Algunas comunidades asumen con recursos propios los
anticonceptivos que no están financiados, como la píldora del día después, pero
otras no.
A Paula (nombre ficticio) la sanidad pública gallega
le obligó a viajar 500 kilómetros en su propio coche para someterse a un
aborto. El caso de esta mujer, que arriesgó su vida, perdió el útero y la
posibilidad de ser madre biológica de nuevo, condujo a la justicia a condenar
al Servicio Gallego de Salud por dilatar su embarazo inviable hasta la semana
32 y emitir una dura sentencia en la que concluyó que se había producido
"un fracaso estrepitoso del sistema".
Poco después y tras las denuncias que durante años
han señalado las deficiencias de la sanidad pública gallega en los abortos
terapéuticos –más allá de la semana 14 y justificado por razones médicas–, la
Xunta anunció un plan integral.
El Servicio de Salud de Murcia también ha sido
denunciado por haber ocultado supuestamente información a una mujer sobre la
anomalía que sufría el feto y desembocar en un aborto que le ha ocasionado
daños físicos y psicológicos.
Los derechos sexuales y reproductivos están
garantizados sobre el papel en España, pero su aplicación práctica dista mucho
de ser universal. La Ley del Aborto, aprobada en 2010, diseñó una Estrategia
Nacional en 2011 que desarrollaba la norma, pero varios colectivos denuncian
que su puesta en práctica es "casi nula", "presenta deficiencias
en su implantación" o es muy desigual entre comunidades autónomas.
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad aseguran que sí está funcionando, aunque se niegan a dar información
sobre cuándo y cómo se ha evaluado la Estrategia, a pesar de que la norma
establecía que debía hacerse cada dos años. Además, afirman que no tiene límite
de vigencia, aunque la Ley del Aborto indica que durará cinco años. Por otro
lado, los Presupuestos Generales del Estado no contemplan una partida
específica para su desarrollo.
"Existen importantes limitaciones de acceso a
los métodos anticonceptivos y serias carencias en los servicios que
asesoran" sobre salud sexual y reproductiva, según describe el informe
Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en
España, elaborado por más de diez organizaciones, entre ellas, Médicos del
Mundo. Su portavoz de género y derechos humanos, Beatriz Sagrado, apunta a
"la falta de voluntad política" para remover las trabas que todavía
permanecen en el sistema siete años después de la aprobación de la ley.
Algo que también fue denunciado por la ONU en 2015,
que en un informe instó a España a "eliminar los obstáculos que impiden
acceder a servicios que les permitan abortar de manera segura y legal en todas
las partes del país" y a revisar la reforma promovida por el PP que impide
a las menores abortar sin consentimiento.
La falta de integración del aborto en la red pública
Además de esta modificación y la falta de medidas para
frenar el acoso que se da en algunas clínicas españolas, los colectivos
denuncian, entre otras carencias, la ausencia de regulación de la objeción de
conciencia, que a veces hace que "la totalidad de un centro sanitario
objete" burlando "el espíritu de la ley".
Por otro lado, "el aborto sigue sin estar
integrado en la red sanitaria pública, lo que provoca que no se
normalice", explica Justa Montero, integrante de la Federación Estatal de
Organizaciones Feministas. La ley antepone los centros públicos, pero contempla
que se puedan derivar las intervenciones a los concertados. Esto ha derivado en
que el 88% de los abortos realizados en 2015 se hicieron en centros
privados, según los últimos datos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Algunas comunidades presentan cifras ínfimas de
interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la red sanitaria pública.
Es el caso de Murcia, donde se practicó un aborto en centros públicos y 3.456
en privados; Aragón, que realizó nueve intervenciones frente a 2.201 o Castilla
y León, cuyos datos se sitúan en 32 abortos en la red pública y 2.620 en la
privada. Además, en muchas ocasiones las mujeres deben viajar por su cuenta a
otras ciudades para acceder a este derecho.
