En un informe elaborado por este Comité a iniciativa
propia, sus miembros afirman que "el deseo de una persona por tener un
hijo no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas" y consideran la práctica de explotación
de a mujer.
El Comité de Bioética de España (CBE), organismo que
asesora al Gobierno en materia relacionadas con la ética y la salud, pide
prohibir la maternidad subrogada al considerar que todo contrato de gestación
entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del
menor.
Entre las conclusiones, recogidas su Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos
de
la maternidad subrogada, elaborado a iniciativa del propio
Comité, destacan que, "si bien el deseo de una persona a tener un hijo
constituye una notable decisión, ello no puede realizarse a costa de los
derechos de otras personas". Aunque las conclusiones no son unánimes, el
CBE resalta que la mayoría de sus miembros entiende que "todo contrato de
gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la
mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede
aceptarse por principio".
Otros miembros del Comité, aunque aceptan en línea de
principio que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la
satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de los
otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual y afirman
que "Las propuestas regulatorias que se manejan y las experiencias de
otros países son claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos
de la gestante y del menor."
El Comité de Bioética de España es un órgano
colegiado, independiente y de carácter consultivo y que desarrolla informes
sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la
Biomedicina y Ciencias de la Salud. Si bien sus recomendaciones no son
vinculantes, sí deben ser tenidas en cuenta como una voz autorizada.
El tema de la Maternidad Subrogada (también conocido
como vientres de alquiler) ha generado en los últimos meses un acalorado debate
público en la sociedad española. La propuesta de Ciudadanos de crear una ley
para legalizar este tipo de gestaciones ha chocado frontalmente con un amplio
grupo de partidos políticos y organizaciones sociales que califican esta
práctica como una explotación del cuerpo de la mujer, cosa que el CBE viene a
ratificar.
En España la gestación subrogada está prohibida y
tampoco se reconocen los contratos realizados por españoles en el extranjero. A
pesar de esta prohibición (recogida expresamente en la Ley de reproducción
asistida), existe una forma legal de inscribir a los menores nacidos por esta
técnica para evitar su desprotección.
Aunque el CBE reconoce que entre sus competencias no
está la de traducir sus recomendaciones a leyes, sí ofrece en su informe
algunos criterios que pretenden orientar una posible legislación sobre la
gestación subrogada. Entre las recomendaciones del Comité destacan el
"dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de
manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo
que podría considerarse la posibilidad, entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias
que se dedicaran a esta actividad".
También propone que se promueva a nivel internacional
un marco regulatorio común que prohíba la celebración de contratos de
gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño.
Por último, asegurar una transición segura para
evitar la desprotección de los niños resultante de esta práctica "en los
que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello, según los
miembros del CBE, puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice
conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.
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