Las
leonesas que interrumpen el embarazo viajan más de 200 kilómetros a Salamanca.
La Consejería de Sanidad concierta 380 abortos con una clínica privada por
158.000 euros al año por la objeción de conciencia de los ginecólogos. Otras
350 optan por pagar 400 euros para abortar por lo privado en León.
Las
leonesas que interrumpen su embarazo dentro de los supuestos legales tienen que
soportar un viaje de casi 300 kilómetros desde algunos puntos de la provincia
hasta una clínica concertada en Salamanca. Todos los ginecólogos del sistema
público sanitario de Castilla y León tienen objeción de conciencia, según la
Consejería de Sanidad, por lo que la administración regional reparte
geográficamente los abortos con conciertos con las clínicas privadas,
procedimientos que cuestan 670.00 euros al año en toda la Comunidad, 160.000
euros de la provincia de León. Sólo las vallisoletanas pueden abortar en su
provincia de residencia. El resto se somete a un periplo doloroso por carretera
hasta los distintos puntos de adjudicación de los procesos.
Más de
1.700 mujeres de la Comunidad emprenden cada año un peregrinaje cruzado para
poder abortar. Las mujeres de Ávila, Palencia, Segovia y Soria van a Madrid;
las de León a Salamanca; las de Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora viajan a
Valladolid.
El vocal
de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del
Embarazo y director de la clínica leonesa Buenavista, Acai, Eugenio Civieta, ha
propuesto a la Junta que los procesos de adjudicación no se hagan en ‘bloques’
cerrados para todos los abortos, lo que permitirá a las clínicas pequeñas
asumir el 98% de las intervenciones que son las interrupciones hasta las 14
semanas de gestación. «Sólo las grandes clínicas pueden asumir abortos de más
de 15 semanas de gestación que requiere de más personas y tecnología
especializada», explica. «Si la Consejería de Sanidad saca a concurso las
interrupciones hasta las 14 semanas de manera independiente, las mujeres de
León podrán abortan en su provincia sin necesidad de viajes dolorosos y molestos,
con los riesgos para su salud». Civieta asegura que el acuerdo con la
Consejería de Sanidad está prácticamente cerrado, lo que cambiará la ruta
kilométrica a la que se someten las mujeres desde hace diez años. «El convenio
se renueva cada cuatro años, pero la realidad es que se prorroga de manera
automática. Nosotros proponemos modificar los términos del concierto para mayor
seguridad de las mujeres».
La
objeción de conciencia de los ginecólogos del sistema sanitario público obliga
a la Consejería de Sanidad a invertir casi 700.000 euros en conciertos con las
clínicas privadas, de los que 160.000 son para que la Clínica Multimédica
Barroblanco S.L de Salamanca practique 380 abortos. Sólo las mujeres que pueden
permitirse pagar un aborto privado —400 euros—, dentro de los supuestos
legales, se quedan en León. La clínica Buenavista interrumpió el año pasado 350
embarazos, siete de menores de menores de edad —cuatro de 17 años, 2 de 16 años
y 2 de 15 años — que tienen que ir acompañadas por sus padres.
La Ley
Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010 sufrió una modificación
en septiembre de 2015, con respecto a las menores de edad y su decisión de
abortar.
Esta ley
actual del aborto garantiza la interrupción voluntaria del embarazo siempre y
cuando se realice por un especialista, ya sea en un centro sanitario público o
uno privado acreditado. Hasta las 14 semanas de embarazo, todas las mujeres
mayores de 18 años pueden elegir abortar por propia voluntad, sea cual sea la
causa. El embarazo se podrá interrumpir hasta la semana 22 si existe riesgo
para la vida o salud de la embarazada, si existen graves anomalías en el feto o
se detecten anomalías incompatibles con la vida. El 98% de los abortos están en
el primer supuesto.
El proceso
La mujer
acude a su médico de cabecera, que pide un test de embarazo para certificar su
estado y la semana de gestación. El médico remite a la mujer a Salamanca.
«Muchas mujeres empiezan el proceso a las siete semanas y con todo el papeleo,
que tiene que garantizar la privacidad, algunas se pasan de las 14 semanas»,
asegura Civieta.
En los abortos farmacológicos el ginecólogo, tras la exploración, administra una pastilla a la mujer «que provoca dolores y molestias. Con todo esto se tiene que ir a su casa, a 300 kilómetros, con otras tres pastilla, que no nos gusta dar para que se lleven a su casa, pero las que van a Salamanca no tienen otro remedio, y volver a los dos días, someterse a una revisión y regresar después a los diez días y comprobar que todo está bien. A veces se necesita un intervención instrumental para acabar el proceso. Todas estas molestias que sufren las mujeres no son tenidas en cuenta».
En la
clínica Buenavista de León sólo se practica cirugía menor ambulatoria. «Por eso
pedimos a la Consejería de Sanidad que cambie el criterio para las
intervenciones y no adjudique por lotes completos sino que lo haga por semanas
de gestación».
Los
profesionales sanitarios implicados en la interrupción voluntaria del embarazo
tienen el derecho a ejercer la objeción de conciencia. En este caso, el
personal sanitario debe notificarlo por escrito anticipadamente para garantizar
a la mujer el ejercicio de la prestación por otro profesional especialista.
Tras esta decisión, la Consejería de Sanidad adjudica los procesos a través de
procedimiento abierto, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto de la Ley de Contratos del Sector
Público. «Esta regulación normativa tiene como objetivo principal e imperativo
lograr una mayor transparencia pública y garantizar que todas las licitaciones
se ajusten a los principios de libertad de acceso, publicidad en los
procedimientos y a la no discriminación e igualdad de trato entre los
candidatos», explica la Consejería de Sanidad en un comunicado dirigido a este
periódico. «Los criterios de adjudicación», dice la Junta, «incluyen aspectos
cualitativos vinculados al objeto de contrato, así como otros criterios
objetivos, siendo entre otros la distancia a la población de origen uno de
estos criterios, pero no excluyente», dice la Consejería de Sanidad.
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