Al hablar sobre política, tendrá que referirse a ‘la
clase política’, porque ‘políticos’ es sexista.
El II Plan de Igualdad de Género de la Junta de
Andalucía pretende distinguir ambos sexos, algo que contraviene las normas de
la Real Academia.
La lengua no tiene sexo, pero los profesores tendrán
que pensarlo antes de pronunciar una palabra que pueda entenderse como sexista.
Porque el IIPlan de Igualdad de Género en Educación aprobado recientemente
refuerza las medidas de la Junta para erradicar la violencia de género y las
actitudes sexistas. El plan contempla entre sus líneas de actuación la
sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa, para lo que
una de sus medidas es «impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y
equitativa, mediante la utilización de un lenguaje no sexista en sus
expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales». La Inspección
Educativa, señala la norma, velará por el uso de un lenguaje inclusivo y no
sexista en los centros docentes.
Esto sin tener en cuenta los informes de la Real
Academia que analizaron, entre otras, las guías de la Junta de Andalucía, y que
determinaron que «conculcan aspectos gramaticales o léxicos firmemente
asentados». De seguirse al pie de la letra las directrices de algunas de estas
guías «no se podría hablar», según la RAE.
Este II Plan de Igualdad obvia las recomendaciones de
la Academia. De esta manera, un profesor tendrá que dirigirse a sus ‘alumnos y
alumnas’, que son ‘chicos’ y chicas’. Al hablar sobre política, tendrá que
referirse a ‘la clase política’, porque ‘políticos’ está considerada una
palabra sexista, como ocurre con ‘los andaluces’, que es sustituida por
‘población andaluza’ o como le sucede a ‘los españoles’, que pasarían a ser
‘población española’. Los alumnos y alumnas no podrán dirigirse a sus
profesores, sino a su ‘profesorado’ y la ‘dirección’ pasa a ser ‘equipo
directivo’, así como los ‘tutores’ son ahora ‘tutoría’. Si el estudiante pidió
beca no será ‘becario’, sino ‘persona becada’ y no fue ‘el solicitante’ de la
ayuda, sino ‘quienes soliciten’. Si sus padres están ‘parados’, ahora serán
‘personas sin trabajo’.
La dificultad de la norma, según lingüistas
consultados, radica en el concepto de ‘lenguaje sexista’ y qué se entiende por
sexismo. Según los manuales que maneja la Junta y a los que remite Educación
(el elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer, ‘Lenguaje administrativo no
sexista’), el sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se
hace por razón de sexo. El sexismo «no está en la lengua en sí misma sino en
los usos que hacemos de ella, los cuales, al ser reflejo de la cultura
androcéntrica en la que vivimos, muestran que el sexo comúnmente más
discriminado es el femenino». Este mismo manual recomienda evitar el uso
generalizado del masculino genérico, es decir, el uso de ‘niños’, ‘profesores’
o ‘alumnos’ cuando se intente aludir a personas de los dos sexos.
El académico Ignacio Bosque considera que «no tiene
sentido forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de
la realidad» ni «impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial
del real».
Una norma obligatoria
La normativa es clara sobre su obligación de
cumplimiento. «Es preceptivo el uso no sexista del lenguaje y no podemos actuar
con permisividad a su incumplimiento», señalaron fuentes de la Consejería de
Educación. Pero reconocen, al mismo tiempo, que su implementación «es un
proceso cultural y por tanto necesita, para su logro, tiempo, constancia y
cambio de hábitos». Un cambio que, indican, se ve dificultado «por resistencias
a superar valores dominantes». Ante el incumplimiento de la normativa, la
Consejería de Educación plantea en primer término información y difusión de la
misma.
Pero también la «denuncia» de los incumplimientos.
Los sindicatos de educación han acogido con matices
esta normativa, y recuerdan a Educación que se necesitan inversiones y la
igualdad es algo más que el lenguaje. Sonia Gaya, de UGT, indica que los
profesores «procuramos cuidar el lenguaje en ese sentido, sin llegar a que el
lenguaje no sexista dificulte la comunicación». José Blanco, de Comisiones
Obreras, recuerda que desde 1991 hay recomendaciones de la ONU para el uso de
este lenguaje y que una ley orgánica de Igualdad de 1997 ya determinaba el uso
oficial. « Ahora se trata de tomar en serio el cumplimiento de estas
disposiciones, a la vez que se reconoce el papel de las mujeres en la educación
y en la sociedad». Andrés Alcaraz, de CSIF, explica que su sindicato cuenta con
un departamento de igualdad, que hay una sensibilización social pero que
también hay libertad de cátedra reconocida por la Constitución y que, en todo
caso, «es necesario un cambio de mentalidad, no sólo como docentes, sino
también como personas o ciudadanos». Considera Alcaraz que, por encima del
lenguaje, lo relevante es que «una chica pueda entrar en un laboratorio a hacer
investigación, o que pueda ser una más en el equipo de fútbol, o que un chico
pueda participar en un concurso de baile, son esas las barreras que hay que
romper». Los inspectores, afirma, «deben corregir, no penalizar, y se les debe
dotar de medios para poder trabajar de una manera transversal, sin que afecte a
la libertad de cátedra o contenidos curriculares».
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