La nueva ley incluye que la sanidad pública financie
la cirugía de reasignación de género, con un coste de 1,2 millones.
En el ámbito
educativo, contempla un protocolo específico para abordar esta realidad.
El Gobierno valenciano ha aprobado el
anteproyecto de ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y
expresión de género, que apuesta por que la transexualidad deje de ser una
patología, ya que no será considerada "un transtorno, sino una expresión
más de la diversidad humana". La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra,
ha explicado en rueda de prensa que el objeto de esta futura ley es establecer
un marco normativo adecuado para "garantizar el derecho a la
autodeterminación de género" de las personas que manifiestan una identidad
de género distinta a la asignada en el momento de nacer. La norma, impulsada por
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Oltra, incluye
políticas de atención a las personas trans y medidas en distintos ámbitos
contra la discriminación por motivo de identidad o de expresión de género.
En materia sanitaria, se incluyen en la cartera de
servicios todas las necesidades de las personas transexuales, como cirugías
para la reasignación corporal, que supondrán un coste aproximado de 1,2
millones de euros, apoyo psicológico o terapia hormonal. En el ámbito educativo,
se incluye un protocolo específico para abordar esta realidad en los colegios e
institutos y el respeto a la identidad de género de los menores trans, como que
las listas de clase recojan la identidad de género escogida por el alumnado,
siempre con el consentimiento de sus padres o tutores legales. Además, se
respetará la imagen física y la libre elección de la indumentaria del alumnado,
el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad
de género sentida, incluyendo los lavabos y los vestuarios.
En el terreno
laboral y de responsabilidad social, se establecen medidas de no discriminación
y el fomento de la contratación de personas trans, mientras que se establece
esta realidad como una situación de vulnerabilidad en las políticas de
servicios y de inclusión social. Oltra ha explicado que, en el ámbito familiar,
se establece la no discriminación por identidad de género en la adopción y en
el acogimiento, y se reconoce como violencia familiar cuando dentro de este
ámbito no se respete la identidad de género de uno de sus miembros.
El texto plantea además la posibilidad de conceder la
documentación administrativa necesaria y adecuada a su identidad dentro de las
competencias autonómicas. El anteproyecto de ley se remitirá ahora al Consejo
Jurídico Consultivo, y el objetivo del Consell es que en septiembre pueda
entrar en las Cortes para su tramitación parlamentaria.
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