"Que muchas mujeres deban desplazarse fuera de
sus lugares de residencia, perdiendo la red de apoyo social tan importante en
situaciones de gran vulnerabilidad, parece no importar", asegura Guillermo
González, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE),
que hace hincapié, además, en que la mayor parte de abortos se realiza por
métodos quirúrgicos –77.000 en 2015, frente a 33.000 por métodos
farmacológicos–, a pesar de que esta segunda técnica "se ha mostrado muy
eficaz", pero "no se estudian las razones de esta situación".
La situación de los anticonceptivos
También los colectivos identifican una falta de
protocolos que homogeneicen la forma de ofrecer información a la mujer, ya que
su "calidad, accesibilidad e imparcialidad depende de la comunidad y hasta
del servicio o profesional de referencia". Además, denuncian que los
servicios de atención a la salud sexual y reproductiva presentan enormes
diferencias de cobertura entre unas comunidades y otras, que "tiende a ser
deficiente en todo el Estado", concluye el estudio Derechos Sexuales y
Reproductivos para Todas, de la Coordinadora Feminista.
"Hay un modelo asistencial muy variado, con
comunidades en la que los centros de atención están integrados en los centros
de salud, otras con centros específicos que dependen de la Atención Primaria y
otras con servicios que coexisten con ella", explica Montero, que insiste
en que estos recursos deberían también incorporar la atención a colectivos como
las personas LGTBI, con diversidad funcional, las trabajadoras sexuales o los
migrantes, pero "es algo muy residual".
Estos servicios son los que deben garantizar, entre
otras cosas, la información y el acceso a la anticoncepción. Sin embargo,
existen una serie de barreras porque algunos métodos no están financiados por
la sanidad pública. Aunque algunas comunidades sí han decidido asumirlo,
ninguna financia el parche o el anillo vaginal, once lo hacen con el DIU de
cobre y los preservativos, tanto masculinos como femeninos, solo se reparten
gratuitamente en cuatro comunidades y en algunas otras de forma ocasional en
campañas específicas.
Para la FPEF, que hace unos meses elaboró el informe
El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas,
resulta problemática esta desigualdad, que se une a los últimos datos de la
Sociedad Española de Contracepción (SEC): un 11% de las mujeres no utiliza
métodos anticonceptivos y tiene riesgo de quedarse embarazadas sin
planificarlo. De ellas, casi la mitad tiene menos de 19 años.
Aunque las comunidades deberían haber desarrollado
protocolos específicos sobre anticoncepción para poner en marcha la Estrategia
Nacional, y por lo tanto la ley, solo nueve lo han hecho, mientras que siete no
disponen de normativa propia, según recoge el informe, que también hace
hincapié en que de las nueve que sí tienen, solo Cataluña y Galicia refieren
contar con partidas presupuestarias para desarrollarla. Esto, asegura González,
provoca que "el acceso a la anticoncepción no solo no haya mejorado, sino
que se ha producido un retroceso".
Para los colectivos es especialmente grave que no se
financie en todo el territorio la píldora de emergencia, también llamada
píldora del día después, cuyo precio ronda los 20 euros. Algunas comunidades
como Andalucía, Aragón, Valencia o Navarra sí lo asumen con recursos propios,
mientras el Gobierno central se ha justificado asegurando que su acceso
"está garantizado" en condiciones de "equidad" porque desde
2009 no es necesaria una receta médica para ello.
Tampoco se han puesto en marcha las medidas
contempladas en la Estrategia Nacional sobre la obligación de incorporar la
educación sexual en las aulas, que "es casi inexistente", analiza
Montero. Algunas comunidades cuentan con programas propios, pero en muchas
ocasiones dependen de la voluntariedad de cada centro o el profesorado. La FEPF
denuncia, además, que cuando se incorporan, estos contenidos "adolecen de
un enfoque heterosexual, limita la sexualidad a la etapa reproductiva y se
orienta exclusivamente a la prevención de riesgos".
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