miércoles, 11 de octubre de 2017
Aborto: casi el 90% de intervenciones se practican en centros privados
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es
gratuita para todas las mujeres que lo soliciten. Sin embargo, se practican
mayoritariamente en centros con concierto.
Las asociaciones feministas se han movilizado este
jueves para pedir que las mujeres de 16 y 17 años puedan decidir sobre su
cuerpo y que se regule la objeción de conciencia.
En estados como Andorra, este derecho aún sigue
prohibido y muchas mujeres tienen que ir a abortar a Cataluña o Francia.
En España, cómo regular el derecho al aborto sigue
siendo un debate polémico y lleno de aristas. Aunque las mujeres pueden
interrumpir su embarazo voluntariamente y de manera gratuita, aún existen
flecos pendientes que las administraciones prefieren ignorar. Es lo que han
denunciado diferentes asociaciones feministas, que este jueves han convocado
concentraciones en todo el país con motivo del ‘Día de Acción Global por un
aborto legal y seguro’. Solo un dato sirve para ilustrar la estructura de este
servicio sanitario en España: de las 94.188 intervenciones que se realizaron en
2015, el 88,28 por ciento se practicaron en centros privados, según los datos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Eso sí, el servicio
para las gestantes es gratuito.
“Hay que aclarar que son clínicas privadas con dinero
público, por lo que las mujeres no pagan nada. Solo una pequeña parte decide
pagar por opción personal”, explica Francisca García, presidenta de la
Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE. Tal y como explica la
especialista, esta derivación tan clara hacia el ámbito concertado tiene como
punto de partida la Ley de 1985, que aprobó Felipe González y que despenalizaba
el aborto en tres supuestos: la violación, peligro en la salud de la madre o
malformación en el feto: “Hasta la reforma de 2010 los médicos no tenían seguridad jurídica completa. La
pública no lo desarrolló, las clínicas privadas lo hicimos todo. Ahora nadie se
quiere implicar porque sigue habiendo un estigma sobre los médicos. Los
profesionales creen que practicar abortos resta en su carrera, no suma”,
advierte sobre el poco prestigio que cree que aún hay sobre esta práctica, un
tabú que algunos ginecólogos han luchado por derribar fuera de la sanidad pública.
Las asociaciones consultadas afirman que algunos
profesionales de hospitales se escudan en el derecho a la objeción de
conciencia para no realizar estas prácticas: “El problema es que en muchos
centros públicos los jefes de servicio o algunos profesionales se niegan a
través del derecho para no practicar este servicio sanitario reconocido. A
veces, basta que lo diga el jefe de área para que no se haga en todo el
centro”, explica Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid. Por eso,
algunas asociaciones piden que se elimine o, al menos se regule de manera más
estricta, aunque también exploran vías intermedias: “Debería haber listas
públicas para asegurarse que en cada centro hay, al menos, un ginecólogo que
pueda realizarlo y que se garantice”. Esto da como resultado algunas
desigualdades estadísticas. De los 16.139 interrupciones voluntarias del
embarazo practicadas en Madrid, solo ocho se hicieron en un centro público.
Montero también incide en que el hecho de que la
mujer tenga que ir a un centro fuera de la red de centros públicos refuerza el
oscurantismo que a veces rodea al aborto, tratado como un tema íntimo (y con un
claro enfoque moral) más que como un problema de salud pública. “Si a veces las
mujeres sienten vergüenza, esto lo redobla”, sugiere. Si a esta situación se le
suma que algunas veces se encuentran a antiabortistas con pancartas en la
puerta de las clínicas, el sentimiento de culpa es mayor. Por eso, ACAI exige
“tolerancia cero” contra estas personas que, con la excusa de la libertad de
expresión, intentan condicionar las decisiones de las gestantes. Incluso, la
asociación sugiere que se tipifique el delito de “obstaculización al aborto
voluntario”, como en su día hizo en 1933 Francia con la Ley Neiertz. “Es muy
importante que no se sientan juzgadas”, apunta la experta.
