madrid, Cataluña, Murcia y Baleares encabezan la lista con los mayores índices.
CRÍTICAS A LA OMC Y A SEGO
La presidenta de la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE), Isabel Serrano, quiso por su parte aludir a la "escasa implicación" que mantienen los profesionales sanitarios frente a los procedimientos y las implicaciones que supone la IVE.
En palabras de Serrano, la Organización Médica Colegial (OMC), como máxima representante de la profesión en España, "no ha hecho nada respecto al aborto durante los últimos 23 años". "Las declaraciones que está haciendo ahora no vienen más que a reforzar la idea de que la objeción de conciencia es ilimitada y que todos los médicos estamos en contra el aborto", apuntó.
Isabel Serrano también tuvo palabras para la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), a la que acusó de no incluir al aborto en ninguno de los temas de debate de sus "multitudinarios" congresos, no establecer protocolos de actuación, ni luchar por que la IVE "se incluya en los planes de estudios de la especialidad".
La presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz, pidió hoy al Gobierno que "reconsidere" la fórmula de adquisición de la píldora poscoital recogida en el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual Reproductiva, para que sea administrada de manera "gratuita y previa prescripción médica".
Ortiz, moderadora de una de las mesas de las jornadas "Aborto: Derecho y Salud" que se celebran hoy y mañana en Madrid, instó además a los ministerios de Sanidad e Igualdad a acometer "sin falta" medidas informativas "sobre métodos anticonceptivos seguros que eviten que el número de abortos siga aumentando".
En este sentido, la presidenta de FADSP incluyó entre sus peticiones el establecimiento de un "precio social" para los preservativos y la creación de un "registro de objetores" entre los profesionales sanitarios "para garantizar el derecho de las mujeres a elegir el lugar donde quieren someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE)".
IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN
El catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, Francisco Bolumar, presentó durante la misma jornada un análisis epidemiológico sobre la IVE y el impacto del proceso migratorio en sus índices. Así, Bolumar señaló que "el número de mujeres inmigrantes que deciden abortar cuadruplica e incluso quintuplica al número de españolas que deciden dar ese paso".
Entre los colectivos que más IVE registran se encuentran las mujeres del África subsahariana, seguidas de las norteafricanas y las latinoamericanas, entre las cuales destacan las procedentes de Bolivia, citó el autor del estudio.
Entre las españolas el perfil de la mujer que decide someterse a una IVE es: soltera, de entre 20 y 24 años, asalariada, sin hijos, que no ha tenido ningún aborto anterior y que decide hacerlo antes de la octava semana de gestación.
Por regiones, "España está dividida en dos", apuntó el profesor Bolumar. El noroeste, liderado por Galicia, Castilla y León, País Vasco y Extremadura es la zona que menos abortos registra; mientras que Madrid, Cataluña, Murcia y Baleares encabezan la lista con los mayores índices.
CRÍTICAS A LA OMC Y A SEGO
La presidenta de la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE), Isabel Serrano, quiso por su parte aludir a la "escasa implicación" que mantienen los profesionales sanitarios frente a los procedimientos y las implicaciones que supone la IVE.
En palabras de Serrano, la Organización Médica Colegial (OMC), como máxima representante de la profesión en España, "no ha hecho nada respecto al aborto durante los últimos 23 años". "Las declaraciones que está haciendo ahora no vienen más que a reforzar la idea de que la objeción de conciencia es ilimitada y que todos los médicos estamos en contra el aborto", apuntó.
Isabel Serrano también tuvo palabras para la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), a la que acusó de no incluir al aborto en ninguno de los temas de debate de sus "multitudinarios" congresos, no establecer protocolos de actuación, ni luchar por que la IVE "se incluya en los planes de estudios de la especialidad".
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