El 11 de julio fue el Día Mundial de la Población, con
el que se recuerda la necesidad de abordar los asuntos relacionados con la
población y su relación con el desarrollo y la lucha contra la desigualdad.
Este año Naciones Unidas centra la conmemoración en la necesidad de invertir en
las adolescentes.
“Los gobiernos de todo el mundo tienen que invertir
en las adolescentes de forma que éstas puedan empoderarse para tomar decisiones
importantes sobre su vida y prepararse para ganarse la vida, participar en los
asuntos de sus comunidades y estar en pie de igualdad con sus homólogos
masculinos”, ha afirmado Babatunde Osotimehin, director ejecutivo del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA), quien ha hecho énfasis en que hay que
acabar con la discriminación que millones de adolescentes sufren para acceder a
la educación, la salud, el trabajo y para poder decidir sobre su estado civil o
la planificación familiar.
Según datos de la OMS recogidos en la Estrategia
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2020, una
reducción del 10% en los matrimonios infantiles podría contribuir a una
reducción del 70% en las tasas de mortalidad materna de un país y a una
disminución del 3% en las tasas de mortalidad de niños menores de un año. Las
altas tasas de matrimonio infantil están relacionadas con un menor uso de la
planificación familiar, una tasa de fecundidad más alta, embarazos no deseados,
mayor riesgo de complicaciones durante el parto, escaso progreso escolar y
menores posibilidades de obtener ingresos económicos. Alrededor de 1 de cada 10
chicas menores de 20 años han sido víctimas de violencia sexual.
Por su parte, la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés), advierte que cada año
dan a luz unos 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años y cerca de un
millón de niñas menores de 15 años, la mayoría de ellas en países de renta baja
y media. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa
de mortalidad en el mundo entre las jóvenes de 15 a 19 años. IPPF recuerda
también que “en 2015 aproximadamente tres millones de mujeres adolescentes de
países en vías de desarrollo llevaron a cabo abortos en condiciones de riesgo,
lo que supone una tasa anual de 16 mujeres por cada 1000”[3]. IPPF y sus
asociaciones miembros, entre ellas la FPFE, van a aprovechar este 11 de julio
para insistir en sus mensajes sobre la necesidad de que los gobiernos cumplan
sus compromisos en materia de salud sexual y reproductiva de las adolescentes.
En el Estado español, los datos sobre la salud sexual
de las y los adolescentes muestran, tal y como la FPFE y Sexual Rights
Initiative advirtieron a la ONU de cara al Examen Periódico Universal (EPU) al
que nuestro país se sometió en 2015, que hay graves carencias en educación
sexual, y que el desigual acceso a los métodos anticonceptivos afecta
especialmente a las personas más jóvenes.
1.400 adolescentes dan a luz cada año en nuestro
país, unas 13.000 mujeres jóvenes interrumpen su embarazo y el 35,6% de los/as
jóvenes de entre 15 y 19 años no utiliza ningún anticonceptivo, llegando a
23,1% el porcentaje de aquellos/as jóvenes que se protegen pero no lo hacen de
manera adecuada. Asimismo, el ratio de centros de atención a la sexualidad
juvenil es inferior a la veintena, aun cuando los organismos internacionales
recomiendan un centro específico adaptado a las necesidades y características
de las personas jóvenes por cada 100.000 habitantes menores de 29 años.
La atención específica a la salud sexual y
reproductiva de las y los adolescentes es una asignatura pendiente en el Estado
español, tal y como también recoge el Barómetro del acceso de las mujeres a la
libre elección de anticonceptivos modernos en 16 países de la UE: “Las personas
expertas consideran que el gobierno no ofrece a las y los profesionales de la
salud y proveedores de servicios el apoyo y seguimiento necesarios para
garantizar unas prácticas profesionales respetuosas con las y los adolescentes
y jóvenes en cuestiones de salud y derechos sexuales y reproductivos”.
A ésto se suma la obligatoriedad de que las chicas de 16 y 17 años que han
decidido interrumpir su embarazo cuenten con el permiso de sus progenitores.
Por todo ello y porque también creemos que es urgente
invertir en las adolescentes, la FPFE aprovecha la conmemoración de este Día
Mundial de la Población para reiterar las propuestas para mejor la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes en esta próxima
legislatura:
Garantizar a las personas jóvenes y adolescentes el
acceso a consejerías y servicios de salud sexual y reproductiva amigables,
gratuitos, accesibles, con funcionamiento continuado y horarios amplios –
incluidos los fines de semana- que ofrezcan una atención integral, con el objetivo
de favorecer decisiones informadas y autónomas, donde la confidencialidad esté
asegurada. Tiene que haber servicios específicos de atención a la sexualidad
juvenil en el sistema de salud nacional y de todas las comunidades autónomas.
Realizar las modificaciones legislativas pertinentes
a fin de incorporar la educación sexual en el currículo escolar desde la etapa
de educación primaria hasta bachillerato, con contenidos con un enfoque
integral, en los que a la prevención de embarazos no planificados, infecciones
de transmisión sexual y otros riesgos asociados a la sexualidad, se sumen los
conocimientos y habilidades para que las y los jóvenes conozcan sus deseos,
adopten decisiones responsables y puedan disfrutar de una vida sexual sana y
placentera, cualquiera que sea su orientación y prácticas sexuales. Se debe
garantizar al profesorado una formación unificada y sistematizada en materia de
sexualidad.
Derogar la obligatoriedad de contar con la
autorización de padres o tutores legales para las jóvenes de 16 y 17 años que
decidan abortar, porque tal exigencia puede ponerlas en riesgo de un conflicto
grave, violencia o malos tratos, y puede hacer aumentar la práctica de abortos
clandestinos e inseguros.
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