sábado, 10 de febrero de 2018
Las agresiones y abusos sexuales cometidos por menores se disparan
También se
incrementan las lesiones y los daños cometidos por jóvenes de 14 a 18 años
La
Fiscalía española considera "preocupante" que algunas víctimas de
violencia machista disculpen al maltratador.
La
detención de tres menores, dos de 14 años y el tercero de 16, por el asesinato
de una pareja de ancianos de 87 años en Bilbao, ha disparado de nuevo las
alarmas sobre el aumento de las conductas violentas en los jóvenes
delincuentes. Las estadísticas de justicia juvenil (de 14 a 18 años) no
reflejan un incremento de los homicidios cometidos por muchachos, pero sí el
crecimiento de determinados delitos, como las lesiones producidas a raíz de una
agresión o las agresiones y abusos sexuales. La Fiscalía de Barcelona ha
alertado en su última memoria de esta circunstancia, ya que en la provincia
catalana también se registró un incremento en el 2016, en comparación con el
año anterior, de los procesos judiciales incoados por robos con fuerza y
sustracciones con violencia e intimidación. En su opinión, "ha habido un
aumento de las conductas violentas".
El número
de homicidios consumados o en grado de tentativa cometidos por menores del 2011
al 2016 en toda España asciende a 319 (42 en Catalunya), según los datos de la
memoria del 2017 de la Fiscalía General del Estado. De los 68 que se
contabilizaron en el 2011, se ha pasado a 45 en el 2016. En el transcurso de
ese periodo ha habido altos y bajos en las cifras, aunque en los últimos años
se ha constatado una cierta estabilidad. El informe sostiene que esta cifra no
es “alarmante”, teniendo en cuenta que la mayoría de los agresores no
consiguieron el propósito de matar a la víctima, se archivaron los procesos o
se calificaron al final como lesiones graves u homicidios imprudentes.
La
fiscalía, en cambio, sí que ha constatado una subida de los delitos de
lesiones, pues pasaron de 9.959 causas abiertas en el 2015 a 11.283 en el 2016.
Sin embargo, esta subida puede resultar engañosa, pues es la consecuencia de
registrar como delitos leves lo que antes de la reforma del Código Penal (2015)
eran faltas. La violencia machista (433 en el 2015, 543 en el 2016) y las
agresiones y abusos sexuales también se han disparado (1.081 en el 2015, 1.271
en el 2016), mientras que los robos con violencia e intimidación no han variado
de forma ostensible de un año a otro (4.404 en el 2015 y 4.342 en el 2016). Eso
sí, se venía de picos muy pronunciados, ya que en el 2011 el número de causas
judiciales incoadas por este tipo de delitos fueron 7.882. El ascenso también
se ha registrado en los delitos de hurto (7.055 en el 2015 y 8.922 en el 2016)
y daños (3.093 frente a 3.265).
Las
víctimas y la violencia machista
Un dato
“preocupante” que ha detectado la Fiscalía General del Estado respecto a los
delitos de violencia machistas
cometidos por menores es que hay víctimas adolescentes que restan importancia a
estas agresiones y disculpan al joven maltratador, teniendo que ser familiares
o terceras personas quienes denuncien. En su última memoria, apunta la corta
edad de algunas de las afectadas (entre 12 y 14 años) y la “despreocupación” de
sus familiares, lo que obliga a intervenir a los servicios de protección del
menor.
La abogada
Luz García Bello, del despacho VPG, sostiene que “es significativo" que cada vez más en la esfera de
jurisdicción de menores se encuentren "con un incremento de conductas
violentas, lo que conlleva un aumento de los delitos de lesiones por
agresiones, abusos sexuales, daños e, incluso, violencia doméstica”. Estas conductas,
en su opinión, también se han incrementado en menores de 14 años que no pueden
ser enjuiciados al no tener responsabilidad penal.
Según esta
abogada, el “incremento de las conductas violentas en los menores es debido al
fracaso en la educación, al modelo social y al mayor consumo del alcohol y
sustancias estupefacientes en personas cada vez más jóvenes. Ese fracaso y
frustración personal les lleva a cometer cada vez más comportamientos
violentos”.
Los
orígenes del conflicto
El juez de
menores de Barcelona David García Esteban afirma que principalmente hay dos
factores que conducen a la comisión por parte de menores de delitos violentos:
el consumo de sustancias tóxicas, en concreto hachís, y el absentismo escolar.
Otro elemento que también influye es la existencia de una familia
desestructurada, por la falta de control del joven. Este magistrado incide que
la medida de internamiento en régimen cerrado en un centro se dicta en casos
graves violentos o de reincidencia. En el 2016 se aplicó en España en 571
casos, cuando el año anterior se hizo en 709. La medida más habitual es la
libertad vigilada que se acordó en 9.259 procesos. A mucha distancia se
encuentra la convivencia familiar o educativa y las prestaciones en beneficio
de la comunidad.
Tratamiento
para gestionar las emociones
En
Catalunya, la Conselleria de Justícia cuenta con un programa específico para
tratar las conductas violentas. Entre los técnicos tiene un nombre curioso:
Covi (que pronunciado se puede identificar con Cobi, la mascota de los Juegos
Olímpicos de Barcelona). Son las siglas de “conducta violenta”. Francesc Elias,
psicólogo del centro de Can Llupià, asegura que el primer objetivo es evaluar
los factores de riesgo que presenta el muchacho. Es decir, esclarecer los
elementos que llevan al joven a delinquir. Entre esos factores se encuentra la
historia del menor, dónde reside o lo que ha hecho, si tiene un buen
rendimiento escolar, los vínculos emocionales o si consume alguna sustancia
tóxica. “El barrio donde vive no lo podemos cambiar, pero sí al muchacho”,
explica el experto. Tras el análisis de estos factores, se aplica un
tratamiento, tanto individualizado como grupal, para que el menor mejore su conducta y aprenda a
controlar y gestionar las emociones, como la ira, o impulsividad. Es decir, se
intenta hacerle ver que, en ocasiones, sus valores y creencias le provocan una
distorsión de la realidad. Ejemplo: "Me mira mal y por eso le pego",
cuando igual nadie le ha mirado mal.
Cuando el joven tiene una medida de libertad vigilada (no está en un
centro) por un delito violento, también se le asignan dos profesionales para su
seguimiento, entre ellos un psicólogo que le elabora un programa
individualizado adaptado para tratar su problema. Si es necesario, estos
técnicos se ponen de acuerdo también con la familia.
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