Este jueves la Federación de Planificación Familiar
Estatal (FPFE) ha registrado en el Ministerio de Interior una declaración en la
que exigen que se restituya la declaración de utilidad pública a la FPFE.
En la declaración apuntan directamente un “acto
político” la revocación de su utilidad pública, siguiendo el gobierno los
“argumentos morales de una asociación católica ultraconservadora”. FPFE ha
denunciado también que desde hace meses sufren ataques constantes por su
defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
30 años de compromiso con la educación sexual
Al parecer al gobierno en funciones del PP no le
interesa la salud reproductiva y sexual, ya que la FPFE trabaja desde hace
décadas con diversos organismos en actividades de formación, asesoría e
información sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva, y de
atención dirigida fundamentalmente a jóvenes, inmigrantes o jóvenes con
discapacidad intelectual en situación de vulnerabilidad. Durante sus casi 30
años de existencia, la FPFE ha mantenido un inquebrantable compromiso con la
educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y seguros como
estrategias de prevención de los embarazos no deseados. Sus centros jóvenes de
anticoncepción y sexualidad (CJAS) son conocidos por sus buenas prácticas y
cumplen un papel complementario con los recursos públicos de salud. Así lo han
querido reflejar también en su declaración.
#somosdeutilidadpublica
El Ministerio del Interior convierte las creencias
religiosas en un instrumento para gobernar
“Denunciamos con contundencia que las creencias
religiosas se conviertan en instrumento para gobernar. La planificación
familiar, la educación sexual y el aborto son legales y están regulados y
normalizados en nuestra sociedad, y por tanto no pueden ser motivo de criminalización
ni de acciones que pongan en peligro la existencia de las organizaciones
civiles que los defienden. La religión no puede estar por encima de la salud y
de los derechos”.
FPFE exige al gobierno que se restituya la
declaración de utilidad pública como un acto de adecuación al derecho y de
reparación y reconocimiento de la labor de las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan por los derechos humanos y en concreto por los derechos de
las mujeres.
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