Abogados, asociaciones feministas y a favor de los
derechos de los menores y psicólogos solicitan más formación para los
profesionales encargados de atender a las víctimas de maltrato infantil.
Más medios y más formación para los profesionales que
atienden a las víctimas de maltrato machista, sean menores o mujeres quienes lo
sufran. Los piden asociaciones feministas, pero también el Colegio de Abogados
y la Policía Nacional, que denunció los recortes en la Unidad de Familia, que
solo cuenta con personal especializado por las mañanas desde el mes de octubre.
El caso del pequeño al que su padre mató la pasada semana, para hacer daño a su
madre según concluyó el juez, es analizado por expertos en maltrato infantil y
en violencia machista. Consideran que no se trata tanto de cambiar la
legislación sino de que las personas que la apliquen tengan la formación
suficiente como para desterrar mitos como que un padre nunca hará daño a sus
hijos.
¿Están los menores protegidos de los que, en teoría,
deberían mantenerlos a salvo a ellos de cualquier peligro? La Fundación
Mujeres, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Galega contra o
Maltrato a Menores (Agamme), el Colegio Oficial de Abogados de A Coruña, la
Asociación de Ayuda a Familias de Drogodependientes (Adafad) -que, a pesar de
su nombre hace terapia familiar e imparte formación a menores en A Coruña- y
una de las redactoras del Pacto Social por unha Coruña Libre de Violencias
Machistas reflexionan sobre esta cuestión. Lo hacen desde su punto de vista y
desde su experiencia e, inevitablemente, con el fallecimiento del pequeño de
once años al que su padre admitió haber matado la semana pasada durante una de
sus jornadas de convivencia regladas en el régimen de visitas en el horizonte.
La madre del niño le había denunciado en 2008 y en
2013. En el primer caso fue condenado por un delito de coacciones y, en el
segundo, se le investigó como presunto autor de un delito de amenazas a través
de las redes sociales, aunque no fue condenado porque no se pudo probar quién
había cometido los hechos. Desde 2010 a 2013, el procesado cumplió una orden de
alejamiento de su exesposa. Actualmente, tenía al niño dos fines de semana al
mes y lo recogía en el punto de encuentro que gestiona la Fundación Meniños,
que declinó participar en este reportaje.
Todas las entidades consultadas están de acuerdo en
que la protección de los menores podría ser mejor si las personas que se
encargan de decidir sobre su presente y su futuro tuviesen más formación sobre
el maltrato y si hubiese más medios para desarrollar toda la legislación
vigente en materia de violencia machista y también de protección de menores.
Para el abogado y vocal del área jurídica de Agamme,
Víctor Manuel López Casal, es indispensable que se escuche a los niños y a las
niñas en estos procesos y que los técnicos que se encargan de atenderlos cuando
sufren algún tipo de abuso, ya sea sexual o violencia en el hogar, tengan
formación específica en psicología infantil para saber interpretar sus
silencios y sus testimonios. Y es que, según apunta López Casal, a diferencia
de lo que pasa con las denuncias formuladas por los adultos por casos como un
robo, los menores parten de una posición de inferioridad, porque su declaración
no se toma, en principio, como verdadera y seria.
La secretaria provincial del Sindicato Unificado de
Policía, Sandra Castro, confirma este extremo, ya que, cuando los agentes de la
Policía Nacional tienen constancia de que hay un caso de violencia que afecta a
un menor, lo primero que hacen es: "corroborar" la historia,
investigar que sea cierta y, si lo es, los funcionarios del 091 se llevan a la
víctima para evitar que siga expuesta al peligro.
A partir de ahí, son los agentes los que le buscan un
nuevo hogar, primero, entre los familiares y, si ninguno de ellos puede hacerse
cargo del menor, extienden las pesquisas hasta las familias de acogida
disponibles. Si no hay ningún hogar en el que se puedan quedar les envían a un
centro de acogida. "Es la última alternativa", sentencia Castro, a
partir de ahí, los menores están bajo tutela judicial y ya no policial.
En teoría, son los agentes de la Unidad de Familia y
Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional los que atienden a las
víctimas de violencia de género y a los menores, aunque en A Coruña, desde el
pasado mes de octubre, los funcionarios especializados en estos campos solo
recogen denuncias por la mañana, de modo que, si una víctima de violencia
doméstica va a denunciar por la tarde, la atenderán agentes que no han recibido
formación en esta problemática. El SUP denunció ya esta irregularidad.
La Policía Nacional no tiene muchas más competencias
en casos de violencia a menores, por lo que solo va a los puntos de encuentro o
a las visitas entre padres y niños cuando alguno de los progenitores está en
prisión. "Vamos para custodiar al reo, en una situación normal, en la que
los padres están separados pero en libertad, no vamos para garantizar la
seguridad del niño o de la niña", indica la portavoz del SUP.
La directora de la Asociación de Ayuda a Familias de
Drogodependientes (Adafad) y psicóloga, María José Lamas, apunta que, en
ocasiones, los niños se convierten en moneda de cambio, que son
"cosificados" en manos de determinados padres. Y, de ahí, nace ese
sentimiento de dañar al pequeño para atentar contra la integridad de la madre,
tal y como se ha establecido que es el caso del parricida coruñés.