El debate moral y político ha tapado la discusión
pública de otros problemas más importantes que tienen que resolverse.
Precisamente, Francisca García, alerta de la falta de preparación específica de
algunos médicos. Aunque cualquier ginecólogo debería estar formado para hacer
una intervención, en apariencia sencilla, la presidenta de ACAI advierte de que
en la carrera faltan conocimientos específicos: “Solo se enseñan las técnicas
más básicas y clásicas”. Si un recién licenciado quiere profundizar en esta
técnica, es probable que tenga que acudir a estas clínicas para conocer los
últimos avances o el trabajo diario, según cuenta García. También se han
sepultado otros debates de calado, como, por ejemplo, si la mujer tiene derecho
a elegir que la apliquen la técnica química o la instrumental durante las
primeras semanas.
Las asociaciones también se quejan de que, con
frecuencia, suele ponerse en cuestión las decisiones de la mujer: “Cuando se lo
dices al médico, te da un sobre donde te explican lo que es el aborto y las
alternativas y te mandan a tu casa tres días para que te lo pienses”, explican
desde la Asamblea Feminista de Madrid. La coordinadora feminista publicó el
informe ‘Derechos sexuales y reproductivos para todas, todas, todas’, donde
considera esta medida como un “tutelaje” hacia las gestantes motivado por
cuestiones ideológicas.
Todas las asociaciones insisten en que las mujeres de
16 y 17 años puedan decidir sobre su cuerpo, un derecho que la ley de 2010 sí incluía
y que el PP barrió después. De hecho, este miércoles, tanto PSOE como Podemos
han reivindicado la necesidad de esta modificación en el Congreso.
Basta echar un vistazo al mapa de la distribución de
centros que han notificado interrupciones del embarazo en 2015 para darse
cuenta de la diversidad de cifras según el territorio. Mientras en Comunidades
como Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha solo aparecen clínicas privadas,
en otras zonas como en Cataluña hay 54 centros privados frente a 20 privados:
“El aborto farmacológico ha permitido que se haga en los centros públicos de
manera generalizada y con buena atención”, explica Montse Cervera, de la
Campanya por el derecho al aborto y de Ca la Dona de Barcelona.
Centros en España que practicaron abortos en 2015
Marisol Insua, directora del Centro Joven de
Anticoncepción y Sexualidad de Galicia, no disimula su enfado al hablar de la
situación que viven algunas mujeres gallegas: “En algunos casos, cuando las
gestantes han pasado de la semana 14 se les ha mandado a abortar a una clínica
en Madrid. Les pagan el transporte, pero no le costean el tren a su acompañante
ni el hotel y las mujeres, en esas situaciones, no quieren viajar solas”,
relata la experta. De hecho, en 2016 un juez dictó sentencia contra la sanidad
gallega por el caso de una mujer a la que mandaron a la capital y que acabó
perdiendo el útero.
La convocatoria de las concentraciones de este jueves
era global. Sin embargo, no hay que irse muy lejos de España para encontrar
prohibiciones en la interrupción del embarazo. En Andorra, al igual que en San
Marino o el Vaticano, abortar está prohibido. Por eso, el próximo 7 de octubre
un grupo de mujeres se concentrará en la plaza del pueblo de Andorra la Vella
con la intención de, al menos, abrir debate en la sociedad, ante un gobierno
cerrado.
“Las mujeres de Andorra tienen que salir a abortar a
Francia o a Cataluña”, explica Sac-Nicté García, miembro de Stop Violencia de
Andorra, que convoca el acto. Esto supone que solo aquellas que tengan capacidad
económica pueden permitirse los costes del proceso.
García sabe que abrir el debate en una sociedad
conservadora es complejo. Por eso, es benévola a la hora de analizar otros
casos de actualidad, como el referéndum sobre el aborto que planea Irlanda: “No
es lo ideal someter un derecho a referéndum, pero tal y como está la situación
en Andorra, nosotras pedimos al menos abrir un debate publico y que la gente
pueda decidir”, valora sobre la importancia de que las mujeres estén
informadas.
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