El pasado martes 5 de julio, justo el mismo día en
que se cumplía el sexto año de vigencia de la Ley Orgánica 2/2010 de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (LOSRIVE),
la guardia civil detuvo a una pareja de Aspe por un presunto delito de aborto
ilegal. Al parecer, la mujer había ingerido píldoras de hormonas para
interrumpir el embarazo. Ignoro más detalles del caso, pero está claro que
desde su reconocimiento legal, el derecho a interrumpir voluntariamente el
embarazo no es precisamente de fácil ejercicio. Más bien al contrario. Las
resistencias a que seamos dueñas de nuestros cuerpos cuando el único interés en
juego somos nosotras mismas son enormes, a diferencia de lo que sucede con la
prostitución, la donación de óvulos o el alquiler de vientres. Pero lo que
pasma es la pasividad en la defensa de nuestro derecho ante un ataque incesante
que va ganando terreno.
Hace poco más de un mes, el Ministerio del Interior
del gobierno español (ese cuyo titular, miembro supernumerario del OpusDei,
debiera haber dimitido ya) ha revocado la declaración de utilidad pública que
había concedido semanas antes a la Federación de Planificación Familiar Estatal
(FPFE), dedicada a la educación sexual y al acceso a métodos anticonceptivos
eficaces y seguros como estrategias de prevención de los embarazos no deseados.
La decisión es el resultado de un recurso interpuesto por la Asociación
Española de Abogados Cristianos, que parece haber culminado así con éxito una
campaña que pretendía impedir que la FPFE pudiera recibir subvenciones públicas
para desarrollar sus actividades de defensa de los derechos sexuales y
reproductivos. Parece una ironía, pero la citada campaña, titulada cínicamente
«Paremos este fraude contra la mujer», que se identificaba con el hastag
##StopSubvencionesAborto, se inició (con la presencia de Mayor Oreja, promotor
de una ley europea contra el aborto) el pasado 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres ¿Acaso no es violencia
impedir que una mujer decida sobre su propia vida?.
La LOSRIVE ya fue «recortada» para las jóvenes por el
rodillo parlamentario del PP el pasado septiembre, con consecuencias nefastas
para muchas de ellas, como ha quedado patente en la Comunidad de Madrid. Y en
julio de 2015 el Tribunal Constitucional reconoció, sorprendentemente, el
derecho a la objeción de conciencia a un farmacéutico que se negó a dispensar
la píldora poscoital. En su voto particular discrepante, la magistrada Adela Asúa
manifestó su preocupación y consternación por la aprobación de esta sentencia
ya que «parece responder a un posicionamiento previo que no logra ocultar la
sombra ideológica que le guía». El ponente de esta sentencia fue Ollero
(numerario del Opus Dei), el mismo que será ponente del recurso de
inconstitucionalidad pendiente sobre la LOSRIVE ¿No es preocupante?.
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