La Ley del Aborto, que contempla el diseño de la
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en 2010, establecía una
duración de cinco años.
No hay constancia de que se haya evaluado, pese a que
la misma ley establece que deberá hacerse cada dos años.
El Ministerio asegura que no renovarla no significa
"que se haya frenado", pero los colectivos denuncian que su
aplicación "es casi nula".
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad no ha renovado la norma que desarrolla la Ley del Aborto pese a que ya
ha caducado. Se trata de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva,
aprobada por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud en octubre de 2010. El documento establece las líneas básicas que deben
regir la actuación de las instituciones públicas respecto a los derechos
sexuales y reproductivos y, entre otras cosas, garantiza el acceso equitativo a
los anticonceptivos, al aborto o la educación sexual.
Que no haya sido renovada no significa que se haya
dejado de aplicar, aunque varios colectivos denuncian que su puesta en marcha
es "casi nula", "presenta deficiencias en su implantación"
o es muy desigual entre comunidades autónomas. De hecho, varios informes
publicados en los últimos meses ponen en evidencia la inequidad en el acceso al
aborto, los anticonceptivos o los servicios públicos sobre salud sexual entre
comunidades autónomas.
Organizaciones como la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
denuncian "el abandono" de la Estrategia por parte del Gobierno, que también
debería haber evaluado la norma cada dos años. "Si no se hace un
seguimiento de qué se ha aplicado y de qué manera servirá para poco y quedará
casi en papel mojado", asegura Justa Montero, integrante de la Federación
Estatal de Organizaciones Feministas.
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, aseguran que este tipo de planes no son vinculantes, "sirven
para que las comunidades autónomas trabajen al unísono" e insisten en que
el hecho de que no se renueven "no quiere decir que se frenen". Por
su parte, Montero hace hincapié en que actualizar la norma "sería una
forma de introducir mejoras, como todo lo que tiene que ver con diferentes
colectivos como los migrantes o los LGTBI, e introducir mecanismos para garantizar los derechos
contemplados".
No hay constancia de la evaluación
El Ministerio explica que la Estrategia "no
trata de desarrollar la ley" de la Interrupción Voluntaria del Embarazo,
pero su artículo 11 contempla la creación de la misma "para el
cumplimiento de los artículos previstos en esta ley". El mismo precepto
indica que "tendrá una duración de cinco años" y establecerá
mecanismos "de evaluación bienal
que permitan la valoración de resultados y en particular del acceso
universal a la salud sexual y reproductiva".
Además, y según la misma ley, el Gobierno debería
elaborar un informe anual de situación "para la formulación de propuestas
de mejora en equidad y accesibilidad de las prestaciones y con el fin de
verificar la aplicación de los derechos y prestaciones". Un informe que,
de existir, no se ha hecho público y sobre el que el Ministerio no ofrece datos
sobre si realmente ha sido elaborado cada año.
Tampoco confirma ni desmiente si la Estrategia ha
sido evaluada y qué conclusiones han derivado de esos estudios, pero la FPFE
asegura que "nadie tiene ninguna constancia de que se ha hecho. Si de
verdad ha sido así, debería decir el Ministerio cómo, cuándo y en qué
aspectos". De hecho, el presidente de la Federación, Guillermo González,
participó en la elaboración de la parte sobre salud sexual del documento, que
debe evaluarse en el seno del Consejo Interterritorial con un grupo de expertos
y "a ninguno de los que estuvimos allí se nos ha convocado", explica.
González incide en que esta norma, de la que –a
diferencia del Ministerio– asegura que "cuelga de una forma tajante y
clara de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo", "debería
haberse renovado ya para introducir mejoras y asegurar que lo que no se ha
cumplido se garantice". El presidente califica de "abandono" lo
que el Gobierno ha hecho con la Estrategia, que ha derivado en que las
regulaciones, aquellas que se han puesto en marcha, sean diferentes en cada
comunidad.
La desigualdad en el acceso a la anticoncepción
Según el reciente informe Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y
reproductiva en España , elaborado por más de diez organizaciones,"existen
importantes limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos y serias
carencias en los servicios que asesoran" sobre salud sexual y
reproductiva. Algo que también fue
denunciado por la ONU en 2015 , que en un informe instó a España a
"eliminar los obstáculos que impiden acceder a servicios que les permitan
abortar de manera segura y legal en todas las partes del país".
Recientemente se han dado dos casos de mujeres que
han denunciado a la sanidad pública por supuestas negligencias durante sus
abortos. Paula, la primera, ha logrado una sentencia que condena a la sanidad
gallega por arriesgar su vida al derivarla a Madrid a abortar. Ana ha
denunciado al Servicio Murciano de Salud por una situación similar, aunque
todavía no se ha celebrado el juicio.
También los colectivos identifican una falta de protocolos que homogeneicen la
forma de ofrecer información a la mujer y d enuncian que los servicios de
atención a la salud sexual y reproductiva presentan enormes diferencias de
cobertura entre comunidades. Con los anticonceptivos también existen una serie
de barreras porque algunos métodos no están financiados por la sanidad pública.
Aunque algunas comunidades sí han decidido asumirlo,
ninguna financia el parche o el anillo vaginal, once lo hacen con el DIU de
cobre y los preservativos, tanto masculinos como femeninos, solo se reparten
gratuitamente en cuatro comunidades y en algunas otras de forma ocasional en
campañas específicas.
Solo nueve comunidades han desarrollado protocolos
específicos sobre anticoncepción y solo dos, Cataluña y Galicia, refieren
contar con partidas presupuestarias para desarrollarla, según el informe El
acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas,
elaborado por la FPFE.
Para los colectivos es especialmente grave que no se
financie de manera uniforme la píldora de emergencia, también llamada píldora
del día después, cuyo precio ronda los 20 euros. Algunas comunidades como
Andalucía, Aragón, Valencia o Navarra sí lo asumen con recursos propios,
mientras el Gobierno central se ha justificado asegurando que su acceso
"está garantizado" en condiciones de "equidad" porque desde
2009 no es necesaria una receta médica para ello.
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