viernes, 1 de diciembre de 2017
Violencia sexual en España: más agresiones, menos recursos. #25N
Diez organizaciones y redes nos unimos para recordar
que mientras aumentan las denuncias de violencia sexual, disminuyen los
recursos para su prevención y para las víctimas. Pedimos que la violencia
sexual sea considerada violencia de género a todos los efectos y que la
educación sexual esté presente en todos los centros educativos como una de las
mejores herramientas para prevenir las violencias sexuales.
31,7 millones para prevenir la violencia de género en
los Presupuestos Generales del Estado de 2017, frente a 152 en material de
oficina.
Sólo 9 de las 17 comunidades disponen de recursos
públicos para víctimas de violencia sexual de género y no hay un solo centro
estatal de emergencias especializado.
Diez organizaciones piden que la violencia sexual sea
considerada violencia de género a todos los efectos y que se incorpore la
educación en esta materia en el curriculum escolar.
La violencia de género es un asunto de Estado,
repiten una y otra vez quienes nos gobiernan. Pero a la hora de dedicar
recursos a luchar contra ella, resulta que los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) invierten más en folios y bolígrafos que en prevenirla. En
concreto, 152 millones de euros en material de oficina frente a los 31,7
anunciados por la ministra Dolores Montserrat en mayo de este año, muy alejados
de los 120 que reclamaban las organizaciones feministas.
La transferencia adicional de 2,7 millones de
euros a las comunidades autónomas
para asistencia a víctimas de violencia de género anunciada el pasado mes de
octubre supone menos de lo que se gasta sólo el Ministerio de Fomento en
seguridad privada cada año y poco más del doble de lo que cuesta subvencionar
la cafetería del Parlamento (950.000€).
En el segundo trimestre de año 2017, un total de
40.366 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género, lo que supone un
incremento porcentual del 20,7% en la variación interanual, ya que en el
segundo trimestre de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género fueron
33.440.
En un país en el que cada semana se registra al menos
el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja y cerca de 1.000 han
muerto a manos de sus parejas o exparejas en los últimos 15 años, las
comparaciones presupuestarias resultan especialmente dolorosas y reflejan el
escaso interés político real por erradicar la violencia machista.
Violencia sexual: aumentan las agresiones, pero no
los recursos
Dentro de la violencia de género, un capítulo aparte
merece la violencia sexual. Con el caso de la presunta violación en grupo a una
joven en Pamplona, cuyo juicio se está celebrando estos días, el problema ha
reaparecido en el debate público. Pero víctimas como la de “La Manada” se cuentan por miles:
7.240 mujeres fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual en España en
2016, 417 más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior.
Y esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que
suponen apenas un 10% de las totales. Esta falta de datos contribuye a ocultar
aún más el problema.
Frente a este aumento de las cifras en los dos
últimos años, la respuesta gubernamental no está a la altura: sólo 9 de las 17
comunidades autónomas españolas disponen de recursos públicos para víctimas de
violencia sexual de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia). Y no hay un solo centro
público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia
sexual de carácter estatal. En algunas de las regiones los servicios no están
garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones
públicas. Esta situación genera desigualdad territorial y no garantiza
estándares mínimos en todo el Estado.
Además, la violencia sexual está excluida de la Ley
Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. Esta situación deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una
situación de desprotección e indefensión jurídica. A esto se añade que el
abordaje de las violencias sexuales no suele tener en cuenta a los grupos más
vulnerables y sus especiales necesidades: niñas, jóvenes, mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes
–en especial aquellas en situación administrativa irregular–, empleadas de
hogar, mujeres con discapacidad, con problemas de drogodependencias o las que
han perdido su hogar.
Violencia sexual en Europa
La violencia sexual es una de las manifestaciones de
la violencia de género más extendida e invisible y afecta a las mujeres a lo
largo de todo su ciclo vital, tanto en el espacio público como en sus
relaciones íntimas: 1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia
física y sexual en todas las regiones del mundo, incluida Europa Occidental.
3,7 millones de mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna forma de
violencia sexual (datos de Agencia Europea de Derechos Fundamentales, 2014).
El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y
Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido
como Convenio de Estambul, exhorta a los Estados parte a establecer medidas
para la prevención, protección y reparación de las mujeres, niños y niñas
víctimas de violencia sexual, así como a la persecución de dicha violencia.
Aunque está vigente en España desde el 1 de agosto del 2014 y es de obligatorio
cumplimiento, se desconocen las medidas que se están llevando a cabo para su
implementación.
¿Qué pedimos?
Las diez organizaciones firmantes de este comunicado
pedimos:
La incorporación de la violencia sexual en la
legislación actual y futura sobre violencia de género, respondiendo al art 36
del Convenio de Estambul, vinculante para los Estados que lo han ratificado
como es el caso del Estado Español responder a la recomendación general 19 del
Comité CEDAW respecto a la atención a la trata, explotación sexual y turismo
sexual, que la educación sexual esté presente en el currículum escolar de todos
centros educativos como una herramienta preventiva imprescindible de la
violencia sexual formar adecuadamente en estas materias a los ámbitos jurídico,
policial, social y sanitariodotación económica necesaria para la lucha integral
contra la violencia hacia las mujeres, acorde con la dimensión del problema.
ORGANIZACIONES
FIRMANTES:
Médicos del Mundo, Alianza por la Solidaridad, Asociación de Investigación y
Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Creación Positiva,
Federación Estatal de Lesbianas Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB),
Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Fórum de Política Feminista,
Fundación para la Convivencia Aspacia, Haurralde Fundazioa, Red de Mujeres de
América Latina y Caribe (Red Latinas).
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