miércoles, 11 de octubre de 2017

Lanzamiento en Sevilla de “El acceso a la anticoncepción en Andalucía”

Se han presentado en Sevilla “El acceso a la anticoncepción en Andalucía” y el “Atlas Europeo de la Anticoncepción” en compañía de la presidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción. Ambos estudios muestran que siguen existiendo desigualdades en el acceso a la anticoncepción y que el sistema sanitario tiene dificultades para apostar y asumir los métodos anticonceptivos más modernos y eficaces.

La presidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción, Mercedes Martínez, ha afirmado durante la presentación de “El acceso de la anticoncepción en Andalucía” y del Atlas Europeo de la Anticoncepción que ha tenido lugar en Sevilla que “en Andalucía existe un plan estratégico adecuado para facilitar el acceso a la atención anticonceptiva de toda la población andaluza”, aunque ha advertido que “es necesario elaborar un programa de atención anticonceptiva único con protocolos que garanticen la equidad en la asistencia en toda la comunidad autónoma y la formación continuada de las y los profesionales implicados”.

Mercedes Martínez ha incidido también en la necesidad de que todos los métodos estén financiados dentro del sistema de salud: “Es fundamental la financiación de todos los métodos anticonceptivos y en especial los métodos de larga duración que han demostrado ser costo-efectivos y capaces de disminuir el número de embarazos no deseados”.

La presentación del Atlas Europeo de la Anticoncepción ha servido de marco para que la presidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción y el presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal compartan en Sevilla sus análisis sobre la situación del acceso a la anticoncepción en Andalucía y en España. Entre otros aspectos, se han analizado las normativas y programas autonómicos sobre anticoncepción, la gestión de la anticoncepción en el sistema de salud, la financiación de los métodos anticonceptivos o la formación de las y los profesionales sanitarios. El acto de presentación ha contado con la presencia de representantes de la Administración autonómica, asociaciones, representantes políticos y personas expertas.

Los datos autonómicos y estatales se han analizado a la luz del Atlas Europeo de la Anticoncepción,  un estudio liderado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) que muestra de manera comparativa cómo es el acceso a la anticoncepción en 45 Estados europeos, entre ellos España, y ofrece a los decisores políticos y el resto de actores  sociales implicados una serie de recomendaciones para mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos modernos y de calidad.

Los datos sobre Andalucía muestran que la Consejería de Salud de esta comunidad autónoma dispone de una estrategia de salud sexual y reproductiva de la que dependen varios programas específicos, y que la prestación en anticoncepción está integrada en la atención primaria, tal y como recomiendan las entidades expertas y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, desde la Consejería se desarrolla un plan específico de formación para las y los profesionales, y se financian algunos métodos anticonceptivos que no están incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, todavía hay obstáculos para garantizar una atención de calidad para todas las mujeres en Andalucía, y que son atribuibles al propio sistema sanitario, como la presión asistencial o la falta de recursos y de personal para atender la demanda. Además, en la comunidad autónoma no se financian algunos métodos anticonceptivos de larga duración, y sigue existiendo un déficit en la formación para las y los profesionales, sobre todo acerca de los métodos de larga duración (LARC) y acerca de las necesidades de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Guillermo González, presidente de la FPFE, ha advertido en su intervención de las desigualdades que sufren las mujeres dependiendo de en qué comunidad autónoma residan: “Aunque la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud recoge la necesidad de que todos los métodos sean accesibles, sólo se financian algunos de ellos, y hay desigualdades en la financiación entre las distintas comunidades autónomas”.
Por estos y otros problemas, España se encuentra en posiciones medias en el Atlas Europeo de la Anticoncepción. Los resultados, que se basan en el acceso a suministros de anticonceptivos, asesoramiento en planificación familiar e información online, revelan una realidad muy desigual  en Europa. Como ha resaltado Guillermo González, nuestro país está por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con, por ejemplo, el nivel de renta: “España está peor que nuestros vecinos Portugal y Francia, y que otros países como Turquía e Irlanda en acceso a la anticoncepción moderna”.

Según los resultados del estudio, en España hay poca información online sobre anticoncepción, que además no está financiada públicamente, y no se han realizado campañas de información o sensibilización en los últimos cinco años. En este sentido, Justa Montero, responsable de formación y estudios de la FPFE,  ha advertido que hay mucho que mejorar en  parámetros como la información sobre salud sexual y reproductiva por parte de las administraciones, las vías de acceso y el coste económico de los distintos métodos anticonceptivos.

El Atlas europeo de la Anticoncepción, resultado de un estudio liderado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF) con la colaboración de Third-i y de un grupo de personas expertas en salud y derechos sexuales y reproductivos, y el apoyo financiero de MSD, muestra que en Europa todavía hay que mejorar el acceso a la anticoncepción.

Por ello, las organizaciones responsables de este estudio piden a los gobiernos y comunidades autónomas que el acceso a los métodos anticonceptivos modernos sea un elemento esencial de la cobertura sanitaria primaria pública, que se ofrezca información imparcial y rigurosa sobre los métodos anticonceptivos modernos y que se garantice el acceso a la anticoncepción a todas las personas, especialmente a las jóvenes y las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, acabando con las discriminaciones por estado civil,  precio, prescripción o situación legal o administrativa  de las personas.



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