"Tenemos un problema y es que, en el ámbito
judicial no se le da crédito a la afirmación que llevamos diciendo las
organizaciones feministas y de mujeres durante muchísimo tiempo, que es que un
maltratador no puede ser un buen padre", dice a este respecto la directora
de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que defiende que el clima de violencia
en un hogar es "nefasto" para el desarrollo emocional y humano de los
niños y las niñas, por lo que el maltrato hacia la madre "no puede ser
abordado de manera independiente" al de los hijos. Hace hincapié en que
hay que desterrar de los juzgados ideas como que "lo mejor para un menor
es estar con su padre y con su madre porque, cuando el padre es un maltratador
y amedrentra a su madre, no es una buena influencia".
La técnica de Rexenerando Sociedade Cooperativa
Galega, que está elaborando el proceso participativo del pacto social contra
las violencias machistas en la ciudad, Olalla López Barro, cree que la
existencia de mitos como el de que los padres nunca harán daño a sus hijos
proceden de la educación patriarcal recibida.
"Como sociedad nos resulta muy complicado asumir
las consecuencias del machismo porque, muchas veces, tenemos muy interiorizadas
las conductas machistas, así que, sin quererlo, somos cómplices de lo que está
pasando. Queremos creer que es así, que tiene un sentido la violencia pero, en
este marco del patriarcado, los niños y las niñas no son considerados seres
humanos con derechos propios, sino que son una prolongación de los derechos de
las mujeres. Están en una posición subalterna", comenta López.
Su posición es clara: "Teniendo en cuenta que
hay personas que demostraron que lo único que quieren hacer es dañar [habiendo
sido condenadas por maltrato], las personas más vulnerables que están a su lado
corren riesgos. No hay que dar soluciones salomónicas como la custodia
compartida por norma, sino que hay que analizar más cuestiones de fondo",
dice Olalla López Barro, que aboga por proporcionar resoluciones
personalizadas.
"El interés superior del menor hace que, el
simple riesgo de que esto [un maltrato o un abuso] pueda pasar, sea razón
suficiente para sacar a los niños de esa situación de riesgo", comenta
Soleto.
Para eso, sin embargo, hay que luchar antes contra
uno de los rasgos de la violencia machista, que es que la víctima no siempre es
consciente del riesgo que corre, así que, en ocasiones no denuncia o no lo hace
de una manera efectiva, por lo que, desde la Fundación Mujeres, piden
"mayor diligencia a las instituciones" a la hora de actuar en casos
de maltrato.
José Bretón [condenado por matar y quemar a sus dos
hijos], según recuerda Soleto, no fue denunciado por violencia de género hasta
que desaparecieron los niños. "Es un riesgo difícil de evaluar que, sin
embargo, puede producir un mal muy alto", resume. Para combatir estas
carencias, tanto Soleto como Víctor Manuel López Casal piden efectividad a las
instituciones, medios y personal especializado en materia de violencia de
género.
"En el proceso, los niños están siendo
doblemente maltratados, no solo cuando sufren la agresión sino que porque
tienen que repetir qué les ha pasado a diferentes profesionales durante mucho
tiempo", comenta López Casal, que asegura que, entre las carencias a las
que se enfrentan los menores está, por ejemplo, que en el Instituto de Medicina
Legal de Galicia no haya especialistas en psicología infantil.
La falta de formación es uno de los problemas pero,
desde Agamme, indican también que ninguno de los muchos adultos que se encargan
de tomar decisiones sobre el futuro del menor se paran a escuchar cuál es su
opinión. "¿Iba con miedo el niño al punto de encuentro?, ¿quería ver al
padre?, ¿fue alguna vez amenazado?, ¿algún juez, abogado o fiscal, preguntó la
opinión del niño y la tuvo en cuenta?", resume el vocal de la Asociación
Galega contra o Maltrato a Menores.
Sobre si es necesario modificar la legislación
vigente para evitar que casos como el de la pasada semana se vuelvan a repetir
y prohibir que los padres condenados por maltrato tengan derecho a pasar tiempo
con sus hijos sin vigilancia, Soleto, apunta a que, actualmente, hay
herramientas para proteger a los menores de sus progenitores, pero que no
siempre se aplican.
"La propia ley integral contra la violencia de
género, que se aprobó en 2004, ya incluía algunas medidas y recomendaciones
para el ámbito de la Justicia sobre el tema de la atribución de custodias y las
visitas, recomendando la retirada en casos de maltrato, sin embargo, lo que
hemos visto, es que en lugar de ser adecuadamente aplicada por los tribunales,
es una de las medidas que menos eco ha tenido en el ámbito judicial",
explica Marisa Soleto e indica que los datos del Consejo General del Poder
Judicial revelan que la retirada de las custodias no llega "ni al
10%" en medidas cautelares.
La tesorera del Colegio Provincial de Abogados de A
Coruña y especialista en Derecho de Familia, María del Pilar Cortizo Mella,
apunta a que las modificaciones introducidas en la ley en 2015 abren la puerta
a que no sea la mujer la única víctima de la violencia machista, sino que se
reconozca también este estatus a los niños y las niñas. Con ellas lo que se
intenta "es poner remedio a esta violencia. Todo es mejorable, pero estas
modificaciones establecen una serie de previsiones de gran relevancia de cara a
la protección del menor. Otra cosa es cómo se implementan en la práctica",
comenta Cortizo. Y es que, esta normativa avanza actuaciones de
sensibilización, de prevención, de detención y asistencia y protección. Pero
dice también que es el juez el encargado de adoptar las medidas en cada caso
concreto, por lo que queda en sus manos la protección del menor.
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